Avanza en el senado proyecto para reducir el déficit habitacional

En una decisión unánime, los miembros de la Comisión de Vivienda y Urbanismo han acordado continuar con la votación en particular del proyecto de modificación de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Esta iniciativa, respaldada previamente para su discusión, busca agilizar la construcción de viviendas mediante la simplificación de procedimientos administrativos y la imputación de responsabilidades a las autoridades pertinentes en caso de retrasos injustificados en la tramitación de permisos.

El proyecto, actualmente en su segundo trámite legislativo y con carácter de suma urgencia, ha recibido un amplio respaldo luego de una exhaustiva revisión de sus aspectos fundamentales. En este contexto, se han considerado las propuestas presentadas por la corporación Déficit Cero, la cual ha realizado un detallado análisis del déficit habitacional y ha ofrecido recomendaciones con el objetivo de mejorar la propuesta gubernamental.

Según los representantes de Déficit Cero, la creciente demanda por viviendas de interés social se enfrenta a una oferta que no logra satisfacerla adecuadamente. En este sentido, el proyecto en cuestión busca incrementar la producción de viviendas, apuntando a la construcción de hasta 100 mil unidades al año. Para lograr este objetivo, se centra en acelerar la materialización de obras mediante la reducción de los plazos de construcción y la optimización de los procesos administrativos asociados.

Entre las recomendaciones presentadas por Déficit Cero se encuentran la definición más precisa de las responsabilidades del director de obras municipales y del revisor independiente, así como el estudio del principio de proporcionalidad en la revisión de trámites. Además, se destaca la necesidad de brindar certeza jurídica en los procesos de impugnación de permisos de edificación, aspecto crucial para garantizar la transparencia y la seguridad jurídica en el desarrollo de proyectos inmobiliarios.

En cuanto a las cifras del déficit habitacional, Déficit Cero ha señalado la existencia de 650 mil familias en condiciones precarias de vivienda, mientras que otras 2,2 millones de familias demandan viviendas de interés social. Esta situación, caracterizada por el alto costo del arriendo que compromete una parte significativa de los ingresos familiares, evidencia la urgencia de medidas como las contempladas en el proyecto en discusión.

En resumen, la iniciativa legislativa en curso busca agilizar la entrega de viviendas mediante la simplificación de trámites administrativos y la imposición de responsabilidades en caso de demoras injustificadas. Con el respaldo de la Comisión de Vivienda y Urbanismo, este proyecto avanza hacia su discusión en particular, en un esfuerzo por contribuir a la solución del déficit habitacional que afecta a miles de familias en el país.

Fuente: senado.cl

Enfermedades raras: impulso legislativo para mejorar su atención médica

La atención a las enfermedades raras en Chile ha sido un tema de preocupación constante para la comunidad parlamentaria, que reconoce la difícil situación en la que se encuentran los afectados por condiciones como el síndrome de Pitt Hopkins, la deformidad de Madelung o el síndrome de Behcet. En este contexto, congresistas de diversas colectividades han propuesto acciones concretas para mejorar la calidad de vida de cerca de un millón de chilenos que sufren de estas enfermedades poco frecuentes o huérfanas.

Un grupo transversal de parlamentarios ha solicitado al Ejecutivo la modificación de la ley Ricarte Soto, con el objetivo de incluir protección financiera para pacientes con enfermedades poco frecuentes que actualmente no reciben cobertura. Esta solicitud, respaldada por un amplio espectro de representantes políticos, busca ajustar el período de actualización de los decretos que determinan las enfermedades a cubrir, pasando de cada tres años a cada año, y redistribuir los recursos financieros para beneficiar a aquellos que actualmente no califican para acceder a tratamientos médicos.

En paralelo, otro proyecto de acuerdo presentado por legisladores busca el desarrollo de una política pública integral para proteger a las personas afectadas por enfermedades raras o poco frecuentes, brindándoles atención médica y apoyo a sus familias. Este proyecto insta al Ejecutivo a implementar medidas para garantizar el diagnóstico de los pacientes, establecer un registro nacional, facilitar el acceso a medicamentos huérfanos de alto costo, fomentar la investigación y colaboración con organizaciones civiles, y asegurar pruebas de detección neonatal para recién nacidos.

Es importante destacar que la Comisión de Salud deberá presentar un nuevo informe sobre el proyecto de enfermedades poco frecuentes, luego de que el Ejecutivo señalara su inconstitucionalidad debido a las implicaciones financieras que conlleva. La intención es encontrar una fórmula que permita la viabilidad del proyecto, incorporando la necesidad de incluir nuevos decretos en la ley Ricarte Soto.

Además, el Ejecutivo se ha comprometido a actualizar las conclusiones de la mesa de trabajo establecida entre los pacientes y la Subsecretaría de Salud Pública, que ha recogido las necesidades de los afectados y ha contribuido a la redacción del proyecto en cuestión.

Fuente: senado.cl

Sólido respaldo al proyecto de Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas

El Senado ha brindado un sólido respaldo a la idea de legislar sobre el proyecto que establece el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas. Esta iniciativa, que ahora pasa a su segunda etapa de trámite, ha recibido una suma urgencia para su tratamiento en la Comisión de Constitución del Senado.

El presidente de la Comisión, senador Alfonso De Urresti, informó a la Sala del Senado sobre los aspectos generales del proyecto y los puntos que serán objeto de modificaciones durante su discusión en particular.

El proyecto tiene como objetivo la creación de un Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, que será una entidad administrativa descentralizada, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Este servicio estará bajo la supervisión del presidente de la República a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Funciones que tendría

Entre las funciones principales del Servicio se encuentra la entrega de orientación legal, asesoría y representación jurídica a personas que no puedan procurárselas por sí mismas, así como a víctimas de delitos. También se encargará de administrar el sistema de mediación familiar y brindar apoyo psicológico y social a grupos de especial protección.

La dirección nacional del Servicio se organizará en tres subdirecciones funcionales, además de contar con un Departamento de Auditoría y Control y un Departamento Jurídico y Fiscalía, dependientes directamente del Director Nacional.

El proyecto contempla que este servicio sea el sucesor legal de las Corporaciones de Asistencia Judicial existentes en el país, con el objetivo de institucionalizar y unificar las normativas relacionadas con el acceso a la justicia.

Durante el debate, diversos senadores y el ministro de Justicia y Derechos Humanos coincidieron en la importancia de este proyecto, destacando que permitirá mejorar el acceso a la justicia, especialmente para las víctimas de delitos, y proporcionarles las herramientas legales necesarias para enfrentar la delincuencia.

En resumen, el respaldo del Senado a esta iniciativa refleja la necesidad de fortalecer el acceso a la justicia y proteger los derechos de las víctimas en el país. Ahora, la Comisión de Constitución del Senado continuará su estudio en particular para lograr una legislación que beneficie a toda la ciudadanía.

Fuente: senado.cl

Avanza a Tercer Trámite el Fondo de Emergencia por Incendios en la Región de Valparaíso

La Cámara Alta ha aprobado en su tercer trámite el proyecto que instituye el Fondo de Emergencia Transitorio por Incendios, junto con otras disposiciones para la reconstrucción de áreas afectadas en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. Esta aprobación se dio tras una deliberación en la que se destacaron la necesidad de transparencia y eficiencia en el uso de los recursos destinados a la reconstrucción y atención de más de 21 mil damnificados por los incendios ocurridos en la Región de Valparaíso en febrero de 2024.

El proyecto, que ahora pasa a ser analizado por la Cámara Baja, contempla la creación de un fondo presupuestario transitorio para financiar programas fiscales por un monto máximo de $800.000.000 millones de pesos, con el propósito de cubrir diversos gastos derivados de los incendios y sus consecuencias. Este fondo, de carácter temporal, estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

Los recursos del Fondo de Emergencia Transitorio por Incendios estarán exclusivamente destinados a iniciativas en la Región de Valparaíso, tales como la reposición y construcción de viviendas, intervenciones urbanísticas, subsidios para el fomento productivo y laboral, así como acciones de apoyo psico-social y reconstrucción de infraestructura pública.

Durante el debate, diversos senadores hicieron uso de la palabra para resaltar la importancia de establecer una institucionalidad permanente con criterios comunes de prevención y atención ante desastres naturales. Además, se discutieron indicaciones presentadas por el Ejecutivo, en particular sobre el destino de los recursos remanentes del fondo al término de su vigencia, los cuales pasarían al Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES).

Con esta aprobación en la Cámara Alta, se avanza en el proceso legislativo para brindar respaldo y apoyo a las comunidades afectadas por los incendios en la Región de Valparaíso, con miras a su pronta recuperación y reconstrucción. El proyecto busca no solo enfrentar los efectos inmediatos de la catástrofe, sino también establecer medidas para una adecuada prevención y respuesta ante futuros eventos similares.

Fuente: senado.cl

Senado respalda proyecto para regular despidos masivos y anticipa ajustes

La Sala del Senado ha mostrado un amplio respaldo al proyecto de ley que busca brindar protección a los trabajadores ante despidos masivos. Iniciativa que ha sido originada por una moción presentada por los senadores Gastón Saavedra, Isabel Allende, Loreto Carvajal, Alejandra Sepúlveda y José Miguel Insulza.

Con un voto mayoritario de 20 a favor, 17 en contra y 2 abstenciones, la Sala del Senado aprobó en general el proyecto, otorgándole un plazo hasta el 30 de mayo para la presentación de indicaciones.

El proyecto, que busca salvaguardar el empleo en momentos de crisis laboral, ha sido reconocido como una medida necesaria en el contexto de los rápidos cambios sociales y tecnológicos que impactan en las empresas de gran y mediana envergadura. Sin embargo, se ha hecho hincapié en la necesidad de realizar ajustes para evitar posibles efectos adversos y garantizar una aplicación eficiente.

Durante la discusión en la sesión, se destacó la importancia de evitar la repetición de situaciones pasadas, como los casos de desvinculación laboral en la década de los 90, donde los planes de reconversión no cumplieron con los resultados esperados. Por ello, se ha solicitado una mayor participación del Ejecutivo en el proceso.

El senador Gastón Saavedra, uno de los proponentes del proyecto, detalló que la iniciativa propone un procedimiento en el Código del Trabajo que protege a los trabajadores ante despidos masivos, estableciendo la obligación del empleador de consultar a las organizaciones sindicales representativas antes de tomar decisiones, y de informar a la Dirección del Trabajo sobre las razones de los despidos.

Asimismo, se contempla una modificación en el artículo 39 de la ley del Estatuto de Capacitación y Empleo, para garantizar que los cursos de capacitación estén alineados con las necesidades de reconversión y readaptación laboral de los trabajadores afectados.

Los votos de respaldo se basaron en la necesidad de corregir las desigualdades en las relaciones laborales y establecer mecanismos que formalicen el diálogo social en situaciones de cierre de empresas o pérdida masiva de empleos.

En conclusión, el respaldo del Senado a este proyecto refleja la preocupación por garantizar la estabilidad laboral y la protección de los trabajadores en tiempos de incertidumbre económica, aunque se espera que se realicen ajustes para su correcta implementación.

Fuente: senado.cl