Abr 2, 2025 | Actualidad Prime
En las primeras semanas de enero de 2025, la crítica situación humanitaria y de seguridad en la región del Catatumbo ha encendido las alarmas entre autoridades, medios de comunicación, firmantes del Acuerdo de Paz y organizaciones civiles. Según datos oficiales, aproximadamente 52.229 personas han sido desplazadas forzosamente y 21.193 permanecen confinadas. Entre los firmantes del Acuerdo de Paz, la crisis ha dejado un saldo de 153 desplazados, 35 confinados, 10 desaparecidos y siete asesinados.
Frente a este panorama alarmante, la Corte Constitucional, a través del Auto 244 de 2025, ha solicitado información detallada al Gobierno Nacional, las entidades territoriales y otras autoridades sobre las medidas adoptadas para la protección de las personas desplazadas y de los firmantes del Acuerdo de Paz. La Corte ha manifestado especial preocupación por el aumento del confinamiento de comunidades, una problemática que ha crecido en la última década y que, en 2021, llevó a la expedición del Auto 811, en el cual se ordenó la creación de una ruta integral de atención para las víctimas. Ahora, en el contexto de la crisis actual, se exige información inmediata sobre el estado de dicha ruta, su diseño, marco jurídico y grado de implementación.
El Auto 244 también indaga sobre las acciones emprendidas para agilizar el registro y la toma de declaraciones de las víctimas, mejorar la coordinación interinstitucional y garantizar soluciones duraderas y efectivas. Además, la Corte ha reiterado su preocupación por la violencia persistente contra los firmantes del Acuerdo de Paz, pese a las órdenes previas de protección establecidas en la Sentencia SU-020 de 2022.
En este sentido, la Corte recordó el Auto 1273 de 2024, en el que instó al Gobierno Nacional a adoptar medidas de seguridad integrales en los Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (AETCR), como el de Caño Indio en Tibú, Norte de Santander. La protección de estas comunidades debe abordar no solo medidas de seguridad convencionales, sino también una estrategia basada en la seguridad humana y las garantías establecidas en el Acuerdo de Paz.
La Corte ha requerido información detallada sobre el cumplimiento de estas órdenes tanto en el Catatumbo como en otras regiones del país donde la Defensoría del Pueblo ha advertido riesgos de nuevas crisis humanitarias. Con esta decisión, la Corte reafirma su compromiso con la protección de los derechos de las personas desplazadas y de los firmantes del Acuerdo de Paz, e insta al Gobierno a adoptar acciones urgentes, articuladas y eficaces para prevenir y mitigar los efectos de la violencia en las comunidades afectadas.
Fuente: corteconstitucional.gov.co
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Ene 21, 2025 | Actualidad Prime
La Corte Constitucional, a través de su Sala Especial de Seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional en las garantías de seguridad para la población firmante del Acuerdo Final de Paz, adoptó nuevas medidas para enfrentar la creciente victimización de los excombatientes de las extintas FARC-EP. Mediante el Auto 1929 de 2024, la Sala diagnosticó graves fallas estructurales en el Sistema de Prevención y Alerta para la Reacción Rápida (SPARR), identificando bloqueos institucionales y prácticas inconstitucionales que dificultan su implementación efectiva.
La Sala detectó dos grandes problemas estructurales:
- Desarticulación entre entidades responsables del SPARR. Esta situación está ligada a la falta de implementación de perspectivas diferenciales que atiendan los riesgos específicos de los excombatientes.
- Asignación difusa de responsabilidades. La falta de coordinación entre las entidades nacionales y territoriales genera inequidad en la carga de respuesta, afectando la eficacia del sistema.
Además, destacó la necesidad urgente de garantizar que el sistema cumpla con su propósito de prevenir violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.
En un esfuerzo por superar estas fallas, la Corte anunció dos sesiones técnicas para finales de enero y principios de febrero de 2025.
- Primera sesión: Centrada en el componente de alertas tempranas del Sistema de Alertas Tempranas (SAT), bajo la dirección de la Defensoría del Pueblo, programada para el 31 de enero de 2025.
- Segunda sesión: Enfocada en la respuesta rápida, coordinada por el Ministerio del Interior, que se llevará a cabo el 3 de febrero de 2025.
A las sesiones fueron convocadas diversas entidades gubernamentales como la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior, la Agencia para la Reincorporación y Normalización, y el Ministerio de Defensa, además de organizaciones de la sociedad civil como el Instituto Kroc y la Federación Colombiana de Municipios. También se contará con la presencia de organismos internacionales, como la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia y la MAPP-OEA.
La Corte destacó la importancia de la participación activa de las delegaciones de firmantes del Acuerdo de Paz, quienes podrán aportar su experiencia en el monitoreo y evaluación del SPARR.
Con este espacio de diálogo, la Corte busca fomentar una discusión abierta y transparente que permita encontrar acuerdos concretos para superar los bloqueos identificados. La medida reafirma el compromiso del Estado con la implementación del Acuerdo de Paz y la protección de los derechos de los excombatientes, promoviendo una coordinación efectiva entre las entidades involucradas y garantizando un enfoque integral en la prevención de riesgos.
Fuente: corteconstitucional.gov.co
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Ago 29, 2024 | Actualidad Prime
En un paso clave hacia la consolidación de la paz en Colombia, el Gobierno Nacional ha expedido el Decreto 1079 de 2024, que regula el Servicio Social para la Paz como alternativa al servicio militar. Esta innovadora medida, impulsada por el senador Iván Cepeda, brinda a los jóvenes colombianos la posibilidad de contribuir al desarrollo del país desde los territorios, enfocándose en acciones que promuevan la paz.
El senador Iván Cepeda destacó que este decreto permitirá a miles de jóvenes participar activamente en la construcción de una Colombia más pacífica. «Desde hoy, generaciones de jóvenes tendrán la opción de utilizar su talento y energía para acabar con la violencia y la guerra, optando por trabajar en la construcción de paz en lugar de prestar el servicio militar», afirmó el senador.
Opciones de servicio para construir la paz
El programa, dirigido a jóvenes entre 18 y 24 años, está diseñado para quienes deseen aportar al país a través de iniciativas relacionadas con el cumplimiento del Acuerdo de Paz, la protección del medio ambiente y la promoción de la cultura. Entre las modalidades disponibles para cumplir el servicio se incluyen la alfabetización digital en zonas rurales, el trabajo con víctimas del conflicto armado, la defensa de los derechos humanos y la promoción de políticas de reconciliación y convivencia.
Reconocimientos y beneficios para los jóvenes
El Servicio Social para la Paz se equipara al servicio militar en términos de reconocimiento y beneficios. Los jóvenes que elijan esta alternativa recibirán una certificación equivalente a la libreta militar emitida por el Ministerio de Defensa, además de una remuneración similar a la del servicio militar. También podrán acceder a descuentos en programas académicos y formación técnica en el SENA, entre otros beneficios.
A pesar de ofrecer una opción alternativa, esta medida no reemplaza el servicio militar obligatorio, ya que los jóvenes seguirán siendo llamados a cumplirlo. Sin embargo, ahora cuentan con la posibilidad de elegir el Servicio Social para la Paz como una vía diferente para cumplir con este deber ciudadano.
Fuente: senado.gov.co
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Ago 5, 2024 | Actualidad Prime
La Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia SU-020 de 2020 ha constatado, entre el 23 de agosto de 2023 y el 19 de julio de 2024, la persistencia de riesgos inminentes, extraordinarios y extremos para los firmantes del Acuerdo de Paz en varios espacios de reincorporación y fuera de estos. La situación es particularmente grave en el sur del país, incluyendo el espacio territorial de Miravalle.
La Sala expresó profunda preocupación por la macro victimización de los firmantes del Acuerdo de Paz, quienes se ven forzados a abandonar sus territorios, proyectos productivos y espacios de memoria. Los crímenes contra ellos, como amenazas y homicidios, han sido registrados y remitidos a las autoridades.
Medidas Ordenadas por la Sala
1. Prevención y Reacción: Se recordó a los ministros de Defensa y del Interior, y al Comando General de las Fuerzas Militares, su deber de conservar y restablecer el orden público. Se ordenó informar sobre la seguridad en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (AETCR) y Áreas Especiales de Reincorporación Colectiva, especialmente en zonas con población étnica o resguardos indígenas.
2. Política Criminal: Se señaló la falta de acciones judiciales relevantes por parte de la Unidad Especial de Investigación (UEI) de la Fiscalía. La Fiscalía debe adoptar medidas para investigar y judicializar los crímenes y presentar un informe sobre los avances.
3. Protección: La Unidad Nacional de Protección (UNP) debe reevaluar los riesgos en los AETCR y Áreas Especiales de Reincorporación Colectiva, implementando medidas de seguridad adecuadas, especialmente en zonas con grupos étnicos o resguardos indígenas.
La Sala exhortó a diversas entidades a cumplir el plan piloto ordenado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para atender la seguridad de los firmantes del Acuerdo de Paz en el AETCR Miravalle y sectores cercanos.
Fuente: corteconstitucional.gov.co
Jun 12, 2024 | Actualidad Prime
En una audiencia reservada celebrada el 31 de mayo en el Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (AETCR) Filipinas, hoy conocido como ‘Villa Paz’, la Sala de Amnistía o Indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) escuchó a seis voceros de un grupo de 32 personas que aseguran haber pertenecido a las Farc-EP, pero que no fueron incluidas en los listados entregados a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en 2017.
Durante esta diligencia sin precedentes, las magistradas Alexandra Sandoval Mantilla y Marcela Giraldo Muñoz recabaron información crucial para atender las solicitudes de estos individuos y resolver su situación jurídica. Las magistradas indagaron sobre el año y las circunstancias de su ingreso a las Farc-EP, la estructura a la que pertenecieron, quiénes eran sus comandantes, su rango en la extinta guerrilla y la razón de fuerza mayor por la que no fueron incluidos en los listados originales.
Las declaraciones obtenidas bajo juramento fueron complementadas con testimonios de exmiembros de las Farc-EP, un representante de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, un representante de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz y Pastor Alape, excomandante de las Farc-EP y representante del Partido Comunes.
Los participantes de la audiencia relataron las dificultades que han enfrentado durante el proceso de reincorporación debido a su falta de reconocimiento legal como firmantes del acuerdo de paz. Este grupo de personas ha solicitado a la Sala de Amnistía o Indulto de la JEP que verifique su situación jurídica para poder acceder a los programas de reincorporación económica, política y social que ofrece la Agencia para la Reincorporación y la Normalización.
Al concluir la diligencia, la magistrada Alexandra Sandoval Mantilla, vicepresidenta de la sala, indicó que pronto se tomará una decisión basada en la información recopilada sobre la situación jurídica de estas 32 personas. La decisión determinará si serán incluidas en los listados del Comité Técnico Interinstitucional de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, lo que les permitiría ser reconocidos oficialmente como exmiembros de las Farc-EP.
La magistrada Sandoval subrayó la importancia de garantizar la seguridad jurídica a los exintegrantes de las Farc-EP que dejaron las armas y están comprometidos con el Acuerdo de Paz, destacando que este paso es fundamental para fortalecer el proceso de reintegración a la sociedad y prevenir la repetición del conflicto armado en Colombia.
Fuente: jep.gov.co
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