Ene 30, 2024 | Actualidad Prime
La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, en virtud de la sentencia T-582 de 2023, ha emitido un fallo que ampara los derechos a la vida, integridad física, salud y educación de una comunidad en el sector Santa Isabel del Municipio de El Playón, Santander. La acción de tutela, presentada en marzo de 2023 por Emilse en nombre propio y representación de la población local, señaló la preocupante situación del puente hamaca que conecta el sector con el casco urbano del municipio.
La accionante respaldó su solicitud con pruebas, incluyendo evidencia fotográfica que evidencia fallas estructurales, tablero de madera incompleto y arreglos provisionales realizados por la comunidad. Así mismo, argumentó que el estado del puente representaba un riesgo para la vida y la integridad de la comunidad, que depende de esta infraestructura para acceder a servicios esenciales como educación y salud.
Aunque los jueces de instancia inicialmente rechazaron la acción de tutela, la Sala Séptima de Revisión, liderada por la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera, revocó esas decisiones y amparó diversos derechos fundamentales. La Corte concluyó que las autoridades locales no garantizaron la seguridad de la estructura del puente, exponiendo a la comunidad a situaciones peligrosas.
Asimismo, la Corte determinó que el estado del puente constituía una amenaza para el derecho a la salud, especialmente en términos de la accesibilidad al centro de salud más cercano. Además, resaltó que el deterioro del puente afectaba el derecho a la educación de los menores de edad en la zona.
La decisión de la Corte también encontró que las autoridades locales vulneraron el derecho de petición de Emilse al no responder de manera oportuna a una solicitud presentada. En respuesta a estos hallazgos, la Corte ordenó a la alcaldía municipal establecer un diálogo con la comunidad para desarrollar un plan de contingencia destinado a reducir los riesgos asociados al puente. También se exigió la creación de un cronograma claro y razonable para la implementación de dicho plan, buscando así garantizar la seguridad y los derechos fundamentales de la población afectada.
Fuente: corteconstitucional.gov.co
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Ene 29, 2024 | Actualidad Prime
En una decisión adoptada por medio de la sentencia T-547 de 2023, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional ha ordenado a diversas autoridades realizar un acto público para ofrecer disculpas a los niños, niñas y adolescentes que asisten a las instituciones educativas de La Felicidad y Macondo. La medida surge como resultado de la conclusión de la Corte de que estas autoridades incumplieron su deber de garantizar una infraestructura educativa digna y adecuada.
La sentencia, con la ponencia del magistrado José Fernando Reyes Cuartas, amparó los derechos fundamentales a la educación y a la dignidad humana de los estudiantes, resaltando la omisión prolongada de las autoridades en relación con sus obligaciones constitucionales y legales para asegurar el derecho a la educación.
El tribunal constató que, a pesar de las reiteradas solicitudes para superar las deficiencias en la infraestructura educativa, no se ejecutaron las medidas administrativas y presupuestales necesarias. La falta de una infraestructura adecuada se tradujo en condiciones que, según la Corte, eran contrarias a la dignidad humana y ponían en riesgo la vida y seguridad de estudiantes, docentes y personal vinculado a las instituciones educativas.
La Corte advirtió que la solución de estos casos requiere la coordinación y participación de los entes territoriales y el Ministerio de Educación Nacional. Se emitieron órdenes destinadas a la protección de los derechos fundamentales y garantías de no repetición de situaciones que vulneran la dignidad de los niños y niñas.
Como medida de satisfacción, la Corte ordenó que las autoridades involucradas realicen un acto público de ofrecimiento de disculpas a los estudiantes de ambas instituciones educativas. Este acto deberá incluir el reconocimiento público del incumplimiento de sus deberes y las obligaciones a su cargo.
La providencia también aplicó un enfoque diferenciado al dirigirse directamente al gobierno escolar y a la comunidad estudiantil de La Felicidad y Macondo. La Corte resaltó la importancia de que las escuelas sean espacios que fomenten el aprendizaje, la amistad y diversas dimensiones humanas.
Se alentó a los estudiantes y sus representantes a enviar informes a la Corte sobre el cumplimiento de la providencia. Esta providencia busca establecer un precedente relevante para la garantía de condiciones dignas en las instituciones educativas del país.
Fuente: corteconstitucional.gov.co
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