Aprobación del anteproyecto de ley sobre jornada docente y distribución de aulas.
El Consejo de Ministros ha aprobado, en primera vuelta, el Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 4/2019, de 7 de marzo. Su objetivo principal es reducir el número máximo de alumnos por aula y homogeneizar la jornada lectiva del profesorado no universitario. La iniciativa se enmarca en el artículo 26.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Además, persigue mejorar las condiciones laborales del profesorado y garantizar una atención más personalizada al alumnado.
Nuevas ratios de alumnado
El texto legislativo propone que las aulas de Educación Primaria pasen de un máximo de 25 alumnos a 22. Mientras que en Educación Secundaria Obligatoria el límite se reducirá de 30 a 25. En los centros financiados con fondos públicos, el alumnado con necesidades educativas especiales (NEEs) computará como dos plazas. Esta es una medida destinada a reforzar la educación inclusiva.
Según el Ministerio de Educación, esta reducción permitirá favorecer la atención individualizada, mejorar la diversidad educativa y disminuir la carga laboral del profesorado. Así, se contribuirá al bienestar docente y a una enseñanza de mayor calidad.
Homogeneización de la jornada lectiva
El anteproyecto fija una jornada lectiva semanal de 23 horas para el profesorado de Infantil, Primaria y Educación Especial. Para el resto de enseñanzas, será de 18 horas. De forma excepcional, podrá ampliarse a 20 horas lectivas, siempre que se compensen con dos horas complementarias por cada hora adicional.
Esta medida establece una regulación básica común para todo el territorio nacional. Tiene el fin de evitar desigualdades entre comunidades autónomas y reforzar la cohesión del sistema educativo.
Calendario de aplicación y tramitación
La implantación será progresiva. La jornada lectiva y el cómputo doble del alumnado con NEEs entrarán en vigor en el curso 2026/2027. Las nuevas ratios se aplicarán desde 2027/2028 en Infantil y Primaria, 2028/2029 en Secundaria, y 2029/2030 en Bachillerato, alcanzando su plena vigencia en 2031/2032.
El texto continuará su tramitación parlamentaria tras la negociación con organizaciones sindicales y comunidades autónomas. Hasta su aprobación definitiva como proyecto de ley y su posterior remisión a las Cortes Generales.
Medidas complementarias y equidad educativa
El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes trabaja junto al INE en el desarrollo de un índice de vulnerabilidad socioeconómica. Este permitirá identificar los centros con mayor complejidad por el contexto del alumnado. Este índice se implementará en los seis meses posteriores a la entrada en vigor de la ley.
Asimismo, se prevé la aprobación reglamentaria de ratios específicas para enseñanzas no obligatorias. También la determinación de criterios para reducir aún más el número de alumnos en centros con circunstancias sociales o educativas especiales.
Fuente: Consejo de Ministros.
