Reforma legislativa en materia de aseguradoras y reaseguradoras.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley que modifica la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, así como el Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, relativo a la transposición de diversas directivas europeas. Esta iniciativa se adopta conforme al artículo 26.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y tiene como finalidad fortalecer el marco jurídico que rige al sector asegurador en España.

Transposición de la Directiva (UE) 2025/2

El texto incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2025/2, que modifica la Directiva 2009/138/CE (Solvencia II). La nueva normativa busca reforzar la proporcionalidad, la calidad de la supervisión, la presentación de información y las medidas de garantía a largo plazo. Asimismo, introduce instrumentos macroprudenciales, regula los riesgos de sostenibilidad y mejora la supervisión de grupos y actividades transfronterizas. El objetivo de las medidas es garantizar una mayor estabilidad financiera y protección a los asegurados.

Principales bloques de reforma

1. Proporcionalidad.

Se establecen medidas destinadas a simplificar el cumplimiento normativo, especialmente para pequeñas y medianas empresas del sector asegurador, adecuando las exigencias a la dimensión y complejidad de cada entidad.

2. Capital de solvencia.

Por otro lado, la norma refuerza la relación entre riesgo y capital, incrementando la sensibilidad del capital de solvencia obligatorio. Paralelamente, se introducen mecanismos que facilitan la inversión de las aseguradoras en activos que impulsen la economía productiva.

3. Régimen macroprudencial.

El supervisor contará con nuevas herramientas preventivas para preservar la estabilidad financiera del sistema, con especial atención a la gestión de situaciones de crisis en el mercado asegurador.

4. Sostenibilidad.

El marco normativo da un papel central a la sostenibilidad, promoviendo que el sector asegurador participe activamente en la financiación de la transición hacia una economía verde junto con el sistema bancario y de valores.

5. Actividad transfronteriza.

Se refuerzan las competencias de los supervisores nacionales para controlar y, en su caso, corregir actuaciones de entidades extranjeras que puedan afectar a los derechos de los consumidores.

6. Otras medidas.

Entre ellas, destacan la simplificación de obligaciones de información, la mejora en la supervisión de grupos aseguradores y la exigencia de que las entidades sean dirigidas por personas con idoneidad y solvencia profesional.

Reforzamiento del sistema financiero

Así, con esta transposición, se pretende la consolidación de un marco asegurador más sólido, transparente y sostenible, alineado con las exigencias de la Unión Europea. Finalmente, el nuevo régimen busca equilibrar la protección del asegurado con la estabilidad del sistema financiero, garantizando un entorno más seguro y eficiente para el sector.