Una funcionaria del Gobierno de Navarra ha sido condenada por la Audiencia Provincial a 3 años y 6 meses de prisión tras ser hallada culpable de acceder sin autorización a información reservada de Hacienda. Utilizando las credenciales de su puesto de trabajo en otro departamento, se apropió y divulgó datos personales reservados de la denunciante, una acción que ha sido considerada como una grave vulneración de la privacidad y la confidencialidad que deben manejar los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.
Delito por acceder a información reservada de Hacienda
La sentencia subraya la gravedad del delito al acceder a información altamente sensible sin ningún tipo de autorización, resaltando la importancia de mantener la integridad y la confidencialidad de los datos personales en el ámbito gubernamental.
Repercusiones y sanciones
Además de la pena de prisión, la acusada debe indemnizar a la víctima con 1.000 euros. Reflejando una compensación por el daño moral sufrido. La funcionaria, quien desempeñaba tareas administrativas, se excedió de sus competencias al infiltrarse en sistemas de información a los que no tenía permiso de acceso. Este acto no solo pone de relieve la vulnerabilidad de los sistemas de información sino también la confianza depositada en los empleados del gobierno.
La sentencia recoge la utilización indebida de la información reservada de Hacienda para fines personales, evidenciando un abuso de posición y confianza. La imposición de la indemnización busca reparar, en parte, el daño infligido a la víctima, quien ha necesitado asistencia psicológica desde el incidente.
Fallo de la sentencia
Absolución del coacusado de acceder a la información reservada de Hacienda
El juicio también involucró a un segundo acusado, al que se le atribuyó la recepción y uso de la información reservada de Hacienda. Sin embargo, fue absuelto por falta de pruebas que demostraran su participación en la obtención de dichos datos. Se pone de manifiesto la necesidad crítica de proteger la información personal contra accesos no autorizados, reafirmando la responsabilidad de los funcionarios públicos de adherirse a los más altos estándares de conducta ética y legal.
La sentencia ha sido objeto de recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra.
