El Gobierno deberá responder la solicitud del CGPJ para la ampliación del plazo de revisión de la capacidad jurídica de personas con discapacidad.

El pasado 24 de abril, el Consejo General del Poder Judicial solicitó al Gobierno una extensión del plazo para revisar las medidas judiciales adoptadas en relación con la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Este requerimiento se basa en la Ley 8/2021, que adaptó la legislación española a la Convención de Nueva York de 2006 sobre los derechos de las personas con discapacidad. La ley estableció un periodo de tres años para completar estas revisiones, plazo que concluye el próximo 3 de septiembre. Por ello, solicita que se amplíe el plazo hasta 2029.

La Ley 8/2021 trajo consigo una reforma significativa de la legislación civil y procesal en España, eliminando las declaraciones judiciales de incapacidad y las modificaciones judiciales de capacidad. Estas medidas se consideraron incompatibles con el reconocimiento pleno de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, conforme a lo estipulado por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La solicitud de ampliación

El CGPJ fundamenta su petición en un informe del Servicio de Inspección que destaca la insuficiencia del plazo de tres años para completar las revisiones. A finales de 2023, aún quedaban 108.625 casos pendientes de revisión en los juzgados de primera instancia y otros juzgados especializados. Según el informe, sin medidas de refuerzo, se necesitarían 4,9 años adicionales para concluir las revisiones. Con medidas de refuerzo, el tiempo se reduciría a 3,7 años. Sin dicha prórroga no sería posible cumplir con las exigencias de la ley. Los medios judiciales no son suficientes como para poder completar la labor a principios de septiembre.

A raíz de estos datos, el Foro Justicia y Discapacidad del CGPJ propuso ampliar el plazo de revisión hasta 2029. La Comisión Permanente del CGPJ ha apoyado esta propuesta y solicita al Gobierno que impulse una reforma legislativa para extender el plazo inicial. Solicitan que el plazo se extienda 5 años.

El acuerdo del CGPJ ha sido remitido al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, así como a las instituciones integrantes del Foro Justicia y Discapacidad. También se enviará a los delegados de discapacidad del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y los Tribunales Superiores de Justicia.

Fuente: CGPJ