La Agencia Tributaria ha iniciado una operación, denominada ‘Llamera’, en 15 comunidades autónomas para combatir el fraude fiscal en el sector del comercio de madera. Esta operación incluye la inspección de 84 sociedades y 37 personas físicas (socios, administradores y familiares). Más de 350 funcionarios, incluyendo inspectores y agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera, participaron en la operación, que se llevó a cabo en 88 locales distribuidos en varias regiones de España.
Fraude fiscal en el sector del comercio de madera | Operación «Llamera»
La operación se centra en empresas dedicadas a la comercialización de madera y productos derivados. Se han identificado indicios de economía sumergida y fraude fiscal. Así como incrementos patrimoniales no justificados en los socios de las empresas, que podrían derivarse de ventas ocultas. Además, se observaron signos externos de riqueza en algunas de las personas físicas vinculadas, como el alquiler de cajas de seguridad y gastos elevados en tarjetas bancarias, sugiriendo la ocultación de ingresos.
La Agencia Tributaria también se enfocó en el uso intensivo del efectivo como modalidad de cobro y en la baja proporción de ingresos por tarjeta en el sector mayorista. Se investigará la importancia de los ingresos en efectivo no depositados en cuentas bancarias, que podrían haber sido utilizados para pagos en ‘B’ (economía sumergida).
El análisis previo reveló que, en algunos casos, la suma de los cobros con tarjeta, efectivo ingresado y transferencias recibidas superaba significativamente la facturación declarada, indicando posibles ingresos no declarados.
La operación también incluye el análisis de documentación contable y sistemas informáticos obtenidos durante las inspecciones
La operación también incluye el análisis de documentación contable y sistemas informáticos obtenidos durante las inspecciones, lo que es esencial para identificar y regularizar el fraude fiscal. Estas macrooperaciones sectoriales son una parte clave del Plan de Control de 2023 de la Agencia Tributaria, que busca combatir la economía sumergida y reforzar la presencia inspectora en sectores de alto riesgo.
Hasta la fecha, la Agencia ha llevado a cabo 23 macrooperaciones sectoriales en la última década, resultando en más de 2.000 expedientes finalizados y recaudaciones de 386 millones de euros. Estas operaciones no solo detectan y regularizan el fraude fiscal, sino que también envían un mensaje disuasorio a los sectores involucrados, impactando positivamente en las arcas públicas y la competencia leal en el mercado.
