La Audiencia Nacional ha rechazado extraditar al salvadoreño acusado de pertenencia a organización criminal
La Audiencia Nacional ha rechazado extraditar a un ciudadano a El Salvador. Este había sido miembro de una organización criminal conocida como mara y estaba reclamado por pertenencia a dicha organización. La decisión se basa en la falta de garantías de que se respetarían sus derechos fundamentales debido al estado de excepción vigente en El Salvador por más de dos años.
Podría exponerlo a situaciones de grave riesgo para su vida e integridad física
Los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, alineándose con la posición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y la defensa del reclamado, concluyeron que entregar al exmiembro de la mara a las autoridades salvadoreñas podría exponerlo a situaciones de grave riesgo para su vida e integridad física. Esto se debe a las condiciones político-sociales actuales en El Salvador. Particularmente relacionadas con la lucha contra las pandillas, que son el foco de la legislación de excepción en el país.
Pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y comunicados de Amnistía Internacional
Asimismo, la Sala consideró diversos factores para llegar a esta decisión. Entre ellos: pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y comunicados de Amnistía Internacional. Ambos destacan la comisión sistemática de violaciones graves a los derechos humanos bajo el régimen de excepción en El Salvador. Además, informes periodísticos recientes apoyan la preocupación por la quiebra de los derechos humanos en el país.
El Tribunal también tomó en cuenta que el reclamado había emigrado a España huyendo de extorsiones por parte de miembros de la mara, y que la condena por la cual se solicita su extradición en El Salvador es de 3 años y 4 meses de cárcel por un delito de agrupaciones ilícitas, equivalente en España a pertenencia a organización criminal.
La Audiencia Nacional rechaza extraditar en virtud del principio de non-refoulement
En este contexto, la Audiencia Nacional aplicó el principio de no devolución o non-refoulement. De este modo, protegiendo al individuo de ser extraditado a un país donde no se garantizan los derechos fundamentales y donde podría enfrentarse a un riesgo significativo de persecución o daño.
