La juez de la Audiencia Nacional propone juzgar a un grupo criminal que comercializaba atún rojo de pesca ilegal.
La juez de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha propuesto llevar a juicio a ocho personas y doce empresas. Entre ellas el principal grupo exportador de atún a nivel mundial, por la comercialización de atún rojo proveniente de la pesca ilegal y el blanqueo de los beneficios obtenidos.
La investigación ha revelado las pésimas condiciones de salubridad en las instalaciones utilizadas y las malas condiciones del atún para el consumo humano. Los atunes eran inyectados con aditivos para aparentar frescura, poniendo en grave peligro la salud pública.
Grupo criminal
La magistrada considera que los hechos investigados pueden constituir delitos de falsedad documental. Delitos de falsedad documental contra la salud pública, contra la fauna, contra los derechos de los consumidores. Así como descubrimiento y revelación de secretos, participación en organización criminal y blanqueo de capitales. Entre los acusados se encuentran un guardia civil y responsables del Grupo Pescnortmar y del Grupo Ricardo Fuentes. Este grupo es el mayor exportador de atún rojo con sede en Cartagena y operaciones en varios países.
Modus Operandi
El grupo criminal operaba de manera legal e ilegal, introduciendo en el mercado atún pescado ilegalmente con documentación falsificada. Esta mezcla deliberada dificultaba la detección del fraude. Además, las condiciones de higiene durante el transporte y almacenamiento del eran deficientes, lo que impedía la trazabilidad del producto, esencial para la salud pública.
Las instalaciones, especialmente una nave sin permiso administrativo, operaban fuera de los controles sanitarios en condiciones deplorables. Se detectaron niveles peligrosos de histamina en muestras de pescado y casos de intoxicación alimentaria, evidenciando un riesgo para la salud pública.
Objetivo y consecuencias | Propuesta de ser juzgados como un grupo criminal
El objetivo del grupo criminal era el lucro económico, enmascarando la pesca furtiva y el comercio ilícito con documentos falsos. La juez ha dado un plazo de diez días a la Fiscalía y a las acusaciones para que soliciten la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.
