Sep 2, 2024 | Actualidad Prime
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha emitido un informe crítico sobre el proyecto de real decreto que regula la financiación de productos sanitarios a cargo del Sistema Nacional de Salud para pacientes no hospitalizados. Así como los márgenes de distribución y dispensación de estos productos. Esta intervención marca la tercera ocasión en la que la CNMC examina la financiación de estos, tras proyectos anteriores que no llegaron a ser aprobados.
Motivos Principales para el cuestionamiento sobre la excesiva intervención pública en la financiación de los productos sanitarios
Equiparación injustificada entre medicamentos y productos sanitarios
La CNMC critica que el régimen de financiación y márgenes propuesto para los productos sanitarios es prácticamente idéntico al aplicado a los medicamentos, sin considerar las diferencias fundamentales entre ambos. El informe sostiene que los productos sanitarios, por su naturaleza menos restrictiva, deberían tener un marco regulador menos rígido. Se debería implementar un marco regulador menos rígido que permita mayor flexibilidad y adaptación a las características específicas de estos productos.
Intervención en los márgenes de distribución y dispensación
El informe señala que la fijación de márgenes para distribuidores y farmacias es una restricción elevada e innecesaria. Especialmente en el caso de los productos sanitarios. Esta regulación impide la competencia en precios y servicios, desincentivando la innovación y mejoras en el sector. La CNMC sugiere que los márgenes se establezcan como topes máximos, permitiendo que las farmacias y distribuidores ofrezcan mejores precios y servicios adicionales.
Reserva de venta exclusiva en farmacias de los productos sanitarios
Se considera cuestionable que los productos sanitarios solo puedan venderse en farmacias, dado que estos suelen tener menos riesgo y son más fáciles de usar en comparación con los medicamentos. Se recomienda permitir la venta en otros canales comerciales, como tiendas especializadas y plataformas online. Esto favorecería la competencia y accesibilidad.
Restricciones en las oficinas de farmacia
El informe sugiere reconsiderar las restricciones geográficas, de horarios y de publicidad que limitan la competencia entre farmacias. La prohibición de la publicidad, en particular, es vista como un obstáculo injustificado que impide a las farmacias diferenciarse y competir eficazmente en el mercado.
Enfoque excesivamente intervencionista en la financiación de los productos sanitarios del proyecto
La CNMC critica el enfoque excesivamente intervencionista del proyecto de Real Decreto, abogando por un marco regulatorio que permita mayor competencia y flexibilidad, adaptado a las características específicas de los productos sanitarios.
Sep 2, 2024 | Actualidad Prime
La Audiencia considera probada la estafa por falsa herencia, al constatar la existencia de documentos falsos creados para engañar al afectado.
La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia ha sentenciado a dos años de prisión a un hombre que estafó a una víctima tras hacerle creer que había heredado 9,3 millones de dólares. El acusado, quien se presentó como abogado, convenció a la víctima de que era beneficiario de una falsa herencia dejada por un ciudadano fallecido en el terremoto de China de 2008. Le aseguró que, para poder acceder a dicha cantidad debía aceptar dicha herencia.
Durante el periodo de mayo a noviembre de 2018, el condenado envió una carta en la que indicaba que el dinero estaba depositado en una caja de seguridad en España. Sin embargo, para liberar los fondos, la víctima debía hacer varios pagos en efectivo.
Para darle credibilidad a su fraude, el acusado creó documentación falsa y abrió una cuenta bancaria en España utilizando un pasaporte falsificado. A través de esta cuenta, logró que la víctima le transfiriera 5.820 euros. Estos hechos, ahora probados por el tribunal, constituyen la base de su condena.
El proceso judicial
El acusado reconoció los hechos y aceptó los cargos por falsedad documental y estafa. La Fiscalía y la defensa llegaron a un acuerdo previo al juicio, en el que el acusado se declaró culpable. La sentencia recoge que los delitos incluyen falsedad en documento mercantil y oficial, en concurso con un delito continuado de estafa.
Atenuantes y reparación del daño
La condena consideró dos atenuantes: dilaciones indebidas en el proceso judicial y reparación parcial del daño. Antes del juicio, el condenado depositó mil euros como parte del pago de los 5.820 euros que debe devolver a la víctima en concepto de responsabilidad civil.
Sin embargo, según la sentencia, la víctima llegó a perder más de 122.000 euros en total, pues otras cantidades fueron depositadas en cuentas bancarias de presuntos cómplices que permanecen en paradero desconocido.
Finalmente, la sentencia establece que el acusado debe devolver los 5.820 euros y cumplir la pena de dos años de prisión, aunque la cantidad total defraudada asciende a más de 122.000 euros, con otros implicados aún sin localizar. Además, deberá pagar una multa durante cuatro meses, a razón de 8 euros diarios.
Fuente: CGPJ
Ago 30, 2024 | Actualidad Prime
El Tribunal General de la Unión Europea adquirirá competencias para conocer de cuestiones prejudiciales en seis materias específicas a partir del 1 de octubre de 2024. Esta medida forma parte de una reforma de la arquitectura jurisdiccional de la Unión Europea destinada a aliviar la carga de trabajo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La reforma se fundamenta en una modificación del Estatuto del Tribunal de Justicia, que entrará en vigor el 1 de septiembre de 2024.
Competencia para conocer en seis materias específicas transferidas
Las seis materias sobre las que el Tribunal General tendrá competencia son:
- Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
- Impuestos especiales.
- Código aduanero.
- Clasificación arancelaria de mercancías en la nomenclatura combinada.
- Compensación y asistencia a pasajeros en casos de denegación de embarque, retraso o cancelación de servicios de transporte.
- Régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
Estas materias fueron seleccionadas porque no suelen plantear cuestiones de principio que afecten a la unidad o coherencia del Derecho de la Unión. Asimismo, ya existe una amplia jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre ellas. Esta transferencia permitirá al Tribunal General manejar un volumen significativo de casos (aproximadamente el 20% de las peticiones prejudiciales) y así reducir la carga del TJUE.
Procedimiento y salvaguardias
Aunque el Tribunal General adquirirá competencia en estas áreas, el TJUE seguirá siendo competente en los casos donde las cuestiones prejudiciales involucren también otras materias o planteen interpretaciones del Derecho primario, del Derecho internacional público o de los principios generales del Derecho de la Unión. Además, el Tribunal General puede remitir casos al TJUE si considera que son necesarios para mantener la coherencia del Derecho de la Unión.
Para garantizar la seguridad jurídica, todas las peticiones de decisión prejudicial se presentarán inicialmente ante el TJUE. Este tribunal determinará si corresponde transferirlas al Tribunal General. Tanto el TJUE como el Tribunal General explicarán brevemente en sus resoluciones las razones por las que son competentes en cada caso.
Novedades en el procedimiento sobre cuestiones prejudiciales
Se incluyen dos novedades aplicables a todas las peticiones sobre cuestiones prejudiciales, independientemente de su materia. Primero, las peticiones serán notificadas al Parlamento Europeo, al Consejo y al Banco Central Europeo, además de a los Estados miembros y la Comisión, para que puedan presentar observaciones si tienen interés. Segundo, se publicarán las alegaciones y observaciones escritas en el sitio web del Tribunal de Justicia, salvo que el interesado se oponga.
Ampliación del mecanismo de admisión a trámite de recursos de casación
El mecanismo de previa admisión a trámite de los recursos de casación, que se aplica cuando un asunto ha sido revisado por una sala de recurso independiente y luego por el Tribunal General, se ampliará a más salas de recurso y a litigios relacionados con la ejecución de contratos que contengan cláusulas compromisorias. Este cambio, aplicable desde el 1 de septiembre, busca garantizar que el TJUE se concentre en los recursos que planteen cuestiones jurídicas de mayor importancia.
Ago 30, 2024 | Actualidad Prime
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha adoptado nuevas Instrucciones prácticas dirigidas a las partes involucradas en los procedimientos ante el Tribunal, en respuesta a los cambios y avances ocurridos desde la última actualización en 2019. Estas instrucciones, aunque no sustituyen al Estatuto ni al Reglamento de Procedimiento, buscan complementar y aclarar estos documentos para facilitar su comprensión y aplicación. Se garantiza así una administración de justicia más eficiente y accesible.
Motivación y contexto
Las nuevas instrucciones surgen como resultado de la experiencia acumulada tras varios años de aplicación del Reglamento de Procedimiento, y la necesidad de reflejar las modificaciones introducidas desde entonces, especialmente en el ámbito de la protección de datos personales y los procedimientos procesales. Un ejemplo clave de estos cambios es la incorporación de nuevas herramientas técnicas durante la pandemia de COVID-19. Por ejemplo: la retransmisión en línea de vistas orales y la posibilidad de participación por videoconferencia para quienes no puedan asistir físicamente a las audiencias.
Principales novedades
- Herramientas tecnológicas. Se implementan mecanismos que permiten la retransmisión de vistas orales a través de Internet y la posibilidad de que las partes participen en estas vistas mediante videoconferencia, siempre que se cumplan ciertos requisitos técnicos y jurídicos.
- Publicación de documentos. El TJUE podrá publicar los escritos de alegaciones u observaciones presentados en asuntos prejudiciales, a menos que el autor se oponga dentro de un plazo razonable.
- Fase escrita y oral del procedimiento.
- Fase escrita. Los escritos deben ser claros, precisos y evitar tecnicismos innecesarios. La fase escrita varía según el tipo de procedimiento, con diferencias entre los recursos directos, de casación y las cuestiones prejudiciales.
- Fase oral. La vista oral no es sistemática y su organización depende del valor añadido que el TJUE considere que pueda aportar al caso. Las partes pueden solicitar la celebración de una vista, pero deben justificar la necesidad de esta.
- Representación de las partes. Es obligatorio que las partes sean representadas por un abogado o agente debidamente facultado, con reglas específicas para los diferentes tipos de procedimientos.
- Asistencia jurídica gratuita. Se puede solicitar si una parte no puede afrontar los gastos del proceso. Las solicitudes deben estar respaldadas por documentación que acredite la situación económica del solicitante.
- Protección de datos personales. Se enfatiza la importancia de la anonimización de datos personales en los escritos y durante las vistas orales, especialmente en asuntos prejudiciales y de casación.
- Intervención de terceros. Se establecen reglas claras para la intervención de terceros en los procedimientos, con plazos y requisitos específicos según el tipo de recurso.
- Formatos y transmisión de escritos. Los escritos procesales deben cumplir con ciertos requisitos de forma y presentación, siendo recomendable el uso de la aplicación e-Curia para su transmisión, aunque también se permite el envío por correo postal o, de forma excepcional, por fax o correo electrónico.
Disposiciones finales de las nuevas instrucciones prácticas
Estas instrucciones sustituyen a las anteriores, adoptadas en diciembre de 2019, y entrarán en vigor al primer día del mes siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Ago 29, 2024 | Actualidad Prime
El Gobierno ha propuesto un nuevo reglamento con el objetivo de poner fin a los abusos cometidos por las comercializadoras de electricidad en la contratación de suministros vía llamada telefónica. Este reglamento establece que las empresas no podrán realizar publicidad ni contrataciones telefónicas, salvo que el consumidor lo solicite expresamente o inicie la llamada. Esta medida responde a las numerosas reclamaciones de consumidores que han recibido llamadas engañosas sin su consentimiento. Lo que ha dado lugar a contratos con deficiencias o sin un consentimiento informado.
Ni publicidad ni prácticas de contratación a través de una llamada telefónica
En apoyo de esta medida, el reglamento detalla en su Artículo 13 que las comercializadoras de energía eléctrica no podrán realizar publicidad ni prácticas de contratación no solicitadas por el usuario a través de llamadas telefónicas. A menos que exista una petición expresa por parte del consumidor o que la llamada sea originada por iniciativa de este. En tales casos, el comercializador estará obligado a grabar la totalidad de la llamada, independientemente de quién la origine. Asimismo, incluirá en la grabación toda la información facilitada al consumidor, así como la información precontractual que describa las características básicas de la oferta.
Aplicación a las empresas que prestan servicios de agregación
Este tipo de restricciones también se aplican a las empresas que presten servicios de agregación, según se establece en el Artículo 22 del reglamento. Estas empresas, al igual que las comercializadoras, no podrán realizar publicidad ni prácticas de contratación no solicitadas por el usuario vía telefónica. Salvo que el cliente lo haya solicitado expresamente o haya iniciado la llamada. En esos casos, las empresas de agregación deberán grabar la totalidad de la conversación, asegurando que se incluya toda la información proporcionada al consumidor y la información precontractual relevante.
Llamadas telefónicas comerciales no deseadas
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia había solicitado estas restricciones. Argumentaban que muchas comercializadoras no son transparentes y emplean prácticas engañosas para cumplir con los requisitos documentales. Aunque la Ley General de Telecomunicaciones de 2022 ya prohíbe las llamadas telefónicas comerciales no deseadas, no impide la contratación vía llamada telefónica, lo que ha permitido a las empresas continuar con esta práctica.
Defensor del cliente eléctrico
Además de estas medidas, la nueva normativa contempla la creación de la figura del defensor del cliente eléctrico. Se trata de una figura similar al existente en el sector bancario, aunque su implementación será voluntaria para las compañías. También se establecen disposiciones específicas sobre el bono social. Las comercializadoras estarán obligadas a informar a los consumidores sobre la posibilidad de acogerse a la tarifa regulada y al bono social. Indicando que sólo las empresas de referencia pueden gestionar estas solicitudes. En el caso de que un cliente con bono social quiera acceder al mercado libre, la comercializadora entrante deberá notificar la incompatibilidad entre el nuevo contrato y la ayuda recibida.
Asimismo, el reglamento garantiza que los consumidores tendrán derecho a cambiar de compañía en un máximo de dos semanas desde la solicitud. A partir de 2026, los procesos técnicos de cambio no podrán durar más de 24 horas y se realizarán cualquier día laborable.
Consulta pública
Las comercializadoras y otras partes interesadas tendrán la oportunidad de presentar sus alegaciones durante el proceso de audiencia pública del reglamento, que estará en fase de consulta pública hasta el 13 de septiembre
Ago 29, 2024 | Actualidad Prime
El «Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento General de Suministro y Contratación y se establecen las condiciones para la comercialización, agregación y la protección del consumidor de energía eléctrica» se presenta como una respuesta a los cambios significativos que ha experimentado el sector eléctrico en España y en Europa. Este proyecto busca actualizar y unificar la normativa existente. Hasta ahora estaba dispersa en varios decretos y leyes.
Unificación y actualización de la normativa
La normativa vigente, fundamentada en la Ley 24/2013 y desarrollos posteriores, se ha quedado obsoleta frente a las transformaciones que ha vivido el sector. El sector se ha visto cambiado con la desaparición de las tarifas reguladas y la consolidación del mercado libre, entre otras. Además, con la creciente importancia de la transición energética hacia una economía descarbonizada para 2050, es esencial que la normativa refleje estos cambios y permita un marco regulatorio claro y eficiente que promueva la sostenibilidad y la eficiencia energética.
Reglamento General de Suministro y Contratación | Adaptación del marco regulador a las directrices de la Unión Europea
Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es la adaptación del marco regulador a las directrices de la Unión Europea. Especialmente en lo que respecta al «Paquete de Energía Limpia».
Este paquete promueve, entre otras cosas, la liberalización del mercado eléctrico, la competencia basada en precios de mercado y la protección de los consumidores vulnerables. En este sentido, el decreto refuerza el papel activo del consumidor, promoviendo su participación en el mercado eléctrico a través de la gestión de la demanda y la integración de tecnologías renovables.
Figura del agregador independiente
El proyecto también introduce la figura del agregador independiente, un nuevo actor en el sistema eléctrico que permitirá una mayor flexibilidad y eficiencia en el mercado. Este actor es crucial para gestionar la demanda y asegurar la estabilidad del sistema en un entorno cada vez más orientado hacia las energías renovables.
Sistema centralizado de gestión de datos en el Reglamento General de Suministro y Contratación
Adicionalmente, el decreto por que se aprueba el reglamento general, refuerza la seguridad jurídica, consolidando y clarificando la normativa existente. Y establece un sistema centralizado de gestión de datos para mejorar la eficiencia en la gestión de la información del sector eléctrico. También se destaca la importancia de cumplir con el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente, en línea con las obligaciones establecidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Finalmente, el proyecto se enmarca dentro de los principios de buena regulación, asegurando la necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia en su aplicación. Contribuye así a un marco regulador que facilite la comprensión y cumplimiento por parte de todos los actores del sector eléctrico.
