Mar 18, 2025 | Actualidad Prime
El Tribunal Supremo ha analizado un conflicto sobre la extinción de las aportaciones adicionales a un plan de pensiones. La cuestión clave es si dichas aportaciones deben mantenerse hasta que el beneficiario cumpla 65 años o si, por el contrario, se extinguen en el momento en que este se jubila anticipadamente.
El caso ha sido resuelto sin que el Alto Tribunal entre a definir un criterio de fondo, ya que no ha encontrado contradicción entre la sentencia recurrida y la de referencia, lo que impide la unificación de doctrina.
Determinación del cese de las aportaciones
- El litigio surge a raíz de un acuerdo colectivo que establecía la reanudación de aportaciones a un plan de pensiones para un trabajador afectado por un despido colectivo.
- La empresa dejó de realizar estas aportaciones cuando el trabajador accedió a la jubilación anticipada. La compañía argumentó que la obligación solo existía hasta el momento en que el beneficiario se jubilara. Según esta interpretación, no importaba si la jubilación se producía antes o después de los 65 años.
- El trabajador impugnó esta decisión, argumentando que el acuerdo garantizaba el derecho a recibir las aportaciones hasta los 65 años. Sostenía que este derecho se mantenía independientemente de la fecha de su jubilación efectiva.
Criterios enfrentados sobre la extinción de las aportaciones
Este caso plantea dos posibles interpretaciones sobre la duración de las aportaciones al plan de pensiones:
- Extinción al jubilarse: La empresa considera que el derecho a recibir aportaciones adicionales queda extinguido desde el momento en que el trabajador se jubila, sin importar la edad.
- Mantenimiento hasta los 65 años: El trabajador sostiene que el acuerdo colectivo prevé el pago de aportaciones hasta los 65 años, sin que la jubilación anticipada altere esa obligación.
Fallo del Tribunal Supremo: No hay pronunciamiento de fondo
El Tribunal Supremo desestima el recurso sin entrar a resolver el debate sobre la extinción de las aportaciones, debido a que:
- La sentencia invocada como referencia no trata específicamente el caso de jubilación anticipada. Por ello, no establece un criterio sobre el cese de aportaciones en esa situación.
- La sentencia recurrida tampoco analiza en profundidad el efecto de la jubilación anticipada en la continuidad de las aportaciones al plan de pensiones.
- Al no existir contradicción clara entre ambas resoluciones, no se cumplen los requisitos legales para la unificación de doctrina.
Consecuencias jurídicas
Con esta decisión, el Tribunal Supremo no fija un criterio definitivo sobre si las aportaciones deben mantenerse hasta los 65 años o si cesan con la jubilación anticipada. Esto significa que el debate sigue abierto y podría ser objeto de futuras resoluciones en casos similares.
Mar 18, 2025 | Actualidad Prime
La violencia de género y el acceso a derechos de viudedad sin denuncia previa.
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha reconocido el derecho de una mujer a percibir la pensión de viudedad por el fallecimiento de su exmarido, pese a que no existiera una denuncia de violencia de género ni se hubiera acogido a un sistema institucional de protección. La sentencia enfatiza la necesidad de valorar el contexto y las pruebas disponibles sin imponer exigencias que respondan a estereotipos de una «víctima ideal».
Fundamentación jurídica de la decisión
El TSXG se apoya en el artículo 220. 1 in fine de la Ley General de la Seguridad Social, que permite acreditar la existencia de violencia de género mediante “cualquier otro medio admitido en Derecho”, además de los mecanismos tradicionales como sentencia firme, orden de protección o informe fiscal. Esta disposición permite evitar una excesiva institucionalización de la protección de las víctimas, favoreciendo el reconocimiento de su situación sin la obligatoriedad de interponer denuncia.
Contexto del caso y pruebas valoradas
La demandante, cuyo recurso fue estimado por el TSXG tras la negativa inicial del Juzgado de lo Social número 3 de Vigo, expuso que durante su matrimonio había sufrido maltrato psicológico, el cual comunicó a la asesora jurídica del Centro Municipal de Información de los Derechos de la Mujer del Concello de Vigo. Además, la resolución describe un entorno familiar conflictivo, con problemas de alcoholismo por parte del exesposo y episodios de violencia presenciados por el hijo común.
Si bien la demandante no acudió a la vía penal ni solicitó medidas de protección institucional, el tribunal subraya que ello no puede considerarse una prueba excluyente de la existencia de violencia de género. En su lugar, pondera la razonabilidad de su actuación en el contexto específico del caso. De esta manera, se evita la imposición de exigencias conductuales que no consideren las circunstancias personales y sociales de la víctima.
Criterio jurisprudencial del TSXG
El TSXG reitera su criterio en resoluciones previas respecto a la necesidad de analizar cada caso considerando las posibilidades reales de actuación de la víctima dentro del marco social y jurídico en el que se desenvuelve. La resolución sostiene que, para el reconocimiento de la pensión de viudedad en estos casos, no debe exigirse a la mujer haber acudido previamente a la denuncia o a los sistemas de protección como requisito indispensable.
Este criterio se alinea con una perspectiva garantista en la aplicación del artículo 220.1 de la LGSS. Promueve el acceso a derechos sin la imposición de barreras adicionales que puedan perjudicar a las víctimas de violencia de género.
Fuente. CGPJ.
Mar 18, 2025 | Actualidad Prime
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional ha concedido el amparo a O.V.R., una madre que recurrió contra la decisión judicial que le atribuyó la guarda y custodia exclusiva de su hijo, pero le impuso su ejercicio en la ciudad donde residía su exmarido. La mujer argumentó que había huido de esa localidad debido a violencia de género.
El Tribunal ha estimado que la resolución recurrida vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 CE) al no motivar adecuadamente su decisión, sin valorar el interés superior del menor (artículo 39 CE) ni el derecho de la madre a la libertad de circulación y residencia (artículo 19 CE).
Hechos probados: guarda y custodia impuesta en la ciudad del padre
En noviembre de 2020, O.V.R. se trasladó con su hijo de tres años desde Vitoria-Gasteiz a A Coruña, donde residían sus padres y donde presentó una denuncia por violencia de género contra su marido.
En julio de 2021, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 1 de Vitoria-Gasteiz le otorgó la guarda y custodia exclusiva del menor, pero con la condición de que debía ejercerla en Vitoria-Gasteiz, ciudad donde residía su exmarido.
La madre recurrió la decisión alegando que:
- El menor ya estaba empadronado y escolarizado en A Coruña, con un entorno estable.
- No se justificaba el beneficio de que el niño volviera a Vitoria-Gasteiz.
- Se desconoció su condición de víctima de violencia de género y el impacto de esta en la guarda y custodia.
- La decisión limitaba sin fundamento su derecho a la libertad de residencia y circulación.
Guarda y custodia y violencia de género: el pronunciamiento del Tribunal Constitucional
El Tribunal Constitucional destaca que las decisiones sobre guarda y custodia deben adoptar un canon reforzado de motivación, especialmente en contextos de violencia de género.
El fallo señala que la resolución impugnada:
- No identificó beneficios concretos para el menor al regresar a Vitoria-Gasteiz.
- Ignoró que el padre estaba siendo investigado por delitos de violencia de género.
- Se basó en la ausencia de una orden de protección, argumento considerado insuficiente.
Además, el Tribunal subraya que los jueces deben garantizar que las decisiones sobre custodia y régimen de visitas protejan a los menores de entornos de violencia de género, conforme a su deber de prevención y protección.
Revictimización y derechos fundamentales
La sentencia advierte que la resolución judicial revictimizó a la madre al imponerle ejercer la guarda y custodia en la ciudad del presunto agresor, sin considerar el impacto psicológico y la seguridad de madre e hijo.
Asimismo, se vulneró el artículo 24.1 CE, en conexión con el artículo 19 CE, al imponerle un traslado forzoso sin justificación clara sobre los beneficios para el menor.
Voto particular
Los magistrados Enrique Arnaldo Alcubilla y César Tolosa Tribiño han emitido un voto particular en este caso.
Mar 18, 2025 | Actualidad Prime
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha aprobado la Circular 1/2025, de 5 de marzo. Así, introduce modificaciones en varias normativas del sector financiero.
Esta actualización de las normas de la CNMV responde a la necesidad de alinear la regulación nacional con los estándares europeos y mejorar la supervisión del mercado de valores. Las empresas del sector deberán adaptar sus procesos internos para cumplir con las nuevas exigencias, especialmente en lo relativo a la digitalización de la información financiera y la supervisión de las comisiones de gestión.
Cambios en la regulación de las instituciones de inversión colectiva
Uno de los principales cambios afecta a la Circular 6/2008, relativa a la determinación del valor liquidativo de las instituciones de inversión colectiva (IIC). La reforma modifica la aplicación de la comisión de gestión sobre resultados, adaptándola a las Directrices de ESMA (Autoridad Europea de Valores y Mercados). Se establecen criterios más estrictos sobre la periodicidad del cálculo del valor liquidativo y los métodos de imputación de las comisiones, asegurando mayor transparencia y equidad para los inversores.
Asimismo, se han actualizado los coeficientes de diversificación del riesgo, determinando nuevas reglas para la medición del patrimonio y la exposición a distintos instrumentos financieros. Estas modificaciones tienen como finalidad fortalecer la estabilidad y reducir la volatilidad en el sector de las inversiones colectivas.
Nuevos requisitos contables para las entidades de capital riesgo
La Circular 11/2008, que regula las normas contables y de información de las entidades de capital riesgo, ha sido modificada para exigir a los Fondos de Inversión a Largo Plazo Europeos (FILPE) la presentación de estados financieros en un formato unificado. Esta medida busca equiparar el nivel de información financiera con el resto de entidades reguladas bajo la Ley 22/2014, de 12 de noviembre.
Además, se establece que el informe de seguimiento de las auditorías de estas entidades deberá remitirse en formato electrónico normalizado a la CNMV. Esta medida pretende agilizar la supervisión y mejorar la detección de riesgos financieros en las entidades de inversión.
Refuerzo de las funciones de los depositarios
La Circular 4/2016, que regula las funciones de los depositarios de instituciones de inversión colectiva y entidades de capital riesgo, se ha revisado para introducir nuevas exigencias en la custodia y supervisión de activos. En particular, se impone la obligación de que los depositarios verifiquen la solidez jurídica de los contratos de custodia con entidades radicadas en terceros países. Para ello, deberán contar con asesoramiento externo e independiente, evitando posibles conflictos de interés.
Además, establece que los informes de los depositarios sobre el cumplimiento de sus funciones deberán presentarse de forma anual y a través del registro electrónico.
Fuente: BOE.
Mar 17, 2025 | Actualidad Prime
Indemnización por la lesión durante el embarque
La Audiencia Provincial de A Coruña ha estimado parcialmente el recurso de apelación presentado por una pasajera. Esta reclamaba indemnización a Iberia Express tras sufrir una lesión en la rodilla. La lesión ocurrió durante el embarque de un vuelo de Madrid a Santiago de Compostela. El tribunal considera probado que la pasajera tropezó con un equipaje de mano al intentar dejar paso a otro viajero en un espacio reducido. Como consecuencia, sufrió un dolor inmediato que requirió asistencia por parte de la tripulación. Además, necesitó traslado en silla de ruedas al llegar a destino.
Aplicación del Convenio de Montreal en vuelos nacionales
A pesar de tratarse de un vuelo nacional, la Audiencia Provincial establece que el caso debe regirse por el Convenio de Montreal, conforme al Reglamento (CE) 2027/97 y su modificación por el Reglamento (CE) 889/2002. Estos textos extienden la normativa de responsabilidad del transporte aéreo internacional al ámbito intracomunitario.
Este criterio descarta la aplicación del plazo de prescripción semestral de la Ley de Navegación Aérea de 1960 y en su lugar aplica el plazo de caducidad de dos años del artículo 35 del Convenio de Montreal. En este sentido, la Audiencia confirma que la demanda fue presentada dentro del plazo, dado que la suspensión de plazos decretada durante el estado de alarma garantizó su vigencia.
Responsabilidad de Iberia Express y obligación de indemnizar al producirse la lesión durante el embarque
El tribunal concluye que la lesión se produjo durante las operaciones de embarque y que Iberia Express no pudo demostrar negligencia exclusiva de la pasajera. Bajo el principio de «responsabilidad cuasiobjetiva» del Convenio de Montreal, la aerolínea solo puede eximirse de indemnizar si prueba que el accidente fue causado por la víctima, lo que no ha podido acreditarse en este caso.
Tras valorar los informes médicos y periciales, la Audiencia Provincial fija la indemnización en 10.000 euros, que cubren:
- Daños personales.
- Perjuicio económico.
- Gastos médicos acreditados.
La resolución revoca la desestimación inicial y obliga a Iberia Express a abonar la cantidad fijada, sin imposición de costas a las partes.
Mar 17, 2025 | Actualidad Prime
Nuevos modelos de declaración para IRPF y Patrimonio 2024
El Ministerio de Hacienda ha publicado la Orden HAC/242/2025, por la cual se establecen los modelos de declaración del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio correspondientes al ejercicio 2024. Esta normativa define el procedimiento, los plazos y la forma de presentación de ambos tributos, adaptándolos a la regulación vigente y a las modificaciones introducidas por la Ley 7/2024.
Aspectos destables en el IRPF
Límites para la obligación de declarar
La actualización de los límites de ingresos a partir de los cuales los contribuyentes deben presentar la declaración del IRPF. De acuerdo con la orden publicada:
- Límite general: Se mantiene en 22.000 euros anuales para aquellos contribuyentes cuyos ingresos provengan de un solo pagador.
- Límite reducido: Se incrementa a 15.876 euros anuales en el caso de rendimientos procedentes de más de un pagador, siempre que el segundo y los siguientes superen 1.500 euros anuales en total.
- Otros límites: Se establecen umbrales específicos para quienes reciben pensiones compensatorias, ingresos de pagadores no obligados a retener o rendimientos sujetos a tipos fijos de retención.
Estos límites determinan qué contribuyentes están exentos de declarar, salvo que deseen obtener devoluciones o se encuentren en supuestos especiales, como beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital.
Sistema de autoliquidación rectificativa
La autoliquidación rectificativa sustituye al anterior sistema dual de declaraciones complementarias y solicitudes de rectificación, evitando esperas innecesarias para la devolución de importes mal ingresados. Este sistema solo tendrá excepciones cuando la rectificación se deba a una posible vulneración de normas de rango superior.
Deducciones fiscales
Sobre las deducciones aplicables en la cuota del IRPF, entre las que destacan:
- Incentivos fiscales por eficiencia energética: Se extiende hasta el 31 de diciembre de 2024 la posibilidad de aplicar deducciones por obras de mejora en viviendas. Para edificios residenciales, este plazo se amplía hasta el 31 de diciembre de 2025.
- Adquisición de vehículos eléctricos: Se mantiene la deducción para la compra de vehículos enchufables y de pila de combustible, así como la instalación de puntos de recarga.
- Deducción por donativos: Se aumentan los porcentajes aplicables a aportaciones a entidades con actividades prioritarias de mecenazgo.
- Régimen especial de las Illes Balears: Se establece una deducción por dotaciones a la Reserva para Inversiones en este territorio, aplicable entre 2023 y 2028.
Facilidades para actividades económicas
Se mantienen medidas fiscales para autónomos y empresarios en régimen de estimación objetiva. Por ejemplo:
- Se permite deducir el 35% del coste del gasóleo agrícola y el 15% del precio de fertilizantes en actividades agrícolas y ganaderas.
- Se conservan los índices correctores aplicados en 2023 para ciertos sectores, como la producción de uva de mesa, flores, plantas ornamentales y tabaco.
- Se mantiene la reducción del 20% en el rendimiento neto para contribuyentes que desarrollen su actividad en La Palma.
Impuesto sobre el Patrimonio
Obligación de declarar
De acuerdo con la Ley 19/1991, estarán obligados a presentar el Impuesto sobre el Patrimonio los contribuyentes que:
- Obtengan una cuota tributaria positiva, tras aplicar deducciones y bonificaciones.
- Tengan un patrimonio neto superior a 2.000.000 de euros, independientemente de que la cuota resultante sea cero.
Presentación telemática obligatoria
La presentación del Impuesto sobre el Patrimonio será exclusivamente por medios electrónicos. La normativa justifica esta obligación por la capacidad económica de los contribuyentes afectados, quienes deben disponer de los medios tecnológicos para cumplir con la Administración Tributaria.
Digitalización de la presentación de IRPF y Patrimonio
Siguiendo la tendencia de los últimos años, la presentación del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio se realizará exclusivamente de forma telemática a través de:
- Sede electrónica de la Agencia Tributaria.
- Asistencia telefónica con cita previa.
- Atención presencial en oficinas habilitadas por la Agencia Tributaria y Comunidades Autónomas.
