Abr 16, 2024 | Actualidad Prime
La policía obligó a la conductora a ir a comisaría para realizarse la prueba de alcoholemia. [TOL9.956.675]
Recientemente, el Tribunal Constitucional ha emitido una sentencia declarando la vulneración del derecho de defensa de una conductora a quien la Policía Nacional obligó a acudir a una comisaría para realizarle una prueba de alcoholemia, sin informar adecuadamente sobre sus derechos.
En el caso, los agentes detuvieron el vehículo de la mujer en un control de seguridad al notar síntomas de intoxicación etílica. Al no disponer de un etilómetro preciso, solicitaron la presencia de la Policía Municipal de Tráfico de Madrid para realizar la prueba.
Ante la ausencia del dispositivo adecuado, los agentes persuadieron a la conductora para que se trasladara a las dependencias policiales municipales, donde se le realizó la prueba de alcoholemia. La prueba dio un resultado positivo. La mujer fue posteriormente condenada por el Juzgado de lo Penal como autora responsable de un delito contra la seguridad vial a la pena de siete meses de multa.
Recurso ante el Constitucional
La conductora recurrió alegando que la detuvieron sin informarle debidamente de sus derechos, vulnerando el artículo 17.3 de la Constitución. El Tribunal Constitucional no discutió si los agentes leyeron o no sus derechos, sino si podían trasladarla a la comisaría para la prueba. La sentencia concluyó que el traslado no fue voluntario, al ser convencida de acompañar a los agentes bajo amenaza de incurrir en un delito de desobediencia. De haber acudido voluntariamente, no existiría injerencia alguna en el derecho a la libertad personal de la conductora.
«Esa libertad, sin embargo, no está presente cuando quien toma una determinada decisión —en nuestro caso, acompañar a los agentes de policía a comisaría— lo hace significativamente presionado por parte de un funcionario público, de forma que no pueda hablarse de plena autodeterminación o de la prestación de un consentimiento libre e incondicionado». Así, recuerda el tribunal en una sentencia anterior similar, en la que se obligó a un ciudadano a acudir a las diligencias policiales para identificarse.
Al tratarse de un desplazamiento no voluntario, el tribunal consideró que el traslado constituyó una limitación del derecho a la libertad personal y vulneró el derecho de defensa, así como la presunción de inocencia de la conductora.
Por lo tanto, declara vulnerado el derecho de defensa de la conductora, en relación con el derecho a la libertad personal. Se declara la nulidad de todas las resoluciones impugnadas desde la sentencia del Juzgado de lo Penal que condenó a la conductora.
Voto Particular de Magistrados
Por otro lado, la sentencia contiene el voto particular conjunto de dos magistrados. El voto critica que la sentencia no examinó adecuadamente la conexión jurídica entre la detención y la prueba de alcoholemia. Consideran que el procedimiento debió regresar al Juzgado de lo Penal para dictar una nueva sentencia, en lugar de anularla.
Abr 16, 2024 | Actualidad Prime
El Tribunal Superior de Justicia de Balears ha revisado y aumentado la indemnización a un peatón que fue arrollado por dos caballos desbocados mientras paseaba con su familia durante los festejos en Maó, el 8 de septiembre de 2016.El Tribunal incrementa la la indemnización, pues la pagarán conjuntamente el Ayuntamiento de Maó, SegurCaixa Adeslas, y los propietarios de los caballos involucrados en el incidente.
Arrollado por dos caballos
Un jinete montaba un caballo negro, mientras que otro caballo blanco, siendo aseado en un garaje, comenzó a correr desbocado por la calle. El caballo negro, en particular, terminó atropellando al demandante. La Audiencia local había adjudicado originalmente una responsabilidad del 75% al municipio por ser el organizador del evento. Y el resto de la responsabilidad se distribuyó entre los dueños de los caballos. Atribuyendo parte de la culpa al demandante por no prestar suficiente atención a pesar de la señalización que advertía sobre el tránsito de caballos.
Los carteles solo advertían sobre el tránsito regular de caballos
Sin embargo, en el recurso, el peatón desafió la valoración inicial de las secuelas y cuestionó la atribución de culpa en su contra. Argumentó que los carteles solo advertían sobre el tránsito regular de caballos y que nada podría haber hecho para prevenir el incidente con caballos desbocados. La Sala de lo Contencioso-administrativo aceptó que el peatón actuó correctamente. Y, del mismo modo, en las circunstancias de emergencia, hizo lo posible por proteger a su hijo sin poder evitar el impacto sobre sí mismo.
Fallo del Tribunal | ninguna responsabilidad en el incidente para el viandante arrollado por dos caballos
El fallo final reconoció que el viandante no tenía ninguna responsabilidad en el incidente y ajustó la indemnización basada en un informe médico que detallaba las secuelas y lesiones más acertadamente que el peritaje judicial previo. Por lo tanto, la Sala ajustó la compensación y reafirmó que la única acción posible para el demandante ante la situación de peligro inminente era la de proteger a su hijo.
Abr 15, 2024 | Actualidad Prime
Absuelto de siete años y seis meses de prisión por tráfico de drogas tras determinar que la entrada y registro realizado por la Policía Nacional no contaba con debida autorización judicial
El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha absuelto a un hombre condenado previamente a siete años y seis meses de prisión por tráfico de drogas, tras determinar que la entrada y registro realizados por la Policía Nacional en su propiedad no contaban con la debida autorización judicial. La droga incautada, que incluía 180,63 gramos de anfetamina y 2,89 gramos de MDMA, fue valorada en aproximadamente 13.872 euros y 21.078 euros en dosis para la anfetamina, y 306 euros en dosis para el MDMA.
La decisión del TSJN revoca una sentencia anterior de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial. Esta había encontrado al acusado culpable de poseer sustancias estupefacientes con la intención de distribuirlas. Según la Audiencia, el acusado almacenaba las drogas en su cochera junto con equipo para facilitar su distribución. Poseía una envasadora al vacío y básculas de precisión, y había realizado anotaciones de ventas a distintas personas.
Entrada y registro sin la debida autorización
Sin embargo, el Tribunal Superior cuestionó la legalidad del procedimiento policial durante la operación. El día del incidente, los oficiales de la Policía Nacional, actuando bajo sospechas previas de involucramiento del acusado en tráfico de drogas, intentaron acceder a la propiedad sin una orden judicial. Asimismo, el acusado trató de impedir su entrada, lo que llevó a un forcejeo que resultó en un registro no autorizado de la propiedad.
Fallo del Tribunal Supremo | Autorización judicial previa, salvo en circunstancias de flagrancia o urgencia
El TSJN enfatizó que la entrada y registro de un lugar cerrado, incluso si no es un domicilio, generalmente requiere autorización judicial previa. Salvo en circunstancias de flagrancia o urgencia, las cuales no estaban presentes en este caso. La sala destacó la importancia de la proporcionalidad entre la injerencia en los derechos fundamentales del individuo y el interés jurídico perseguido. Concluyendo que la evidencia obtenida de manera ilegal no podría ser utilizada para sustentar una condena.
La sentencia del TSJN es recurrible, permitiendo la posibilidad de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
Abr 15, 2024 | Actualidad Prime
El TJUE determina si la legislación española que excluye ciertas categorías de deudas, como las de derecho público, de la posibilidad de exoneración se alinea con los objetivos y disposiciones de la Directiva (UE) 2019/1023. [TOL9.965.408]
El TJUE respalda la capacidad de los Estados miembros para la exclusión ciertos tipos de deudas con entidades públicas del mecanismo de la segunda oportunidad. Esta decisión se basa en un caso específico relacionado con deudas concursales y su exoneración.
La sentencia se centra en cómo debe aplicarse la Directiva (UE) 2019/1023 en el asunto C-687/22. La directiva trata sobre los marcos de reestructuración preventiva, la exoneración de deudas e inhabilitaciones, y busca ofrecer un mecanismo de apoyo a las empresas que enfrentan problemas financieros.
En el caso en cuestión, dos personas físicas que habían sido declaradas en concurso presentaron una solicitud para la exoneración total de sus deudas. Sin embargo, la AEAT objetó esta solicitud, particularmente en relación con una deuda de 192.366,21 euros, considerada un crédito privilegiado de derecho público. La Audiencia Provincial planteó una cuestión prejudicial ante el TJUE, al albergar dudas al respecto.
Interpretación del TJUE
El Tribunal de Justicia de la UE interpretó la Directiva 2019/2023 del siguiente modo:
- Determinó que el principio de interpretación conforme, es decir, la obligación de interpretar el derecho nacional de manera que se ajuste a la Directiva, no se aplica a situaciones que ocurrieron antes de que finalizara el plazo dado a los Estados miembros para incorporar la Directiva a su legislación nacional.
- Aclaró que la lista de tipos específicos de deudas que pueden excluirse de la exoneración según la Directiva no es definitiva. Esto significa que los Estados miembros tienen la libertad de decidir excluir otras categorías de deudas, siempre y cuando puedan justificarlas según su propio derecho. (Artículo 23.4 de la Directiva).
- Finalmente, señaló que la ausencia de justificación en la legislación nacional para la exclusión de deudas de derecho público de la exoneración no afecta de manera significativa la consecución de los objetivos de la Directiva.
El TJUE determinó que los Estados miembros tienen la facultad de excluir ciertas categorías específicas de créditos de la exoneración de deudas, más allá de las previstas en la Directiva sobre insolvencia de la Unión Europea. Según la sentencia, la enumeración de categorías específicas de créditos en la directiva no es exhaustiva, permite a los Estados miembros establecer exclusiones adicionales, siempre que estén debidamente justificadas según su derecho nacional.
La exclusión de deudas en España
En el caso, se había justificado la exclusión de la exoneración de deudas de créditos públicos en la Ley 16/2022, destinada a transponer la Directiva. Esto indica que las exclusiones deben respaldarse en motivos de interés público legítimo y ser conformes con las normas establecidas en cada país.
El TJUE avala que los Estados miembros excluyan del beneficio de la exoneración de deudas créditos distintos de los previstos en la Directiva sobre insolvencia.
Abr 15, 2024 | Actualidad Prime
La empresa despidió al trabajador por agredir a un compañero tras la comida de empresa. STSJPV de 26 de marzo de 2024.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha respaldado la decisión de una empresa de despedir a un trabajador por agredir a un compañero durante un evento corporativo, ratificando así la sentencia inicial del Juzgado de lo Social número 7 de Bilbao.
Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del 23 de diciembre de 2022, tras una comida de empresa por Navidad. Según las pruebas presentadas del juicio, el trabajador demandante agredió a su compañero con varios puñetazos, causándole una herida que requirió sutura y atención oftalmológica. A raíz de la agresión la empresa decidió despedirle.
El trabajador presentó un recurso ante el TSJPV, argumentando que la agresión no había sido probada adecuadamente y que se había vulnerado el principio de igualdad en el tratamiento de las denuncias. Sin embargo, el tribunal rechazó estas alegaciones y confirmó la procedencia del despido.
Evaluación del tribunal
El TSJPV respaldó la valoración realizada por el juzgado de primera instancia, destacando la gravedad de los hechos por su intensidad y el impacto en la integridad física del compañero agredido. Como se ha probado, requirió sutura y atención oftalmológica. Además, señaló que no se presentaron circunstancias atenuantes que justificaran la conducta del trabajador demandante.
El artículo 54.2.c) ET contempla como causa de despido disciplinario «las ofensas verbales o físicas al empresario o a las personas que trabajan en la empresa o a los familiares que convivan con ellos». En los hechos se observa una clara intención de afectar en el derecho fundamental a la integridad física de su compañero de trabajo.
Además, el tribunal acude a lo dispuesto por la jurisprudencia del TS. En el caso de dicha sentencia, se discutía si unos hechos similares, ocurridos tras la cena de empresa, podrían justificar el despido disciplinario. La STS de 31 de mayo de 2022 establece que «resulta nítida la afectación y vinculación de la conducta imputada con la relación laboral: incide sobre otros compañeros de la empresa, afectando a la convivencia entre los mismos y a la reputación del propio empleador, redundando en definitiva en su perjuicio. Las graves ofensas proferidas por el demandante a sus compañeros, de palabra -incluyeron expresiones de odio- y físicas (intento de agresión con una botella, evitada por uno de ellos, abofeteo y zarandeos), condicionaron irremediablemente las relaciones laborales entre ellos y también un deterioro para la imagen de la entidad empresarial, provocando su descrédito frente a terceros».
Finalmente, desestima el recurso presentado por el trabajador despedido. Esta sentencia no es definitiva y puede ser objeto de recurso ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.
Abr 15, 2024 | Actualidad Prime
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha dictado una condena de siete años y medio de prisión a once individuos. Incluyendo un guardia civil y dos policías nacionales, por su implicación en un esquema de tráfico de drogas que introdujo en España 367 kilogramos de cocaína proveniente de Colombia. Asimismo, la sentencia también establece que cada uno de los implicados deberá pagar una multa de 45 millones de euros.
Cooperación judicial entre las autoridades españolas y colombianas
Este caso se originó a partir de una operación de vigilancia y cooperación judicial entre las autoridades españolas y colombianas. La investigación comenzó cuando la Fiscalía Nacional de Colombia identificó un posible envío de cocaína a España. Este hallazgo activó los protocolos de cooperación internacional. Llevando a la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional a autorizar una operación de entrega vigilada del contenedor sospechoso, que fue declarado como cargamento legal de piñas.
El contenedor llegó al puerto de Málaga el 7 de septiembre de 2022 y, tras una inspección inicial que no reveló nada inusual, fue trasladado a una nave industrial donde investigaciones más detalladas descubrieron la cocaína oculta en el suelo del contenedor. La operación culminó con la detención de los once acusados cuando intentaban mover el contenedor hacia un lugar seguro para extraer la droga.
Siete años y medio de prisión para los acusados | sofisticación y premeditación de la operación
En el juicio, la Audiencia destacó la sofisticación y premeditación de la operación. Subrayando que los acusados no solo eran conscientes de sus acciones, sino que cada uno tenía asignado un rol específico que contribuía al éxito de la operación ilícita. Las tareas asignadas incluían la vigilancia del transporte del contenedor, la recepción de la carga y su custodia posterior.
La participación de miembros de las fuerzas de seguridad en la operación fue particularmente agravante. Cada uno de los implicados utilizó sus habilidades y conocimientos profesionales para facilitar el tráfico de drogas.
