May 30, 2025 | Actualidad Prime
La Sala Primera del Tribunal Constitucional ha confirmado, por unanimidad, que las decisiones judiciales sobre la formación moral y religiosa de un menor fueron proporcionales y respetuosas con los derechos fundamentales en conflicto. El recurso de amparo, formulado por el padre del menor, ha sido desestimado. El magistrado Juan Carlos Campo Moreno ha sido el ponente de la resolución.
Conflicto entre progenitores por la formación moral y religiosa del hijo
El caso se refiere a un menor nacido en 2016. Ante el desacuerdo entre sus progenitores respecto a su formación moral y religiosa, los tribunales otorgaron a la madre el ejercicio exclusivo de la patria potestad en este ámbito. Hasta que el niño cumpla 12 años. La decisión permite a la madre inculcar valores, pero prohíbe cualquier adoctrinamiento o vinculación activa con una confesión religiosa específica.
El padre consideró que esta decisión vulneraba su derecho a compartir su fe evangélica con su hijo: llevarle a la iglesia, leerle pasajes bíblicos o educarle según sus creencias. Alegó la infracción de los artículos 16.1 y 27.3 de la Constitución Española. El padre entendía que su libertad religiosa le facultaba para participar activamente en la formación moral y religiosa del menor.
El Constitucional delimita la libertad religiosa frente a la formación moral y religiosa del menor
El Tribunal recuerda que tanto el padre como el menor son titulares del derecho a la libertad religiosa. No obstante, ese derecho tiene límites cuando se proyecta sobre terceros, especialmente sobre menores que aún no han alcanzado la madurez necesaria para autodeterminarse. La sentencia aplica la doctrina del propio Tribunal y del TEDH (STC 141/2000, STC 26/2024, y asunto T.C. c. Italia, 2022).
El fallo resalta que la formación moral y religiosa de un menor debe orientarse a garantizar su autonomía futura. Evitando el adoctrinamiento precoz o unilateral por parte de uno de los progenitores. El interés superior del menor, principio rector en estos casos, exige decisiones equilibradas y proporcionales.
El artículo 27.3 CE no resulta vulnerado
El padre también invocó el derecho a que los hijos reciban una formación moral y religiosa conforme a las convicciones paternas (art. 27.3 CE). Sin embargo, el Tribunal aclara que dicho precepto se refiere al ámbito escolar, es decir, a la posibilidad de elegir un centro educativo acorde con esas convicciones. Como en este caso no se trataba de la elección de colegio, ese derecho no se consideró vulnerado.
Interés del menor y cooperación parental en la formación moral y religiosa
La sentencia concluye que la cooperación entre progenitores es esencial en la formación moral y religiosa de los hijos menores. Cuando surgen desacuerdos, corresponde a los tribunales adoptar decisiones en función del interés superior del menor, garantizando su derecho futuro a decidir libremente sus creencias. La exclusión del adoctrinamiento religioso unilateral por parte del padre no impide la formación en valores, sino que protege la libertad del menor y respeta el equilibrio entre ambos progenitores.
May 29, 2025 | Actualidad Prime
Ya están publicados los modelos 780 y 781 en el BOE.
El Ministerio de Hacienda ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la Orden HAC/532/2025, por la que se aprueban oficialmente los modelos 780 y 781 para la gestión del nuevo “Impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras”. Esta medida responde a lo dispuesto en la Ley 7/2024, y materializa uno de los elementos centrales de la reciente reforma fiscal del sector financiero.
El contexto normativo del nuevo impuesto
La Ley 7/2024 introdujo un tributo de carácter directo destinado a gravar el margen de intereses y comisiones generados por entidades de crédito, establecimientos financieros y sucursales extranjeras que operan en España. Este impuesto tiene una vigencia temporal limitada: se aplicará exclusivamente durante los tres primeros periodos impositivos que comiencen a partir del 1 de enero de 2024. Su origen normativo enlaza con las disposiciones adicionales del RD-Ley 8/2023, que ordenó la revisión de los gravámenes temporales para integrarlos en el sistema tributario.
Detalles de los modelos aprobados
El modelo 780 corresponde a la autoliquidación del impuesto. Según lo estipulado, deberán presentarlo las entidades mencionadas únicamente si su base liquidable resulta positiva. El modelo 781 regula el pago fraccionado, calculado como el 40 % de la cuota a ingresar. Ambos modelos deben presentarse obligatoriamente por vía electrónica, siguiendo los procedimientos previstos en la Orden HAP/2194/2013.
La disposición también regula los plazos de presentación: el modelo 780 se ajusta al apartado quince de la disposición final novena de la Ley 7/2024, mientras que el modelo 781 se rige por el apartado catorce del mismo texto legal. Para el ejercicio 2025 se ha previsto una disposición transitoria: plazo de domiciliación entre el 1 y el 17 de junio.
Repercusiones para las entidades financieras
La aprobación de estos modelos permite a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) garantizar la correcta gestión y recaudación del impuesto. Además, la normativa modifica diversas órdenes ministeriales previas para integrar los nuevos procedimientos de recaudación y domiciliación bancaria, adaptando el marco recaudatorio sin generar cargas administrativas innecesarias.
Fundamentos legales y principios aplicados
La Orden HAC/532/2025 se dicta en ejercicio de las habilitaciones otorgadas por la disposición final novena de la Ley 7/2024, el artículo 117 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria (Real Decreto 1065/2007), y bajo el marco del artículo 5 y disposición final segunda del Real Decreto 829/2023.
La Orden entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOE. Resultará de aplicación por primera vez a las declaraciones cuyo plazo de presentación se inicie en el ejercicio 2025.
Fuente. BOE.
May 29, 2025 | Actualidad Prime
Hechos probados: 6 meses de prisión y 900 euros de multa por insultos homófobos
La Sección Primera de la Audiencia de Navarra ha dictado sentencia condenatoria contra un ciudadano de 26 años, por delitos relacionados con el ejercicio de derechos fundamentales. Los hechos ocurrieron el 23 de junio de 2024 en Pamplona, donde el condenado profirió insultos homófobos a un hombre homosexual y quemó una bandera LGTBI en su presencia.
La resolución califica los actos como delito con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en la Constitución. Concretamente, en su modalidad de lesión de la dignidad por motivos discriminatorios, de acuerdo con lo previsto en el artículo 510 del Código Penal.
Atenuante de reparación del daño
El fallo destaca la aplicación de la atenuante cualificada de reparación del daño, prevista en el artículo 21.5 del Código Penal. Esto se debe a que el acusado consignó antes del juicio la cantidad de 2.000 euros para indemnizar a la víctima. Así, en lugar de los tres años de prisión inicialmente solicitados por la fiscalía, se le impusieron seis meses y una multa de 900 euros.
La suspensión de la pena privativa de libertad fue acordada por el tribunal por un periodo de dos años. Condicionada a que el condenado no vuelva a delinquir y abone la multa mediante pagos mensuales.
Elementos agravantes y conducta discriminatoria por insultos homófobos
La sentencia resalta la gravedad de la humillación sufrida por la víctima. El acusado no solo profirió insultos como “puto maricón de mierda”, sino que también prendió fuego a una bandera LGTBI, símbolo de los derechos del colectivo homosexual, con el objetivo de menoscabar la dignidad de la víctima.
El acusado portaba, además, pegatinas vinculadas a movimientos ultraderechistas como “Comunidad Identitas” y “Casapound Italia”, lo que, según el tribunal, evidencia su relación con ideologías que promueven el odio y la discriminación contra determinados colectivos.
Fuente: CGPJ.
May 29, 2025 | Actualidad Prime
El Tribunal Supremo ha dictado sentencia firme en la que acuerda la exoneración de responsabilidad civil del centro educativo y del profesor de educación física, tras un accidente escolar que dejó parapléjica a una alumna de seis años. La menor sufrió una grave lesión medular durante una actividad habitual en clase de gimnasia. El Alto Tribunal concluye que no existió culpa ni negligencia que justifique una condena indemnizatoria.
Juego escolar ordinario y autorizado
La menor participaba en un ejercicio lúdico denominado “els barrufets”, una dinámica incluida en la programación curricular del centro y común en manuales oficiales de educación física. Durante el juego, los alumnos se agrupaban en el suelo mientras otros compañeros saltaban por encima de ellos para intercambiar posiciones.
Lesión derivada de un golpe fortuito
En el transcurso de la actividad, una compañera golpeó involuntariamente la espalda de la menor, provocándole una lesión medular tipo Sciwora que derivó en paraplejia. El espacio contaba con condiciones adecuadas de seguridad, sin defectos materiales ni falta de supervisión aparente.
Primera instancia | Exoneración de responsabilidad
Accidente fortuito y sin negligencia
El juzgado de primera instancia desestimó la demanda que presentaron los padres de la menor. En ella, reclamaban una indemnización cercana a los 1,5 millones de euros. Este calificó el hecho como fortuito y descartó negligencia, acordando la exoneración de responsabilidad del centro y del docente.
Ratificación de la Audiencia Provincial
En apelación, la Audiencia Provincial confirmó la decisión inicial. Consideró que, aunque la actuación judicial de los padres era comprensible por la gravedad del daño, no existían fundamentos jurídicos para imputar responsabilidad civil. Por tanto, mantuvo la exoneración de responsabilidad.
Recurso extraordinario y casación: rechazo del Tribunal Supremo
El recurso extraordinario por infracción procesal fue inadmitido al no observarse errores evidentes en la valoración de la prueba. El recurso de casación también fue rechazado. El Supremo señaló que no era aplicable la doctrina del daño desproporcionado ni la de la inversión de la carga de la prueba, al no haberse acreditado omisión del deber de vigilancia ni infracción de la diligencia exigible.
Fundamentos de la exoneración responsabilidad el profesor de gimnasia y del centro docente
Los informes periciales y la documentación del centro educativo avalaron que el ejercicio era adecuado para la edad de los alumnos. El profesor actuó diligentemente dentro de los estándares exigibles: la momentánea pérdida de contacto visual se produjo mientras atendía a otro niño, y tras el incidente, examinó a la menor sin detectar signos de gravedad.
El accidente fue calificado como súbito, imprevisible y sin elementos que permitieran anticiparlo o evitarlo. No se constató infracción alguna en las medidas preventivas ni en la actuación del profesorado, lo que llevó a mantener la exoneración de responsabilidad civil en todas las instancias.
Conclusión | Confirmado la exoneración de responsabilidad civil del centro escolar y del profesor
El Tribunal Supremo concluye que la lesión sufrida por la menor durante una clase de gimnasia no puede generar responsabilidad civil, al no haberse acreditado culpa, negligencia ni omisión del deber de vigilancia. Se reafirma así la exoneración de responsabilidad del centro educativo y del profesor, al tratarse de un accidente fortuito en un contexto escolar ordinario.
May 28, 2025 | Actualidad Prime
La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha desestimado un recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por un trabajador agrario con contrato fijo-discontinuo. El objeto del litigio se centraba en el cálculo de la base reguladora de la prestación por incapacidad temporal (IT). Con esta decisión, el alto tribunal confirma la legalidad del método aplicado conforme al artículo 248.1.c) de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS). Diferenciándolo de otros sistemas aplicables a modalidades contractuales distintas.
Cálculo de la base reguladora con divisor de días naturales
El trabajador afectado, perteneciente al régimen agrario y con contrato fijo-discontinuo, cotizó un total de 1.454,78 euros durante los tres meses anteriores al inicio de la baja médica. Ese periodo comprendía 46 días naturales. Por lo que, conforme al artículo 248.1.c) de la LGSS, el cálculo de la base reguladora diaria se efectuó dividiendo el total cotizado entre esos días. Resultando una base diaria de 31,63 euros.
La normativa aplicable a los trabajadores a tiempo parcial —grupo que incluye a los fijos-discontinuos agrarios— exige emplear los días naturales como divisor. Sin tener en cuenta solo los días cotizados o efectivamente trabajados.
Diferencias normativas según el tipo de contrato
El recurrente alegó contradicción con una sentencia autonómica relativa a trabajadores agrarios contratados por obra y/o servicio a tiempo completo. En ese supuesto, el cálculo de la base reguladora se realizó conforme al artículo 256.1.c) de la LGSS y al artículo 13.1 del Decreto 1646/1972, dividiendo entre los días de alta en el mes previo, no entre días naturales.
Este modelo responde al régimen especial de jornadas reales, que admite un cálculo diferenciado. Sin embargo, la Sala de lo Social aclara que estas diferencias son consecuencia directa de la modalidad contractual y de la normativa específica que regula cada situación.
Ausencia de contradicción doctrinal
Para que prospere un recurso de casación por unificación de doctrina, es imprescindible que concurran sentencias contradictorias sobre hechos sustancialmente iguales. En este caso, el Tribunal Supremo considera que no existe ni identidad normativa ni fáctica.
El cálculo de la base reguladora en trabajadores agrarios fijos-discontinuos se rige por un marco jurídico diferente al que regula los contratos por obra o servicio. Por ello, el alto tribunal reitera su doctrina previa y niega que haya contradicción jurisprudencial que justifique la estimación del recurso.
El cálculo de la base reguladora aplicando como divisor los días naturales
Desde un punto de vista jurídico, el Tribunal confirma que el cálculo de la base reguladora aplicando como divisor los días naturales es correcto para trabajadores fijos-discontinuos del régimen agrario. En consecuencia, desestima el recurso de casación, declara firme la sentencia impugnada y ratifica la validez de la resolución administrativa.
May 28, 2025 | Actualidad Prime
Real Decreto 402/2025, de 27 de mayo, para determinar los supuestos en los que procede permitir anticipar la edad de jubilación mediante la aplicación de coeficientes reductores.
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que regula el procedimiento para determinar las ocupaciones que permiten jubilación anticipada aplicando coeficientes reductores. Esta medida tiene como objetivo reconocer a quienes desempeñan actividades de naturaleza excepcionalmente penosa, peligrosa o insalubre. Estas actividades poseen elevados índices de morbilidad o mortalidad, cuando no pueden beneficiarse de mejoras en sus condiciones de trabajo.
El marco legal se alinea con países como Francia, Austria o Italia, que ya cuentan con procedimientos similares. Cabe destacar que este Real Decreto no modifica los derechos de colectivos ya contemplados, como los trabajadores del mar, mineros o personal de vuelo. Sin embargo, abre la puerta a nuevos sectores que aún no disponen de este mecanismo.
Definiciones legales y criterios aplicables
El Real Decreto establece definiciones más precisas sobre qué constituye una actividad penosa, peligrosa, tóxica o insalubre. Entre los criterios destacan la exposición a temperaturas extremas, ruido, vibraciones, uso intensivo de fuerza física, y exposición a agentes químicos, físicos o biológicos.
El carácter peligroso se vincula a actividades con alta incidencia de accidentes laborales o enfermedades profesionales. En términos de insalubridad, se considera cualquier actividad con un entorno nocivo para la salud. Para determinar estos supuestos, se utilizarán indicadores objetivos. Algunos de estos son la incidencia de incapacidad temporal, los casos de fallecimiento e incapacidad permanente, y la duración media de los procesos relacionados.
Impulso para establecer los coeficientes reductores
El procedimiento previo para establecer los coeficientes reductores será impulsado por organizaciones empresariales, sindicales, de autónomos o por las Administraciones Públicas, según corresponda. La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social elaborará un informe de morbilidad y mortalidad y solicitará informes adicionales del Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, del Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo, y en el caso del sector público, del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.
La decisión final recaerá en una comisión de evaluación, que contará con representantes de los interlocutores sociales, y será la que determine si concurren circunstancias objetivas que justifiquen la aplicación de los coeficientes reductores.
Impacto en las cotizaciones y limitaciones legales
La aplicación de los coeficientes reductores conllevará un aumento en la cotización a la Seguridad Social para el colectivo beneficiado, establecido anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Además, se establece expresamente que la edad de jubilación no podrá reducirse por debajo de los 52 años y que la pensión anticipada obtenida mediante estos coeficientes no será compatible con el desempeño de la misma actividad que originó el anticipo.
Marco normativo y consenso social
end=»3593″>Este Real Decreto responde al mandato de la Ley 21/2021, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones, y se enmarca dentro de las reformas para adaptar la jubilación a las diferentes condiciones laborales. La norma fue aprobada con el consenso de las principales organizaciones sindicales, UGT y CCOO, y las patronales CEOE y CEPYME, como quedó reflejado en el Acuerdo de la Mesa de Diálogo Social del 31 de julio de 2024.
Fuente: BOE.
