Informe del CENDOJ sobre la violencia de género en España

El informe analizado se centra en la violencia de género en España durante el tercer trimestre de 2023. El informe evidencia un preocupante aumento tanto en el número de denuncias como en el de mujeres víctimas. Este período registró 53.480 denuncias y 52.545 mujeres víctimas, lo que representa aumentos del 8,09% y 9,57% respectivamente en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este crecimiento es aún más notable al compararlo con los dos primeros trimestres de 2023. Mostrando incrementos del 15,44% y 16,36% en denuncias y número de víctimas respectivamente.

Informe del CENDOJ sobre la violencia de género en España

El informe, emitido por el Observatorio de Violencia Doméstica y de Género, también revela un aumento significativo del 17% en las órdenes de protección acordadas por los órganos judiciales, llegando a un total de 9.754. Asimismo, se registró un incremento del 6,9% en las sentencias dictadas, con un alto porcentaje de condenas (83,72%).

En cuanto a la nacionalidad de las víctimas, el 64,44% eran españolas, y el número de víctimas menores tuteladas descendió un 23% en comparación con el mismo trimestre de 2022. La tasa de víctimas por cada 10.000 mujeres se situó en 21,4, siendo superior a la media nacional en regiones como Baleares, Murcia, y Comunidad Valenciana, entre otras.

La mayoría de las denuncias fueron presentadas por las propias víctimas

El análisis muestra que la mayoría de las denuncias fueron presentadas por las propias víctimas (72,47%). Por otro lado, hubo un leve aumento en las denuncias derivadas de atestados policiales, mientras que las originadas por lesiones y presentadas por terceros disminuyeron.

Notablemente, un 9,82% de las víctimas optaron por no declarar contra su agresor, un aumento en comparación con el año anterior. En cuanto a las órdenes de protección, se observó que se adoptaron 7 de cada 10 solicitudes, con un total de 13.798 pedidas y 9.754 acordadas. La mayoría de estas órdenes provinieron de relaciones de pareja.

Además, se implementaron medidas judiciales penales y civiles de protección, incluyendo órdenes de alejamiento y prohibiciones de comunicación. En el ámbito civil, las medidas más comunes fueron las relacionadas con la prestación de alimentos y la atribución de la vivienda.

Altos porcentajes de sentencias condenatorias sobre la violencias de género en España

Finalmente, el informe destaca que los juzgados de violencia sobre la mujer, los juzgados de lo Penal, y las Audiencias Provinciales mantuvieron altos porcentajes de sentencias condenatorias. Los juzgados de menores también enjuiciaron casos relacionados con violencia de género.

Reglamento Veri*factu | Real Decreto 1007/2023, de 5 de diciembre

Recientemente, el BOE ha publicado el Real Decreto 1007/2023 (TOL9.792.066), de 5 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece los requisitos que deben adoptar los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos de facturación de empresarios y profesionales, y la estandarización de formatos de los registros de facturación; llamado Reglamento Veri*factu.

Este reglamento se origina en una modificación del artículo 29.2.j) de la Ley 58/2003. Tiene como objetivo principal regular los sistemas y programas informáticos utilizados en los procesos de facturación por empresarios y profesionales.

Veamos los puntos clave de este reglamento

Objetivo y Contexto Legal

El reglamento surge como respuesta a la necesidad de combatir el fraude fiscal, en particular, el uso de software que permite ocultar ventas. Se fundamenta en una modificación de la Ley General Tributaria y la Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal.

Requisitos para los Sistemas de Facturación

Establece requisitos legales para que los registros de facturación producidos por sistemas informáticos aseguren integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad. Esto se logra mediante elementos de seguridad como hashes encadenados y firma electrónica, que previenen modificaciones no registradas en las facturas.

El ‘Reglamento Veri*factu’

Recibe este nombre coloquialmente y propone una forma sencilla y eficiente de cumplimiento, mediante el envío de registros de facturación a la sede electrónica de la Agencia Tributaria en el momento de su generación.

  • Beneficios Adicionales. Además de combatir el fraude y la evasión fiscal, el reglamento promueve la digitalización de empresas y mejora los servicios de asistencia de la Agencia Tributaria a los contribuyentes. Facilita la descarga de operaciones para la confección de libros registros fiscales y modelos tributarios.
  • Aplicabilidad y Excepciones. Es aplicable a todos los empresarios en toda España, excepto en territorios de régimen fiscal foral y para aquellos sujetos al Suministro Inmediato de Información (SII) o sin obligación de facturación.
  • Verificación de Facturas por Clientes. Los clientes podrán verificar la validez fiscal de las facturas simplificadas recibidas a través de la web de la Agencia Tributaria.
  • Implementación y Plazos. Una orden ministerial de desarrollo técnico seguirá a este real decreto, y los desarrolladores de software tendrán un máximo de 9 meses para cumplir con sus disposiciones. Las empresas y autónomos obligados deberán adaptarse a la norma para el 1 de julio de 2025.

Financiación para PYMEs y Autónomos y compatibilidad con otros reglamentos

Se prevé la utilización del kit digital del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para financiar las modificaciones necesarias en los programas informáticos. Asimismo, Es compatible con el Proyecto de Reglamento de Factura Electrónica B2B, lo que implica una adaptación integral de los sistemas informáticos de los empresarios a ambas normativas.

‘Caso Davalor’ | El Tribunal Supremo archiva el caso por haber transcurrido más de un año desde que se dictó la primera prórroga de la instrucción

La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona archiva el caso debido a la superación del plazo legal

El ‘caso Davalor’, ha sido archivado debido a la superación del plazo legal de 12 meses para solicitar una prórroga de investigación. Este plazo se inició con la apertura de diligencias por el Tribunal Supremo el 21 de enero de 2021. Y el caso pasó al Juzgado de Instrucción nº 2 de Pamplona el 9 de marzo de ese año. Sin embargo, la prórroga no fue dictada hasta el 18 de febrero de 2022, excediendo el límite temporal establecido por la ley.

La decisión de archivar se basa en la interpretación de la magistrada de que el procedimiento iniciado por el Tribunal Supremo y el seguido en Pamplona son en realidad el mismo. Lo que significa que el período de 12 meses para la investigación comenzó el 21 de enero de 2021. En su resolución, la magistrada explica que el cambio de jurisdicción del caso, debido a la pérdida de la condición de aforado del querellado, no implica que el plazo comience de nuevo, sino que sigue corriendo desde la fecha del auto inicial.

‘Caso Davalor’ | Prórroga confirmada con el plazo legal superado

El Juzgado de Instrucción nº 2 de Pamplona intentó extender el período de investigación el 9 de febrero de 2022. No obstante, la prórroga no se confirmó hasta el 18 de febrero, momento en el que ya se había superado el plazo legal. Por lo tanto, la magistrada determina que las diligencias acordadas después del 21 de enero de 2022 son inválidas. Aunque, pese a esto, no invalida aquellas diligencias acordadas antes de esta fecha y ejecutadas posteriormente.

Asimismo, las declaraciones de los investigados, previstas para la semana siguiente, también fueron anuladas. Pues estas no se habían acordado antes del límite del 21 de enero de 2022. La magistrada concluye que, dado que no se tomó declaración a ninguna persona como investigada antes de esa fecha, no es posible dirigir el procedimiento contra nadie. Resultando en la conclusión del sumario sin procesamiento.

Conclusión del Tribunal supremo

Finalmente, el ‘caso Davalor’ se archiva debido a la superación del plazo legal para la prórroga de la investigación. Y todas las diligencias y declaraciones acordadas después de ese plazo se consideran inválidas, llevando a la conclusión del caso sin procesamiento.

Anulada la multa por practicar las pruebas de instrucción sin su presencia

El Tribunal Supremo anula una multa de 60.102 euros a un comerciante chino en Madrid tras realizar las pruebas de instrucción sin su presencia

El Tribunal Supremo anula una sanción de 60.102 euros impuesta por la Comunidad de Madrid a un comerciante de nacionalidad china por la venta de alcohol a menores. La Comunidad de Madrid había impuesto la sanción, pero el tribunal la revocó por violaciones al derecho de defensa del comerciante. Ya que una prueba testifical esencial se realizó sin su presencia.

Pruebas de instrucción sin su presencia

Los hechos se remontan a las fiestas de Primavera de 2019 en el Distrito de Hortaleza. La Policía Local, en una operación contra la venta de alcohol y tabaco a menores, observó en el establecimiento del comerciante la venta de una botella de ron a un menor. Esto llevó a un procedimiento administrativo, en el que el comerciante negó los hechos.

Durante el proceso, el instructor del caso solicitó ratificación de la denuncia y citó a la menor involucrada. Aunque el comerciante pidió estar presente en el testimonio de la menor, su petición fue ignorada. El instructor, basándose en el testimonio de la menor, consideró el caso una infracción grave y aplicó la sanción. Realizando, de este modo, las pruebas de instrucción sin su presencia.

Apelación por indefensión

El comerciante apeló al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, alegando indefensión por no haber asistido a la declaración de la menor, pero su recurso fue rechazado. El Tribunal Supremo, sin embargo, aceptó su apelación. Resaltó que la Ley 39/2015 exige que los interesados sean informados sobre las pruebas testimoniales para poder intervenir en su defensa.

Fallo del tribunal

El Tribunal Supremo concluyó que la falta de notificación al comerciante y su ausencia durante la declaración de la menor violaron su derecho a la defensa, causándole indefensión. Esto se consideró una vulneración grave de sus derechos, ya que no pudo refutar los hechos ni el testimonio. Por tanto, el Tribunal Supremo anuló la multa, restableciendo los derechos del comerciante.

TJUE | Prácticas de las agencias de información comercial contrarias al RGPD

El TJUE resuelve varios asuntos sobre prácticas de las agencias de información comercial. En concreto, sobre el «scoring» y la exoneración de pasivo insatisfecho.

Los asuntos C-634/21, C-26/22 y C-64/22, quedan resueltos por el TJUE. Las sentencias determinan que varias prácticas de las agencias de información comercial en materia de protección de datos son contrarias al reglamento comunitario.

Los tres asuntos vienen referidos a las actuaciones de una agencia privada de información comercial bancaria alemana, SCHUFA. Ante la negativa del Delegado de Protección de Datos a tomar medidas contra algunos tratamientos, varios ciudadanos impugnan la decisión ante el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo alemán. Los tratamientos en cuestión son el «scoring» y la conservación de informaciones sobre la exoneración de pasivo insatisfecho.

El tribunal alemán solicita al TJUE aclaraciones sobre la aplicación de estas medidas en relación con el Reglamento General de Protección de Datos.

Sobre el «scoring»

Se trata de un método estadístico matemático utilizado para prever comportamientos futuros. Se trata, por tanto, de una generación automatizada de la información, pero con elaboración de perfiles a partir de datos personales, por lo que puede afectar al interesado, ya que podría tomarse una decisión contractual al respecto.

El TJUE interpreta lo dispuesto en el artículo 22.1 del RGPD del siguiente modo: «constituye una “decisión individual automatizada”, en el sentido de la mencionada disposición, cuando de ese valor de probabilidad dependa de manera determinante que un tercero, al que se comunica dicho valor, establezca, ejecute o ponga fin a una relación contractual con esa persona».

De modo que, este tipo de tratamiento está prohibido por la normativa de protección de datos, salvo que exista alguna excepción del 22.2 RGPD. 

En el caso, corresponderá al órgano jurisdiccional alemán comprobar si existe alguna excepción válida prevista en su normativa nacional.

Sobre la información de la exoneración del pasivo insatisfecho

En relación con la conservación de información sobre la concesión de exoneraciones del pasivo insatisfecho, el TJUE ha considerado contrario al RGPD que las agencias privadas mantengan estos datos por más tiempo que el registro público de insolvencia alemán, el cual establece un periodo de seis meses.

La exoneración del pasivo insatisfecho es fundamental para permitir a la persona beneficiaria reintegrarse en la vida económica, debido a que dichos datos suponen un factor negativo a la hora de evaluar su solvencia. Una vez transcurridos seis meses, los derechos e intereses del interesado prevalecen, por lo que su posterior tratamiento resulta ilícito.

El Tribunal interpreta los artículos 5 y 17 del RGPD: el periodo de conservación no puede exceder del dispuesto en el registro público. Además, el interesado tiene derecho a que se supriman sus datos cuando se oponga a su conservación y no haya un motivo que lo justifique..

En el caso, la agencia mencionada conserva la información durante seis meses, por lo que corresponderá al tribunal alemán determinar la licitud o no de la práctica ante las reclamaciones de los usuarios. 

 

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