Mar 25, 2024 | Actualidad Prime
El Tribunal Supremo de España ha emitido una sentencia donde se subraya la inexistencia de un derecho absoluto a mantener una cuenta en plataformas de redes sociales como Facebook si no se cumplen las condiciones de uso impuestas por el proveedor del servicio. Este fallo se desprende del caso de Mon Orxata, S.L., una empresa valenciana productora de horchata cuya cuenta fue inhabilitada por Facebook. Tras detectarse el uso de información falsa y fines comerciales en la creación de su perfil, inhabilitaron la cuenta. Pues la empresa contravenía las políticas de la red social.
Desactivación de la cuenta en las redes sociales de la empresa
El origen del litigio se remonta a 2010, cuando Mon Orxata abrió una cuenta en Facebook. La empresa proporcionó datos no veraces como su nombre, fecha de nacimiento, género y domicilio. La cuenta fue posteriormente desactivada en 2016, sin previo aviso, a raíz de una denuncia anónima que la señalaba por el uso de datos falsos.
La inhabilitación del perfil llevó a la empresa a interponer una demanda por considerar que se había cometido una intromisión ilegítima en su honor. Especialmente debido al mensaje de «cerrado permanentemente» que se mostraba junto a su perfil, lo cual podría interpretarse erróneamente como el cierre del negocio mismo.
El mensaje de «cerrado permanentemente» se refería exclusivamente al perfil de Facebook y rechaza que exista un derecho absoluto a tener presencia en las plataformas de redes sociales
Tanto un juzgado de Moncada como la Audiencia Provincial de Valencia desestimaron la demanda. Y señalaron que la información suministrada por la empresa al crear el perfil no era veraz. El Tribunal Supremo ratificó estas decisiones, argumentando que el mensaje de «cerrado permanentemente» se refería exclusivamente al perfil de Facebook y no implicaba una af ectación al honor de la empresa. Además, se destacó que la empresa no logró demostrar que este hecho hubiese causado daño a su reputación online o identidad digital. Tampoco demostró que hubiera impactado negativamente en su operatividad o en su relación con clientes y proveedores.
Fallo del tribunal
Inexistencia de un derecho absoluto a mantener una cuenta en plataformas de redes sociales como Facebook
En su fallo, el Tribunal recalcó la obligatoriedad de cumplir con las condiciones de uso de las plataformas, incluyendo la necesidad de proporcionar información veraz y la restricción de usar perfiles personales para fines comerciales sin la debida autorización, subrayando que la empresa había infringido estas normas al registrar y utilizar su cuenta. La sentencia concluye enfatizando la ausencia de un perjuicio probado sobre la reputación o presencia digital de Mon Orxata, destacando que la empresa aún disponía de otros medios para mantener su presencia en internet, como su página web y otras páginas en Facebook, minimizando así cualquier impacto negativo derivado del cierre de su perfil inicial.
Mar 22, 2024 | Actualidad Prime
El TJUE establece que un formulario puede ser válido para aceptar un reembolso en forma de bono viaje a raíz de un vuelo cancelado.
El pasado 21 de marzo, el TJUE publicó una sentencia en relación al caso C-76/23. Un ciudadano alemán solicitó un reembolso por un vuelo cancelado desde Brasil hasta Alemania. La compañía aérea ofrecía dos alternativas: reembolso en forma de bono viaje a través de un formulario, o reembolso en dinero a través de contacto con el servicio de atención al cliente. Según las condiciones, si opta por el bono viaje, se excluye el reembolso en dinero.
El pasajero solicitó el reembolso en bono viaje a través del formulario indicado en la web de la aerolínea, el cual recibió inmediatamente. Meses más tarde, cedió sus derechos a Cobult, el cual solicitó a la aerolínea el reembolso del precio del vuelo. Ante la negativa de la aerolínea (al haber entregado el bono viaje), interpuso demanda ante los órganos jurisdiccionales alemanes.
Interpretación del art. 7.3 del Reglamento (CE) n° 261/2004
El tribunal nacional, al albergar dudas sobre la adecuación del formulario de solicitud de bono viaje, planteó cuestión prejudicial ante el TJUE.
El precepto a interpretar es el art. 7.3 del Reglamento (CE) n° 261/2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos. El artículo establece que para la compensación por cancelación del vuelo debe existir un «previo consentimiento firmado del pasajero».
El TJUE considera que, resulta inadecuado excluir la posibilidad de reembolsar las cantidades a través de un formulario claro, adecuado y correctamente informado publicado en la web de la aerolínea.
Así, establece que: «se considerará que el pasajero ha dado un “acuerdo firmado” para el reembolso del billete en forma de bono de viaje al cumplimentar un formulario en línea en el sitio web de esta compañía aérea, mediante el cual optó por tal método de reembolso con exclusión de un reembolso en forma de suma de dinero, ya que este pasajero pudo hacer una elección efectiva e informada y, por tanto, aceptar de manera informada el reembolso de su billete en forma de bono de viaje y no en forma de suma de dinero, lo que presupone que dicha compañía aérea haya proporcionado, de manera leal, a dicho pasajero, información clara y completa sobre los diferentes métodos de reembolso disponible para él.»
Mar 20, 2024 | Actualidad Prime
El Tribunal Supremo ha ratificado el rechazo al derecho al olvido solicitado por el hijo del secretario judicial que instruyó la causa contra el poeta Miguel Hernández. La petición se basaba en la eliminación de 18 informaciones que relacionaban el nombre del secretario judicial con el proceso. Este culminó con la condena al poeta en 1940. El alto tribunal ha desestimado el recurso presentado, respaldando la decisión de la Audiencia Nacional. Asimismo, argumenta que se debe primar el derecho a la libertad de información, expresión e investigación histórica sobre el derecho al olvido.
Derecho al olvido sujeto a los mismos límites y ponderación de intereses en conflicto
La sentencia establece la posibilidad de extender la regulación de la protección de datos a personas fallecidas y reconocerle el derecho al olvido sujeto a los mismos límites y ponderación de intereses en conflicto. La Sala analizó las informaciones en cuestión desde varias perspectivas, incluida su veracidad, el carácter de investigación histórica y científica, y el interés público. El tribunal consideró que las inexactitudes alegadas por los recurrentes no afectaban la esencia de la información ni la exactitud del conjunto tratado.
Decisión de ratificar el rechazo del derecho al olvido
El derecho de supresión de datos de personas fallecidas está reconocido, pero debe ser ponderado con otros derechos y libertades
La Audiencia Nacional acertó al considerar elementos relevantes para negar el derecho al olvido. Como el interés público de las informaciones, su contexto en una investigación histórica y científica, y la persistencia del interés en el tiempo. El Tribunal Supremo concluyó que se aplicaron correctamente la legislación y la jurisprudencia existente al ponderar otros derechos e intereses concurrentes, así como al evaluar la inexactitud en relación con el contexto de la información.
La sentencia establece que el ordenamiento jurídico reconoce el derecho de supresión de datos de personas fallecidas, pero debe ponderarlo con otros derechos y libertades en conflicto. Además, se explica que en el conjunto de la información se debe considerar la trascendencia de la inexactitud parcial en una investigación histórica y científica.
Mar 13, 2024 | Actualidad Prime
La medida se fijó en la sentencia de divorcio, además de las medidas para los hijos, se estableció una pensión para la mascota. [TOL9.896.402]
La Audiencia Provincial confirma lo dispuesto por el Juzgado de Primera Instancia número 15 de Vigo. El caso, es un proceso de divorcio, en el que, entre otras medidas de regularización familiar, se acordó que la mascota quedaría al cuidado de la mujer, por lo que su exmarido le debería pasar una pensión para abonar parte de los gastos de comida y veterinario. La sentencia también declaró la pensión de alimentos para los menores, así como la custodia compartida y el sistema de patria potestad.
El caso y la normativa sobre mascotas
El tribunal determinó que las relaciones familiares se regularán mediante un sistema de patria potestad y custodia compartida con intercambios semanales. Además, se detallaron disposiciones para las vacaciones de Navidad, Semana Santa y verano, así como una pensión mensual de alimentos a cargo del padre de 150 euros por hijo. La sentencia también aborda otros aspectos, como la atribución del uso del vehículo familiar y la responsabilidad compartida en relación con la mascota del matrimonio.
En cuanto a la mascota, estableció que «contribuirá al gasto del animal con la suma de 40 euros al mes, pagaderos en los cinco primeros días de cada mes y actualizable anualmente conforme al IPC». Según el artículo 94 bis del Código Civil:
«La autoridad judicial confiará para su cuidado a los animales de compañía a uno o ambos cónyuges, y determinará, en su caso, la forma en la que el cónyuge al que no se le hayan confiado podrá tenerlos en su compañía, así como el reparto de las cargas asociadas al cuidado del animal, todo ello atendiendo al interés de los miembros de la familia y al bienestar del animal, con independencia de la titularidad dominical de este y de a quién le haya sido confiado para su cuidado. Esta circunstancia se hará constar en el correspondiente registro de identificación de animales.»
Resolución de la Audiencia
La apelación presentada por la ex mujer fue desestimada por el tribunal, que confirmó la sentencia de primera instancia. Se argumentó que la custodia compartida era la opción más beneficiosa para los hijos, dada la situación actual y las necesidades de los menores. La sentencia destaca la importancia de establecer un marco familiar estable para el desarrollo de los menores.
Las medidas son definitivas y no son susceptibles de recurso ordinario, aunque pueden recurrir ante el Tribunal Supremo en casos más específicos.
Mar 4, 2024 | Actualidad Prime
El Supremo estima el recurso de un consumidor por inclusión en el CIRBE como moroso por una cláusula suelo anulada. [TOL9.846.391]
En una reciente sentencia, el Tribunal Supremo ha revertido la decisión de la Audiencia Provincial de Toledo, otorgando la razón a un consumidor en un caso relacionado con la inclusión indebida de datos en la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) por parte de Unicaja.
La CIRBE, un fichero público, almacena información sobre riesgos de crédito, facilitando a entidades financieras y al Banco de España los datos necesarios para sus actividades. Aunque no es estrictamente un fichero de morosos, en ciertas circunstancias puede comportarse como tal, según los magistrados.
El proceso se inició cuando la entidad bancaria operaba como Banco de Castilla La Mancha S.A, posteriormente como Liberbank hasta 2022, y actualmente como Unicaja.
Detalles del caso
El consumidor avaló un préstamo hipotecario a su hija en 2006. Tras la sentencia de 2013 sobre la abusividad de las cláusulas suelo, solicitó su eliminación y reintegro, sin obtener respuesta. El Juzgado de lo Mercantil de Toledo falló a favor en 2015, pero la entidad prestamista no cumplió voluntariamente. Al no haberse pronunciado sobre la condena total y en costas, la demandante acudió ante la Audiencia Provincial, sin pronunciamiento de la entidad bancaria.
En 2017, la entidad declaró vencido el préstamo y comunicó datos falsos a la CIRBE, señalando la existencia de un préstamo hipotecario impagado. El demandante consideró que dicha actuación constituía una intromisión ilegítima en el honor del demandante, en respuesta, demandó al banco en 2017, solicitando 18.000 euros por daños morales.
El Juzgado de Primera Instancia respaldó al consumidor, indicando que su inclusión era ilegítima y afectaba a su capacidad de obtener créditos. Unicaja apeló, y la Audiencia Provincial de Toledo falló a favor del banco, argumentando que la inclusión se ajustaba a normativas obligatorias.
Reversión de la sentencia por el Tribunal Supremo
El consumidor apeló ante el Tribunal Supremo, argumentando que Unicaja había violado su derecho al honor al comunicar datos falsos a la CIRBE.
Según el Supremo, que la CIRBE no constituya propiamente un fichero de morosos a efectos de la ley de Protección de Datos, no significa que no estuviera sujeto a los requisitos exigidos para el tratamiento de dicha información. El tribunal establece que, para poder incluir dicha información en el fichero público, debe existir una deuda cierta, líquida y exigible. En este caso, la deuda no cumplía dichas características, al haberse declarado la nulidad de la cláusula, por ello, el Supremo estimó el recurso de casación y confirma la indemnización de 18.000 euros al demandante por violación de su derecho al honor.
