May 23, 2024 | Actualidad Prime
El Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente, por mayoría, el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Comunidad Autónoma de Andalucía contra varios artículos y disposiciones de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. Esta ley regula las condiciones básicas para garantizar la igualdad en el derecho a una vivienda digna y adecuada. El Tribunal declara inconstitucionales y nulos ciertos preceptos por invadir competencias autonómicas
El TC reconoce la competencia del Estado, según el artículo 149.1.1 de la Constitución Española, para establecer estas condiciones básicas. Sin embargo, declara inconstitucionales y nulos varios preceptos por invadir competencias autonómicas en materia de vivienda.
En concreto, los artículos declarados inconstitucionales incluyen
- Artículo 16. Establece el régimen de la vivienda protegida. Es demasiado detallado y por crear un régimen de aplicación supletoria sin que el Estado pueda dictar normas con el único propósito de complementar el derecho autonómico.
- Artículo 19.3, segundo inciso. Regula la información que deben proporcionar los grandes tenedores, considerando excesiva esta regulación y determinando que debería corresponder a las Comunidades Autónomas.
- Artículo 27, apartados 1, párrafo tercero, y 3. Trata sobre los parques públicos de vivienda. El TC considera que estos preceptos exceden la determinación de la composición de los parques públicos de vivienda y afectan al principio de autonomía financiera al prever la destinación específica de ingresos procedentes de sanciones y gestión de bienes en estos parques.
Desestimadas las demás quejas contra Ley por el Derecho a la Vivienda
El resto de las quejas fueron desestimadas, ya que no se encontraron vulneraciones competenciales significativas o los argumentos presentados fueron insuficientes.
Los magistrados Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa han anunciado votos particulares. Entienden que la declaración de inconstitucionalidad debería haber sido más amplia y abarcar otros preceptos impugnados por el recurso.
El TC equilibra el reconocimiento de la potestad estatal para regular el derecho a la vivienda con la protección de las competencias autonómicas. Por lo que anula aquellos preceptos de la Ley 12/2023 que exceden dicha potestad y afectan competencias autonómicas.
May 9, 2024 | Actualidad Prime
El Tribunal Constitucional ha desestimado un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de cincuenta diputados contra el artículo 172 quater del Código Penal, que penaliza el acoso a las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). La sentencia, redactada por la magistrada María Luisa Balaguer Callejón, argumenta que la legislación no es vaga y que los actos de acoso claramente se distinguen de otras formas de expresión, como meras sugerencias o comentarios.
Argumentación del recurso de inconstitucionalidad
El recurso argumentó que la norma vulneraba múltiples derechos constitucionales. Incluyendo la libertad ideológica y de expresión, así como los derechos de reunión y manifestación, igualdad y libertad religiosa. Asimismo, sostenían que la norma afectaba el derecho a la intimidad de las víctimas del delito debido a que el delito de acoso es perseguible de oficio. Es decir, puede ser investigado sin necesidad de denuncia previa por parte de la víctima.
Acoso a las mujeres que acuden a clínicas
El Tribunal Constitucional rechazó estos argumentos. Los magistrados enfatizan que la ley no impone una interpretación subjetiva que haga imposible determinar objetivamente las conductas sancionables. Más bien, subraya que el delito de acoso está bien definido en el código penal y la jurisprudencia española. Asegurando así que los destinatarios de la norma pueden prever las consecuencias de sus actos.
En cuanto a los derechos fundamentales implicados. La sentencia reconoce que, aunque la norma pueda afectar el ejercicio de la libertad de expresión y de manifestación, este impacto está justificado por la necesidad de proteger la libertad de las mujeres para interrumpir voluntariamente su embarazo. Un interés con cobertura constitucional suficiente ligado también a los derechos a la salud y la protección contra el trato inhumano.
Además, el tribunal argumenta que la persecución de oficio del acoso se justifica por el interés público en investigar estos delitos y por la garantía del disfrute igualitario del derecho a la salud sexual y reproductiva, considerando las dificultades estructurales que aún enfrentan las mujeres al ejercer este derecho.
Voto particular sobre la penalización el acoso a las mujeres que acuden a una clínica para la interrupción voluntaria del embarazo
La decisión incluye un voto particular por parte de los magistrados Ricardo Enríquez Sancho, Enrique Arnaldo Alcubilla, Concepción Espejel Jorquera y César Tolosa Tribiño.
Abr 24, 2024 | Actualidad Prime
El Tribunal Constitucional ha emitido un fallo unánime respaldando la legalidad de la Ley del litoral de Galicia 4/2023. Ley de Ordenación y Gestión Integrada del Litoral de Galicia (LOLGA). Este dictamen se produce tras un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Presidente del Gobierno el 11 de octubre, argumentando que la Comunidad Autónoma de Galicia había excedido sus competencias al infringir la normativa estatal sobre el dominio público marítimo terrestre y la regulación de costas. La ley, que pretende una gestión integral del litoral gallego. Fue inicialmente suspendida tras la admisión del recurso, manteniéndose esta suspensión hasta la resolución final.
Desestimado el recurso contra la Ley del litoral de Galicia
La sentencia, de la cual el magistrado César Tolosa Tribiño es ponente, desestima la mayoría de las impugnaciones del recurso. Específicamente setenta de las setenta y dos presentadas. La corte encontró que las disposiciones de la LOLGA no contravienen la legislación estatal y que la ley gallega cumple con las exigencias de la legislación de costas. Esta decisión se fundamenta en que la regulación sobre los instrumentos de ordenación del litoral y los usos permisibles del mismo están en línea con las facultades estatales para preservar el dominio público marítimo terrestre. Contemplado en el artículo 132 de la Constitución Española.
Inconstitucionales dos aspectos específicos
Sin embargo, el Tribunal ha declarado inconstitucionales dos aspectos específicos de la LOLGA.
- La posibilidad de que los sistemas de recogida y tratamiento de aguas residuales ocupen el dominio público marítimo-terrestre,
- y el trato privilegiado hacia las embarcaciones gallegas en comparación con otras embarcaciones.
El tribunal considera que estos elementos contravienen la Ley de Costas. Además, se ha especificado que los establecimientos de la cadena mar-industria alimentaria solo pueden ocupar terrenos de dominio público marítimo-terrestre o en la zona de servidumbre de protección si es esencial para sus procesos productivos que involucren la captación y retorno de agua de mar, y no pueden ubicarse en otro lugar.
Voto concurrente ante la declaración de constitucionalidad de Ley del litoral de Galicia
La magistrada María Luisa Balaguer, aunque de acuerdo con el fallo general, ha expresado un voto concurrente. En este señala la necesidad de revisar el alcance de la cobertura estatutaria de la competencia autonómica. Su opinión también advierte sobre el potencial de los argumentos de la sentencia para reducir los estándares de protección ambiental a largo plazo. De forma especial en un contexto de cambio climático.
Abr 16, 2024 | Actualidad Prime
La policía obligó a la conductora a ir a comisaría para realizarse la prueba de alcoholemia. [TOL9.956.675]
Recientemente, el Tribunal Constitucional ha emitido una sentencia declarando la vulneración del derecho de defensa de una conductora a quien la Policía Nacional obligó a acudir a una comisaría para realizarle una prueba de alcoholemia, sin informar adecuadamente sobre sus derechos.
En el caso, los agentes detuvieron el vehículo de la mujer en un control de seguridad al notar síntomas de intoxicación etílica. Al no disponer de un etilómetro preciso, solicitaron la presencia de la Policía Municipal de Tráfico de Madrid para realizar la prueba.
Ante la ausencia del dispositivo adecuado, los agentes persuadieron a la conductora para que se trasladara a las dependencias policiales municipales, donde se le realizó la prueba de alcoholemia. La prueba dio un resultado positivo. La mujer fue posteriormente condenada por el Juzgado de lo Penal como autora responsable de un delito contra la seguridad vial a la pena de siete meses de multa.
Recurso ante el Constitucional
La conductora recurrió alegando que la detuvieron sin informarle debidamente de sus derechos, vulnerando el artículo 17.3 de la Constitución. El Tribunal Constitucional no discutió si los agentes leyeron o no sus derechos, sino si podían trasladarla a la comisaría para la prueba. La sentencia concluyó que el traslado no fue voluntario, al ser convencida de acompañar a los agentes bajo amenaza de incurrir en un delito de desobediencia. De haber acudido voluntariamente, no existiría injerencia alguna en el derecho a la libertad personal de la conductora.
«Esa libertad, sin embargo, no está presente cuando quien toma una determinada decisión —en nuestro caso, acompañar a los agentes de policía a comisaría— lo hace significativamente presionado por parte de un funcionario público, de forma que no pueda hablarse de plena autodeterminación o de la prestación de un consentimiento libre e incondicionado». Así, recuerda el tribunal en una sentencia anterior similar, en la que se obligó a un ciudadano a acudir a las diligencias policiales para identificarse.
Al tratarse de un desplazamiento no voluntario, el tribunal consideró que el traslado constituyó una limitación del derecho a la libertad personal y vulneró el derecho de defensa, así como la presunción de inocencia de la conductora.
Por lo tanto, declara vulnerado el derecho de defensa de la conductora, en relación con el derecho a la libertad personal. Se declara la nulidad de todas las resoluciones impugnadas desde la sentencia del Juzgado de lo Penal que condenó a la conductora.
Voto Particular de Magistrados
Por otro lado, la sentencia contiene el voto particular conjunto de dos magistrados. El voto critica que la sentencia no examinó adecuadamente la conexión jurídica entre la detención y la prueba de alcoholemia. Consideran que el procedimiento debió regresar al Juzgado de lo Penal para dictar una nueva sentencia, en lugar de anularla.
Abr 12, 2024 | Actualidad Prime
El Tribunal Constitucional ha otorgado amparo a en un caso contra una sentencia de la Audiencia Nacional que rechazó su reclamación de responsabilidad patrimonial por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. El recurrente había solicitado una indemnización basándose en un dictamen del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Argumentando que España no evaluó adecuadamente el riesgo de sufrir tratos inhumanos o degradantes antes de extraditarlo a Marruecos.
Reclamación de responsabilidad patrimonial | Sentencia impugnada al no considerar el origen de la reclamación
La sentencia de la Audiencia Nacional, fechada el 2 de febrero de 2018, fue impugnada por no considerar el origen de la reclamación. No se limitaba a las decisiones judiciales sobre su extradición, sino que también involucraba una posible vulneración de sus derechos fundamentales. El Tribunal Constitucional ha determinado que la respuesta de la Audiencia Nacional incurrió en un rigorismo incompatible con el derecho de acceso a la jurisdicción. Vulnerando así los derechos consagrados en los artículos 24.1 y 15 de la Constitución Española.
Retrotraer las actuaciones al punto inmediatamente anterior a su emisión
Como resultado, el Tribunal Constitucional ha anulado la sentencia de la Audiencia Nacional. De este modo, ha ordenado que se retrotraigan las actuaciones al punto inmediatamente anterior a su emisión, para que se examine la demanda de fondo y se determine si el afectado tiene derecho a la indemnización solicitada.
Voto particular discrepante de alguno de algunos de los magistrados al considerar errónea la reclamación de responsabilidad | La Audiencia Nacional había admitido a trámite su recurso y posteriormente había desestimado su pretensión en la vía judicial
La decisión ha generado discrepancias dentro del propio Tribunal Constitucional, manifestadas en un voto discrepante emitido por varios magistrados. Argumentan que el caso presentado no representaba un problema de acceso a la jurisdicción, ya que la Audiencia Nacional había admitido a trámite su recurso contencioso-administrativo y posteriormente había desestimado su pretensión en la vía judicial, basándose en un supuesto error judicial por no evaluar adecuadamente el riesgo de tratos inhumanos o degradantes en caso de extradición.
