May 28, 2024 | Actualidad Prime
El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Pontevedra ha emitido dos autos exonerando a dos personas de deudas millonarias, una de 7.993.790 euros y otra de 7.316.050 euros, aplicando la Ley de la Segunda Oportunidad. Ambos deudores solicitaron la declaración de concurso debido a la insuficiencia de masa activa para satisfacer los créditos.
Ley de la Segunda Oportunidad
El objetivo del legislador con esta reforma ha sido dar mayor protagonismo a los acreedores. Evitando decisiones basadas en información sesgada y parcial. Según la norma vigente, si en el plazo de quince días no se designa un administrador concursal y no se promueve la solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho por parte de personas naturales, se deben aplicar las reglas generales de la conclusión del concurso previstas en el Título XI de la Ley Concursal. Estas reglas establecen que, en ausencia de masa activa suficiente para satisfacer los créditos contra la masa, procede la conclusión del concurso. Así como el archivo del procedimiento.
Casos concretos y aplicación de la Ley de la Segunda Oprtunidad
Avales y fianzas personales
En el caso de la deuda de 7.993.790 euros, el origen de la misma proviene de avales y fianzas personales otorgados a entidades bancarias para financiar una empresa de la que el deudor era socio. La deuda de 7.316.050 euros se originó por obligaciones financieras adquiridas en la actividad anterior del deudor como autónomo. Se incluyen préstamos, créditos y afianzamientos solidarios a la empresa que administraba.
Exoneración del pasivo como un derecho del deudor en virtud de la Ley de Segunda Oportunidad
La magistrada explicó que la nueva regulación considera la exoneración del pasivo como un derecho del deudor, no un beneficio. Esto implica que, si hay oposición a la concesión de este derecho, los acreedores deben probar las circunstancias que prohíben o excepcionan el acceso a la exoneración.
En ambos casos, ni la administración concursal ni los acreedores se opusieron a las solicitudes de exoneración. Por lo que, conforme al artículo 502 del texto refundido de la Ley Concursal, y tras verificar el cumplimiento de los requisitos legales, la magistrada concedió la exoneración del pasivo insatisfecho. Y declaró la conclusión de los concursos.
En resumen, el juzgado concluyó los concursos sin masa debido a la falta de activos suficientes para pagar las deudas, exonerando a los deudores de sus obligaciones financieras conforme a la Ley de la Segunda Oportunidad.
May 16, 2024 | Actualidad Prime
Si el vehículo eléctrico ya está matriculado por el concesionario no es posible aplicar deducciones. No obstante, resulta posible aplicar deducción por instalación de la base de carga en el domicilio. V0379-24
Así lo establece una reciente consulta a la Dirección General de Tributos, el contribuyente no podrá aplicarse la deducción por adquisición de vehículo eléctrico.
En octubre de 2023, una ciudadana adquirió un vehículo híbrido enchufable (PHEV) por un importe superior a 20.000 euros. La compra se realizó directamente en un concesionario, que había matriculado el vehículo por primera vez en España en abril de 2022. La matriculación a nombre de la nueva propietaria se efectuó en octubre de 2023. Además, la propietaria planeaba instalar un sistema de recarga de baterías para el vehículo en su vivienda entre abril y mayo de 2024.
La contribuyente pregunta sobre la posibilidad de aplicarse la deducción fiscal por la adquisición de vehículos eléctricos enchufables y de pila de combustible, así como por la instalación de puntos de recarga, tal como se prevé en la disposición adicional quincuagésima octava de la Ley 35/2006, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
La normativa aplicable
El Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, introdujo una nueva disposición adicional en la Ley 35/2006, del IRPF, que regula una deducción por la adquisición de vehículos eléctricos enchufables y de pila de combustible y puntos de recarga. Esta disposición establece una deducción del 15% del valor de adquisición de vehículos eléctricos nuevos, bajo las siguientes condiciones:
- Adquisición y matriculación: el vehículo debe ser adquirido y matriculado por primera vez en España a nombre del contribuyente desde la entrada en vigor del decreto hasta el 31 de diciembre de 2024.
- Pago a cuenta: si se paga al menos el 25% del valor de adquisición antes del 31 de diciembre de 2024, y el vehículo es adquirido antes de finalizar el segundo período impositivo posterior a este pago.
La base máxima es de 20.000 euros, constituida por el valor de adquisición, incluyendo gastos y tributos inherentes, descontando subvenciones públicas.
Los vehículos deben cumplir los siguientes requisitos:
- Deben pertenecer a categorías específicas: turismos M1, cuadriciclos L6e y L7e, motocicletas L3e, L4e y L5e.
- Deben figurar en la Base de Vehículos del IDAE.
- No pueden estar afectos a una actividad económica.
- Deben estar matriculados a nombre del contribuyente antes de finales de 2024.
En el caso planteado, la contribuyente no puede aplicar la deducción por la adquisición del vehículo eléctrico porque la primera matriculación en España se realizó a nombre del concesionario en abril de 2022, no cumpliendo el requisito de matriculación a nombre del contribuyente.
Deducción por la instalación del sistema de recarga
La disposición también establece una deducción del 15% por la instalación de sistemas de recarga de baterías en inmuebles del contribuyente. Los detalles son los siguientes:
- Base de deducción: un máximo de 4.000 euros anuales, incluyendo inversiones en equipos, materiales, gastos de instalación y obras necesarias.
- Período de aplicación: desde la entrada en vigor del decreto hasta el 31 de diciembre de 2024.
- Deberá cumplir con las autorizaciones y permisos que disponga la legislación vigente.
De modo que esta deducción sí podrá aplicarse siempre que la instalación del sistema de recarga en su vivienda se complete en 2024 y cumpla con los requisitos establecidos.
May 14, 2024 | Actualidad Prime
La DGT resuelve una consulta en materia de indemnización por responsabilidad civil al causar daños personales, establece que está exenta de IRPF. Consulta V0283-24, de 4 de marzo.
La sociedad consultante plantea a la Dirección General de Tributos si la indemnización por responsabilidad civil de 70.000 euros que debe pagar a un trabajador por vulneración de derechos fundamentales está sometida a retención o exenta de IRPF según el artículo 7 d) de la Ley 35/2006.
En el escrito de la consultante se explica que el trabajador demandó a la empresa, reclamando una indemnización por daños morales de 70.000 euros. La sentencia determinó esta cantidad como razonable y adecuada, destacando que la indemnización resarce en sus justos términos el daño moral infringido al trabajador. La sentencia condena a la empresa a pagar la indemnización por la vulneración de los derechos fundamentales del empleado.
Regulación de las rentas exentas
El artículo 7 d) de la Ley 35/2006, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, declara exentas las indemnizaciones por responsabilidad civil por daños personales, en la cuantía legal o judicialmente reconocida. Esto incluye daños físicos, psíquicos o morales, siempre que la cuantía sea fijada judicialmente o mediante algún tipo de intervención judicial en casos de aproximación voluntaria entre las partes.
Para que la indemnización esté exenta debe tratarse de una indemnización por daños personales y su cuantía debe fijarse judicialmente. En este caso, la indemnización de 70.000 euros se corresponde con daños morales, establecidos por una sentencia judicial. Por lo tanto, cumple con los requisitos para considerarse como una renta exenta.
Dado que la indemnización por daños morales de 70.000 euros se considera como una renta exenta, no está sometida a retención a cuenta del IRPF. Esto se confirma según el artículo 75.3 del Reglamento del Impuesto, aprobado por el Real Decreto 439/2007, que establece que no existe obligación de practicar retención sobre las rentas exentas:
«No existirá obligación de practicar retención o ingreso a cuenta sobre las rentas siguientes: Las rentas exentas y las dietas y gastos de viaje exceptuados de gravamen.(…)».
Por lo tanto, la DGT establece la exención de IRPF de las indemnizaciones por responsabilidad civil en las que se producen daños personales.
Fuente: Dirección General de Tributos
May 13, 2024 | Actualidad Prime
La forma de pago de un máster a los empleados incide en el modo de tributación en IRPF. Consulta nº V0449-24.
Un contribuyente planteó una consulta ante la Dirección General de Tributos, en la cual solicitaba información sobre quién debe tributar en el IRPF por el pago del 100% de un máster a empleados. En el caso, la empresa había financiado el 100% del máster a dos empleados. Uno de ellos se emitió mediante factura nominativa a la empresa, y al otro trabajador se le abonaron las cantidades al trabajador, sin factura.
Según lo dispuesto en la Ley 35/2006, se consideran rendimientos íntegros del trabajo todas las contraprestaciones que deriven del trabajo personal. Sin embargo, el artículo 42.2.a) de la misma ley excluye de esta consideración los gastos destinados a la actualización, capacitación o reciclaje del personal, cuando sean exigidos por el desarrollo de sus actividades o las características de los puestos de trabajo.
Ahora bien, ¿en qué influye la forma de pago del máster?
Respuesta de la DGT
En este sentido, si el máster corresponde a estudios dispuestos por la empresa para la actualización o capacitación del empleado, y están relacionados con su actividad laboral, el pago del mismo mediante factura nominativa a la empresa no se considera rendimiento del trabajo en especie. Por lo que el empleado no debería tributar nada, el pago se efectúa directamente por la empresa.
Según el artículo 44 del Reglamento del IRPF «no tendrán la consideración de retribuciones en especie, a efectos de lo previsto en el artículo 42.2.a) de la Ley del Impuesto, los estudios dispuestos por instituciones, empresas o empleadores y financiados directa o indirectamente por ellos para la actualización, capacitación o reciclaje de su personal, cuando vengan exigidos por el desarrollo de sus actividades o las características de los puestos de trabajo, incluso cuando su prestación efectiva se efectúe por otras personas o entidades especializadas. […]».
A estos efectos, la DGT señala que dicha disposición se aplica cuando es la empresa quien comercializa y financia la formación.
Por otro lado, si la empresa reembolsa al empleado los gastos del máster, este reembolso se consideraría una retribución dineraria. Así lo establece el artículo 42.1 de la LIRPF: «Cuando el pagador de las rentas entregue al contribuyente importes en metálico para que éste adquiera los bienes, derechos o servicios, la renta tendrá la consideración de dineraria».
Esta respuesta, con efectos vinculantes, se emite conforme a lo establecido en la Ley General Tributaria.
Fuente: Dirección General de Tributos
May 7, 2024 | Actualidad Prime
El Tribunal Supremo ha emitido una sentencia que clarifica el tratamiento fiscal de las aportaciones a la Mutualidad Laboral de la Banca. Esta aclaración se refiere a las contribuciones realizadas antes del 1 de enero de 1967 en relación con el IRPF. Esta decisión especifica que las partes de las pensiones de jubilación o invalidez correspondientes a las contribuciones hechas a estas mutualidades antes de dicha fecha no están sujetas a tributación en el IRPF. Por tanto, no deben incluirse en la base imponible del impuesto.
Aportaciones a la Mutualidad Laboral de la Banca
La sentencia discute las implicaciones fiscales de las aportaciones a la Mutualidad Laboral de la Banca en dos períodos clave. Desde la fecha de incorporación del trabajador en 1968 hasta la extinción de la mutualidad en 1978, y el tratamiento de las aportaciones anteriores a 1967.
Incorporación del trabajador en 1968 hasta la extinción de la mutualidad en 1978
En el primer caso, el fallo del tribunal establece que las aportaciones a la Mutualidad desde 1968 hasta su disolución en 1978 no fueron deducibles de la base imponible del IRPF. Debido a esto, la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 35/2006 (DT 2ª LIRPF) entra en juego. Esta disposición permite que sólo el 75% de la pensión derivada de dichas aportaciones sea gravada como rendimiento del trabajo. Esta aplicación se justifica para evitar una doble imposición, ya que estas contribuciones no pudieron beneficiarse de reducciones fiscales en su momento.
Aportaciones a la Mutualidad Laboral de la Banca realizadas antes de 1967
Para las aportaciones a la Mutualidad Laboral de la Banca realizadas antes de 1967. El tribunal aclara que no fueron susceptibles de deducción en la base imponible del impuesto sobre la renta durante el período que los regímenes fiscales anteriores estuvieron en vigencia. Estas aportaciones no fueron objeto de minoración en la base imponible. Por lo tanto, la parte de la pensión derivada de aportaciones hechas antes de 1967 no debe integrarse en la base imponible del IRPF, según lo establecido en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley del IRPF (DT 2ª LIRPF). Esto implica que las pensiones relacionadas con aportaciones previas a 1967 no están sujetas a tributación.
En resumen | las implicaciones fiscales determinadas por la sentencia son las siguientes
- Las aportaciones realizadas a la Mutualidad Laboral de la Banca desde 1968 hasta 1978. Justifican que solo el 75% de la pensión correspondiente a estas contribuciones se integre en la base imponible del IRPF.
- Las aportaciones realizadas a la Mutualidad Laboral de la Banca antes de 1967. Como no se minoraron en la base imponible en su momento, la parte de la pensión derivada de ellas no está sujeta a tributación según la DT 2ª LIRPF.
