May 7, 2024 | Actualidad Prime
El Tribunal Supremo ha emitido una sentencia que clarifica el tratamiento fiscal de las aportaciones a la Mutualidad Laboral de la Banca. Esta aclaración se refiere a las contribuciones realizadas antes del 1 de enero de 1967 en relación con el IRPF. Esta decisión especifica que las partes de las pensiones de jubilación o invalidez correspondientes a las contribuciones hechas a estas mutualidades antes de dicha fecha no están sujetas a tributación en el IRPF. Por tanto, no deben incluirse en la base imponible del impuesto.
Aportaciones a la Mutualidad Laboral de la Banca
La sentencia discute las implicaciones fiscales de las aportaciones a la Mutualidad Laboral de la Banca en dos períodos clave. Desde la fecha de incorporación del trabajador en 1968 hasta la extinción de la mutualidad en 1978, y el tratamiento de las aportaciones anteriores a 1967.
Incorporación del trabajador en 1968 hasta la extinción de la mutualidad en 1978
En el primer caso, el fallo del tribunal establece que las aportaciones a la Mutualidad desde 1968 hasta su disolución en 1978 no fueron deducibles de la base imponible del IRPF. Debido a esto, la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 35/2006 (DT 2ª LIRPF) entra en juego. Esta disposición permite que sólo el 75% de la pensión derivada de dichas aportaciones sea gravada como rendimiento del trabajo. Esta aplicación se justifica para evitar una doble imposición, ya que estas contribuciones no pudieron beneficiarse de reducciones fiscales en su momento.
Aportaciones a la Mutualidad Laboral de la Banca realizadas antes de 1967
Para las aportaciones a la Mutualidad Laboral de la Banca realizadas antes de 1967. El tribunal aclara que no fueron susceptibles de deducción en la base imponible del impuesto sobre la renta durante el período que los regímenes fiscales anteriores estuvieron en vigencia. Estas aportaciones no fueron objeto de minoración en la base imponible. Por lo tanto, la parte de la pensión derivada de aportaciones hechas antes de 1967 no debe integrarse en la base imponible del IRPF, según lo establecido en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley del IRPF (DT 2ª LIRPF). Esto implica que las pensiones relacionadas con aportaciones previas a 1967 no están sujetas a tributación.
En resumen | las implicaciones fiscales determinadas por la sentencia son las siguientes
- Las aportaciones realizadas a la Mutualidad Laboral de la Banca desde 1968 hasta 1978. Justifican que solo el 75% de la pensión correspondiente a estas contribuciones se integre en la base imponible del IRPF.
- Las aportaciones realizadas a la Mutualidad Laboral de la Banca antes de 1967. Como no se minoraron en la base imponible en su momento, la parte de la pensión derivada de ellas no está sujeta a tributación según la DT 2ª LIRPF.
May 6, 2024 | Actualidad Prime
Un contribuyente presentó una consulta a la DGT sobre cómo debe tributar en IRPF un trabajador residente en España con teletrabajo en una empresa alemana. Consulta V0160-24.
El consultante, de nacionalidad española, soltero y sin hijos, ha vivido siempre en España, residiendo en la casa de sus padres. Su patrimonio se compone únicamente de una cuenta bancaria en una entidad financiera española. En septiembre de 2022, fue contratado como investigador por una universidad pública en Alemania, con un contrato inicial de dos años. Durante el primer mes de contrato, trabajó físicamente en la universidad alemana, mientras que el resto del tiempo realizó teletrabajo desde su domicilio en España. Se plantea cómo debe tributar el consultante, al haber trabajado un mes en Alemania
La Dirección General de Tributos establece que, siendo residente fiscal en España, el contribuyente estará sujeto a las normas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. En cuanto a la tributación del teletrabajo, se determina lo siguiente:
La remuneración correspondiente al mes trabajado físicamente en la universidad alemana, siempre que esta sea una entidad jurídica de derecho público en Alemania, sólo estará sujeta a imposición en Alemania.
Por otro lado, la remuneración por el trabajo realizado en modalidad de teletrabajo desde España estará sujeta únicamente a imposición en España.
Sobre la LIRPF
El artículo 9 de la LIRPF establece que una persona física será considerada residente fiscal en España en la medida en que concurra alguno de estos criterios:
– Permanencia más de 183 días, durante el año natural, en territorio español, computándose, a tal efecto, las ausencias esporádicas, salvo que se acredite la residencia fiscal en otro país.
– Núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos, de forma directa o indirecta, en España.
En el caso, aunque se trasladara un mes a Alemania, permaneció el resto del año en España. Por ello, se le considera como residente fiscal en España, y deberá tributar en el IRPF por su renta mundial (con independencia del lugar donde se hayan producido las rentas y cualquiera que sea la residencia del pagador de las mismas), con arreglo a la normativa reguladora del IRPF.
Sobre el Reglamento del IRPF
Por su parte, el artículo 6 del Reglamento del Impuesto, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, dispone un supuesto de exención.
La norma exige, para aplicar la exención, que se trate de un rendimiento derivado de un trabajo realizado para una empresa no residente en España. No obstante, para entender que el trabajo se haya prestado de manera efectiva en el extranjero, se requiere
desplazamiento del trabajador fuera del territorio español. Es decir, el centro de trabajo al que acude el trabajador debe situarse fuera de España.
En el presente caso, el trabajo lo desarrollaría físicamente en la universidad de Alemania durante el primer mes de duración del contrato, por lo que podrá entenderse cumplido este requisito, al tratarse de trabajos realizados efectivamente en el extranjero. Por el contrario, este requisito no se cumple cuando el trabajo se haya realizado en España mediante teletrabajo, la tributación será distinta.
Finalmente, en el caso de que existiese doble imposición efectiva, será España como Estado de residencia del consultante la que deberá eliminarla de acuerdo con lo establecido en el artículo 22 del Convenio y su normativa interna.
Abr 23, 2024 | Actualidad Prime
Multa a una sociedad unipersonal por incomparecencia del obligado tributario ante un requerimiento de la Inspección. [TOL9.975.452]
En el transcurso de una investigación de regularización tributaria, una sociedad limitada unipersonal ha sido sancionada debido a la reiterada incomparecencia de su socio único y administrador solidario en respuesta a requerimientos de la Inspección de Tributos.
Esta falta de colaboración ha llevado a la interpretación de los siguientes artículos de la LGT:
Artículo 142.3 LGT:
Este artículo establece que los obligados tributarios deben atender a la inspección y colaborar debidamente en el desarrollo de sus funciones. Además, se destaca que la inspección puede requerir excepcionalmente la comparecencia personal del obligado tributario, especialmente cuando la naturaleza de las actuaciones lo amerite.
Artículo 203.1 LGT:
En este artículo se tipifica la infracción tributaria relacionada con la resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración tributaria. Se considera infracción cuando el obligado tributario no comparece sin justificación en el lugar y tiempo indicados.
Aplicación al caso
En el caso se cuestiona que la Inspección reclamó la comparecencia personal del obligado tributario (sociedad limitada unipersonal), al entender que la naturaleza de las actuaciones así lo exigía. En el caso, se entiende que, de forma excepcional, la Inspección solicitó de manera motivada su presencia para la obtención de determinada información.
La sentencia determina que no basta con la comparecencia del representante legal, «era necesaria la presencia del administrador de la sociedad, a efectos de formularle preguntas sobre el funcionamiento de la clínica y de cómo se realizaban los diversos procesos administrativos y profesionales, tanto con los clientes como con los proveedores de servicios, así como la forma de gestionar los diversos centros de trabajo en los que actuaba el socio único, el cual podía contestar a las preguntas que se le formulasen como tuviese por conveniente y sin que la administración estuviese obligada a formulárselas por escrito». El administrador es la persona que conoce el funcionamiento, y por tanto, es el que puede responder las preguntas de la Administración. Al negarse a comparecer reiteradamente, el tribunal considera que está obstaculizando el desarrollo de las actuaciones inspectoras.
Consecuencias legales
La reiterada incomparecencia del socio único y administrador solidario ante requerimientos de la Inspección de Tributos ha llevado a que la sociedad limitada unipersonal sea sancionada conforme al artículo 203.1 de la LGT. Esta disposición establece que la falta de comparecencia sin causa justificada puede considerarse como una forma de resistencia u obstrucción a las actuaciones de la Administración tributaria.
En resumen, la facultad de la Inspección de Tributos para requerir la comparecencia personal de un obligado tributario, en este caso una persona jurídica, se extiende a quien ostente su representación orgánica. La incomparecencia sin causa justificada en el lugar y tiempo señalados puede resultar en infracciones tipificadas en la LGT, con las consecuentes sanciones aplicables.
Abr 22, 2024 | Actualidad Prime
El Tribunal Supremo ha emitido un fallo que refuerza la responsabilidad de las entidades bancarias en la devolución de anticipos pagados mediante letras de cambio por la compra de viviendas en construcción. Este pronunciamiento responde al rechazo de dos recursos interpuestos por Abanca contra decisiones de las audiencias provinciales de Málaga y Madrid. Estas confirmaron las resoluciones de primera instancia. Condenaban a cuatro bancos a devolver los montos adelantados por clientes para adquirir viviendas en proyectos dirigidos por la promotora Aifos en Jaén y Málaga.
Origen del caso | Responsabilidad de las entidades bancarias
El caso en cuestión se refiere a un litigio originado por la compra de viviendas en construcción entre particulares y la promotora Aifos. Fue llevado a los tribunales debido a la no devolución de anticipos por parte de la promotora, tras ser declarada en concurso y disuelta en la fase de liquidación. Los compradores habían anticipado significativas cantidades económicas para la adquisición de las viviendas. Presentaron una demanda contra varias entidades bancarias, reclamando la devolución de dichos anticipos con base en la Ley 57/1968, que regula el percibo de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas.
Inicialmente, la sentencia de primera instancia solo favoreció a los compradores en relación con BBVA, que se allanó a la demanda. Pero desestimó las reclamaciones contra las demás entidades bancarias. Argumentando que estas no eran avalistas, ni financiaron la promoción, y que no había pruebas de que fueran conocedoras de que los montos abonados por los demandantes eran anticipos. Sin embargo, la apelación de los demandantes llevó a una revisión del caso en segunda instancia, que revocó la decisión inicial. Y estimó íntegramente la demanda y condenando a las entidades bancarias a devolver los anticipos más intereses y costas.
Las entidades bancarias sí conocían el destino de los fondos
La sentencia de apelación se basó en la demostración de que las entidades bancarias sí conocían el destino de los fondos. Y, asimismo, estos ingresos estaban claramente destinados a la construcción de viviendas. Argumentando que las pruebas presentadas, como la secuencia de pagos y la naturaleza de los negocios de la promotora, eran indicativos claros de su finalidad.
Posteriormente, Abanca interpuso un recurso extraordinario por infracción procesal y un recurso de casación por interés casacional. La entidad argumentaba principalmente que la doctrina del Tribunal Supremo no extiende la responsabilidad de la Ley 57/1968 a las entidades que descuentan efectos cambiarios como los que se usaron para los pagos anticipados. Sin embargo, el Tribunal Supremo desestimó estos recursos. Los magistrados enfatizaron que las entidades financieras deben asegurarse de que los anticipos se depositen en cuentas especiales y estén debidamente garantizados, asumiendo responsabilidad si no se cumplen estas condiciones.
Fallo del Tribunal Supremo
Responsabilidad de las entidades bancarias
La decisión final del Tribunal Supremo destaca la importancia de que los bancos no solo actúen como terceros independientes. Más bien, deben ejercer un papel activo en asegurar que se cumplan las normativas legales para proteger a los compradores. Subrayando, finalmente, que el conocimiento de la naturaleza de los pagos y la relación contractual con la promotora son suficientes para atribuir responsabilidad a las entidades bancarias involucradas.
Abr 16, 2024 | Actualidad Prime
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha absuelto al empresario al frente de Seguridad Integral Canaria, y a su sucesor como administrador, de los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social que les fueron imputados. La Fiscalía había solicitado una pena de 21 años de cárcel para el empresario. Se le acusaba de haber defraudado 30,06 millones de euros a la Seguridad Social entre 2009 y 2017. Y de eludir el pago de 6,60 millones de euros a Hacienda entre 2009 y 2013. Delitos claros de fraude a Hacienda y a la Seguridad Social.
Sentencia extensa con un voto particular
La sentencia, que abarca 74 folios, incluye un voto particular de un miembro del tribunal que discrepaba y hubiera preferido una condena. La absolución se basa en irregularidades procedimentales significativas. Estas incluyen: la falta de una declaración requerida durante la instrucción de los acusados sobre los delitos fiscales y cuotas a la seguridad social de ciertos años. La Sala consideró esto último como una omisión que comprometió el derecho de defensa y condujo a una situación de indefensión.
Además, la sentencia recalca que las actuaciones del juez, anteriormente a cargo del caso, fueron anuladas completamente por conductas impropias. Incluyendo la toma de declaraciones iniciales sin una base adecuada y con intenciones consideradas espurias. Lo cual invalida esas declaraciones y cualquier acción derivada de ellas.
Fraude a Hacienda y a la Seguridad Social | Responsabilidad fiscal del año 2009
En cuanto a la responsabilidad fiscal del año 2009, el tribunal determinó que no se demostró adecuadamente que la cuota no ingresada por retenciones de IRPF superase los 120,000 euros. En temas de Seguridad Social para el período 2009 a 2012, la Sala señaló la existencia de un acuerdo de reconocimiento de deuda entre la empresa y la Seguridad Social, lo cual saca esos años del ámbito penal, al haberse llegado a un acuerdo de pago.
Acusaciones de convenios laborales fraudulentos
La Audiencia también rechazó las acusaciones de convenios laborales fraudulentos entre 2013 y 2017, indicando que, aunque hubo irregularidades que necesitaban regularización, no se probó que estas fueran producto de un acto fraudulento como lo exige la ley.
Fallo del Tribunal | Absuelto de fraude a Hacienda y a la Seguridad Social
Finalmente, la Sala concluyó que «de la prueba practicada no se desprende con la exigible claridad y suficiencia que puede efectivamente atribuirse al acusado Miguel Ángel R. la condición de administrador de hecho de SIC necesaria para sostener la imputación contra el mismo, una vez cesó en su cargo como administrador de derecho en fecha 2/8/2011». Esta decisión es recurrible mediante un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
