Mar 11, 2024 | Actualidad Prime
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ourense ha absuelto a un individuo acusado de cometer un homicidio por omisión en enero de 2020 en la localidad de Barbadás, Ourense. El cuerpo de la víctima, una joven, fue hallado ocho meses después en un río.
Absolución en caso de homicidio por omisión
El tribunal del jurado encontró al acusado culpable
El núcleo del caso se centra en la acusación contra un hombre, quien era pareja de la víctima en el momento de su muerte. La controversia surgió cuando el tribunal del jurado inicialmente encontró al acusado culpable de no proporcionar la asistencia necesaria después de que su pareja sufriera una caída, lo que eventualmente llevó a su fallecimiento. Este acto de omisión, según la acusación, calificaba como homicidio por omisión.
Sin embargo, el juez presidente intervino para evaluar la base legal de la acusación. Tras esto, se determinó que no existían fundamentos legales suficientes para clasificar los hechos probados como un delito de homicidio por omisión. La razón principal detrás de esta decisión radica en la interpretación de la obligación legal del acusado de actuar en una manera que pudiera haber prevenido la muerte de la víctima.
Interpretación de la relación y las pruebas para determinar si se da el homicidio por omisión
Una de las claves para entender la absolución reside en la interpretación de la relación entre el acusado y la víctima. Así como en el análisis de las pruebas circunstanciales presentadas durante el juicio.
El juez argumentó que una relación de noviazgo de dos meses no imponía una obligación de garantía o cuidado que pudiera haber evitado el desenlace. En su sentencia, el juez recalca que no se puede afirmar cómo se produjo la muerte. Es decir, si fue inmediata o si se debió a la falta de asistencia médica. El tribunal del jurado argumentó que «no hay suficiente prueba de que se hubiera podido salvar», por lo que el juez indica que «descarta la conducta que la acusación consideraba posible y exigible al acusado “evitar el fallecimiento”, lo que determina que no se pueda verificar la calificación del delito de homicidio, ya que no se puede determinar si la prestación de asistencia médica hubiera evitado la muerte».
La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
Mar 8, 2024 | Actualidad Prime
El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a nueve meses de prisión para una mujer por intentar robar dos chocolatinas de un supermercado en Valencia y agredir al vigilante que intentó impedírselo.
Además de la pena de cárcel, la condenada deberá pagar una multa de 180 euros por un delito leve de lesiones y compensar al vigilante con 150 euros por daños. También se le prohíbe el acceso al supermercado por un período de un año y nueve meses.
Antecedentes y procedimiento:
Intento de robo de dos chocolatinas con violencia y lesiones leves
El caso se inicia con la apertura de Diligencias Previas en un Juzgado de Instrucción de Valencia. Por intento de robo de dos chocolatinas con violencia y lesiones leves. La acusada intentó sustraer dos chocolatinas de un supermercado, y al ser descubierta, agredió al personal de seguridad, causando lesiones leves. Este incidente culminó en una sentencia del Juzgado de lo Penal de Valencia, que condenó a la acusada a nueve meses de prisión por el intento de robo con violencia. Además de a dos meses de multa por las lesiones causadas. Asimismo, la sentencia la hace responsable de las costas procesales y la compensación a la víctima.
Apelaciones y Recurso de Casación contra la sentencia por intentar robar dos chocolatinas y agredir al vigilante
La acusada apeló la sentencia, pero su recurso fue desestimado por la Audiencia Provincial de Valencia, manteniendo firme la condena inicial. No conforme, procedió a interponer un recurso de casación por infracción de ley, desafiando la aplicación de varios artículos del Código Penal. El Tribunal Supremo decidió admitir el recurso, a pesar de la oposición del Ministerio Fiscal.
Sentencia del Tribunal Supremo
La sentencia se basa en una interpretación rigurosa del derecho penal y procesal, descartando la apelación de la acusada y justificando la procedencia del recurso de casación exclusivamente en aspectos legales claros. Sin posibilidad de revisar los hechos probados ni la valoración de las pruebas.
Los fundamentos jurídicos detallan el recurso presentado, señalando la falta de fundamento en varios de los argumentos de la acusada, como la petición de atenuantes por dilaciones indebidas y anomalía psíquica. y confirman la correcta clasificación de los hechos como robo con violencia. Se determina que no hubo errores en la aplicación de la ley que ameriten una revisión de la sentencia.
Conclusiones | Nueve meses de prisión por robo de dos chocolatinas
La decisión final rechaza el recurso de casación, confirmando la sentencia inicial y asignando las costas del proceso a la acusada. Esta conclusión enfatiza el análisis legal exhaustivo realizado, reiterando los principios de justicia aplicables al caso.
Mar 7, 2024 | Actualidad Prime
La Audiencia Provincial de Baleares ha emitido una sentencia en un caso que involucra la muerte de un hombre durante una confrontación violenta, resultando en la absolución de un acusado, quien intervino en el altercado para defender a un familiar siendo agredido. Además, condena a otro implicado a dos años de prisión por un delito de lesiones con instrumento peligroso. El tribunal de jurado, bajo la dirección de la magistrada-presidenta, determinó que el acusado absuelto no tuvo intención de causar la muerte al intervenir en la pelea. Esto llevó a su absolución, influenciada por la restricción de los delitos considerados y la ausencia de consideración de imprudencia en la acusación.
Agresión con una barra de hierro y defensa del hermano sin intención de causar la muerte
Los hechos sucedieron en la madrugada del 12 de octubre de 2021. Una disputa en una calle de Ibiza escaló a un violento conflicto físico. El agresor y el fallecido enfrentaron al inicialmente agredido con golpes y patadas, luego lo atacaron con una barra de hierro. Al percibir la agresión hacia su hermano, intervino, resultando en una fatal herida para uno de los asaltantes.
Condenas de la sentencia
El jurado y la magistrada desglosaron los fundamentos del derecho que llevaron a estas decisiones. Identificaron la acción del acusado como un delito de lesiones con instrumento peligroso, al considerar su directa participación y el dolo subjetivo en el uso de la barra de hierro. Además, se determinaron las responsabilidades civiles del mismo. Deberá indemnizar a la víctima con una suma de 1.770 euros por las lesiones y 973,43 euros por las secuelas. Sin aplicar modificaciones en la responsabilidad criminal por la falta de evidencia sobre la influencia del alcohol o colaboración en el esclarecimiento de los hechos.
Fallo de la sentencia
Absolución al no encontrar intención de causar la muerte
Finalmente, las costas procesales se impusieron parcialmente al condenado, subrayando el principio de que quien es hallado responsable debe asumir los costos judiciales. El hermano de la víctima queda absuelto al no encontrar intención de causar la muerte con la intervención.
A pesar de que el jurado no apoyó la idea de suspender la pena, el Magistrado-Presidente optó por conceder la suspensión de la ejecución bajo condiciones específicas, estableciendo una diferencia clara entre la opinión del jurado y la resolución judicial definitiva. Esta decisión destaca la complejidad de las circunstancias y la necesidad de una evaluación legal meticulosa para diferenciar entre defensa, intención y responsabilidad en incidentes de confrontación física.
Mar 1, 2024 | Actualidad Prime
El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha anulado una condena de 10 años de prisión. Esta fue impuesta a un hombre de 37 años por mantener relaciones sexuales con una menor de 15 años. La decisión del TSJN se basa en la consideración de que el acusado padece una enfermedad mental incapacitantes para ser juzgado. La enfermedad afecta a su capacidad para comprender el alcance del juicio oral y defenderse adecuadamente.
La sentencia del TSJN, que no admite recurso, declara la nulidad del juicio previo y de la sentencia. Asimismo, ordena retrotraer las actuaciones al momento procesal anterior a la celebración de la vista oral.
Enfermedad mental incapacitante
La Sala de lo Civil y Penal del TSJN sostiene que debe ser otro tribunal de la Audiencia, formado por magistrados diferentes a los de la sentencia anulada, quien evalúe periódicamente el estado mental del encausado. De esta manera, se podrá determinar su capacidad para enfrentarse a un nuevo juicio. La decisión abre la posibilidad de que el acusado no sea enjuiciado si se acredita que su enfermedad mental incapacitante es permanente e irreversible.
Además, se critica la falta de diligencia de la Audiencia. Esta no solicitó un dictamen de un médico forense sobre la capacidad mental del acusado tras recabar un informe de la Unidad de Psiquiatría. Lo que llevó a dudas fundadas sobre la capacidad del encausado para afrontar el juicio.
Derecho a la Tutela Judicial Efectiva
Conclusión ante la enfermedad mental incapacitante del acusado
El TSJN enfatiza que la celebración del juicio oral bajo las condiciones psicológicas del acusado le dejó indefenso. Por lo que se mostraton ilusorias las garantías del proceso y vulnerando su derecho a la tutela judicial efectiva. La sentencia subraya la necesidad de comprender el alcance y significado de los actos y manifestaciones del acusado, asegurando así su derecho a un proceso con todas las garantías.
Mar 1, 2024 | Actualidad Prime
Condenados varios responsables de una empresa por vulnerar los derechos de sus trabajadores. Firmaban documentos sin conocer sus implicaciones y realizaban jornadas de trabajo extenuantes.
Según la sentencia 35/2024, de 21 de febrero, de la Audiencia Provincial de Lugo, se ha impuesto una condena de cinco meses de prisión para el dirigente de una empresa de seguridad en Monforte de Lemos. El acusado venía ejerciendo dicha actividad laboral durante los años 2011 y 2015. Además de él, sus colaboradores más cercanos recibieron condenas de tres meses cada uno, mientras que una administrativa fue condenada a un mes de cárcel como cómplice. Todos ellos quedaron condenados por vulnerar los derechos de los trabajadores.
La sentencia establece que el acusado, como líder de la entidad, impuso condiciones laborales que violaban los derechos reconocidos por la legislación. Entre estas prácticas, se incluye la firma de documentos en blanco o parcialmente cubiertos al formalizar contratos, en ocasiones mediante engaño y abuso de la situación de necesidad de los empleados.
Jornadas extenuantes y exigencias Injustas
El tribunal destaca que algunos trabajadores se sometían a jornadas laborales extenuantes con turnos de 24 horas sucesivos durante varios días, sin respetar los descansos. Además, aquellos provenientes de otra empresa y que debían ser subrogados, se veían obligados a renunciar a la subrogación y a su antigüedad para realizar horas extraordinarias. Firmaban contratos y documentos sin conocer su contenido y efectos, tales como recibís, solicitud de anticipos, el modelo 145 del IRPF, manifestación de que no tenían nada que reclamar a la empresa, etc.
La sentencia también señala que no se realizaron los cursos de formación obligatorios, la empresa presentó justificantes falsos firmados por los trabajadores para solventarlo. Los colaboradores del dirigente condenado, como el jefe de servicios, la delegada, y la administrativa, eran parte activa en la imposición de estas condiciones.
Artículo 311 CP
La Audiencia considera que los hechos se enmarcan dentro del tipo penal del artículo 311.1 CP, relativo los derechos de los trabajadores. El artículo dispone lo siguiente:
«Serán castigados con las penas de prisión de seis meses a seis años y multa de seis a doce meses:
1.º Los que, mediante engaño o abuso de situación de necesidad, impongan a los trabajadores a su servicio condiciones laborales o de Seguridad Social que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual.»
Jurisprudencia y decisión de la AP
La STS 343/2023 establece los elementos que caracterizan a dicho tipo penal:
- La acción típica puede consistir en imponer o mantener ilegalmente condiciones laborales y de Seguridad Social mediante engaño o abuso de situación de necesidad.
- Esas condiciones laborales deberán derivar de disposiciones legales, convenios colectivos o contrato de trabajo.
- La imposición de condiciones ilegales habrá de llevarse a cabo a través de ciertos medios típicos, el engaño o abuso de situación de necesidad.
- Por tratarse de un delito de resultado cortado, no será necesario que el perjuicio material o efectivo se produzca, satisfaciéndose el tipo penal con una infracción del ordenamiento laboral por la cual se creen las condiciones para que, de no mediar otra intervención jurídica de corrección, el perjuicio se produzca eficazmente.
- Se trata de un delito de consumación instantánea, que se perfecciona con la mera imposición de las condiciones ilegales o desfavorables, sin necesidad de que éstas, una vez impuestas, persistan a lo largo de todo el tracto contractual.
- Se trata de un delito de efectos permanentes, ya que los mismos perduran durante todo el tiempo que persista la relación laboral, con dichas condiciones.
Los jueces concluyen que el modus operandi de la entidad, caracterizado por prácticas engañosas que imponían condiciones laborales ilegales, se ajusta al tipo penal. La sentencia puede recurrirse ante el TSXG, según lo establecido en la resolución.
