Acceso clientes

Consultoría Tirant. Delito de contrabando

Nov 13, 2025 | Actualidad Prime

Consulta

¿Cuál es el fundamento juridico pero en el ámbito fiscal del delito de contrabando?

Respuesta

I. CONTRABANDO EN EL ÁMBITO FISCAL MEXICANO

El contrabando se entiende como la introducción o extracción ilegal de mercancías que implica evasión de impuestos o cuotas aduaneras. Las leyes fiscales aplicables tipifican estas conductas como infracciones o delitos fiscales, generando la obligación de cubrir los gravámenes omitidos más sanciones adicionales.

II. PRINCIPALES DISPOSICIONES FISCALES QUE REGULAN EL CONTRABANDO DESDE LA PERSPECTIVA TRIBUTARIA:

1. CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (CFF)

Artículo 102 CFF (Definición de contrabando): El CFF califica como delito fiscal el contrabando al disponer que “comete el delito de contrabando quien introduzca al país o extraiga de él mercancías” que:

a) Omitan total o parcialmente el pago de contribuciones o cuotas compensatorias debidas;
b) Carezcan del permiso aduanero obligatorio; o
c) Sean de importación o exportación prohibida.

Además, el mismo artículo extiende el concepto de contrabando al ingreso de mercancías de la franja fronteriza al resto del país sin los trámites aduaneros correspondientes o la extracción de mercancías de recintos fiscales sin autorización. En ambos casos se considera evasión de las contribuciones correspondientes.

Artículo 103 CFF (Presunciones de contrabando): El CFF establece supuestos en los que se presume la comisión del contrabando. Por ejemplo, se considera contrabando cuando se descubren mercancías extranjeras sin la documentación aduanera que acredite su trámite legal de importación.

También se presumen contrabando, hallazgos de vehículos extranjeros sin documentación al interior del país o mercancías descargadas “subrepticiamente” de medios de transporte, entre otras conductas ilegales. Estas presunciones facultan a la autoridad a tratar el hecho como evasión fiscal.

Artículo 102 CFF (Declaratoria y excepciones): Se fija un umbral mínimo para formular querella penal por contrabando (por ejemplo, omisiones inferiores a ciertos montos pueden no perseguirse), pero se elimina la excepción para el IEPS. En concreto, señala que no se aplican las exenciones de monto mínimo cuando la contribución omitida es el IEPS sobre bienes específicos (los señalados en el art. 2o. I inc. D de la Ley del IEPS). Es decir, en contrabando de bienes sujetos a IEPS siempre procede la acción fiscal sin importar el monto.

Artículo 4.º CFF (Créditos fiscales): El CFF define los créditos fiscales como los derechos del Estado derivados de contribuciones omitidas (impuestos, accesorios o aprovechamientos).

Toda omisión de contribuciones en el contrabando origina, por tanto, un crédito fiscal a cargo del responsable. Dichos créditos fiscales (impuestos evadidos más recargos) pueden cobrarse administrativamente (art. 145 CFF) y, en casos graves, constituir la base de la sanción penal.

Artículo 104 CFF (Sanciones complementarias para IEPS): Cuando el tributo omitido es el IEPS sobre bienes especiales, el CFF impone sanciones adicionales administrativas: “se impondrá la cancelación definitiva del padrón de importadores de sectores específicos establecido en la Ley Aduanera, así como la cancelación de la patente de agente aduanal utilizada para importar dichos bienes”. Es decir, además de la sanción penal genérica, el contrabando de productos sujetos a IEPS acarrea la cancelación de beneficios aduaneros del importador y agente.

2. LEY ADUANERA

Artículo 176 (Infracciones aduaneras por contrabando): La Ley Aduanera tipifica como infracciones aduaneras (no delitos penales) las conductas equiparables al contrabando. En particular:

I. Introducir o extraer mercancías “omitiendo el pago total o parcial de los impuestos al comercio exterior” (impuestos generales de importación/exportación) o de sus cuotas compensatorias.

I. Hacerlo sin el permiso aduanero obligatorio (o sin la firma electrónica que acredite dicho permiso) o sin cumplir regulaciones no arancelarias.

III. Efectuar importaciones o exportaciones prohibidas o fuera de los regímenes autorizados (por ejemplo, maquiladoras ingresando mercancías no amparadas por sus programas). También se incluyen supuestos como internar mercancías desde la franja fronteriza al territorio general o extraerlas de recintos fiscalizados sin, que equivalen a contrabando fiscal. Estas conductas, al generar omisión de pago de gravámenes aduaneros, se consideran infracciones fiscales bajo la ley aduanera.

Artículo 177 (Presunciones de infracción): El mismo capítulo establece presunciones de contrabando aduanero, análogas a las del CFF. Por ejemplo, se presume la infracción si se descargan mercancías extranjeras “subrepticiamente” de un medio de transporte, o si una aeronave aterriza en zona no autorizada con carga extranjera. De igual forma, se presumen ocultamientos o introducción por vías no autorizadas.

Artículo 178 (Sanciones por contrabando): A quien comete las infracciones del art.176 se le imponen multas proporcionales a los impuestos omitidos. En particular, el inciso I establece una multa del 130 % al 150 % del monto de los impuestos al comercio exterior omitidos.

En caso de contrabando realizado por pasajeros, la multa es del 80 %-120 % del valor de las mercancías (fijado un importe mínimo de mercancía exenta por reglamento). Es decir, la autoridad exige más del impuesto evadido (1.3–1.5 veces).

Estas sanciones administrativas son cobradas en vía fiscal y se traducen en créditos fiscales adicionales por el tributo omitido más recargos.

3. LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)

Artículo 1o, fracción IV (Hecho gravado por IVA): El IVA grava la importación de bienes. El art. 1o establece que están obligados al pago del IVA quienes “importen bienes o servicios”, con la tasa general (16 %). Por tanto, al introducir mercancías al país, el contribuyente debe pagar IVA sobre el valor aduanero. En la práctica, el IVA se calcula sobre el valor en aduana más las contribuciones y aprovechamientos aplicables (art. 28 IVA).

Artículo 28 (Pago en aduana): El art. 28 de la Ley del IVA dispone que el pago del IVA al importar tiene carácter provisional y se efectúa conjuntamente con el impuesto general de importación. Además, establece expresamente que “no podrán retirarse mercancías de la aduana o recinto fiscalizado sin que previamente quede hecho el pago que corresponda conforme a esta Ley”. Esto significa que el contrabando (retirar mercancías sin declaración) impide el pago del IVA, configurando evasión tributaria. Cualquier mercancía introducida ilícitamente debería generar un crédito fiscal por IVA equivalente al impuesto omitido más recargos.

4. LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (IEPS)

Artículo 1o, fracción I (Hecho gravado por IEPS): El IEPS grava la importación de ciertos bienes específicos (p. ej., bebidas alcohólicas, tabacos, gasolinas). En su Art. 1o se establece que están obligados al pago del IEPS quienes realicen “la enajenación en territorio nacional o, en su caso, la importación de los bienes señalados en esta Ley”. Para efectos de la ley, se considera importación la introducción al país de tales bienes. Así, la internación clandestina de productos sujetos a IEPS constituye evasión de este impuesto. Los contribuyentes que intenten evadir el IEPS en la importación están obligados a pagar el impuesto completo.

Artículo 2.º (Tarifas de IEPS): A cada bien sujeto (por ejemplo, alcohol o tabaco) se le aplica la tasa o cuota correspondiente, independientemente de su modo de introducción. La omisión en el pago de IEPS por contrabando genera el crédito fiscal correspondiente. Adicionalmente, como ya se indicó, el CFF prevé sanciones especiales (cancelación de registros aduaneros) cuando el tributo omitido es el IEPS de bienes señalados.

III. CONCLUSIÓN

En todos estos supuestos, la autoridad fiscal puede determinar créditos fiscales por las contribuciones omitidas (aranceles, IVA, IEPS, etc.) y hacer exigible su pago. Los créditos fiscales resultantes provienen de contribuciones omitidas (Art. 4 CFF), y su cobranza se rige por el procedimiento administrativo de ejecución (embargo precautorio, etc.). El marco jurídico fiscal equipara el contrabando con evasión tributaria: clasifica conductas, fija infracciones y multas, y convierte el tributo no pagado en un crédito fiscal exigible por el SAT.

Consultoría Tirant. Patria potestad

Nov 7, 2025 | Actualidad Prime

Consulta

Se tiene en puerta un juicio en materia familiar en la Ciudad de México, donde se solicito la perdida de la patria potestad, sin embargo en la contestación el demandado (progenitor) externa que no es procedente pues la madre no lo fundamenta ni lo motiva sin embargo el progenitor no ha dado alimentos todo lo que va del año y existe un articulo en la ley en la materia donde eso puede ser una causal para solicitar la perdida de la patria potestad así también el progenitor era un adicto violento y golpeador. ¿A caso no pueden ser causales suficientes?

Respuesta

La pérdida de patria potestad debe ser una de las sanciones más severas en materia familiar; por lo cual, el legislador ha establecido causales específicas que conduzcan a su declaración judicial. Dicho lo anterior, consideramos que las causales aducidas por usted constituyen causales suficientes para sustentar la acción de pérdida de patria potestad. Quizás, el argumento de la demandada versa sobre la falta de fundamentación y motivación; es decir, si se invocaron correctamente las disposiciones legales aplicables y se narraron los hechos concretos subsumibles en las hipótesis normativas. Las causales establecidas en la legislación aplicable, dentro de las que puede encontrar la motivación de su demanda son:

 Cuando el que la ejerza sea condenado expresamente a la pérdida de ese derecho;
 En casos de divorcio, cuando así lo determine la sentencia correspondiente;
 En casos de violencia familiar en contra del menor;
 Por el incumplimiento de la obligación alimentaria por más de 90 días, sin causa justificada;
 Por abandono del menor por más de 3 meses sin causa justificada;
 Por la condena derivada de la comisión de un delito doloso contra el menor o sus bienes;
 Por la condena derivada de la comisión de dos o más delitos dolosos cuya pena privativa de la libertad exceda de 5 años;
 Por el incumplimiento injustificado de las determinaciones judiciales que se hayan ordenado al que ejerza la patria potestad, tendientes a corregir actos de violencia familiar, cuando estos actos hayan afectado a sus descendientes; y,
 Cuando el menor haya sido sustraído o retenido ilícitamente, por quien ejerza esta.

Fundamento

Artículos 283 y 444 del Código Civil para el Distrito Federal.

Consultoría Tirant. Juicio de nulidad

Nov 4, 2025 | Actualidad Prime

Consulta

En el estado de San Luis Potosí una persona se encontraba trabajando en remodelaciones a un domicilio; el ayuntamiento suspendió la obra e informó sobre la cancelación mediante una notifiación exterior en el domicilio, o sea no se realizó de forma personal y la persona no se presentó a ser notificada.

¿Es posible presentar un juicio de amparo o qué acción procesal es la correcta?

Respuesta

I. IMPUGNACIÓN DE LA NOTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA IRREGULAR

En este caso, la autoridad municipal incumplió las reglas formales de notificación establecidas en el Código Procesal Administrativo de SLP. Dejó el citatorio únicamente en el exterior del terreno, sin entregarlo en mano ni fijarlo en la puerta, según exige el Art. 38 del Código (“Si no se encuentra a la persona… se dejará citatorio para que, dentro de dos días hábiles siguientes, acuda a notificarse”; “Si el domicilio [está] cerrado… fijará aviso en la puerta a fin de que, dentro de dos días hábiles siguientes, acuda a notificarse”. Como no se siguió el procedimiento legal, dicha notificación es irregular. El Art. 33 del Código Procesal Administrativo de SLP (CPASLP) dispone que “las notificaciones que no se realicen en la forma que establecen las disposiciones de este capítulo serán nulas”

A su vez, el Art. 35 del CPASLP, ordena que quien resulte afectado debe solicitar la nulidad de la notificación irregular “en el primer escrito o en la actuación subsiguiente”, so pena de que se entienda convalidada.

1. AMPARO INDIRECTO – PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Debido a que aún no existe una resolución definitiva, procede agotar los medios procesales locales antes de acudir al juicio de amparo. La Ley de Amparo prohíbe impugnar actos derivados de un procedimiento administrativo pendiente bajo el principio de definitividad.

En términos del Art. 61, fracc. XVII de la Ley de Amparo, no es procedente el amparo indirecto contra actos “emanados de un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio” salvo que las violaciones se hayan consumado irreparablemente.

Aquí el medio de defensa administrativo existe (el incidente de nulidad que veremos) y no ha concluido el trámite, por lo que el amparo debe reservarse para después de agotar la vía contencioso-administrativa. En definitiva, no procede interponer amparo indirecto en esta etapa.

2. VÍA ADMINISTRATIVA – JUICIO DE NULIDAD E INCIDENTES. La vía adecuada es el juicio contencioso administrativo en el Tribunal de Justicia Administrativa de SLP. No se promueve un nuevo juicio de nulidad autónomo contra el acto de notificación, sino que se usa el mecanismo de incidente de nulidad del emplazamiento o de las notificaciones. El propio Código Procesal Administrativo de SLP lo prevé: el Art. 121 señala que el incidente para reclamar nulidad del emplazamiento interrumpe el procedimiento, y el Art. 122, fracción III, admite el incidente “de nulidad de notificaciones”.

En la práctica, esto significa que el interesado debe promover dicho incidente ante el Tribunal antes de la audiencia final (en el primer escrito que formule o en el que siga). Si el Tribunal acepta la petición, suspende o “paraliza” la continuación del trámite.

3. EFECTOS DEL INCIDENTE DE NULIDAD. De prosperar el incidente, la autoridad jurisdiccional ordenará reponer el procedimiento desde la notificación anulada. El Art. 36 del Código Procesal Administrativo establece que, si se declara la nulidad de la notificación irregular, “se ordenará reponer el procedimiento desde la notificación anulada” y se sancionará al notificador en los términos aplicables. Así se logra el objetivo deseado: se detiene la etapa de alegatos y se retrotrae el proceso a la fase inicial de emplazamiento, para notificar correctamente al interesado.

II. CONCLUSIÓN

El amparo indirecto no es procedente por falta de definitividad. La impugnación debe hacerse por la vía administrativa ante el Tribunal de Justicia Administrativa mediante el incidente de nulidad de notificaciones/emplazamiento previsto en los arts. 121 y 122 del Código Procesal Administrativo de SLP. Este incidente suspende el trámite y, de ser favorable, ordena reponer todo desde la notificación viciada. Con ello se cumple la finalidad de paralizar el procedimiento actual y corregir el emplazamiento, garantizando el debido proceso.

Y, 1) No corresponde amparo indirecto (principio de definitividad).
2) La vía es administrativa (Tribunal de Justicia Administrativa).
3) Sí procede solicitar el incidente de nulidad de notificaciones/emplazamiento para suspender el trámite y retrotraerlo.

Consultoría Tirant. Pago de pensión alimenticia

Oct 22, 2025 | Actualidad Prime

Consulta

¿Se podría demandar al progenitor la pensión equivalente a ocho años, de un menor, toda vez que no ha dado alimentos desde que el menor nació?

Respuesta

I. FUNDAMENTACIÓN

La Constitución mexicana protege el derecho de la niñez a satisfacer sus necesidades básicas (art. 4.º, “los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación…”) y dispone que el Estado y los padres deben garantizar el desarrollo integral de los hijos. En el plano civil, el Código Civil Federal (CCF) establece obligaciones alimentarias claras: “Los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos” (art. 303 CCF), obligación recíproca entre familiares.

Artículo 303.— CCF. Los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. A falta o por imposibilidad de los padres, la obligación recae en los demás ascendientes por ambas líneas que estuvieren más próximos en grado.

Asimismo, los alimentos deben ser “proporcionados a las posibilidades del que debe darlos y a las necesidades de quien debe recibirlos”, además, el art. 311 CCF, señala:

Artículo 311.- … Determinados por convenio o sentencia, los alimentos tendrán un incremento automático mínimo equivalente al aumento porcentual del salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, salvo que el deudor alimentario demuestre que sus ingresos no aumentaron en igual proporción. En este caso, el incremento en los alimentos se ajustará al que realmente hubiese obtenido el deudor. Estas prevenciones deberán expresarse siempre en la sentencia o convenio correspondiente.

Finalmente, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (y normas locales análogas) reafirman el interés superior del menor y la obligación de proveer alimentos. En conjunto, el marco normativo federal ordena que los padres provean alimentos adecuados y suficientes a sus hijos menores.

II. JURISPRUDENCIA RELEVANTE

La Suprema Corte de Justicia y tribunales colegiados han unificado criterios sobre la retroactividad de la pensión alimenticia. En especial, se ha sentado la regla de que, cuando se reclama la pensión derivada de un juicio de reconocimiento de paternidad, ésta debe retrotraerse al nacimiento del menor. Así lo reconoció la Primera Sala de la SCJN: “la pensión alimenticia derivada de una sentencia de reconocimiento de paternidad debe retrotraerse al instante en que nació la obligación, es decir, al momento del nacimiento del menor”, véase el registro digital: 2024388 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Por tanto, a falta de pago, se pueden reclamar los alimentos desde que se originó el vínculo paterno-filial. Sin embargo, se ha señalado como excepción que si el padre era menor de edad al nacer el hijo, no puede obligársele a pagar hasta que él adquirió capacidad legal (mayoría de edad).

Adicionalmente, se ha declarado que el derecho a recibir alimentos de manera retroactiva es imprescriptible, de modo que puede reclamarse en cualquier momento, incluso cuando el acreedor es mayor de edad. En suma, los precedentes indican que los menores (o ex menores) pueden exigir años de pensión no cubiertos, sujetándose sólo a las pruebas y fundamentos requeridos.

III. PRESCRIPCIÓN O CADUCIDAD

En principio, la acción de alimentos no está sujeta a un plazo de prescripción ordinario. La jurisprudencia destaca que el derecho alimentario es de orden público e imprescriptible, pues cubre necesidades permanentes del menor. Es decir, la posibilidad de reclamar pensión vencida no caduca: “por ser un derecho imprescriptible… puede reclamarse incluso retroactivamente cuando la persona sea adulta”.

En la práctica, esto significa que no existe un término fijo para demandar los alimentos devengados en la minoría del hijo. (Nótese que las mensuales vencidas sí pueden prescribir individualmente por vía de la ley general de prescripciones, pero la obligación alimentaria misma se considera indefinida.) Por tanto, la acción alimentaria no caduca con el paso del tiempo, siempre que se fundamente en la existencia del deber de alimentos durante la minoría.

Asimismo, como ejemplo, se recomienda la lectura de la exposición de motivos o de Decreto que reforma la fracción VII y se adiciona una fracción VIII al artículo 122 del Código Penal del Estado de Campeche, con respecto a que los Delitos que atentan contra el cumplimiento de la obligación alimentaria, se considerarán permanentes e imprescriptibles, consultable en https://www.congresocam.gob.mx/wp-conte … 20aquellas

IV REQUISITOS PARA RECLAMAR ALIMENTOS RETROACTIVOS

Para fijar alimentos retroactivos, los tribunales exigen probar varios elementos esenciales. Primeramente, debe acreditarse la existencia del vínculo paterno-filial (por registro con apellido, prueba de ADN, sentencia de reconocimiento, etc.), ya que de ello nace la obligación alimentaria. Además, es determinante el conocimiento del hecho generador: se evalúa si el padre sabía o debía saber del embarazo o nacimiento del menor. Si el deudor nunca fue enterado de la existencia del hijo, podrá alegar buena fe (ignorancia del hecho) como fundamento para disminuir o eximir responsabilidad.

En este sentido, la Primera Sala ordena considerar expresamente “(i) si existió o no conocimiento previo del embarazo o nacimiento del menor y (ii) la buena o mala fe del deudor alimentario”. De hecho, la carga de la prueba recae en el padre demandado para demostrar causas justificadas por las que dejó de pagar desde el nacimiento.

El juez valorará esos factores —junto con elementos usuales como la capacidad económica del padre— para fijar el monto retroactivo. En resumen, debe probarse que el progenitor fue responsable de la manutención (tenía obligación legal, medios económicos y conocimiento del hijo) y que no atendió esa obligación injustificadamente.

V. CÁLCULO DEL MONTO Y LÍMITES TEMPORALES

No existe un límite legal estricto de años retroactivos; la pensión se calcula atendiendo la necesidad del menor y la solvencia del deudor. El juez determinará un monto proporcional (art. 311 CCF), que cubra alimentación, vestido, vivienda, educación, salud, de conformidad con el artículo 308 del CCF:

Artículo 308.- Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad. Respecto de los menores los alimentos comprenden, además, los gastos necesarios para la educación primaria del alimentista, y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su sexo y circunstancias personales.

En la práctica, muchos tribunales fijan la retroactividad desde el nacimiento hasta la mayoría o el término de los estudios del menor, ajustando cada año por inflación o aumento de sueldo mínimo. Como regla general, las sentencias señalan alimentos retroactivos por todo el período en que el hijo fue menor de edad y no recibió pensión. Solo en casos excepcionales (por ejemplo, padre menor al nacer el hijo) la retroactividad se limita al período posterior a la mayoría del deudor.

En consecuencia, en situaciones como la descrita (un menor de 8 años reconocido por sus apellidos) los tribunales han autorizado demandas para reclamar hasta ocho años de pensión impaga, siempre que se acredite la relación filial, las necesidades del niño y la capacidad del padre.

Consultoría Tirant. Instituto Nacional de Migración

Oct 17, 2025 | Actualidad Prime

Consulta

¿Qué dependencia interviene directamente cuando se trata de proporcionar y garantizar protección a niñas, niños y adolescentes migrantes en México?

Respuesta

El Instituto Nacional de Migración (INM) tiene una participación directa en la protección de menores migrantes; sin embargo, no estamos frente a la autoridad que más influye en el tema. Mientras que el INM tiene una función administrativa y de control migratorio, la tutela de derechos de estos menores es garantizada por la autoridad rectora en la protección de menores; es decir, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia DIF, en coordinación con las diferentes Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

Adicionalmente, pueden intervienen las siguientes autoridades, dependiendo de la problemática que requiera la atención de las autoridades:

– Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), en caso de que se requiera solicitar refugio o asilo.
– Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en caso de que el menor hubiera sufrido ataques a sus derechos.
– Fiscalías especializadas y Procuradurías locales, en el caso de que existan indicios de delitos como el tráfico de personas, abuso o explotación del menor.
– Comisiones de Búsqueda y Albergues Estatales o Municipales, proporcionando alojamiento, asistencia médica y psicológica inmediata, bajo supervisión del DIF.

Fundamento

Artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículos 6, 10, 89, 90, 91, 95, 96, 97 y 101 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Artículos 2, 3, 6, 11, 29, 52, 74, 99, 112 y 120 de la Ley de Migración.