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Delito continuado contra el medio ambiente

Delito continuado contra el medio ambiente | Tratamiento inadecuado, traslado y depósito de residuos mineros «peligrosos»

Publicado: 28 de diciembre de 2023

El Juzgado de Instrucción número 4 de Cartagena ha señalado a tres empresas, Portman Golf, Gestalia y Tragsa, junto con sus administradores o representantes legales, por su presunta implicación en un delito continuado contra el medio ambiente. El caso se centra en el tratamiento inadecuado, traslado y depósito de residuos mineros «peligrosos» de la Balsa Jenny en el vertedero de Los Blancos. Este está autorizado solo para residuos «inertes». Según el juez, estas acciones han resultado en un grave perjuicio para el ecosistema del Mar Menor y áreas circundantes.

Delito continuado contra el medio ambiente | La Guardia Civil han revelado prácticas inadecuadas en el manejo de estos residuos

El auto detalla que desde 2014, investigaciones e informes del SEPRONA de la Guardia Civil han revelado prácticas inadecuadas en el manejo de estos residuos. Se menciona que Portman Golf, designada como «gestor final de residuos» de la Balsa Jenny, no realizó análisis previos adecuados para calificar los residuos. Lo cual llevó a una clasificación errónea. Además, los lixiviados del vertedero de Los Blancos mostraron niveles que exceden los límites permitidos para residuos peligrosos. De este modo, se evidencia que Los Blancos no era un lugar apto para almacenarlos.

Riesgo para salud «consciente, deliberado, absoluto y manifiesto desprecio»

Ante el delito continuado contra el medio ambiente, el juez subraya un «consciente, deliberado, absoluto y manifiesto desprecio» hacia la normativa legal y el medio ambiente, poniendo en riesgo la salud humana. Ahora, el Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares personadas deben decidir si solicitan la apertura de juicio oral, el sobreseimiento de la causa o la realización de diligencias complementarias.

La resolución también indica que el ecosistema del Mar Menor, amparado por la Ley 19/22, puede actuar contra las empresas implicadas para reclamar daños en una posible fase de juicio oral o en la ejecución de sentencia. La decisión del juzgado no es firme y puede ser objeto de recurso de reforma y/o apelación.

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