La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha confirmado la absolución de una mujer acusada de fraude a la seguridad social y usurpación del estado civil, quien continuó cobrando la pensión de su abuela fallecida durante seis años. La Audiencia Provincial había establecido que, después del fallecimiento de la abuela en 1988 y posteriormente de su hija en 2013, los pagos de la pensión siguieron realizándose en una cuenta bancaria compartida, de la que la acusada era cotitular.

Fraude a la seguridad social

Durante este periodo, ni el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ni el banco verificaron la supervivencia de la titular de la pensión. Lo que permitió a la acusada disponer de los fondos acumulados, ascendentes a 61.834,46 euros.

El tribunal de apelación, al revisar la sentencia absolutoria, indicó que no es necesario que declare probado que los hechos ocurrieron como sostiene la defensa. Sino que basta con establecer que no se ha probado que sucedieron como afirma la acusación. En este caso, la sentencia recurrida señaló la falta de control por parte del INSS y el BBVA sobre la pervivencia de la titular de la pensión, pese a que falleció en 1988. La Sala destacó que, durante más de 30 años, no se realizó ninguna verificación. Lo que desdibujó el engaño como elemento esencial del delito de fraude imputado a la acusada.

Falta de engaño suficiente

Los apelantes cuestionaron la falta de engaño suficiente como base para la absolución, pero el tribunal sostuvo que la sentencia no carece de motivación, ni es irracional o arbitraria. Por lo tanto, la apelación no se sostiene sobre la base de una valoración errónea de la prueba por parte del tribunal de instancia.

Fallo del Tribunal

La Sala subraya que entre las funciones del INSS está el control de las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social. Y que, según una Orden de 1996, las entidades financieras deberían comunicar anualmente la pervivencia de los titulares de pensiones. Sin embargo, durante más de 30 años, no se realizó ninguna verificación, permitiendo así el uso indebido de fondos públicos. En consecuencia, la Sala desestima íntegramente los recursos de apelación y mantiene la decisión de la Audiencia Provincial de Asturias, absolución a la mujer acusada de fraude a la seguridad social.