Oct 7, 2025 | Actualidad Prime
Primer caso de reconocimiento del complemento por brecha de género por acoger a su nieta.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha dictado una sentencia inédita al reconocer el derecho de una mujer jubilada a percibir el complemento por brecha de género en su pensión, derivado del cuidado de su nieta en régimen de acogimiento familiar.
Esta resolución revoca el fallo del Juzgado de lo Social de Elche, que había confirmado la decisión del INSS de denegar dicho complemento.
Marco normativo: interpretación del artículo 60 de la LGSS
El artículo 60 de la Ley General de la Seguridad Social regula el complemento por brecha de género en las pensiones contributivas, estableciendo que se reconocerá a las mujeres (y en ciertos supuestos a los hombres) que hayan tenido hijos biológicos o adoptivos.
>En el caso analizado, la solicitante ya percibía dos complementos por sus hijos, pero reclamó un tercero por la nieta a la que cuidó bajo la figura del acogimiento permanente, alegando una situación equiparable a la filiación adoptiva.
El TSJCV ha entendido que el espíritu del artículo 60 es compensar el impacto del cuidado familiar en la carrera profesional y cotizatoria. Por ello, excluir a una acogedora supondría una interpretación restrictiva contraria al principio de igualdad efectiva reconocido en el artículo 14 CE.
Argumentos jurídicos del tribunal
El tribunal subraya que la abuela no podía adoptar legalmente a su nieta, conforme a la prohibición establecida en el artículo 175. 2 del Código Civil, que impide la adopción de descendientes. No obstante, optó por el acogimiento permanente y asumió la plena responsabilidad de crianza y cuidado desde 1995 hasta su jubilación en 2021.
Los magistrados sostienen que “no puede excluirse del complemento a quien, sin vínculo biológico, ha desempeñado las mismas funciones de cuidado que justifican la finalidad compensatoria de la norma”.
Asimismo, la Sala cita la Ley Orgánica 1/1996, que obliga a reconocer a las familias acogedoras los mismos derechos que al resto de unidades familiares.
Consecuencias
El fallo del TSJCV estima el recurso de suplicación interpuesto por la pensionista, revoca la sentencia de instancia y ordena reconocer el complemento en su pensión.
Oct 7, 2025 | Actualidad Prime
El Supremo fija doctrina sobre el “doble tiro” tributario de Hacienda.
El Tribunal Supremo, en sentencia de 29 de septiembre de 2025 (recurso de casación nº 4123/2023), ha establecido doctrina en materia tributaria. Declara que la Administración no puede dictar indefinidamente nuevas liquidaciones cuando las anteriores han sido anuladas. La resolución, dictada por la Sección Segunda de la Sala Tercera, delimita los límites del denominado “doble tiro”. Esta figura jurisprudencial permitía a la Administración reiterar actos de gravamen en determinados supuestos.
El alto tribunal sostiene que “no es admisible conceder a la Administración una oportunidad indefinida de repetir actos administrativos de gravamen hasta que, al fin, acierte, en perjuicio de los ciudadanos”. Con ello, refuerza principios esenciales del ordenamiento como la buena fe, la seguridad jurídica y la prohibición del abuso de derecho. Estos están recogidos en los artículos 9.3 de la Constitución Española y 3.1 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.
El caso: sucesivas liquidaciones del Impuesto sobre Sucesiones
El pronunciamiento resuelve un litigio promovido por tres herederos gallegos frente a varias liquidaciones del Impuesto sobre Sucesiones. La controversia se inició en 2014, cuando la Administración autonómica practicó unas primeras liquidaciones tras una comprobación de valores. Dichos actos fueron anulados por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Galicia por falta de motivación, ordenando retrotraer las actuaciones.
En ejecución del fallo, la Agencia Tributaria de Galicia dictó segundas liquidaciones. Sin embargo, el propio órgano acordó la caducidad del procedimiento conforme al artículo 104.5 de la Ley General Tributaria. Posteriormente, inició un nuevo procedimiento que culminó con unas terceras liquidaciones. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, al resolver el recurso, ordenó girar unas cuartas liquidaciones con nuevos valores. Esto dio origen al recurso de casación ante el Supremo.
Límite a la reiteración de actos
El Tribunal Supremo considera improcedente este “tercer tiro” de la Administración. Subraya que, una vez anuladas dos liquidaciones y caducado el procedimiento, no cabe iniciar uno nuevo con idéntico objeto. Esto vulnera la eficacia de las resoluciones administrativas y judiciales firmes. La doctrina reafirma que el principio de buena administración impide a la Hacienda Pública perpetuar el procedimiento. Finalmente, eso se hace en perjuicio del contribuyente.
Oct 6, 2025 | Actualidad Prime
El TSJ de Madrid confirma que no procede el beneficio fiscal sin identificación de los ocupantes físicos. [TOL10.660.570]
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desestimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por un contribuyente contra la liquidación practicada por la Agencia Estatal de Administración Tributaria correspondiente al IRPF del ejercicio 2018. El interesado solicitaba la aplicación de la reducción del 60% prevista en el artículo 23. 2 de la Ley del IRPF, alegando que los inmuebles arrendados estaban destinados a vivienda.
Los contratos de arrendamiento, suscritos con una sociedad mercantil por un plazo de cinco años, indicaban expresamente que el uso sería residencial conforme a la Ley de Arrendamientos Urbanos. Sin embargo, la AEAT denegó la reducción al considerar que no se había acreditado el uso efectivo como vivienda habitual por personas físicas concretas.
Resolución administrativa y judicial
El Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid confirmó la liquidación, señalando que no se había demostrado la ocupación de los inmuebles por personas físicas identificables, requisito esencial cuando el arrendatario es una persona jurídica. El certificado aportado por el administrador de la sociedad arrendataria no se consideró prueba suficiente.
Aunque el TEAR anuló la sanción impuesta, mantuvo la liquidación. El contribuyente recurrió ante el TSJ de Madrid, que ha confirmado la actuación de la AEAT.
Fundamentos jurídicos de la sentencia
El TSJ concluye que la reducción del 60% prevista en el artículo 23. 2 de la Ley del IRPF sólo procede cuando se acredita el uso efectivo del inmueble como vivienda habitual por personas físicas. En el caso analizado, el arrendamiento fue realizado a una persona jurídica, lo que exige una prueba adicional: identificar a los ocupantes y demostrar su vinculación con la sociedad arrendataria.
El certificado aportado por el administrador de la empresa no se consideró suficiente, al no identificar a los residentes ni acreditar el carácter habitual del uso. La jurisprudencia admite la reducción en estos casos, pero siempre condicionada a la prueba del destino residencial real.
El tribunal recuerda que la carga de la prueba recae en el contribuyente, conforme al artículo 105 de la Ley General Tributaria, y que el concepto de vivienda, según la Ley de Arrendamientos Urbanos, implica una necesidad permanente de residencia, excluyendo usos temporales o turísticos.
Por último, se confirma que la actuación de la AEAT se ajustó a derecho, al aplicar correctamente el procedimiento de comprobación limitada.
Oct 3, 2025 | Actualidad Prime
Entrada en vigor de las nuevas medidas de sustitución.
La Tesorería General de la Seguridad Social ha comunicado en el Boletín de Noticias RED n.º 10/2025, de 29 de septiembre, que a partir del 1 de octubre se pondrán en marcha dos nuevas causas de sustitución. Se trata de la causa 17, destinada a la sustitución de personas trabajadoras con discapacidad en incapacidad temporal. También se aplicará la causa 14 en determinados sectores y ámbitos geográficos, como Ceuta y Melilla.
Ambas medidas se enmarcan en lo previsto en los artículos 17 y 31 del Real Decreto-ley 1/2023, de 10 de enero. Este regula las bonificaciones a la contratación laboral, con especial atención a colectivos vulnerables.
Causa 17: sustitución de personas con discapacidad en IT
La causa 17 sustituye a la anterior causa 05. Se aplicará exclusivamente a contrataciones de duración determinada (códigos 410 o 510) cuando el trabajador sustituido tenga reconocida una discapacidad igual o superior al 33% y su contrato se encuentre suspendido por IT. Además, se exige que el trabajador sustituto también cumpla este requisito.
Las empresas deberán comunicar el Número de la Seguridad Social de la persona sustituida. La fecha de inicio del contrato no podrá ser anterior al 1 de septiembre de 2023. La bonificación específica se reflejará en la cotización mediante el código TPC 16 y colectivo incentivado 1108.
Causa 14: aplicación en Ceuta y Melilla
La segunda medida, la causa 14, responde a lo previsto en el artículo 31 del RDL 1/2023. A partir del 1 de octubre, podrá aplicarse a contrataciones en sectores específicos de Ceuta y Melilla. Se utilizará para cubrir sustituciones de trabajadores en IT, siempre bajo contratos 410 o 510. Además, tendrá una bonificación del 50% en la cuota empresarial (TPC 13, colectivo 3195).
Procedimiento y transición
El BNR establece un protocolo de corrección y transición: a partir del 1 de octubre, cualquier alta comunicada bajo causas anteriores será rechazada si corresponde a los nuevos supuestos. Para ello, el Sistema RED habilitará funcionalidades específicas que permitirán modificar la causa de sustitución sin alterar la fecha real de alta.
Finalidad
Estas modificaciones buscan doble objetivo: mantener la continuidad de la actividad empresarial en casos de IT y fomentar la empleabilidad de personas con discapacidad. También se busca fomentar la empleabilidad de residentes en territorios con régimen especial.
