nov. 7, 2025 | Actualitat Prime
Admisión del recurso y objeto del pronunciamiento
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso de casación interpuesto por la Generalitat de Cataluña. El recurso se dirige contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que reconoció el interés legítimo de un padre para impugnar la autorización de eutanasia concedida a su hijo, mayor de edad y con plena capacidad de decisión.
El alto tribunal deberá determinar si un progenitor puede considerarse legitimado para recurrir una decisión administrativa que afecta a la vida de un hijo adulto. Esta cuestión carece de jurisprudencia previa.
Argumentos de la Generalitat de Cataluña
En su recurso, la Generalitat alegó que la Ley Orgánica 3/2021, de regulación de la eutanasia, no contempla la posibilidad de que terceros interpongan recursos frente a la concesión o denegación de la prestación. Según su planteamiento, el TSJC amplió de forma indebida la legitimación procesal. Esto contraviene el principio de legalidad y la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Asimismo, la Generalitat subrayó la relevancia general del asunto. Señaló que entre 2021 y 2024 se presentaron 824 solicitudes de eutanasia en Cataluña, de las cuales 445 fueron aprobadas. Además, las cifras continúan en aumento.
Interés casacional y formación de jurisprudencia
El Supremo ha considerado que la cuestión planteada presenta interés casacional objetivo. Afecta a derechos fundamentales y carece de doctrina previa. La resolución que emita el tribunal podrá servir de referencia en futuras controversias. Esto es relevante para la legitimación de terceros en procedimientos de eutanasia, dada la reciente aplicación de la LORE.
La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo será la encargada de resolver el caso, al que se otorgará trámite preferente.
Origen del caso y conflicto de derechos
El litigio tiene su origen en una decisión de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, que autorizó la prestación de eutanasia solicitada por un hombre mayor de edad sin constancia de incapacidad. Su padre recurrió la resolución alegando la vulneración del artículo 15 de la Constitución Española. Este artículo reconoce el derecho a la vida y obliga al Estado a protegerla, especialmente en situaciones de vulnerabilidad.
Un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Barcelona inadmitió inicialmente el recurso por falta de legitimación. Sin embargo, el TSJC revocó esta decisión, reconociendo el interés legítimo del progenitor.
Conclusión
El Tribunal Supremo deberá fijar doctrina sobre los límites de la legitimación procesal en los procedimientos de eutanasia. Su pronunciamiento aclarará si la protección del derecho a la vida puede justificar la intervención judicial de familiares en decisiones personales. Esto es relevante cuando las decisiones son adoptadas por adultos plenamente capaces.
nov. 7, 2025 | Actualitat Prime
Detenido tras abandonar el lugar en un vehículo irregular con licencia británica. [TOL10.724.551]
Un ciudadano ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Balears a pagar una multa de 2.160 euros tras ser sorprendido conduciendo un coche dado de baja temporal y sin carné válido en España. El incidente se produjo cuando un agente de la Policía Local detectó unas placas de matrícula que no se correspondían con el formato vigente. Al verificar la situación del vehículo, se constató que estaba dado de baja temporal por impago de impuestos.
Poco después, el agente observó cómo el individuo se introducía en el coche y lo conducía, a pesar de que no estaba autorizado para hacerlo. El conductor había obtenido años atrás una licencia provisional en el Reino Unido, pero nunca se examinó para obtener el permiso de conducir español.
La Audiencia desestima el recurso del acusado
El condenado recurrió la sentencia alegando un supuesto error de prohibición, es decir, que desconocía que no podía conducir en España con su licencia británica. Sin embargo, el tribunal rechazó este argumento. Señala que el acusado no compareció al juicio, que se celebró en su ausencia, y que no aportó pruebas suficientes para demostrar que creía estar habilitado para conducir legalmente en territorio español.
La resolución judicial afirma que la condena se dictó “sin quebrantar su derecho a la presunción de inocencia y sin infracción de los preceptos penales aplicados”. Además, subraya que no es aplicable el supuesto error de prohibición invocado por la defensa, ya que el acusado nunca se examinó para obtener el carné español ni presentó documentación que acreditara su validez en España.
Multa ejemplar por incumplimiento de la normativa
La multa impuesta busca sancionar la conducción sin autorización válida y el uso de un vehículo que no cumple con los requisitos legales. Este caso pone de relieve la importancia de asegurarse de que tanto el vehículo como el conductor estén debidamente habilitados para circular.
nov. 6, 2025 | Actualitat Prime
El Tribunal Supremo fija doctrina sobre la baja de socios cooperativistas. [TOL10.742.853]
El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a una cooperativa que deberá abonar 177.103 euros a la Arrocera del Pirineo, S. Coop., por los daños derivados de su baja voluntaria sin respetar el preaviso estatutario. La sentencia establece que el incumplimiento de dicho plazo genera responsabilidad indemnizatoria. Esto ocurre cuando causa perjuicios económicos acreditados.
La obligación de preaviso en las cooperativas
La relación entre ambas entidades se regía por los estatutos de la Arrocera del Pirineo. Cuyo artículo 10 c) imponía a las socias la obligación de entregar el 100% de su cosecha y participar en las actividades cooperativizadas. La cooperativa demandada notificó su baja un día antes de la reunión del consejo rector que debía aprobar el plan anual de ventas. Pese a esto, había comunicado previamente que entregaría más de seis millones de kilos de arroz, el 38% de la producción total.
Este comportamiento impidió que la Arrocera ajustara su planificación económica y de ventas. Esto ocasionó perjuicios directos. Según el Tribunal, el preaviso de tres meses tiene precisamente la finalidad de permitir que la cooperativa adopte medidas organizativas y financieras. Esto, para evitar dislocaciones internas.
Fundamento jurídico de la condena
El Supremo se apoya en los artículos 2.2 y 22.b) de la Ley de Cooperativas de Aragón. Estos artículos permiten establecer estatutariamente un plazo de preaviso y reconocer el derecho a una indemnización cuando éste se incumple. La Sala de lo Civil recalca que la baja voluntaria no implica una desvinculación inmediata. Abre un periodo transitorio para determinar sus efectos económicos y jurídicos.
Asimismo, el Tribunal rechaza que la indemnización constituya una contribución a los gastos fijos. Subraya que se trata de una reparación por incumplimiento contractual. La cuantía de 177.103 euros fue calculada conforme al informe pericial y a las cuentas aprobadas por la asamblea general de la Arrocera.
Legitimación del socio para impugnar acuerdos
El fallo también aclara que el socio que comunica su baja conserva legitimación para impugnar los acuerdos que le afecten directamente. Por ejemplo, los relativos a la calificación de la baja o al reembolso de aportaciones. De esta forma, el Tribunal corrige el criterio de la Audiencia Provincial de Navarra. Esta había negado dicha posibilidad al entender extinguida la condición de socio.
nov. 6, 2025 | Actualitat Prime
Crisis energética y respuesta gubernamental
El Real Decreto 997/2025, aprobado el 5 de noviembre de 2025, establece medidas urgentes para reforzar la estabilidad del sistema eléctrico español. Esta normativa surge como respuesta a la crisis de electricidad ocurrida el 28 de abril de 2025. Conforme al artículo 21.1.a) de la Ley 36/2015, de Seguridad Nacional, el Consejo de Seguridad Nacional dictó directrices. Estas fueron para la creación de un comité de análisis sobre el incidente. El informe resultante, aprobado el 17 de junio de 2025, evidenció la necesidad de adoptar medidas estructurales.
Refuerzo de la supervisión y control técnico
El decreto impone nuevos mandatos a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. En un plazo de tres meses, la CNMC deberá publicar un informe sobre el cumplimiento de las obligaciones de control de tensión. Además, en nueve meses, deberá desarrollar un plan de inspección extraordinario de las capacidades de reposición de los agentes del sistema. Asimismo, el operador del sistema deberá analizar, en un plazo máximo de seis meses, la configuración de sistemas de estabilización. También los servicios de ajuste y la calidad de la inyección de potencia activa.
Fomento del almacenamiento energético y repotenciación
El decreto impulsa la regulación y simplificación administrativa, para las instalaciones de almacenamiento energético, en línea con los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030. Se definen los conceptos de “potencia instalada” y “repotenciación”. Esto es con el fin de proporcionar mayor seguridad jurídica.
El artículo 6 introduce un procedimiento simplificado para la autorización de proyectos de almacenamiento hibridado. También reduce los plazos de tramitación previstos en el Real Decreto 1955/2000. Además, se exime de evaluación ambiental a los proyectos situados en espacios ya evaluados. Esto es conforme a la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental.
Aceleración de las infraestructuras eléctricas
La disposición adicional segunda fija plazos estrictos para la ejecución de nuevas extensiones de red por parte de las distribuidoras. Esto es con el objetivo de facilitar la electrificación de nuevos usos, como la recarga de vehículos eléctricos. Se modifica el Real Decreto 1183/2020, de acceso y conexión a las redes. Esto es para agilizar la tramitación y reforzar la seguridad jurídica en la concesión de permisos.
Principios de buena regulación
El decreto cumple los principios del artículo 129 de la Ley 39/2015, garantizando necesidad, eficacia, proporcionalidad y seguridad jurídica. Su carácter urgente se justifica en la necesidad de asegurar un sistema eléctrico más robusto, eficiente y descarbonizado. Esto es conforme al artículo 149.1.13.ª y 25.ª de la Constitución Española.
Fuente: BOE.
nov. 5, 2025 | Actualitat Prime
Un preacuerdo probado mediante mensajes de WhatsApp. [TOL10.701.376]
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por una trabajadora. Ha condenado a la empresa demandada a indemnizarla con 8.927,48 euros por incumplir una oferta laboral que generó un precontrato de trabajo.
El tribunal consideró acreditada la existencia de un acuerdo previo vinculante. Esto se sustentó en conversaciones de WhatsApp, donde ambas partes habían pactado las condiciones esenciales del futuro contrato. Solo quedaba pendiente la fecha de incorporación.
La confianza legítima y la buena fe contractual
El fallo destaca que la trabajadora renunció a su empleo anterior en confianza de la promesa de contratación. Esto constituye un perjuicio económico y moral. Según la Sala, la empresa vulneró el principio de buena fe contractual, recogido en el artículo 1258 del Código Civil. Lo hizo al impedir que se materializara la incorporación pactada por razones internas, concretamente la decisión de contratar a un familiar.
El tribunal subraya que el incumplimiento de una promesa de contrato genera responsabilidad. Esto es así cuando la ruptura proviene exclusivamente de la empresa. Esta idea está de acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo sobre los precontratos laborales.
El valor jurídico de los precontratos laborales
La resolución reitera que un preacuerdo laboral, aunque no formalizado por escrito, puede producir efectos jurídicos. Esto ocurre si existen elementos suficientes de consentimiento, objeto y causa (arts. 1261 y 1278 del Código Civil). De este modo, la empresa tiene la obligación de actuar conforme a la buena fe durante las negociaciones. Además, debe indemnizar los daños derivados de un incumplimiento unilateral injustificado.
La cuantía de los daños reconocidos
El TSJ distingue dos tipos de perjuicios:
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Lucro cesante de 6.927 euros, calculado sobre once días y seis meses de salario conforme al convenio aplicable.
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Daño moral de 2.000 euros, derivado de la pérdida del empleo anterior, la incertidumbre laboral y la afectación a la salud de la trabajadora.
