nov. 14, 2025 | Actualitat Prime
Contexto del litigio y procedimiento previo en materia de residencia por voluntariado
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha resuelto el asunto C-525/23 (OS), relativo a la interpretación de la Directiva sobre entrada y residencia de nacionales de terceros países con fines de voluntariado. El caso se inició cuando OS, nacional de un tercer país, solicitó en junio de 2020 la renovación de su permiso de residencia en Hungría para realizar actividades de voluntariado en la Mahatma Gandhi Emberi Jogi Egyesület. Para acreditar que disponía de recursos suficientes, afirmó que su tío, ciudadano británico, se los garantizaría. Sin embargo, durante el procedimiento describió esa ayuda alternativamente como préstamo o liberalidad.
Las autoridades húngaras rechazaron la solicitud por considerar que el tío no podía calificarse como «miembro de la familia» conforme al Derecho nacional. El Tribunal General de la Capital estimó después el recurso de OS. Señaló que los recursos podían proceder tanto de ingresos propios como de terceros, sin exigir un vínculo familiar. Sin embargo, el Tribunal Supremo húngaro anuló tal decisión. Impuso exigencias adicionales sobre la naturaleza, el título jurídico y la disponibilidad definitiva de los fondos.
Cuestión prejudicial elevada al Tribunal de Justicia
Ante la duda sobre la compatibilidad de esas exigencias con el Derecho de la Unión, el Tribunal General de la Capital planteó una cuestión prejudicial al TJUE. El problema jurídico residía en determinar si un Estado miembro puede imponer comprobaciones adicionales —no previstas en la Directiva— sobre la procedencia, forma o título de los recursos económicos presentados por el solicitante de un permiso de residencia por voluntariado.
Interpretación del TJUE sobre el concepto de “recursos”
El Tribunal de Justicia recuerda que la Directiva establece un derecho a la obtención del permiso de residencia cuando se cumplen los requisitos generales y específicos aplicables a los nacionales de terceros países admitidos con fines de voluntariado. Por ello, los Estados miembros no pueden introducir requisitos adicionales no contemplados en la normativa europea.
Asimismo, el TJUE precisa que el concepto de recursos suficientes constituye un concepto autónomo del Derecho de la Unión. Este concepto es de interpretación uniforme y con alcance amplio. La valoración debe basarse únicamente en un examen individual que verifique si el solicitante puede disponer efectivamente de esos recursos. Imponer criterios relacionados con su naturaleza, origen o modalidad supondría exigir condiciones que la Directiva no contempla.
Conclusión del Tribunal de Justicia
El Tribunal afirma que la existencia de incoherencias en las declaraciones del solicitante sobre el origen de los fondos no permite, por sí sola, denegar el permiso. Esto es siempre que del examen individual resulte que el interesado dispone realmente de los recursos necesarios para su estancia en el Estado miembro.
nov. 14, 2025 | Actualitat Prime
Se alcanza la fecha límite para evaluar riesgos laborales en el hogar. [TOL10.173.495]
Hoy, 14 de noviembre de 2025, concluye el plazo fijado por el Real Decreto 893/2024, de 10 de septiembre. Este decreto obliga a las personas empleadoras del hogar a cumplir con la evaluación de riesgos laborales de sus trabajadores. La disposición adicional primera del citado decreto establece un periodo de seis meses desde la publicación de la herramienta oficial de prevención. Esta herramienta está disponible desde el 14 de mayo de 2025 en la plataforma Prevencion10.es, para llevar a cabo esta obligación.
La normativa determina que la evaluación debe estar completada y documentada antes de la fecha límite. La falta de cumplimiento o actualización puede dar lugar a sanciones conforme a lo previsto en la legislación vigente.
Alcance de la obligación
La obligación afecta a todas las personas empleadoras particulares, independientemente del número de empleados contratados en el hogar. El objetivo es identificar y prevenir riesgos que puedan comprometer la seguridad y salud de las trabajadoras y trabajadores domésticos.
La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, modificada en septiembre de 2022, reconoció expresamente el derecho del personal del hogar a la protección en materia de seguridad y salud. Esta modificación equipara sus derechos con los del resto de sectores. El Real Decreto 893/2024 desarrolla este derecho. Impone la obligación de realizar una evaluación inicial, elaborar un plan de prevención, adoptar medidas correctoras y acreditar documentalmente la fecha de implantación de dichas medidas.
Herramienta oficial de prevención
El Ministerio de Trabajo y Economía Social, junto con el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, han puesto a disposición de los empleadores la herramienta digital en Prevencion10.es.
Este sistema gratuito permite:
- Introducir datos sobre el domicilio y las tareas habituales.
- Identificar riesgos como caídas, cortes, exposición a productos químicos o manipulación de cargas.
- Recomendar medidas preventivas específicas.
- Generar un documento con los resultados de la evaluación y las medidas a implantar.
- Registrar la fecha de implementación y realizar seguimiento de las acciones preventivas.
Según establece, tanto el empleador como la persona trabajadora deben recibir copia de la evaluación y de las medidas adoptadas, con el fin de acreditar en cualquier momento el cumplimiento.
¿Qué ocurre en caso de incumplimiento?
El Real Decreto 893/2024 no establece un régimen sancionador propio. Sin embargo, el incumplimiento de la obligación de evaluar los riesgos laborales y adoptar medidas preventivas puede derivar en sanciones previstas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
nov. 13, 2025 | Actualitat Prime
Recurso desestimado por falta de fundamento jurídico en el caso de la DANA.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha desestimado el recurso interpuesto por una acusación particular que solicitaba remitir al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana la causa penal relativa a la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024. El objetivo de la acusación era investigar al presidente de la Generalitat por no haber impulsado la declaración de emergencia nacional durante el episodio meteorológico.
Los seis magistrados del tribunal confirman así el auto dictado en mayo por la titular del Juzgado de Instrucción de Catarroja, quien ya había rechazado esa petición y la imputación de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana. La resolución se apoya en que la decisión de la jueza instructora es “razonable” y carece de elementos que justifiquen la intervención del TSJCV.
Argumentación de la Audiencia Provincial
El auto de apelación señala que los recurrentes no acreditan el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, relativo a la competencia de los tribunales en causas especiales. Además, el tribunal destaca que el TSJCV ya había rechazado en diciembre de 2024 abrir diligencias contra el presidente de la Generalitat por hechos similares, al considerar que no existían indicios suficientes de responsabilidad penal.
La Audiencia concluye que el recurso no ofrece una justificación adecuada de la concurrencia de los presupuestos necesarios para elevar la causa. Por ello, procede su desestimación directa.
Rechazo a la imputación de la delegada del Gobierno
En el mismo auto, la Sala reitera su negativa a imputar a la delegada del Gobierno central. Según los magistrados, la apelación no incorpora nuevas alegaciones que permitan modificar lo ya resuelto con anterioridad por el mismo tribunal.
Asimismo, la Audiencia ha dictado una segunda resolución en la que deniega la declaración como testigos de seis cargos públicos. Entre ellos el exsecretario de Estado de Seguridad y el actual secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible.
Fuente: CGPJ.
nov. 13, 2025 | Actualitat Prime
Extracción sin autorización en O Pedrido
El Juzgado de lo Penal número 3 de A Coruña ha condenado a un hombre al pago de una multa de 2.100 euros y a tres años de inhabilitación para mariscar por un delito de marisqueo ilegal. Los hechos tuvieron lugar el 26 de abril de 2023 en la playa de O Pedrido, en el municipio de Bergondo. El acusado fue sorprendido con 227 kilos de erizos de mar recién extraídos, sin disponer de autorización administrativa para su explotación.
Según la sentencia, el acusado actuó junto con otra persona no identificada, con quien había acordado previamente la extracción del marisco. Ambos “colaboraron activamente en la extracción de erizos de mar, contraviniendo las más elementales normas reguladoras de la actividad”, según señala el fallo judicial.
Intervención de la Guardia Civil
Los agentes de la Guardia Civil interceptaron al acusado cuando transportaba los erizos en un vehículo tipo pick-up. La mercancía, distribuida en seis salabardos y cinco capachos de plástico, fue resembrada de inmediato para evitar la muerte de los ejemplares. El valor estimado de los erizos en el mercado ascendía a 2.560 euros.
El juez subraya que el condenado carecía de permiso alguno para la explotación de erizos, tanto a pie como mediante embarcación. Además, aunque es armador de un barco, este no contaba con licencia de explotación para esa especie. De acuerdo con el plan conjunto de las cofradías de A Coruña y Barallobre, el tope de captura permitido para un buceador autorizado es de 80 kilos diarios, cifra ampliamente superada por el acusado.
Fundamento legal de la condena
La sentencia fundamenta la condena en la Ley 11/2008, de 3 de diciembre, de Pesca de Galicia, y en el Decreto 153/2019, de 21 de noviembre, que regula el régimen de conservación y explotación de los recursos marisqueros y de algas. La conducta del acusado, según el juez, supone un grave perjuicio para el ecosistema marino y para la sostenibilidad del sector marisquero, afectando la gestión racional de los recursos naturales.
El fallo no es firme, ya que puede recurrirse ante la Audiencia Provincial de A Coruña.
Fuente: CGPJ.
nov. 12, 2025 | Actualitat Prime
Antecedentes del caso en materia de error judicial. [TOL10765475]
La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional resolvió recientemente un recurso interpuesto por una ciudadana que solicitaba indemnización al Ministerio de Justicia por un presunto error judicial. La reclamación se basaba en la sentencia de una Audiencia Provincial que, según la demandante, valoró incorrectamente la viabilidad de un recurso de casación. Este recurso no llegó a presentarse.
La actora argumentó que la resolución judicial impugnada le había ocasionado un perjuicio económico tras un largo proceso relacionado con un accidente laboral sufrido en 2013. En dicho proceso, una mutua de accidentes consiguió que su incapacidad temporal fuese calificada como enfermedad común. La representación letrada designada de oficio no interpuso el recurso de casación correspondiente, lo que motivó la posterior reclamación patrimonial.
Argumentos jurídicos de las partes
La demandante invocó el artículo 121 de la Constitución Española. Este artículo reconoce el derecho a ser indemnizado por los daños ocasionados por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. Alegó asimismo la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 CE, y del principio de igualdad del artículo 14 CE. Sostuvo que la negativa administrativa a indemnizarla vulneraba sus derechos fundamentales.
Por su parte, la Abogacía del Estado se opuso a la demanda. Argumentó que no se había acreditado la existencia de error judicial. La ley exige que este sea reconocido previamente mediante una resolución firme del Tribunal Supremo, conforme al artículo 293 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Además, recordó que la reclamante no agotó los recursos procesales disponibles, requisito indispensable para poder formular una acción de error judicial.
Fundamentos y ratio decidendi
La Audiencia Nacional centró su razonamiento en la interpretación del artículo 293 LOPJ. Dicho precepto establece que la reclamación por error judicial debe ir precedida de una declaración judicial expresa que reconozca tal error. Este requisito no fue cumplido, ya que la demandante no interpuso recurso alguno ante el Tribunal Supremo ni incidente de nulidad de actuaciones.
La Sala citó la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ha precisado que solo un error craso, evidente e injustificado puede dar lugar a la declaración de error judicial. En este sentido, el tribunal subrayó que no basta con discrepar del contenido de una resolución o considerar injusta una valoración probatoria. Se requiere que el fallo resulte manifiestamente contrario al ordenamiento jurídico o dictado con arbitrariedad.
Fallo judicial
El tribunal desestimó el recurso contencioso-administrativo. Confirmó la actuación del Ministerio de Justicia y rechazó la pretensión indemnizatoria de 176.954,73 euros. Además, impuso las costas procesales a la parte recurrente. Esto se hizo conforme al artículo 139.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, al no apreciarse dudas de hecho o de derecho.
