Abr 1, 2025 | Actualidad Prime
El Tribunal Supremo ha analizado un caso relacionado con la indemnización por enfermedad profesional, cuando el trabajador fallece antes de dictarse sentencia en primera instancia. El fallo introduce matices importantes sobre la fijación de la indemnización. Además, aborda la aplicación del artículo 45 de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor (LRCSCVM) por analogía.
Enfermedad profesional por exposición al amianto
El trabajador prestó servicios para la empresa demandada en condiciones de exposición al amianto. En 2018 fue diagnosticado de mesotelioma epitelioide, y en febrero de 2020 se le reconoció una incapacidad permanente absoluta derivada de enfermedad profesional. Poco después, presentó demanda reclamando una indemnización por daños y perjuicios de 401.125,36 euros.
Sin embargo, en agosto de ese mismo año, el trabajador falleció antes de que se dictara sentencia. A partir de entonces, sus herederos continuaron con el procedimiento judicial.
Reconocimiento íntegro en instancias inferiores
El Juzgado de lo Social estimó íntegramente la demanda, reconociendo a los herederos el importe total reclamado. Esta resolución fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El tribunal consideró que la indemnización debía mantenerse, ya que había quedado fijada con la reclamación del trabajador antes de su fallecimiento. Para ello, se apoyó en la doctrina previa del Tribunal Supremo (STS 170/2016).
El Supremo aplica nueva doctrina: la indemnización por enfermedad no estaba fijada
No obstante, el Tribunal Supremo, en sentencia núm. 1327/2024, estima parcialmente el recurso interpuesto por la empresa. Considera aplicable por analogía el artículo 45 LRCSCVM, que regula los supuestos en que el lesionado fallece antes de que se determine la indemnización.
Según esta norma, la cuantía indemnizatoria solo queda fijada si existía un acuerdo extrajudicial entre las partes o una resolución judicial firme. Al no cumplirse ninguno de estos requisitos, el Supremo concluye que no se puede mantener la cantidad inicialmente concedida.
Conclusión | Indemnización por enfermedad profesional tras el fallecimiento del trabajador
En consecuencia, el Tribunal recalcula la indemnización, ajustándola a los parámetros del artículo 45 LRCSCVM. Así, sustituye los 401.125,36 euros reconocidos inicialmente por una indemnización final de 76.934,21 euros, una cifra que considera más adecuada a las circunstancias del caso.
Abr 1, 2025 | Actualidad Prime
Durante el año 2024, en España se registraron 199.094 denuncias por violencia de género. Una cifra que se mantiene prácticamente igual respecto al año anterior (-0,09 %). A pesar del leve descenso, los datos reflejan que los juzgados recibieron una media diaria de 544 denuncias. 502 mujeres víctimas cada día, lo que demuestra la magnitud y persistencia del problema.
Menos víctimas, pero persistencia en las denuncias por violencia de género
Aunque se ha producido una reducción del 4,97 % en el número de mujeres víctimas, que en 2024 fue de 183.908, las denuncias por violencia de género no han disminuido. El 72,11 % de estas denuncias fueron presentadas por las propias mujeres, mientras que el 15,92 % derivaron de atestados policiales, y solo un 1,9 % fueron interpuestas por familiares.
Además, 18.629 mujeres renunciaron a declarar contra su agresor, lo que supone un 10,13 % del total. Esta proporción fue mayor entre mujeres extranjeras (12,26 %) que entre españolas (8,87 %), aunque en ambos casos se observa un ligero descenso con respecto a 2023.
Órdenes de protección vinculadas a las denuncias
En relación con las denuncias por violencia de género, durante 2024 se solicitaron 49.268 órdenes de protección, de las cuales 33.247 fueron concedidas (67,48 %). Aunque la cantidad total de solicitudes cayó un 3 %, en el 45,5 % de los casos existía todavía una relación sentimental entre la víctima y el agresor en el momento de solicitar la medida.
Tasa de denuncias por violencia de género por comunidades autónomas
La tasa nacional de víctimas por cada 10.000 mujeres fue de 74,2, con un descenso de cinco puntos respecto al año anterior. Baleares (118,7), Navarra (102,5) y Canarias (95,1) fueron las comunidades con más denuncias por violencia de género en proporción a su población femenina. En el otro extremo se situaron Castilla y León (46,8) y Galicia (51,6), con las tasas más bajas.
Como resultado de estas denuncias por violencia de género, los juzgados dictaron 62.173 sentencias en 2024, un 3,32 % más que en 2023. La tasa general de condenas alcanzó el 80,55 %. Los juzgados especializados en violencia sobre la mujer tuvieron la tasa más alta, con un 92,04 % de sentencias condenatorias, seguidos por las audiencias provinciales (81,02 %) y los juzgados de lo penal (69,56 %).
Los delitos más comunes derivados de estas denuncias fueron los de lesiones y malos tratos, que representaron el 65,6 % del total instruido. También aumentaron las demandas civiles en estos juzgados (+8,34 %), especialmente en asuntos relacionados con divorcios contenciosos, custodia y alimentos de hijos menores.
Denuncias por violencia de género en menores: cifras estables
En el ámbito de los menores, los juzgados tramitaron 342 procedimientos durante 2024. En el 92,98 % de los casos se impusieron medidas judiciales, lo que refleja una respuesta firme y constante también frente a la violencia ejercida por adolescentes.
Mar 31, 2025 | Actualidad Prime
El Tribunal Supremo ha estimado parcialmente el recurso de casación interpuesto por un socio minoritario de una sociedad dedicada a la explotación de apartamentos turísticos en Salou. En esta sentencia, se declara la responsabilidad de los administradores por el incumplimiento del deber de lealtad. Dicho incumplimiento se produjo al haber contratado servicios con sociedades vinculadas sin autorización de la Junta General. Además, estos contratos se realizaron en situación de conflicto de intereses.
Relación entre el administrador y las sociedades contratadas | Deber de lealtad
Durante los años analizados, el administrador único de la sociedad mantenía vínculos significativos con varias empresas del mismo sector: Rodor, Makati, Brisasol e Iberbrisa. Estas sociedades prestaban servicios de gestión hotelera a la sociedad administrada, sin que el administrador informara a la Junta General ni solicitara su aprobación, a pesar del claro conflicto de intereses.
La sociedad principal contaba, además, con un contrato con un operador turístico que garantizaba la ocupación de los apartamentos. Lo que, según el socio demandante, hacía innecesaria la contratación de servicios externos.
Caída de facturación y desvío de clientela
A raíz de la finalización del contrato con el operador turístico, la sociedad sufrió una drástica caída en su volumen de negocio. Mientras que las sociedades vinculadas al administrador mantuvieron o incrementaron su facturación. El socio minoritario sostuvo que esta circunstancia se debía a un desvío intencional de clientela en beneficio de las sociedades del administrador.
Sentencias anteriores y recurso ante el Supremo
Desestimación en instancias previas
Tanto en primera instancia como en apelación, la demanda fue desestimada al no considerarse probado ni el desvío de clientes ni la duplicidad injustificada en los servicios contratados. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha corregido este criterio al estimar parcialmente el recurso del socio minoritario.
Incumplimiento del deber de lealtad y condena al administrador
El Alto Tribunal concluye que el administrador principal incurrió en un incumplimiento grave de su deber de lealtad. En particular, considera injustificados los pagos realizados a Rodor Apartamentos entre 2005 y 2007, coincidiendo con el periodo en que la ocupación de los apartamentos estaba garantizada contractualmente por un tercero. Además, estima que actuó en interés propio al provocar litigios relacionados con ampliaciones de capital posteriormente anuladas judicialmente.
Por todo ello, el Supremo condena al administrador al pago de las siguientes cantidades en concepto de indemnización a la sociedad:
- 204 euros por gastos de gestión hotelera innecesarios abonados a Rodor.
- 563,91 euros por costes judiciales generados por su actuación en interés personal.
- 031.511 euros por lucro cesante debido a la caída injustificada de la facturación entre 2008 y 2010, importe a repartir con su sucesor en la administración.
Conclusión
Deber de lealtad y conflicto de intereses en el punto de mira
La sentencia refuerza la exigencia de transparencia y lealtad de los administradores sociales, especialmente cuando contratan con sociedades vinculadas. El Tribunal Supremo deja claro que la falta de información a la Junta General y la actuación en beneficio propio constituyen una infracción grave del deber legal de lealtad, con consecuencias económicas significativas para el administrador responsable.
Mar 31, 2025 | Actualidad Prime
El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente un conflicto de competencias promovido por la Generalitat de Cataluña. La sentencia, dictada por unanimidad y con ponencia de la magistrada Concepción Espejel Jorquera, analiza la constitucionalidad de varios artículos del Real Decreto 659/2023, de 18 de julio. Este regula la ordenación del nuevo sistema de Formación Profesional.
Competencias educativas en disputa
La Generalitat alegó que ciertos preceptos del Real Decreto invadían sus competencias en materia de educación. Según su recurso, el reglamento estatal carecía de habilitación legal suficiente y regulaba aspectos con un nivel de detalle que limitaba la capacidad normativa autonómica.
El Tribunal, al delimitar el objeto del conflicto, precisó que solo se analizaban los artículos relativos a la formación profesional integrada en el sistema educativo. A partir de ahí, aplicó su doctrina sobre el reparto competencial en materia educativa: al Estado le corresponde fijar las bases y a las comunidades autónomas, el desarrollo y ejecución de esas bases.
Preceptos válidos y disposiciones anuladas | Formación Profesional
El Tribunal considera ajustados a derecho la mayoría de los artículos impugnados, como los que regulan:
- La docencia virtual,
- La estructura de enseñanzas,
- Y los criterios de admisión.
No obstante, declara inconstitucionales —por vulnerar la autonomía normativa— los artículos relativos al:
- Consejo social de los centros,
- Y algunas figuras de coordinación docente.
Centros de referencia nacional: intervención estatal válida
Respecto a los centros de referencia nacional, el Tribunal avala la participación estatal. Esta se justifica por razones de planificación económica y financiación compartida, en coordinación con las comunidades autónomas.
Fallo del Tribunal Constitucional
El Tribunal estima parcialmente el conflicto positivo de competencias. Declara inconstitucionales ciertos artículos en cuanto aplican a la formación profesional integrada en el sistema educativo, pero valida el resto. Con ello, reafirma que el Estado puede establecer las bases del sistema, pero sin anular la capacidad de desarrollo normativo autonómico.
Mar 31, 2025 | Actualidad Prime
Sentencia del Juzgado Penal 12 de Sevilla en materia de resistencia a la autoridad y lesiones.
El Juzgado de lo Penal número 12 de Sevilla ha condenado a una actriz al pago de una multa de 5.700 euros por delitos de resistencia a la autoridad y lesiones, derivados de un incidente con la Policía Local en octubre de 2022. La resolución absuelve a la acusada del delito de desobediencia y a otros dos investigados de los cargos de atentado, resistencia y desobediencia.
Detalles de la condena y la indemnización
La magistrada impuso una multa de 4.800 euros por el delito de resistencia y 900 euros por un delito leve de lesiones, aplicando la atenuante de reparación del daño. Además, la actriz deberá indemnizar con 100 euros a la agente afectada.
El incidente: Identificación y agresión
Los hechos ocurrieron la madrugada del 1 de octubre de 2022, cuando la acusada y dos acompañantes caminaban por una avenida. La Policía Local realizó un control sobre un ciclista del grupo, lo que desencadenó el altercado.
La actriz se identificó ante los agentes, pero se le informó de que sería trasladada a comisaría para su plena identificación. Subió voluntariamente al vehículo policial, pero posteriormente abandonó el coche con ayuda de una persona no identificada.
Cuando los agentes intentaron sujetarla, la acusada propinó un puñetazo en la mejilla derecha de una policía, cayó al suelo y le dio una patada mientras la insultaba. Finalmente, fue reducida contra una valla con ayuda de otros agentes.
Motivación de la sentencia
La jueza fundamenta la condena en la declaración de los policías locales, cuyas versiones consideró detalladas, coherentes y coincidentes. Por el contrario, rechazó la versión de la acusada, que alegó que la derribaron y esposaron en el suelo, ya que las imágenes visionadas no respaldaron su testimonio.
En cuanto al delito de resistencia, el artículo 556.1 del Código Penal establece una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses. La magistrada optó por la multa debido a la falta de antecedentes penales de la acusada y a las circunstancias del caso.
Respecto al delito leve de lesiones, impuso una sanción económica, aplicando la misma valoración utilizada para el delito de resistencia.
Absolución de otros acusados
Los otros dos acusados quedan absueltos. Uno de ellos había sido procesado por impedir el avance del vehículo policial, pero la jueza concluyó que su conducta no cumplía los requisitos del tipo penal de desobediencia. No obstante, podría sancionarse por la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana.
Fuente. CGPJ.
Mar 31, 2025 | Actualidad Prime
El TSJPV rechaza el criterio del INSS sobre los anejos de vivienda en el ingreso mínimo vital.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha confirmado la sentencia del Juzgado de lo Social número 9 de Bilbao, que revocó la resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social que obligaba a una beneficiaria del Ingreso Mínimo Vital a devolver la prestación. La razón de dicha revocación radica en que el INSS consideró el garaje y el trastero de la beneficiaria como patrimonio adicional a su vivienda habitual, lo que hizo que superara el umbral patrimonial permitido.
El TSJPV desestima este criterio del INSS y sostiene que los anejos de la vivienda habitual, como garajes y trasteros, deben considerarse parte de la misma y no computarse como patrimonio diferenciado.
Fundamentos de la resolución
La controversia surgió cuando el INSS, en 2022, exigió la devolución de 3.289,51 euros, correspondientes a la prestación percibida entre mayo y noviembre de 2021. La justificación fue que la beneficiaria había superado el límite patrimonial permitido al incluir en el cálculo un garaje y un trastero de su propiedad.
El Juzgado de lo Social número 9 de Bilbao falló a favor de la demandante, argumentando que los anejos están vinculados inseparablemente a la vivienda. Por tanto, no deben considerarse activos independientes para calcular el patrimonio del solicitante del IMV.
Ante este pronunciamiento, el INSS recurrió ante el TSJPV alegando que la norma que regula el IMV no define con precisión el concepto de «vivienda habitual» y que, en su interpretación, solo debería incluirse la finca urbana principal, sin anejos.
El tribunal vasco rechazó esta interpretación, señalando que la Ley de Propiedad Horizontal refuerza la idea de que los anejos forman parte de la vivienda. Además, el propio texto legal del IMV no distingue entre la vivienda y sus anexos.
El criterio del TSJPV
El TSJPV destaca que la finalidad del IMV es atender situaciones de vulnerabilidad económica. La interpretación del INSS contravendría este objetivo al penalizar a quien, a pesar de contar con garaje y trastero, no tienen más recursos. En este sentido, el tribunal se apoya en los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 19/2021, que regulan el IMV, señalando que la norma excluye la vivienda habitual del cálculo del patrimonio sin especificar distinciones.
En su resolución, el TSJPV enfatiza que «la norma no hace distinción alguna» entre vivienda y anejos, por lo que tampoco debe hacerlo la interpretación. Además, insiste en que la aplicación del IMV debe ajustarse a la realidad social y al contexto legislativo, evitando criterios restrictivos que desnaturalicen el propósito.
Fuente: CGPJ.
