Nov 14, 2024 | Actualidad Prime
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Soria ha acordado la suspensión del permiso municipal otorgado para la celebración del tradicional espectáculo taurino «Toro Júbilo» en Medinaceli. El evento estaba programado para el próximo sábado 16 de noviembre de 2024. La decisión responde a la solicitud presentada por el partido político Partido Animalista con el Medio Ambiente (PACMA). Este partido interpuso un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo del Ayuntamiento de Medinaceli y la autorización de la delegación territorial de la Junta de Castilla y León.
Petición de suspensión de la celebración
PACMA argumentó que la celebración del Toro Júbilo vulnera normativas de protección animal vigentes tanto a nivel europeo como nacional. Además, señalaron que el evento carece de una base legal adecuada conforme al Reglamento de Espectáculos Taurinos Populares de la Comunidad de Castilla y León. También destacaron que el Decreto-Ley 2/2016 prohíbe la muerte de reses de lidia en espectáculos taurinos. La organización también destacó la falta de publicación oficial de los actos administrativos que autorizan el evento. Además, señaló la inminencia de su realización, lo que justifica la adopción de una medida cautelar urgente para prevenir posibles daños irreparables a los animales involucrados.
Justificación de la medida cautelar
El juez, tras revisar los antecedentes y la documentación presentada, consideró que existían circunstancias de «especial urgencia» que justificaban la suspensión inmediata del acto administrativo. La proximidad de la fecha del evento, con solo cuatro días restantes, impide la tramitación ordinaria de la medida cautelar. Esto hace necesaria una actuación rápida para salvaguardar el bienestar animal y evitar la ejecución del espectáculo en condiciones que podrían considerarse de maltrato.
Suspensión de la celebración del Toro Júbilo de Medinaceli
En su resolución, el Juzgado enfatizó que la tutela cautelar se fundamenta en el principio de tutela judicial efectiva. De este modo, se garantiza la protección de derechos fundamentales mientras se resuelve el fondo del litigio. Además, el magistrado ponderó que el interés público en la preservación de la integridad física y bienestar de los animales prevalece sobre la celebración de tradiciones taurinas que puedan contravenir la normativa actual de protección animal.
La medida cautelar permanecerá vigente hasta que se emita una sentencia definitiva en el proceso judicial principal.
Nov 14, 2024 | Actualidad Prime
Consulta a la DGT V1836-24. Tratamiento fiscal de las indemnizaciones por defectos de construcción de la vivienda.
La Dirección General de Tributos ha resuelto una consulta vinculante en materia de indemnizaciones recibidas a raíz de defectos de construcción de vivienda. Según el caso, la sentencia otorgó a un contribuyente una indemnización por defectos constructivos en su vivienda. Esto plantea la cuestión de cómo debe tributar dicha compensación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas . La clave para entender el tratamiento fiscal de esta indemnización reside en determinar si debe considerarse una ganancia o pérdida patrimonial.
Ley del IRPF: ¿Ganancia o simple compensación?
La Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF, establece en su artículo 33.1 que cualquier variación en el patrimonio que implique una alteración debe computarse como ganancia o pérdida patrimonial, a menos que se clasifique como rendimiento. En este caso, el importe recibido como indemnización por daños en la vivienda podría modificar el patrimonio del contribuyente. Sin embargo, el artículo 37.1.g) de la misma ley aclara que, si la indemnización se destina exclusivamente a cubrir el coste de reparación, no habrá ganancia imponible en el IRPF, siempre que el importe recibido no exceda dicho coste.
La Dirección General de Tributos ha emitido consultas vinculantes sobre esta cuestión (como las consultas V1869-11 y V1171-14), en las que establece que solo existirá ganancia patrimonial si la indemnización supera el coste necesario para restablecer la vivienda a su estado original. En estos casos, la compensación por defectos de construcción no generará una ganancia imponible si se emplea únicamente en cubrir el daño. Sin embargo, cualquier exceso de la indemnización que no se destine a la reparación deberá computarse como ganancia patrimonial y tributar en el IRPF.
Plazo para realizar las reparaciones y ajuste de la autoliquidación
Otro aspecto importante es el tiempo disponible para destinar la indemnización a las reparaciones. Aunque la normativa no establece un plazo específico, se recomienda hacer uso del importe recibido en el mismo ejercicio fiscal para evitar discrepancias entre el ejercicio de percepción y el de reparación. En casos donde las obras se prolonguen más allá del año, el contribuyente puede presentar una autoliquidación rectificativa, según el artículo 67 bis del Reglamento del IRPF, para ajustar la declaración y evitar una tributación indebida.
En conclusión, el IRPF no considera ganancia patrimonial una indemnización por defectos constructivos siempre que se destine a la reparación. Cualquier cantidad no empleada en este fin deberá declararse como ganancia, asegurando un tratamiento fiscal justo y acorde con el verdadero incremento patrimonial del contribuyente.
Fuente: DGT.
Nov 14, 2024 | Actualidad Prime
El banco no implementó las medidas de seguridad requeridas para evitar la ciberestafa a la clienta.
El Juzgado de Primera Instancia número 7 de Las Palmas de Gran Canaria ha emitido una sentencia condenatoria contra una entidad bancaria por no evitar una ciberestafa que afectó a una clienta, obligando al banco a devolverle la suma de 4.902 euros más los intereses legales correspondientes. El fallo también impone al banco las costas del proceso, subrayando su responsabilidad patrimonial en el contexto de un entorno digital cada vez más vulnerable a ataques cibernéticos.
El argumento del banco y la resolución judicial
La entidad bancaria rechazaba la responsabilidad en este incidente, alegando que la clienta era la única culpable al caer en la estafa. Sin embargo, el juez argumenta que, en un contexto de ciberseguridad y pagos electrónicos, el banco debe implementar medidas de protección adecuadas más allá de simples advertencias informativas. En su sentencia, el magistrado señala que la entidad, al prestar servicios en un entorno altamente tecnológico y susceptible a fraudes, tiene la obligación de reforzar sus medidas de seguridad para proteger a sus clientes frente a ataques de phishing.
Detalles de la ciberestafa. Simulación de web bancaria
La estafa ocurrió en el verano de 2023. Según los hechos, la clienta recibió un SMS desde el mismo canal utilizado habitualmente por el banco, alertándola sobre un supuesto riesgo de seguridad. Este mensaje incluía un enlace que dirigía a una página web que replicaba con exactitud la imagen y funciones del portal oficial del banco. Tras introducir sus datos de acceso en la página fraudulenta sin éxito, la clienta fue contactada telefónicamente por una persona que, simulando ser un empleado del banco, le advirtió de un «riesgo grave de seguridad» y la instruyó para transferir sus fondos a una nueva cuenta.
Bajo la dirección de estos estafadores, la clienta realizó dos transferencias, una de 1.152 euros y otra de 3.750 euros, perdiendo acceso a esos fondos. La situación derivó en una denuncia ante el Cuerpo Nacional de Policía.
La responsabilidad del banco en la protección de sus clientes
El juez rechaza que la clienta deba asumir la culpa, no se puede esperar que desplegara una «actitud sospechosa» sobre un mensaje del canal oficial. Además, señala que la estafa empleó técnicas de ingeniería social y tecnología avanzada que vulneraron la confianza de la clienta en su entidad financiera, siendo responsabilidad del banco implementar sistemas de defensa adecuados.
Posibilidad de recurso
Finalmente, el fallo es recurrible ante la Audiencia Provincial de Las Palmas.
Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº7 de Las Palmas, de 16 de octubre de 2024.
Nov 14, 2024 | Actualidad Prime
El Tribunal General de la Unión Europea ha desestimado el recurso presentado por la Administration of the State Border Guard Service of Ukraine (recurrente) contra la resolución de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). La disputa se centró en la solicitud de registro de una marca de la UE presentada el 16 de marzo de 2022, que abarcaba diversas clases de productos y servicios, incluyendo tecnología, joyería, prendas de vestir y entretenimiento. La EUIPO rechazó la solicitud al entender que carecía de caracter distintivo de marca.
La marca carecía de carácter distintivo
La EUIPO denegó la solicitud el 22 de diciembre de 2022, fundamentando su decisión en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001, al considerar que la marca carecía de carácter distintivo. La Oficina argumentó que el signo solicitado se percibía principalmente como un eslogan político asociado a la lucha de Ucrania contra la agresión rusa, en lugar de una indicación del origen comercial de los productos y servicios.
La recurrente apeló la decisión. Se alegó que la marca poseía distintividad intrínseca debido a su origen único y su asociación directa con la defensa de Ucrania. Sostuvieron que el público pertinente entendería la marca como un símbolo identificador de los productos y servicios provenientes de su entidad. Asimismo, declararon que la rápida difusión mediática del eslogan no había erosionado su distintividad.
Confirmación de la postura de la EUIPO
Sin embargo, el Tribunal General desestimó estos argumentos, confirmando la postura de la EUIPO. El tribunal destacó que, según la jurisprudencia establecida, la distintividad de una marca debe evaluarse en relación con los productos o servicios específicos y la percepción del público pertinente. En este caso, se determinó que la marca solicitada se interpretaba predominantemente como un mensaje político y no como una indicación clara del origen comercial. Lo que impedía cumplir con la función esencial de una marca de identificar y distinguir productos y servicios en el mercado.
Además, el tribunal señaló que la Sala de Recurso de la EUIPO había aplicado correctamente los criterios legales. También consideró adecuadamente la percepción del público y la naturaleza simbólica del eslogan. La argumentación sobre la asociación exclusiva de la marca con la entidad ucraniana no fue suficiente para superar la falta de distintividad percibida.
Confirmación de la postura de la EUIPO | La marca carecía de carácter distintivo
Finalmente, el Tribunal General concluyó que la denegación de la EUIPO estaba debidamente fundamentada y no vulneraba los principios de igualdad de trato ni de buena administración. Como resultado, la solicitud fue desestimada, y ambas partes deberán asumir sus propios costes procesales.
Nov 13, 2024 | Actualidad Prime
Suspensión de parques eólicos por riesgo de daño ambiental irreparable
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha acordado la suspensión cautelar de los parques eólicos Penas Boas, Orballeira y Fial das Corzas. El motivo, el riesgo de que su construcción cause daños irreparables al medio ambiente.
Hasta la fecha, el TSXG ha dictado 151 autos relacionados con solicitudes de suspensión de autorizaciones administrativas y de construcción de parques eólicos en Galicia. De ellas, 62 han resultado en suspensiones.
Criterios para la medida cautelar: el “periculum in mora”
El TSXG basa su decisión en el criterio de periculum in mora, al señalar que la medida cautelar busca prevenir daños irreparables y asegurar que una eventual sentencia sea efectiva. En los autos, los magistrados advierten que el avance de los proyectos afectaría valores ambientales de alta sensibilidad. De esta manera, el tribunal alinea su criterio con la doctrina del Tribunal Supremo, que otorga prioridad a la protección ambiental sobre otros intereses, cuando existen indicios de daños irreparables.
Caso Penas Boas: impacto ambiental irreversible
En el auto correspondiente al parque eólico Penas Boas, ubicado en Aranga, Oza-Cesuras y Coirós (A Coruña), la Sala cita un informe pericial que sugiere un impacto irreversible sobre ciertos valores ambientales. De esta manera, alude al riesgo de “dejar en papel mojado” una futura sentencia en caso de que el parque sea construido. Además, el TSXG invoca el artículo 45 de la Constitución Española, que protege el derecho al medio ambiente. De este modo, justifica la suspensión cautelar para evitar daños de difícil o imposible reparación.
Precedentes y fundamentos jurídicos en el caso Orballeira
En el caso del parque eólico Orballeira, en A Rúa, Vilamartín de Valdeorras (Ourense) y Quiroga (Lugo), el TSXG reitera la posibilidad de daños medioambientales y recurre a sentencias del Tribunal Supremo que suspendieron parques eólicos en Castilla y León en 2011. Estas decisiones establecieron que, ante riesgo de daño medioambiental, el interés público ambiental prevalece sobre el suministro energético. Asimismo, el TSXG remite a directivas comunitarias, como las Directivas 79/409/CEE y 92/43/CEE, que promueven la preservación de espacios naturales sensibles ante proyectos de infraestructura que puedan impactar negativamente el medio ambiente.
Caso Fial das Corzas: proximidad a áreas residenciales
Para el parque eólico Fial das Corzas, situado en Laza y Vilar de Barrio (Ourense), el tribunal argumenta que ciertas infraestructuras del proyecto afectan áreas ambientalmente sensibles, de acuerdo con la clasificación del Ministerio para la Transición Ecológica. Adicionalmente, el TSXG identifica que dos aerogeneradores estarían ubicados demasiado cerca de viviendas, sin cumplir con la distancia de seguridad recomendada. Poe ello, considera que agrava el riesgo de impactos adversos para las comunidades locales.
Recurso y continuidad del proceso
Finalmente, los autos emitidos por el TSXG no son definitivos y están sujetos a recurso, lo que permite a las partes afectadas presentar alegaciones adicionales. Sin embargo, la decisión refuerza la tendencia de los tribunales a priorizar la protección ambiental en proyectos de energías renovables.
Fuente: CGPJ.
Nov 13, 2024 | Actualidad Prime
La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a un guardia civil acusado de homicidio por imprudencia dolosa tras abatir a un hombre de 29 años con esquizofrenia paranoide en Manzanares El Real en 2020. La sentencia concluye que el agente actuó en legítima defensa cuando la víctima, en un estado de descompensación, se abalanzó sobre él portando dos navajas.
Amenazas e intentos fallidos de persuadir a la víctima
Según la resolución judicial, la víctima realizaba amenazas verbales y con armas blancas. Esto llevó a la intervención de doce agentes de la Guardia Civil en un operativo destinado a controlar la situación. Tras intentos fallidos de persuadir al hombre para que desistiera de su comportamiento, éste rompió el cerco policial y comenzó a huir, siendo perseguido por el guardia civil acusado y otros agentes. Durante la persecución, dos agentes realizaron disparos disuasorios al aire, incrementando la agitación del individuo.
Legitima defensa ante el ataque del fallecido
En un momento dado, la víctima se giró bruscamente y atacó al guardia civil con las navajas. En respuesta, el agente disparó dos veces desde una distancia aproximada de metro y medio, alcanzando superficialmente la cadera y la pierna izquierda del hombre. Una de las balas causó una rotura de la arteria poliptea, lo que resultó en su fallecimiento por shock hipovolémico.
Calificación de los hechos como delito leve de homicidio por imprudencia menos grave
El Ministerio Público calificó los hechos como un delito leve de homicidio por imprudencia menos grave, solicitando una multa y una indemnización para la familia. Por su parte, la familia del fallecido solicitó una responsabilidad civil mayor y consideró que se trataba de un delito doloso. Por lo que demandaron cinco años de prisión.
Los magistrados desestimaron los testimonios de dos testigos que afirmaron que el guardia civil disparó por la espalda a la víctima, considerándolos contradictorios y afectados por la tensión del momento. La decisión se basó en los informes forenses y balísticos que respaldaron la versión del guardia civil. Estos informes indicaban una mayor probabilidad de que los disparos fueran frontales y no desde una posición trasera.
Decisión de la Audiencia Provincial | Concurría una eximente completa de legítima defensa
El tribunal concluyó que concurría una eximente completa de legítima defensa, dado que el agente actuó para proteger su integridad física frente a una agresión ilegítima y proporcional. Además, se valoraron las normativas internacionales y nacionales que regulan el uso de la fuerza por parte de los agentes de seguridad, destacando que el uso del arma de fuego estaba justificado bajo las circunstancias presentadas.
La sentencia permite a las partes interponer un recurso de apelación ante la Sala de Lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
