Ene 7, 2025 | Actualidad Prime
Condenado un preso a tres años de prisión por introducir droga en un centro penitenciario tras volver de disfrutar de un permiso penitenciario.
La Audiencia Provincial de Cuenca ha condenado a tres años de prisión a un interno que, el 28 de junio de 2019, introdujo 0,75 gramos de cocaína con un 95,25% de pureza en el centro penitenciario donde se encontraba cumpliendo condena. La droga fue hallada oculta en un preservativo que el acusado depositó en una cisterna de su celda, según consta en la sentencia.
Motivos de la condena por introducir droga en el centro
El tribunal considera que los hechos constituyen un delito contra la salud pública, tal como prevé el artículo 368 del Código Penal, con la concurrencia de los artículos 374 y 127, por tratarse de una sustancia que causa grave daño a la salud. Aun siendo una cantidad pequeña, su alta pureza y el hecho de introducirla en la prisión para transmitirla a terceros consumidores incrementan la gravedad del delito.
Acuerdo de conformidad
Antes de iniciarse la práctica de pruebas, la defensa y la Fiscalía llegaron a un acuerdo de conformidad. El acusado aceptó la pena propuesta, que consistía en tres años de prisión y una multa de 120 euros. Además, se le impuso la inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Por otra parte, el tribunal decretó también la destrucción de la sustancia intervenida.
Suspensión de la ejecución de la pena
La defensa solicitó un plazo de un mes para presentar la petición de suspensión de la condena privativa de libertad, amparándose en el artículo 80.5 del Código Penal. El Ministerio Fiscal no se opuso a esta petición. Por lo tanto, el acusado cuenta con ese plazo para presentar la documentación que respalde su solicitud.
La resolución se dictó en el acto de la vista oral y las partes manifestaron que no presentarían recurso alguno. De este modo, la sentencia ha adquirido firmeza. Sin embargo, queda pendiente la posible suspensión de la ejecución de la pena, que depende de que el acusado cumpla con los requisitos exigidos por la ley.
Ene 7, 2025 | Actualidad Prime
Modificación del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, sobre impago de salarios.
A partir del 3 de marzo de 2025, entrará en vigor la reforma del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, que precisa los criterios para que el retraso en el pago de salarios o impago justifique la extinción del contrato laboral con derecho a indemnización por despido improcedente. Esta modificación forma parte de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, cuyo objetivo es optimizar la eficiencia del Servicio Público de Justicia.
Plazos que constituyen un retraso relevante
El nuevo texto del artículo 50 del ET define dos escenarios en los que un trabajador puede extinguir su contrato por voluntad propia debido a impagos salariales:
- Deuda de tres mensualidades en un año, aunque no sean consecutivas.
- Retrasos en el pago durante seis meses, también no consecutivos.
Ambos supuestos deben implicar un incumplimiento persistente del empleador y superar los quince días desde la fecha pactada para el abono del salario.
Justificación de los cambios
Hasta ahora, la jurisprudencia del Tribunal Supremo había establecido criterios para determinar la gravedad del incumplimiento empresarial en casos de impagos salariales. Entre las resoluciones más relevantes, destacan las sentencias que exigen continuidad y cuantía significativa en los retrasos (STS 10/06/2009, STS 16/07/2013, entre otras). Sin embargo, la falta de claridad en el artículo 50 generaba incertidumbre para trabajadores y empleadores, obligando a recurrir frecuentemente a los tribunales.
La reforma del ET busca proporcionar una mayor seguridad jurídica al concretar estos plazos, alineándose con las doctrinas ya consolidadas. Además, deja abierta la posibilidad de que los jueces evalúen otros incumplimientos graves que, aun no encajando en los nuevos criterios, puedan justificar la extinción del contrato.
El nuevo marco normativo pretende prevenir abusos por parte de los empleadores al garantizar que los retrasos en el pago no sean tratados como faltas menores. Por otro lado, fortalece la posición de los trabajadores al establecer reglas objetivas y de fácil aplicación.
Los trabajadores y empleadores deben familiarizarse con estos cambios para ajustar sus prácticas laborales a partir de marzo de 2025, momento en el que entrará en vigor la modificación en materia de impago de salarios.
Fuente: BOE.
Ene 7, 2025 | Actualidad Prime
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha ratificado la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Salamanca contra una mujer que, en diciembre de 2022, realizó una agresión con un vaso de cristal a otra en los baños de una discoteca. Como consecuencia de dicha agresión, la condenada deberá cumplir tres años de prisión. Y afrontar el pago de 9.364,72 euros en concepto de indemnización por los daños estéticos causados en el rostro de la víctima.
Hechos probados | Agresión con un vaso de cristal
Los hechos probados sucedieron alrededor de las cuatro de la madrugada, cuando la denunciante, tras llamar a la puerta del baño al advertir que la acusada estaba demorándose, recibió un golpe deliberado con un vaso de cristal. Las heridas ocasionadas requirieron intervención quirúrgica y sutura. Además de ocasionar lesiones oftalmológicas y tres cicatrices visibles de aproximadamente cinco centímetros en el lado izquierdo de la cara.
El fallo judicial establece, además, una orden de alejamiento que impide a la agresora aproximarse a menos de 250 metros de la víctima o comunicarse con ella por ningún medio durante cinco años. Asimismo, se confirma la imposición de las costas procesales a la penada.
Coherencia y persistencia del testimonio
El tribunal destaca la coherencia y persistencia del testimonio de la víctima desde la fase policial hasta el juicio oral. No se hallan motivos para cuestionar su credibilidad. Frente a la versión de la acusada, que planteaba la posibilidad de un forcejeo que provocara la proyección accidental del vaso. Los magistrados consideran tal alegación inverosímil, acogiendo la narración de los hechos sostenida por la perjudicada.
Aunque la resolución no es aún firme, pues cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo. La decisión de la Sala confirma la calificación jurídica de la conducta de la procesada como un delito de lesiones con medios peligrosos que generó una deformidad en la víctima.
Ene 7, 2025 | Actualidad Prime
Resolución del TEAC: Las obras de arte no son fiscalmente amortizables.
El Tribunal Económico-Administrativo Central, mediante resolución del 21 de octubre de 2024, reafirmó que las obras de arte no pueden ser objeto de amortización a efectos fiscales en virtud del artículo 11.1 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Este artículo establece que los elementos del inmovilizado deben sufrir una depreciación efectiva por uso, tiempo o causas tecnológicas para ser considerados amortizables, criterio que no cumplen las obras de arte.
Contexto y alegaciones del contribuyente
La sociedad, dedicada a la promoción inmobiliaria, presentó en sus declaraciones del Impuesto sobre Sociedades de 2014 y 2015 la deducción de cuotas de amortización por dos obras de arte valoradas en 47.634,20 euros y 45.000 euros, respectivamente. Las cuotas deducidas ascendieron a:
- Obra 1: 4.763,42 euros en 2014 y 2.381,71 euros en 2015.
- Obra 2: 4.500 euros en cada ejercicio.
La empresa justificó estas deducciones alegando que las obras estaban contabilizadas como mobiliario. Además, destacó que su actividad principal no es la colección de arte, sino el desarrollo inmobiliario, por lo que entendía que la amortización era procedente.
Fundamentación jurídica: naturaleza del bien y normativa aplicable
El TEAC concluyó que las obras de arte no son bienes susceptibles de sufrir depreciación por causas económicas. La normativa aplicable, especialmente el artículo 11.1 de la LIS, exige que los bienes amortizables reflejen una pérdida de valor tangible y justificada derivada del uso, funcionamiento o el mero transcurso del tiempo.
El Tribunal también invocó resoluciones previas como las identificadas con números de recurso RG 6247/2008 y 2351/2009, en las que se establece que las obras de arte, debido a su naturaleza especial, no sufren una depreciación intrínseca en términos fiscales. En consecuencia, la deducibilidad de las cuotas de amortización no puede ampararse en la mera clasificación contable del bien como mobiliario.
Consideraciones sobre la actuación del contribuyente
El contribuyente no aportó pruebas que demostraran una depreciación efectiva de las obras de arte como bienes del inmovilizado. Además, el TEAC destacó que la clasificación contable de estos elementos como mobiliario no constituye una base suficiente para justificar su amortización fiscal. La AEAT, al detectar estas irregularidades, realizó los ajustes necesarios, los cuales fueron confirmados por el Tribunal.
Fuente: TEAC.
Ene 3, 2025 | Actualidad Prime
El TSJ de Madrid ha acordado el cese del trabajador, que presentó baja durante el periodo de prueba. [TOL10.303.533]
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ratificado la validez del despido de un carpintero en periodo de prueba, a pesar de encontrarse en situación de baja médica tras un accidente laboral. La sentencia 1025/2024 aclara que el cese no incurrió en discriminación por salud, conforme a lo establecido en la normativa laboral y constitucional española.
Detalles del caso
El trabajador, contratado bajo un contrato temporal con un periodo de prueba de un mes, desempeñaba funciones de oficial de primera en una empresa de carpintería. A los pocos días de iniciar sus labores, se notificó su falta de idoneidad para el puesto debido a errores en la ejecución de tareas básicas, según testimonio de sus compañeros. Este hecho llevó a la empresa a ordenar la preparación de la baja contractual antes de que ocurriera el accidente.
El accidente laboral se produjo en su cuarto día de trabajo, tras caer de una escalera. El trabajador fue diagnosticado con lesiones leves y recibió una baja médica de corta duración. Posteriormente, se le notificó el cese por no superar el periodo de prueba.
Análisis del TSJ
El tribunal destaca que el periodo de prueba, regulado en el artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores, permite al empleador extinguir la relación laboral sin necesidad de justificar la decisión, siempre que no vulnere derechos fundamentales. No obstante, si existe un indicio de discriminación, corresponde al empleador demostrar que el cese obedeció a razones objetivas y no discriminatorias.
En este caso, la proximidad entre el accidente laboral y la comunicación del despido podría generar sospechas de vulneración del derecho a la igualdad. Sin embargo, el TSJ concluyó que la empresa desvirtuó dicho indicio al acreditar que la decisión fue tomada y comunicada a su gestoría antes del accidente. Además, se probó la falta de aptitud del trabajador para desempeñar las funciones asignadas.
Derechos fundamentales y límites empresariales
El fallo recalca que, aunque las decisiones empresariales durante el periodo de prueba no requieren motivación, deben respetar los derechos fundamentales de los empleados. La nulidad del despido procede solo cuando el trabajador demuestra indicios razonables de discriminación. En este caso, la sentencia valida la actuación empresarial como ajustada a derecho.
Ene 3, 2025 | Actualidad Prime
Objetivos de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. [TOL10.322.156]
El 3 de enero de 2025, se ha publicado en el BOE la Ley Orgánica 1/2025, cuyo objetivo principal es modernizar y racionalizar el sistema de Justicia en España, adaptándolo a las necesidades actuales. Entre los propósitos destacados, la norma busca:
- Optimizar la organización judicial. Se crea un modelo colegiado mediante los Tribunales de Instancia, sustituyendo el tradicional esquema de juzgados unipersonales.
- Fomentar la digitalización. Impulsar herramientas electrónicas para facilitar el acceso y la gestión de los procedimientos.
- Descentralizar la justicia. Implementar Oficinas de Justicia en municipios para acercar los servicios a la ciudadanía.
- Mejorar la eficiencia operativa. Introducir reformas en diversas leyes procesales para agilizar los trámites y reducir la carga judicial.
Principales cambios introducidos
- Transformación estructural del sistema judicial:
- Se crean los Tribunales de Instancia, órganos colegiados que reemplazan a los juzgados unipersonales. Este cambio se fundamenta en los artículos 117 y 122 de la Constitución, garantizando la independencia y colegiación del sistema judicial.
- Se organizan nuevas secciones especializadas, como violencia contra la infancia, familia, y menores.
- Oficinas de Justicia en municipios:
- Sustituyen a los antiguos Juzgados de Paz, ampliando su catálogo de servicios. Estas oficinas permitirán la realización de trámites judiciales básicos sin desplazamientos a las capitales provinciales.
- Incorporación de medios tecnológicos para facilitar procesos como la comunicación procesal y la consulta de expedientes.
- Digitalización:
- Se implementa el expediente judicial electrónico, promoviendo la tramitación digital de casos.
- Herramientas de comunicación telemática entre órganos judiciales y profesionales para agilizar procesos y mejorar la transparencia.
- Reformas procesales:
- Modificaciones en leyes clave, como la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para reducir los tiempos de resolución.
- Introducción de mecanismos alternativos de resolución de conflictos (mediación y conciliación), especialmente en el ámbito civil y mercantil.
- Atención a colectivos vulnerables:
- Incorporación de medidas específicas para garantizar la protección de la infancia y la adolescencia, conforme a la Ley Orgánica 8/2021.
- Creación de secciones especializadas en violencia de género y contra menores.
Impacto de la nueva norma
La Ley Orgánica 1/2025 representa una intención de modernizar la Justicia y adaptarla a las transformaciones sociales y tecnológicas. La introducción de los Tribunales de Instancia y la digitalización del sistema judicial pretenden garantizar mayor agilidad y accesibilidad, así como reducir las desigualdades territoriales en el acceso a los servicios judiciales.
En el ámbito técnico, esta ley aborda de manera integral las disfunciones estructurales del sistema. Así, pretende asegurar que los recursos materiales y humanos se utilicen de manera eficiente y sostenible. Además, entre sus objetivos está el establecimiento de una relación más directa y menos burocrática entre la ciudadanía y el sistema judicial.
Finalmente, la norma entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín oficial del Estado.
Fuente: BOE.
