May 20, 2024 | Actualidad Prime
El Tribunal Supremo ha dictaminado que es legal la cláusula que prohíbe la prórroga en los contratos de alquiler de forma automática. Este caso surgió a partir de un contrato de arrendamiento rústico firmado en enero de 2015, donde se establecía una duración de cinco años, hasta diciembre de 2019, sin posibilidad de prórroga. Ambas partes aceptaron y firmaron esta condición. Sin embargo, al llegar la fecha de vencimiento, el inquilino se negó a desalojar la propiedad, lo que llevó al propietario a presentar una demanda de desahucio.
Legalidad de la cláusula que prohíbe la prórroga en los contratos de alquiler rústico
El Juzgado de Primera Instancia nº1 de Daimiel falló a favor del propietario. El Juzgado determinó que el contrato estaba basado en el principio de autonomía de la voluntad. Lo que permitía legítimamente pactar la renuncia a la prórroga. Esta decisión fue apelada y llevada a la Audiencia Provincial de Ciudad Real, que dictaminó a favor del inquilino. Según este tribunal, el sistema de prórrogas establecido en la ley era de carácter imperativo, lo que impedía pactar una renuncia voluntaria a su aplicación.
Recurso de Casación
Los arrendadores interpusieron un recurso de casación ante el Tribunal Supremo Argumentando la infracción de la doctrina sobre el carácter dispositivo de la LAR y de varios artículos de la ley y del Código Civil. Sostenían que la LAR se basa en el principio de autonomía de la voluntad de las partes, permitiendo excluir la prórroga en los contratos.
Fundamentos de Derecho del Tribunal Supremo ante la prohibición de la prórroga en los contratos de alquiler
Autonomía de la Voluntad. El Tribunal Supremo enfatiza la primacía de la autonomía de la voluntad en los contratos de arrendamiento rústico, conforme al artículo 1255 del Código Civil y la LAR. De este modo, las partes tienen la libertad de pactar las condiciones del contrato, siempre que no contravengan normas imperativas.
Duración Mínima del Contrato. La LAR establece una duración mínima obligatoria de cinco años para los contratos de arrendamiento rústico. Cualquier estipulación que establezca un plazo inferior es nula. Sin embargo, una vez cumplido este plazo mínimo, las partes pueden acordar eliminar el régimen de prórrogas tácitas del contrato.
En cuanto a las prórrogas tácitas La ley prevé prórrogas tácitas de cinco años, salvo notificación del arrendador con un año de antelación. No obstante, el Tribunal Supremo determina que este régimen no es inderogable y puede ser excluido por acuerdo de las partes desde el inicio o posteriormente. Asimismo, la cláusula del contrato que establece la no prórroga y el desalojo al final del plazo pactado es válida y no contraria a la ley, la moral ni el orden público. Esta cláusula respeta la autonomía de la voluntad de las partes y no infringe ninguna norma imperativa.
Jurisprudencia y Exposición de Motivos. Finalmente, el Tribunal aclara que la reforma de la LAR busca flexibilizar el régimen de los arrendamientos rústicos y potenciar la autonomía de la voluntad de las partes. La exposición de motivos de la ley y su reforma destacan la importancia de dar primacía a la voluntad de los contratantes dentro de los límites legales.
Fallo del tribunal | Validez de la prohibición de la prórroga en los contratos de alquiler
El Tribunal Supremo valida la cláusula del contrato que prohíbe la prórroga. Y, asimismo, refuerza la autonomía de la voluntad de las partes dentro del marco legal de la LAR. Esta decisión subraya que, cumplido el plazo mínimo de cinco años, es legal pactar la no prórroga del contrato de arrendamiento rústico.
May 20, 2024 | Actualidad Prime
El fotógrafo no tenía consentimiento expreso para publicar las fotografías y los vídeos de la boda, ni en web ni en redes sociales. [TOL9.942.886]
La Audiencia Provincial de Barcelona ha condenado a un fotógrafo a indemnizar con 9.000 euros en total a un matrimonio y a varios de sus familiares. El fotógrafo había divulgado vídeos de su boda sin su consentimiento en dos páginas web, una de las cuales era de su propiedad.
Según los hechos, los actores contrataron un servicio de fotografía y vídeo para la boda. Tras la fecha señalada no recibieron las fotografías y vídeos correctamente, por lo que los actores comenzaron a investigar al demandado. Encontraron que su vídeo estaba colgado en varias plataformas web, así como varias publicaciones de sus fotos en redes sociales. No obstante, los actores no habían prestado consentimiento alguno para la publicación del contenido de su boda. Por ello, acudieron a los tribunales, solicitando el borrado de los vídeos y fotografías, así como una indemnización por intromisión en el derecho a la intimidad personal y la propia imagen.
A pesar de no haber prestado consentimiento expreso, los novios comentaron en el perfil de redes sociales lo mucho que les gustaban las fotografías. El Juzgado entendió que sí había consentimiento por parte de los novios, y por tanto, no se produjo una vulneración de derechos fundamentales. Por ello, absolvió al fotógrafo.
No conformes con la resolución, acudieron ante la Audiencia Provincial de Barcelona, solicitando una indemnización de 42.000 euros por daños morales: 12.000 euros por cada novio y 6.000 euros para cada uno de sus familiares directos.
El consentimiento expreso
El fotógrafo alegó que la imagen publicada era la misma que los novios habían compartido en su Facebook un mes después de la boda y que no le habían solicitado que las eliminara. No obstante, la Audiencia no aceptó los argumentos del fotógrafo. El tribunal considera que el fotógrafo únicamente tenía consentimiento expreso para tomar fotografías y realizar el reportaje fotográfico. Sin embargo, la publicación de estas imágenes en dos webs con fines publicitarios y en una tercera web accesible solo a través de un link privado no contaba con autorización.
El haber comentado en las fotografías no se puede interpretar como un consentimiento expreso, sino tácito, el cual no resulta válido en la intromisión en el derecho a la intimidad personal y a la propia imagen. Es necesario que se autorice expresamente la voluntad y el permiso para publicar fotografías y vídeos en web y en redes sociales.
Cuantía indemnizatoria por daño moral
Para la determinación de la cuantía indemnizatoria el tribunal acude a lo dispuesto por la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen. Los magistrados consideraron que no constaba el alcance de la difusión del vídeo ni las ventajas económicas obtenidas por el fotógrafo. Además, tras un requerimiento extrajudicial, se produjo un cese inmediato del uso y difusión del vídeo.
Finalmente, la Audiencia Provincial consideró justo conceder a cada novio 3.000 euros y mil euros a cada familiar, totalizando una indemnización de 9.000 euros.
May 16, 2024 | Actualidad Prime
El TJUE determina que la falta de personal aeroportuario puede considerarse como una circunstancia extraordinaria. Todo ello a efectos de indemnizar a pasajeros por retrasos en un vuelo. Asunto C‑405/23.
En 2021, un vuelo de la compañía TAS con salida desde Colonia-Bonn (Alemania) hacia la isla griega de Cos sufrió un retraso significativo de tres horas y cuarenta y nueve minutos. El principal motivo de este retraso fue la falta de personal en el aeropuerto de Colonia-Bonn para cargar el equipaje en el avión. A raíz de este incidente, varios pasajeros afectados cedieron sus posibles derechos a compensación a la empresa Flightright. Esta compañía presentó una demanda contra TAS en los tribunales alemanes, argumentando que el retraso era imputable a la aerolínea y que no podía justificarse bajo la excusa de circunstancias extraordinarias.
Sobre las circunstancias extraordinarias
Según el Derecho de la Unión, una aerolínea no está obligada a pagar compensación por un gran retraso (más de tres horas) si puede demostrar que el retraso se debió a circunstancias extraordinarias que no podrían haberse evitado incluso si se hubieran tomado todas las medidas razonables. Así lo estipula el artículo 5.3 del Reglamento 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero.
Ante esta premisa, el tribunal alemán planteó la cuestión al TJUE sobre si la falta de personal para cargar el equipaje puede considerarse como tal.
El Tribunal de Justicia respondió afirmativamente: la insuficiencia de personal del operador del aeropuerto para la carga de equipajes puede constituir una circunstancia extraordinaria. Para que se dé esta condición, el evento debe cumplir dos requisitos: no ser inherente al ejercicio normal de la actividad del transportista aéreo y escapar a su control efectivo.
En el caso, el tribunal alemán deberá verificar si se cumplen estos dos requisitos. En primer lugar, determinar si los fallos en la carga de equipajes son generalizados. De ser así, no serían inherentes al ejercicio normal de la actividad de la aerolínea. En segundo lugar, analizar si estos fallos escaparon al control de TAS. Esto no sería el caso si TAS pudiera ejercer un control efectivo sobre el operador del aeropuerto.
Incluso si se considera que la falta de personal es una circunstancia extraordinaria, TAS deberá demostrar que esta situación no podría haberse evitado con medidas razonables y que adoptó todas las medidas necesarias para minimizar sus consecuencias. Solo así podría quedar exenta de la obligación de compensar a los pasajeros.
Conclusión e interpretación del tribunal
El TJUE establece que, el artículo 5.3 del Reglamento citado debe interpretarse en el sentido de que:
«El hecho de que el personal del operador del aeropuerto responsable de cargar el equipaje en las aeronaves sea insuficiente en número probablemente constituya una “circunstancia extraordinaria” en el sentido de esta disposición. No obstante, para eximirse de su obligación de compensar a los pasajeros prevista en el artículo 7 del presente Reglamento, la compañía aérea cuyo vuelo haya sufrido un retraso importante debido a una circunstancia tan extraordinaria deberá demostrar que dicha circunstancia no podría haberse evitado. incluso si se hubieran tomado todas las medidas razonables y hubiera adoptado las medidas adaptadas a la situación capaces de obviar sus consecuencias.»
May 13, 2024 | Actualidad Prime
Intromisión en los derechos de la imagen y la intimidad, especialmente cuando se trata de menores en escenarios mediáticos
Tribunal subraya la importancia de la relevancia pública y el interés informativo por encima de la protección de la imagen individual en contextos específicos donde no se vulnera la dignidad del menor. El tribunal determinó que la publicación de la imagen de un menor en un contexto de relevancia pública y sin intención injuriosa no constituye una violación del derecho a la propia imagen. Dada la dificultad de reconocer al menor en la fotografía.
Contexto del caso | Relevancia pública e interés informativo
La demanda original surge por la publicación de una fotografía del menor en un artículo del diario digital «El Español». La fotografía estaba sin pixelar su rostro, y sin contar con el consentimiento de ambos progenitores. La madre argumentaba que esto representaba una intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad y a la propia imagen del menor.
La sentencia de primera instancia reconoció parcialmente esta intromisión. De este modo condenó a El Español Publicaciones S.A. a indemnizar por daños morales, aunque por una suma menor a la solicitada. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid revocó esta sentencia, argumentando que la libertad de información debía prevalecer en este caso específico. Dado el interés público de la noticia relacionada con el menor, y el hecho de que la fotografía estaba originalmente disponible en una red social y vinculada a una denuncia de acoso.
Recurso de Casación
El Tribunal Supremo, al resolver el recurso de casación, se enfocó en determinar si el juicio de ponderación realizado por la Audiencia Provincial fue adecuado. El tribunal reitera su doctrina sobre el derecho a la propia imagen como el derecho de controlar la difusión de la representación gráfica de una persona, protegiendo así contra usos no consentidos de la imagen que no se justifiquen por otros derechos fundamentales. En este caso, la sala concluye que, dadas las circunstancias específicas —la foto tomada desde un ángulo que no permitía apreciar los rasgos físicos del menor y su contexto de difusión relacionado con una denuncia de interés público—, la publicación no violó el derecho a la propia imagen del menor.
Fallo del Tribunal | Relevancia pública y el interés informativo ante la protección de la imagen individua
La sentencia del Tribunal Supremo enfatiza que en situaciones donde colisionan derechos fundamentales como la intimidad y la libertad de información, debe realizarse un juicio de ponderación cuidadoso. En este caso, el Tribunal ha decidido que la difusión de la imagen no era innecesaria para la transmisión de la información tratada. La previa publicación de la imagen en una plataforma pública por parte de un progenitor reduce las expectativas de privacidad sobre esa imagen específica.
May 3, 2024 | Actualidad Prime
El Abogado General Maciej Szpunar ha presentado sus conclusiones ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con ciertas normas de la FIFA que rigen las transferencias y las relaciones contractuales entre los jugadores de fútbol y los clubes. Estas normas, contenidas en el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (RETJ), han sido cuestionadas por un exjugador profesional que enfrentó dificultades al tratar de unirse a un nuevo club después de que su contrato con el Lokomotiv de Moscú fuera rescindido.
Leyes de la Unión Europea sobre competencia y la libre circulación de trabajadores
Según el Abogado General, las normas del RETJ podrían ser contrarias a las leyes de la UE sobre competencia y la libre circulación de trabajadores. Szpunar señaló que las disposiciones del RETJ son restrictivas. Ya que pueden disuadir a los clubes de contratar a jugadores por temor a tener que asumir responsabilidades económicas significativas. Y, asimismo, enfrentarse a sanciones deportivas si se determina que el jugador terminó su contrato anterior sin causa justificada. Esto, a su vez, limita la capacidad de los jugadores para cambiar de club y afecta la competencia entre los clubes en el mercado de fichajes de jugadores profesionales.
Transferencias y las relaciones contractuales entre club y jugador
El Abogado General Szpunar sostuvo que el RETJ es restrictivo en términos de la libre circulación de trabajadores y la competencia. Pues este desincentiva a los clubes a contratar jugadores por el riesgo económico involucrado y limita la posibilidad de que los jugadores cambien de club. Argumentó que estas restricciones solo podrían estar justificadas si contribuyen a alcanzar objetivos legítimos y son estrictamente necesarias para ese fin.
Destacó que cualquier restricción a la competencia debe evaluarse para determinar si realmente restringe la competencia entre clubes por efecto y no solo por objeto. Y que las restricciones a la libre circulación de jugadores deben poder justificarse demostrando que el nuevo club no participó en la terminación injustificada del contrato anterior.
Transferencias y las relaciones contractuales
Además, mencionó que las normas que regulan la expedición de certificados de transferencia internacional deberían permitir medidas provisionales que sean eficaces y rápidas. Especialmente en casos donde sólo se alegue que el jugador no respetó los términos de su contrato.
Estas observaciones del Abogado General son preliminares y no vinculantes. Sin embargo, proporcionan una dirección importante sobre cómo el TJUE podría abordar el caso cuando emita su decisión definitiva.
