Ene 8, 2025 | Actualidad Prime
El Tribunal Supremo refuerza la autonomía metodológica en los reconocimientos periciales
El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación presentado por Ascension, condenada por apropiación indebida. Además, reafirmó que las partes no pueden determinar la forma ni la metodología de los reconocimientos periciales. Este fallo establece que corresponde exclusivamente al perito decidir cómo llevar a cabo estos actos para garantizar la obtención de la información requerida en su dictamen.
Autonomía del perito en los reconocimientos periciales
En el procedimiento abreviado n.º 556/2021 de la Audiencia Provincial de Madrid, Ascension fue condenada por su participación en un delito continuado de apropiación indebida. La acusada apeló diversos aspectos del proceso, incluyendo la forma en que se realizó el reconocimiento médico forense de Pedro Jesús. Solicitó, además, un nuevo reconocimiento y la citación de su esposa para esclarecer su participación.
Sin embargo, el Tribunal Supremo desestimó estos argumentos, señalando que la metodología y forma de los reconocimientos periciales deben ser determinadas por el experto correspondiente. El tribunal subrayó que los peritos poseen el conocimiento técnico necesario para definir la mejor manera de abordar sus evaluaciones. Esto garantiza la precisión y relevancia de sus dictámenes sin interferencias externas.
Garantía de objetividad en la administración de justicia
El fallo enfatiza la importancia de la independencia de los expertos en el proceso judicial. Al permitir que los peritos definan sus propios métodos, se garantiza que los informes periciales respondan a criterios técnicos y no a presiones de las partes involucradas. Esto contribuye a una administración de justicia más objetiva y efectiva, donde las decisiones se basan en información técnica fiable.
La defensa de Ascension argumentó que no se realizó un reconocimiento personal y directo de Pedro Jesús, proponiendo en su lugar métodos alternativos. El Tribunal Supremo rechazó esta petición, destacando que solo el perito tiene la competencia para decidir si es necesario un reconocimiento personal. También subrayó que corresponde al perito determinar la metodología adecuada para obtener los datos necesarios para su dictamen.
Además, el tribunal consideró que las limitaciones cognitivas de Pedro Jesús impedían una participación efectiva en el reconocimiento, lo que justificó la decisión de proceder con el dictamen pericial basado en la documentación médica existente.
Conclusión
Este fallo del Tribunal Supremo refuerza la autonomía de los peritos en el ámbito judicial. Además, garantiza que los reconocimientos periciales se realicen según criterios técnicos establecidos por los expertos. De esta manera, se protege la integridad del proceso judicial y se asegura que las decisiones se fundamenten en información precisa y objetiva, sin interferencias por parte de las partes involucradas.
Ene 7, 2025 | Actualidad Prime
Condenado un preso a tres años de prisión por introducir droga en un centro penitenciario tras volver de disfrutar de un permiso penitenciario.
La Audiencia Provincial de Cuenca ha condenado a tres años de prisión a un interno que, el 28 de junio de 2019, introdujo 0,75 gramos de cocaína con un 95,25% de pureza en el centro penitenciario donde se encontraba cumpliendo condena. La droga fue hallada oculta en un preservativo que el acusado depositó en una cisterna de su celda, según consta en la sentencia.
Motivos de la condena por introducir droga en el centro
El tribunal considera que los hechos constituyen un delito contra la salud pública, tal como prevé el artículo 368 del Código Penal, con la concurrencia de los artículos 374 y 127, por tratarse de una sustancia que causa grave daño a la salud. Aun siendo una cantidad pequeña, su alta pureza y el hecho de introducirla en la prisión para transmitirla a terceros consumidores incrementan la gravedad del delito.
Acuerdo de conformidad
Antes de iniciarse la práctica de pruebas, la defensa y la Fiscalía llegaron a un acuerdo de conformidad. El acusado aceptó la pena propuesta, que consistía en tres años de prisión y una multa de 120 euros. Además, se le impuso la inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Por otra parte, el tribunal decretó también la destrucción de la sustancia intervenida.
Suspensión de la ejecución de la pena
La defensa solicitó un plazo de un mes para presentar la petición de suspensión de la condena privativa de libertad, amparándose en el artículo 80.5 del Código Penal. El Ministerio Fiscal no se opuso a esta petición. Por lo tanto, el acusado cuenta con ese plazo para presentar la documentación que respalde su solicitud.
La resolución se dictó en el acto de la vista oral y las partes manifestaron que no presentarían recurso alguno. De este modo, la sentencia ha adquirido firmeza. Sin embargo, queda pendiente la posible suspensión de la ejecución de la pena, que depende de que el acusado cumpla con los requisitos exigidos por la ley.
Ene 3, 2025 | Actualidad Prime
La Audiencia Nacional ha impuesto una sentencia de seis años de prisión a un residente en Beniaján (Murcia) por la difusión de contenidos yihadistas. Delitos de autoadoctrinamiento y enaltecimiento del terrorismo. El acusado, detenido en enero de 2022, fue hallado culpable de almacenar y difundir más de 2.100 vídeos y audios de contenido yihadista desde al menos 2013.
Consumo masivo de material propagandístico
Según la sentencia emitida por la Sección Cuarta de la Sala Penal, el condenado, inició de manera consciente un proceso de radicalización religiosa. Este proceso se llevó a cabo mediante el consumo masivo de material propagandístico del Estado Islámico (DAESH). Este contenido incluía ejecuciones, asesinatos violentos, discursos de líderes de DAESH y material bélico. Los cuales utilizó para su propio autoadoctrinamiento y para intentar incitar a otros a unirse a la organización terrorista.
Difusión de contenidos yihadistas
El tribunal determinó que el acusado no solo consumía este material, sino que también lo difundía a través de diversas plataformas digitales como Facebook, Telegram y WhatsApp. Mediante estas redes sociales compartía vídeos e imágenes con el propósito de promover las ideologías radicales de DAESH. Buscando perpetuar la existencia de la organización y favorecer sus objetivos violentos.
A pesar de sus esfuerzos por incitar a otros, la sentencia señaló que las convocatorias realizadas por el acusado a su entorno no lograron movilizar efectivamente a sus amigos hacia una adhesión activa o acciones concretas en apoyo a DAESH. Por esta razón, fue absuelto del delito de adoctrinamiento terrorista que también le imputaba la Fiscalía.
Los magistrados destacan que las acciones del condenado representan una promoción pública y justificación de DAESH. Afectando gravemente el régimen de libertades y la paz comunitaria. El material difundido por el acusado, que incluía imágenes de muertes y actos violentos, constituía un grave atentado contra el sistema democrático establecido y generaba un impacto negativo en la convivencia social.
Dic 11, 2024 | Actualidad Prime
En una reciente sentencia, el Tribunal Supremo ha ofrecido una interpretación detallada sobre la procedencia de la revisión agravatoria en casos de sentencias absolutorias. Además, estableció directrices destinadas a reforzar la seguridad jurídica y mejorar la eficiencia del sistema judicial. La sentencia en cuestión analiza principalmente la viabilidad de la revisión agravatoria en casos de discrepancia entre una sentencia absolutoria y una posible condenatoria. Destaca que esta revisión solo procede cuando la discrepancia se basa exclusivamente en aspectos jurídicos estrictos.
Contexto del recurso y alegaciones presentadas
El caso fue presentado por DIRECCION000., quien interpuso un recurso contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón. Esta sentencia absolvió a los acusados de los delitos de estafa procesal, insolvencia punible y daños. Los recurrentes alegaron una violación de la garantía de tutela judicial efectiva, argumentando que la sentencia carecía de una motivación adecuada respecto al delito de insolvencia punible y la responsabilidad civil derivada de los daños causados en su propiedad.
Análisis del Tribunal Supremo sobre la incongruencia omisiva
El Tribunal Supremo analizó en profundidad los motivos de recurso, especialmente enfocándose en la alegación de incongruencia omisiva. Este concepto se refiere a situaciones en las que una sentencia no responde a todas las pretensiones jurídicas planteadas por las partes. Esto podría implicar una vulneración del derecho a una tutela judicial efectiva. Sin embargo, la Sala aclaró que la incongruencia omisiva solo se configura cuando la omisión afecta cuestiones jurídicas planteadas de forma explícita. No aplica a aspectos fácticos ni a la valoración detallada de las pruebas. En este sentido, el Tribunal reiteró que los jueces no están obligados a responder de manera exhaustiva a cada argumento presentado. Basta con que se resuelvan de forma sustancial las pretensiones formuladas.
Restricciones de la revisión agravatoria
Uno de los puntos centrales de la sentencia es la delimitación precisa de cuándo es procedente una revisión agravatoria. El Tribunal Supremo enfatizó que esta vía recursal se destina exclusivamente a la corrección de errores de derecho. Es decir, se aplica a casos en los que la interpretación o aplicación de las normas legales ha sido incorrecta. Para que una revisión agravatoria prospere, debe demostrarse que la diferencia fundamental entre una posible condena y una absolución radica en una cuestión jurídica pura, sin que intervengan elementos fácticos o de valoración probatoria. Esto implica que no se puede utilizar la revisión agravatoria para revaluar hechos probados o introducir nuevas interpretaciones fácticas, ya que tales acciones exceden el ámbito de esta figura procesal.
Implicaciones para la tutela judicial efectiva
El Tribunal también subrayó la importancia de la tutela judicial efectiva, garantizando que las resoluciones respondan de manera fundada y coherente a las pretensiones presentadas. Sin embargo, aclaró que esta garantía no obliga a los jueces a abordar cada argumento detalladamente, sino a resolver las cuestiones planteadas de manera sustancial. Este enfoque busca equilibrar el derecho de las partes a una resolución adecuada con la necesidad de evitar dilaciones innecesarias en el proceso judicial.
Dic 9, 2024 | Actualidad Prime
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia ha confirmado la sentencia de prisión permanente revisable impuesta a P.A.G.T., conocido como «El Margarito». La condena corresponde al asesinato de una mujer ocurrido en el municipio de Lorca el 7 de octubre de 2021. El jurado popular emitió un veredicto que consideró la agravante de discriminación por razones de género. A raíz de ello, la Audiencia Provincial de Murcia impuso una pena adicional de 12 años de prisión por el delito de agresión sexual violenta.
Confirmada nueva sentencia
El acusado fue declarado culpable de agredir sexualmente a la víctima aprovechando su estado de embriaguez y a pesar de su resistencia, culminando en su asesinato mediante asfixia mecánica con el objetivo de ocultar la violación. El jurado determinó que estos actos estuvieron motivados por un ánimo específico discriminatorio de género.
Alegaciones de vulneración del derecho a la presunción de inocencia
El jurado, consideró probado que el acusado agredió sexualmente a la víctima aprovechando su estado de embriaguez y a pesar de su resistencia. Posteriormente, actuó con el propósito de matar para evitar que se descubriera la violación, lo que evidenció un ánimo específico discriminatorio de género.
Fallo del Tribunal | Prisión permanente revisable
El TSJ desestimó el recurso presentado por P.A.G.T., rechazando las alegaciones de vulneración del derecho a la presunción de inocencia y de falta de motivación de la sentencia. La Sala Penal consideró que las respuestas al objeto del veredicto fueron «totales, coherentes, claras, sin contradicciones y argumentadas». Además, se descartó la queja relacionada con la posible influencia de drogas durante la comisión de los hechos, ya que no se presentó evidencia que lo acreditara.
Asimismo, el tribunal ordenó al acusado indemnizar con 456.965 euros a los familiares de la fallecida. La sentencia también incluye la prohibición de aproximación y comunicación con los hijos de la víctima.
