Tres años por introducir droga en un centro penitenciario

Condenado un preso a tres años de prisión por introducir droga en un centro penitenciario tras volver de disfrutar de un permiso penitenciario.

La Audiencia Provincial de Cuenca ha condenado a tres años de prisión a un interno que, el 28 de junio de 2019, introdujo 0,75 gramos de cocaína con un 95,25% de pureza en el centro penitenciario donde se encontraba cumpliendo condena. La droga fue hallada oculta en un preservativo que el acusado depositó en una cisterna de su celda, según consta en la sentencia.

Motivos de la condena por introducir droga en el centro

El tribunal considera que los hechos constituyen un delito contra la salud pública, tal como prevé el artículo 368 del Código Penal, con la concurrencia de los artículos 374 y 127, por tratarse de una sustancia que causa grave daño a la salud. Aun siendo una cantidad pequeña, su alta pureza y el hecho de introducirla en la prisión para transmitirla a terceros consumidores incrementan la gravedad del delito.

Acuerdo de conformidad

Antes de iniciarse la práctica de pruebas, la defensa y la Fiscalía llegaron a un acuerdo de conformidad. El acusado aceptó la pena propuesta, que consistía en tres años de prisión y una multa de 120 euros. Además, se le impuso la inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Por otra parte, el tribunal decretó también la destrucción de la sustancia intervenida.

Suspensión de la ejecución de la pena

La defensa solicitó un plazo de un mes para presentar la petición de suspensión de la condena privativa de libertad, amparándose en el artículo 80.5 del Código Penal. El Ministerio Fiscal no se opuso a esta petición. Por lo tanto, el acusado cuenta con ese plazo para presentar la documentación que respalde su solicitud.

La resolución se dictó en el acto de la vista oral y las partes manifestaron que no presentarían recurso alguno. De este modo, la sentencia ha adquirido firmeza. Sin embargo, queda pendiente la posible suspensión de la ejecución de la pena, que depende de que el acusado cumpla con los requisitos exigidos por la ley.

Seis años de cárcel por difusión de contenidos yihadistas

La Audiencia Nacional ha impuesto una sentencia de seis años de prisión a un residente en Beniaján (Murcia) por la difusión de contenidos yihadistas. Delitos de autoadoctrinamiento y enaltecimiento del terrorismo. El acusado, detenido en enero de 2022, fue hallado culpable de almacenar y difundir más de 2.100 vídeos y audios de contenido yihadista desde al menos 2013.

Consumo masivo de material propagandístico

Según la sentencia emitida por la Sección Cuarta de la Sala Penal, el condenado, inició de manera consciente un proceso de radicalización religiosa. Este proceso se llevó a cabo mediante el consumo masivo de material propagandístico del Estado Islámico (DAESH). Este contenido incluía ejecuciones, asesinatos violentos, discursos de líderes de DAESH y material bélico. Los cuales utilizó para su propio autoadoctrinamiento y para intentar incitar a otros a unirse a la organización terrorista.

Difusión de contenidos yihadistas

El tribunal determinó que el acusado no solo consumía este material, sino que también lo difundía a través de diversas plataformas digitales como Facebook, Telegram y WhatsApp. Mediante estas redes sociales compartía vídeos e imágenes con el propósito de promover las ideologías radicales de DAESH. Buscando perpetuar la existencia de la organización y favorecer sus objetivos violentos.

A pesar de sus esfuerzos por incitar a otros, la sentencia señaló que las convocatorias realizadas por el acusado a su entorno no lograron movilizar efectivamente a sus amigos hacia una adhesión activa o acciones concretas en apoyo a DAESH. Por esta razón, fue absuelto del delito de adoctrinamiento terrorista que también le imputaba la Fiscalía.

Los magistrados destacan que las acciones del condenado representan una promoción pública y justificación de DAESH. Afectando gravemente el régimen de libertades y la paz comunitaria. El material difundido por el acusado, que incluía imágenes de muertes y actos violentos, constituía un grave atentado contra el sistema democrático establecido y generaba un impacto negativo en la convivencia social.

Revisión agravatoria en sentencias absolutorias

En una reciente sentencia, el Tribunal Supremo ha ofrecido una interpretación detallada sobre la procedencia de la revisión agravatoria en casos de sentencias absolutorias. Además, estableció directrices destinadas a reforzar la seguridad jurídica y mejorar la eficiencia del sistema judicial. La sentencia en cuestión analiza principalmente la viabilidad de la revisión agravatoria en casos de discrepancia entre una sentencia absolutoria y una posible condenatoria. Destaca que esta revisión solo procede cuando la discrepancia se basa exclusivamente en aspectos jurídicos estrictos.

Contexto del recurso y alegaciones presentadas

El caso fue presentado por DIRECCION000., quien interpuso un recurso contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón. Esta sentencia absolvió a los acusados de los delitos de estafa procesal, insolvencia punible y daños. Los recurrentes alegaron una violación de la garantía de tutela judicial efectiva, argumentando que la sentencia carecía de una motivación adecuada respecto al delito de insolvencia punible y la responsabilidad civil derivada de los daños causados en su propiedad.

Análisis del Tribunal Supremo sobre la incongruencia omisiva

El Tribunal Supremo analizó en profundidad los motivos de recurso, especialmente enfocándose en la alegación de incongruencia omisiva. Este concepto se refiere a situaciones en las que una sentencia no responde a todas las pretensiones jurídicas planteadas por las partes. Esto podría implicar una vulneración del derecho a una tutela judicial efectiva. Sin embargo, la Sala aclaró que la incongruencia omisiva solo se configura cuando la omisión afecta cuestiones jurídicas planteadas de forma explícita. No aplica a aspectos fácticos ni a la valoración detallada de las pruebas. En este sentido, el Tribunal reiteró que los jueces no están obligados a responder de manera exhaustiva a cada argumento presentado. Basta con que se resuelvan de forma sustancial las pretensiones formuladas.

Restricciones de la revisión agravatoria

Uno de los puntos centrales de la sentencia es la delimitación precisa de cuándo es procedente una revisión agravatoria. El Tribunal Supremo enfatizó que esta vía recursal se destina exclusivamente a la corrección de errores de derecho. Es decir, se aplica a casos en los que la interpretación o aplicación de las normas legales ha sido incorrecta. Para que una revisión agravatoria prospere, debe demostrarse que la diferencia fundamental entre una posible condena y una absolución radica en una cuestión jurídica pura, sin que intervengan elementos fácticos o de valoración probatoria. Esto implica que no se puede utilizar la revisión agravatoria para revaluar hechos probados o introducir nuevas interpretaciones fácticas, ya que tales acciones exceden el ámbito de esta figura procesal.

Implicaciones para la tutela judicial efectiva

El Tribunal también subrayó la importancia de la tutela judicial efectiva, garantizando que las resoluciones respondan de manera fundada y coherente a las pretensiones presentadas. Sin embargo, aclaró que esta garantía no obliga a los jueces a abordar cada argumento detalladamente, sino a resolver las cuestiones planteadas de manera sustancial. Este enfoque busca equilibrar el derecho de las partes a una resolución adecuada con la necesidad de evitar dilaciones innecesarias en el proceso judicial.

Prisión permanente revisable | Confirmada nueva sentencia

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia ha confirmado la sentencia de prisión permanente revisable impuesta a P.A.G.T., conocido como «El Margarito». La condena corresponde al asesinato de una mujer ocurrido en el municipio de Lorca el 7 de octubre de 2021. El jurado popular emitió un veredicto que consideró la agravante de discriminación por razones de género. A raíz de ello, la Audiencia Provincial de Murcia impuso una pena adicional de 12 años de prisión por el delito de agresión sexual violenta.

Confirmada nueva sentencia

El acusado fue declarado culpable de agredir sexualmente a la víctima aprovechando su estado de embriaguez y a pesar de su resistencia, culminando en su asesinato mediante asfixia mecánica con el objetivo de ocultar la violación. El jurado determinó que estos actos estuvieron motivados por un ánimo específico discriminatorio de género.

Alegaciones de vulneración del derecho a la presunción de inocencia

El jurado, consideró probado que el acusado agredió sexualmente a la víctima aprovechando su estado de embriaguez y a pesar de su resistencia. Posteriormente, actuó con el propósito de matar para evitar que se descubriera la violación, lo que evidenció un ánimo específico discriminatorio de género.

Fallo del Tribunal | Prisión permanente revisable

El TSJ desestimó el recurso presentado por P.A.G.T., rechazando las alegaciones de vulneración del derecho a la presunción de inocencia y de falta de motivación de la sentencia. La Sala Penal consideró que las respuestas al objeto del veredicto fueron «totales, coherentes, claras, sin contradicciones y argumentadas». Además, se descartó la queja relacionada con la posible influencia de drogas durante la comisión de los hechos, ya que no se presentó evidencia que lo acreditara.

Asimismo, el tribunal ordenó al acusado indemnizar con 456.965 euros a los familiares de la fallecida. La sentencia también incluye la prohibición de aproximación y comunicación con los hijos de la víctima.

Negarse a someterse a las pruebas de alcoholemia

El Juzgado de lo Penal número 3 de A Coruña ha impuesto una condena de seis meses de prisión a un conductor que se negó a someterse a las pruebas de alcoholemia (detección de alcohol) tras ser detenido por la Policía Nacional. Además, el juez ha dictado la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un periodo de un año.

Absuelto del delito de conducción bajo el efecto del alcohol

El magistrado decidió absolver al acusado del delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas. La decisión se basó en la falta de pruebas objetivas que confirmaran que el conductor superaba los límites legales de alcohol en sangre, según lo establecido en el artículo 379.2 del Código Pena. Aunque se observaron signos externos que podrían indicar consumo de alcohol, no se pudo determinar la cantidad ingerida ni si afectaba significativamente la conducción.

La sentencia detalla que el incidente ocurrió el 22 de septiembre de 2024. En esa ocasión, el conductor manejaba un Aston Martin que fue estacionado de manera irregular en una zona peatonal de A Coruña. La Policía Nacional, al sospechar posibles actividades ilícitas como el narcotráfico, decidió interceptar al conductor. Además, observaron que existía una resolución administrativa previa que declaraba la pérdida de vigencia del permiso de conducción del titular del vehículo. Al negarse repetidamente a realizar las pruebas de alcoholemia, se activaron los procedimientos legales correspondientes.

Negarse a someterse a las pruebas de alcoholemia

El juez señaló que factores como la hora del suceso y el posible cansancio podrían haber influido en los signos observados en el conductor. Por ello, desestimó la existencia de una afectación psicofísica que comprometiera la seguridad vial. Los condenado aún pueden apelar la decisión judicial ante la Audiencia Provincial de A Coruña..

Por lo tanto, el juzgado condena al conductor a seis meses de prisión y a la suspensión de su permiso de conducir durante un año por negarse a someterse a las pruebas de detección de alcohol. Sin embargo, el magistrado lo absuelve del delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas.