Jul 8, 2024 | Actualidad Prime
La Segunda Sala de la Corte Suprema acogió un recurso de queja y sancionó al Banco Scotiabank SA, obligándolo a pagar una multa a beneficio fiscal de 10 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) por incumplir con el deber de seguridad en los servicios financieros, conforme a lo establecido en la Ley N°19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores. Además, el banco deberá indemnizar a un cuentacorrentista con $15.000.000 por daño emergente y $1.000.000 por daño moral, tras ser víctima de operaciones fraudulentas.
En fallo causa rol 38.128-2023, el tribunal, integrado por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, Jean Pierre Matus, la ministra María Cristina Gajardo y la abogada (i) Pía Tavolari, concluyó que el Banco Scotiabank SA no cumplió con las medidas de seguridad necesarias en su aplicación «Scotiabank Azul Pass», que permite transferencias y pagos sin la tarjeta de coordenadas.
El fallo destaca que, aunque el cuentacorrentista recibió un mensaje de texto con una nueva clave de acceso para la activación de la aplicación, el banco no proporcionó evidencia de haber tomado las precauciones adecuadas para evitar el fraude. La sentencia impugnada había reprochado al cliente por supuestamente entregar su clave a terceros, un hecho no comprobado en el proceso.
La Corte Suprema señaló que la falta de diligencia del banco permitió que terceros accedieran a la cuenta del cliente y realizaran operaciones fraudulentas. Se mencionaron dos fraudes específicos: uno relacionado con un crédito de consumo otorgado en circunstancias sospechosas y otro con transferencias electrónicas realizadas desde un IP no habitual.
La resolución también criticó al banco por no haber presentado evidencia de una investigación adecuada sobre el caso y por permitir modificaciones en los datos de los destinatarios de las transferencias sin activar las alertas de seguridad correspondientes. El fallo concluyó que el Banco Scotiabank SA debe asumir la responsabilidad por las pérdidas económicas sufridas por el cliente, subrayando que las obligaciones de monitoreo y control de fraudes recaen en la entidad bancaria. Se enfatizó que el banco no demostró haber adoptado todas las medidas de seguridad necesarias para proteger los fondos depositados.
Con esta decisión, se revoca la sentencia apelada y se condena al Banco Scotiabank SA a pagar una multa de 10 UTM y a indemnizar al cliente afectado. La Corte Suprema espera que este fallo refuerce las medidas de seguridad en los servicios financieros ofrecidos por las entidades bancarias y proteja los derechos de los consumidores.
Fuente:pjud.cl
Jul 5, 2024 | Actualidad Prime
La Comisión de Constitución del Senado ha aprobado recientemente una serie de nuevas funciones para el Fiscal Nacional, en el marco del proyecto de ley que busca fortalecer al Ministerio Público. Estas modificaciones tienen como objetivo mejorar la eficiencia y eficacia en la persecución penal.
Nuevas Atribuciones para el Fiscal Nacional
El presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Alfonso De Urresti, ha destacado la importancia de estas nuevas normas, subrayando que se han establecido directrices para una adecuada gestión del Fiscal Nacional en la persecución penal. Entre las nuevas facultades, se incluye la capacidad del Fiscal Nacional para ordenar a los Fiscales Regionales que adopten medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las instrucciones generales cuando exista una posible afectación a la unidad de acción.
Afectaciones a la Unidad de Acción
La comisión ha aprobado que en casos donde la unidad de acción pueda verse comprometida gravemente, el Fiscal Nacional podrá impartir medidas específicas sobre las diligencias investigativas y las actuaciones procesales pertinentes. Estas facultades adicionales se otorgarán en situaciones donde no se cumplan las instrucciones generales y se presenten incumplimientos reiterados.
Informes Técnicos y Relaciones Internacionales
Asimismo, se ha aprobado que el Fiscal Nacional pueda solicitar informes técnicos a las unidades especializadas competentes sobre investigaciones en curso o finalizadas. En estos casos, los Fiscales Regionales deberán proporcionar toda la información disponible. Además, se ha otorgado al Fiscal Nacional la conducción de las relaciones internacionales de la Fiscalía, permitiendo la adopción de medidas necesarias para la cooperación internacional y la suscripción de acuerdos para conformar equipos conjuntos de investigación.
Reorganización y Aumento de Dotación
La iniciativa legislativa también contempla un aumento de dotación y una reorganización institucional del Ministerio Público. Estas medidas buscan mejorar la gestión y la eficacia en la persecución penal, asegurando una presencia más efectiva en todas las investigaciones a lo largo de Chile.
Continuación del Estudio de Indicaciones
La Comisión de Constitución del Senado continuará con el estudio de las indicaciones presentadas a esta iniciativa. Estas reformas representan un paso significativo hacia un Ministerio Público más eficiente y presente en cada una de las investigaciones, contribuyendo a una mejor administración de justicia en el país.
Fuente: senado.cl
Jul 4, 2024 | Actualidad Prime
El Senado ha aprobado la moción que prorroga la entrada en vigencia de algunos artículos de la Ley 21.368, que regula la entrega de plásticos de un solo uso y las botellas plásticas. La decisión fue adoptada con 31 votos a favor y 2 en contra, en respuesta a la falta de dictación oportuna del reglamento necesario para su correcta implementación.
La norma, que ahora deberá ser revisada por la Cámara de Diputados, propone extender el plazo de entrada en vigencia a 54 meses desde la publicación de la ley, en lugar de los tres años inicialmente establecidos. Esta modificación busca asegurar una implementación efectiva y justa de la ley.
El senador Sergio Gahona, presidente de la Comisión de Medio Ambiente y uno de los autores de la moción, señaló que el plazo fatal para la implementación es el 13 de agosto y recordó que el reglamento debía estar disponible en febrero de 2023. «Las circunstancias actuales requieren que ajustemos los plazos de entrada en vigencia de algunos artículos», explicó Gahona.
Otros senadores, como José Miguel Insulza, Isabel Allende y Ricardo Lagos, coincidieron en la necesidad de ampliar el plazo debido a la ausencia de un reglamento adecuado. Indicaron que «el año 2050 va a haber más plásticos que peces» y que el Ministerio de Medio Ambiente ha tenido que consultar a múltiples actores, lo que ha retrasado el proceso. Asimismo, insistieron en que la moción solo busca ampliar el plazo y no modifica ningún otro aspecto del proyecto original.
No obstante, el senador Alfonso De Urresti expresó algunas reservas respecto a la extensión de los plazos. Aunque concedió la unanimidad para la discusión, manifestó su desacuerdo con algunas de las normas y solicitó una votación separada. De Urresti señaló que la ley se dictó hace tres años y que, aunque comprende los retrasos en la emisión de los reglamentos, no está de acuerdo con todos los plazos propuestos.
Es importante recordar que el proyecto de ley es de autoría de los senadores Sergio Gahona, José Miguel Durana, Rafael Prohens, Gustavo Sanhueza y Matías Walker. La propuesta busca enfrentar de manera gradual y efectiva el desafío del uso de plásticos de un solo uso, contribuyendo a la protección del medio ambiente y al cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad del país.
Fuente: senado.cl
Jul 3, 2024 | Actualidad Prime
En un fallo unánime, la Cuarta Sala de la Corte Suprema desestimó el recurso de unificación de jurisprudencia presentado contra una sentencia que había acogido la demanda por despido injustificado y cobro de prestaciones de un técnico electricista. La decisión, respaldada por las ministras Gloria Ana Chevesich y Andrea Muñoz, el ministro Jean Pierre Matus, y las abogadas (i) Leonor Etcheberry e Irene Rojas, ratificó la resolución emitida por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt.
El caso se centró en la validez de las ausencias del trabajador, justificadas con una licencia médica que ordenaba reposo por cinco días. La sentencia impugnada consideró que dicha licencia médica era suficiente para eximir al trabajador de responsabilidad, argumentando que las actividades recreativas durante ese período no invalidaban su justificación para ausentarse del trabajo.
La resolución destacó el criterio establecido por la Corte Suprema en casos anteriores, subrayando que la normativa laboral permite acreditar ausencias justificadas mediante diversos medios, como certificados médicos, sin necesidad de informar previamente al empleador.
Con este fallo, se confirmó la procedencia de la demanda por despido injustificado, ordenando el pago de las indemnizaciones y recargos correspondientes al trabajador afectado.
Fuente: pjud.cl
Jul 2, 2024 | Actualidad Prime
En un fallo unánime, la Segunda Sala de la Corte Suprema confirmó la sentencia que obliga al fisco a pagar una indemnización de $315.000.000 por daño moral a Gonzalo González Vargas, Miguel Ruiz Henríquez, Rolando Neira Gavilán, Jovino Guala Sánchez, Antonio Bianchi Panicucci, Liborio Barrientos Oyarzún, Sergio Barría Barría y Héctor Vera Cárdenas. Estos individuos fueron detenidos tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 y sometidos a torturas en el campo de prisioneros de Isla Dawson.
La resolución, identificada con la causa rol 62.234-2023, fue emitida por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, la ministra María Teresa Letelier y los abogados integrantes Leonor Etcheberry y Eduardo Gandulfo. En su fallo, la Corte Suprema descartó cualquier error en la sentencia anterior, emitida por la Corte de Apelaciones de Santiago, que a su vez había confirmado la decisión de primera instancia que acogía la demanda.
Argumentos del Fallo
El fallo sostiene que la acción civil contra el Estado chileno para obtener reparación por los perjuicios sufridos se fundamenta en los principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en los tratados internacionales ratificados por Chile. Según el fallo, estos tratados obligan al Estado a reconocer y proteger el derecho a la reparación íntegra, tal como lo dispone la Constitución Política de la República.
Además, la resolución resalta que la responsabilidad del Estado deriva de los artículos 6 inciso tercero de la Constitución y 3º de la Ley Nº 18.575. Estos preceptos, señala el fallo, no pueden ser ignorados, pues su inaplicación podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado chileno.
Derecho Internacional y Responsabilidad del Estado
El fallo también subraya que, de acuerdo con la Convención Americana de Derechos Humanos, la responsabilidad del Estado por ilícitos de esta naturaleza está sujeta a reglas del Derecho Internacional. Estas reglas no pueden ser desatendidas bajo pretexto de normas internas, ya que la violación de una norma internacional genera una responsabilidad inmediata del Estado y el consecuente deber de reparación.
Beneficios y Daño Moral
La Sala Penal de la Corte Suprema aclara que los beneficios otorgados por las leyes N°19.234, N°19.992 y N°20.874 no eximen a las víctimas de buscar reparación judicial por daño moral. Según el fallo, estos beneficios tienen una naturaleza asistencial y no pueden considerarse una indemnización total al daño sufrido.
Finalmente, la Corte Suprema concluyó que, aunque existió un error en el fallo anterior al descontar los beneficios recibidos por las víctimas de la indemnización por daño moral, este error no fue suficientemente grave para modificar la sentencia. Por lo tanto, se confirmó la indemnización ordenada al fisco de Chile, manteniéndola dentro de los rangos previamente determinados por la Corte en casos similares.
Fuente:pjud.cl
Jul 1, 2024 | Actualidad Prime
La Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de protección presentado en contra del Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado, relacionado con el vaciado de teléfono celular de un abogado investigado por delitos de corrupción.
En un fallo dividido (causa rol 6.423-2024), el Tribunal –integrado por el ministro Juan Cristóbal Mera Muñoz, la ministra María Loreto Gutiérrez Alvear y la abogada (i) Paola Herrera Fuenzalida– determinó que el recurso de protección no es el mecanismo adecuado para supervisar la investigación del Ministerio Público. En su lugar, el afectado debe recurrir a los procedimientos ordinarios de causas penales si se considera afectado por la investigación.
El fallo destaca que, aunque la orden judicial se relaciona con el delito de cohecho y la transcripción abarcó 770.000 páginas, solo los mensajes relevantes para la investigación pueden ser divulgados. Además, el tribunal señaló que no puede dirigir la investigación del Ministerio Público, institución autónoma que, en el ejercicio de su labor investigativa, no podrá revelar transcripciones de intercambios de mensajes que no estén relacionadas con la correspondiente investigación. En consecuencia, es deber del Ministerio proteger los derechos constitucionales de terceros, de acuerdo a lo previsto en los numerales 4 y 5 del artículo 19 de la Carta Fundamental y evitar la divulgación de información irrelevante.
La resolución establece que el Ministerio Público debe seguir los lineamientos de la Ley No. 19.640, velando por la correcta aplicación de la ley y protegiendo los derechos constitucionales de las personas involucradas. En caso de divulgación indebida de mensajes, el Ministerio Público podría incurrir en responsabilidad por falta de servicio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Ley No.19.640, según el cual “El Estado será responsable por las conductas injustificadamente erróneas o arbitrarias del Ministerio Público” .
El tribunal también subrayó que cualquier reclamación sobre objetos incautados, incluyendo el vaciado de teléfonos celulares, debe ser tramitada ante el juez de garantía correspondiente, en este caso, el 4° Juzgado de Garantía de Santiago. Además, indica que el el Ministerio Pública contó con las autorizaciones judiciales para incautar el teléfono del señor Hermosilla y ‘vaciar’ su contenido y, hasta ahora, no ha revelado el tenor de las transcripciones, que suman la cantidad de 770.000 páginas, ni las conversaciones del recurrente, debiendo el propio órgano investigativo proteger los derechos constitucionales de terceros ajenos a la investigación.
Finalmente, la decisión del tribunal de alzada contó con el voto en contra de la ministra Gutiérrez Alvear, quien no estuvo de acuerdo con el rechazo del recurso de protección.
Fuente: pjud.cl
