El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha aprobado la Resolución del 18 de diciembre de 2024. Esta resolución establece el índice de referencia para la actualización anual de los contratos de arrendamiento de vivienda. La medida se adopta en cumplimiento de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. Este índice, que entrará en vigor el 1 de enero de 2025, tiene como objetivo evitar incrementos desproporcionados en las rentas de alquiler y se establece como límite de referencia en virtud del artículo 18 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).
Contexto normativo
Este índice, que comenzará a regir el 1 de enero de 2025, busca evitar incrementos desproporcionados en las rentas de alquiler. Se establece como un límite de referencia en virtud del artículo 18 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Este índice debe tomar en cuenta factores como la variación anual del Índice de Precios al Consumo (IPC), el IPC subyacente y otros parámetros que ajusten las diferencias en las tasas de crecimiento. Además, se alinea con el objetivo del Banco Central Europeo de mantener una inflación media del 2 %.
Características del índice de referencia
El índice de referencia será el menor valor entre:
- La tasa de variación anual del IPC.
- La tasa de variación anual del IPC subyacente.
- Una tasa media ajustada, calculada conforme a parámetros técnicos especificados en la resolución.
Estos parámetros, definidos conjuntamente por los ministerios de Vivienda y Economía, incluyen un coeficiente moderador (α=0.5) y un objetivo de inflación a medio plazo (β=2). La fórmula precisa para el cálculo está detallada en el anexo de la resolución.
Publicación y efectos
El INE publicará mensualmente este índice, expresado con dos decimales, utilizando los últimos datos disponibles. La resolución tendrá efectos legales a partir del 1 de enero de 2025.
Implicaciones del índice de referencia para la actualización anual de los contratos de arrendamiento de vivienda
Esta medida busca equilibrar las actualizaciones de las rentas de alquiler con la realidad del mercado y las condiciones económicas, promoviendo estabilidad tanto para arrendadores como arrendatarios.
