El Consejo de Ministros ha aprobado un Anteproyecto de Ley Orgánica enfocado en la eficiencia del servicio público de justicia y la protección de consumidores y usuarios. Este proyecto es el tercer pilar de la transformación integral de la Administración de Justicia. siguiendo iniciativas previas de digitalización y eficiencia procesal. Introduce Tribunales de Instancia por partido judicial, una Oficina Judicial única por tribunal y Oficinas de Justicia en municipios, reemplazando los juzgados de paz.

Esta reestructuración busca optimizar recursos, reducir disfuncionalidades, y garantizar la homogeneidad procesal. Las Oficinas de Justicia municipales expandirán servicios permitiendo trámites telemáticos, mejorando el acceso a la justicia y la conciliación laboral mediante tecnologías de comunicación telemática.

Eficiencia procesal y medios alternativos de solución de controversias

El anteproyecto anteproyecto de ley orgánica de Medidas de Eficiencia del Servicio Público de Justicia contempla la promoción de mecanismos alternativos de solución de controversias, como la mediación y la conciliación privada, para descongestionar los juzgados y tribunales. Esta iniciativa fomenta la negociación entre las partes y la asistencia letrada, contribuyendo a una resolución más eficiente de los conflictos. Asimismo, se promueven ofertas vinculantes confidenciales, y opiniones de expertos independientes, potenciando el papel de las profesiones jurídicas.

Eficiencia del servicio público de justicia | Protección y defensa de derechos e intereses de consumidores y usuarios

Para la protección de consumidores, se establece un procedimiento único para demandas colectivas. Se define quiénes pueden representar estas acciones y se incorporan plataformas electrónicas para agilizar trámites. Esto responde a un aumento significativo de pleitos masivos en Europa y transpone la Directiva Europea UE 2020/1828, ampliando su aplicación más allá de lo exigido por la UE. Se facilita la adhesión automática de consumidores afectados a acciones colectivas (opt-out) y se promueve la participación a través de plataformas electrónicas para ejercer acciones de cesación y resarcitorias. También se habilitarán asociaciones de consumidores para acciones colectivas y se creará una base de datos accesible para la ciudadanía. Se instaura un sistema de difusión y publicidad electrónica para estas acciones, buscando mejorar la coordinación entre órganos judiciales y facilitar la adhesión de afectados.