Nov 29, 2023 | Derecho Civil, Derecho Penal, Dosiers
Actualmente, la utilización de fuentes de prueba digitales ha ido aumentando progresivamente, a medida que lo ha hecho nuestra exposición y contacto constante con los medios electrónicos. Del mismo modo, los poderes públicos han ido adaptándose a la transformación digital, por ejemplo, presentación de escritos vía online, realización de trámites a través de plataformas web, etc. Así, el art. 22.1 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, establece que: «el acceso a la información se realizará preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio».
Es por ello que plantea nuevos retos para los órganos judiciales, que deben incorporar en el proceso las especialidades que implica la prueba digital.
La legislación contempla la posibilidad de presentar pruebas por medios electrónicos, y establece algunas particularidades, sin embargo, no ofrece ningún sistema común que permita valorar la prueba electrónica o el modo de verificar su autenticidad exhaustivamente. Se trata de una materia de avance constante, en la que se han establecido unas bases claras sobre el modo de aportación al procedimiento, los principios y derechos que ha de respetar, y la manera de verificar su autenticidad en el caso de que sea necesario.
CLASES DE MEDIOS DE PRUEBA DIGITAL
Las pruebas digitales pueden clasificarse en diferentes categorías según su naturaleza y origen. Algunos tipos de pruebas digitales son:
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Documentos electrónicos: Cualquier archivo digital que contenga información relevante para un caso, como documentos de texto, hojas de cálculo, presentaciones, archivos PDF, etc.
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Correos electrónicos: Mensajes de correo electrónico, incluidos los archivos adjuntos, que pueden ser utilizados como evidencia en un caso.
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Mensajes de texto y de aplicaciones de mensajería: Conversaciones y mensajes de texto enviados a través de aplicaciones de mensajería instantánea, como WhatsApp, Facebook Messenger, entre otros.
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Registros de navegación en internet: Historial de navegación, cookies, y otros registros relacionados con la actividad en línea de un individuo.
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Redes sociales: Publicaciones, mensajes, y otros datos generados en plataformas de redes sociales, como Facebook, Twitter, Instagram, entre otras.
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Registros de llamadas telefónicas: Registros de llamadas entrantes y salientes, mensajes de voz, y otros datos relacionados con la actividad telefónica.
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Datos de dispositivos electrónicos: Información almacenada en dispositivos electrónicos, como computadoras, teléfonos móviles, tabletas, entre otros, que puede ser recuperada mediante técnicas de informática forense.
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Imágenes y videos: Fotos, videos y grabaciones de audio que pueden ser utilizados como evidencia en un caso.
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Informes periciales: Análisis realizados por expertos en informática forense o en otras áreas técnicas que pueden ayudar a interpretar la evidencia digital.
FASES DE LA PRUEBA DIGITAL EN UN PROCESO
Las fases de la prueba electrónica o digital son las siguientes:
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La obtención de los datos a través de una fuente digital. La obtención de la prueba siempre deberá ser lícita, es decir, sin violación de los derechos fundamentales, especialmente, la intimidad personal (18.1 CE), el secreto de las comunicaciones (18.3 CE) y la protección de datos personales (18.4). La licitud debe respetarse durante toda la fase probatoria.
Las partes (o la autoridad pública en el caso del proceso penal), acceden a la información, ya sea en su propio dispositivo electrónico como un dispositivo ajeno (por orden judicial). En el caso de que sea la autoridad judicial la que investigue, para el acceso a la información podrá acordar el registro de los dispositivos.
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La incorporación de los datos al proceso. Para ello, se exige la concurrencia de tres requisitos: pertinencia, necesidad y licitud. Es decir, ha de ser relevante para acreditar los . . .
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Nov 28, 2023 | Actualidad Prime
El profesor se refería a los alumnos como «pokémon», «transformer», o «miau», entre otros. La utilización de contestaciones desagradables, comentarios denigrantes e inapropiados justifica la sanción disciplinaria al profesor.
La sentencia 824/2023 del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de 14 de noviembre, ratifica la sanción disciplinaria al profesor por comportamientos inadecuados de manera constante en su puesto de trabajo.
La sanción consiste en la suspensión de funciones durante 18 meses y 15 días, a raíz de la comisión de dos infracciones graves: falta injustificada de rendimiento, y otra, la desconsideración grave hacia las personas con las que se relacionaba en el ejercicio de sus funciones, especialmente, los alumnos.
Durante los cursos comprendidos entre 2018 y 2020 el profesor había recibido advertencias del director del centro acerca de sus comportamientos, además de las quejas presentadas por el alumnado. En 2021, la Xunta abrió un acuerdo de incoación de procedimiento disciplinario contra él, resultando en una sanción.
La falta injustificada de rendimiento
El profesor no informó al alumnado de la programación didáctica, no explicaba debidamente la materia, ni corregía los exámenes en profundidad, además, este era su único criterio de valoración. No cumplía con los objetivos establecidos por la Xunta, además, se comunicaba con los alumnos a través de WhatsApp, medio no justificado, debido a que requiere el teléfono móvil personal de los alumnos.
Por otro lado, queda acreditado por la prueba testifical de varios alumnos y la jefa de estudios que se ausentaba sin motivo justificado. Dejaba solos a los alumnos en clase.
La desconsideración grave con los alumnos
El profesor utilizaba apodos para referirse a los alumnos: «transformer», «drogadicto», «miau», «pokémon», etc. Utilizaba dichas expresiones para ridiculizarlos, así como contestaciones desagradables, comentarios sexistas, preguntas personales, etc. También se refería en sus comentarios al aspecto físico de las alumnas, hacía trato de favor e intervenía en sus conversaciones privadas. No respetó las pautas pedagógicas establecidas para el profesorado.
A raíz de lo dispuesto, el TSXG rechaza el recurso presentado por el profesor, ratifica lo dispuesto por el Juzgado de lo contencioso-administrativo de Pontevedra. Ambas resoluciones ratifican la resolución sancionadora impuesta.
Además, recalca la continuidad de los hechos a lo largo del curso académico, motivo por el cual considera justificada y adecuada la suspensión de funciones.
Otras noticias de interés:
TJUE | La compensación por copia privada a favor de organismos de radiodifusión
Nov 28, 2023 | Actualidad Prime
El Consejo de la Unión Europea adopta una serie de cambios a través de la Directiva (UE) 2023/2673 para facilitar y mejorar los contratos financieros a distancia. Mediante esta, el consejo aumenta la seguridad a la hora de celebrar estos contratos.
El texto aprobado mejora la legislación actual, incrementa la protección al consumidor y establece un entorno de competencia justa para los servicios financieros ofrecidos en línea, por teléfono o mediante otras modalidades de comercialización a distancia.
Directiva sobre Contratos de Servicios Financieros Celebrados a Distancia
Esta Directiva, modifica la anterior Directiva 2011/83/UE, estableciendo normas más detalladas para los contratos a distancia en servicios financieros.
- Define con precisión qué secciones de la Directiva se aplican a estos contratos, enfatizando en la información precontractual y el derecho de desistimiento.
- La norma incluye la introducción de un nuevo artículo para facilitar el desistimiento en transacciones en línea.
- Y especifica la información que los comerciantes deben proporcionar a los consumidores antes de la formalización del contrato, como la identidad del comerciante, detalles del servicio financiero, y condiciones del derecho de desistimiento.
Todo esto busca mejorar la protección al consumidor y la claridad en las transacciones financieras a distancia.
Derecho de desistimiento en los contratos a distancia
La Directiva 2023/2673 introduce y detalla el derecho de desistimiento para contratos a distancia de servicios financieros. La norma otorga los consumidores un plazo de 14 días, extendido a 30 para contratos relacionados con pensiones personales, para anular el contrato sin penalizaciones. Establece excepciones a este derecho, como servicios cuyo precio dependa de fluctuaciones del mercado financiero y seguros de viaje de corta duración.
Asimismo, si el consumidor ejerce su derecho de desistimiento, no quedará vinculado a contratos complementarios y no deberá enfrentar costes adicionales. La Directiva también aborda la necesidad de explicaciones adecuadas y comprensibles sobre los contratos financieros ofrecidos, asegurando que los consumidores puedan tomar decisiones informadas. Por último, establece normas para evitar que las interfaces en línea induzcan a error o manipulen las decisiones de los consumidores en la contratación de servicios financieros a distancia.
Nov 28, 2023 | Actualidad Prime
Una normativa nacional que excluye a los organismos de radiodifusión del derecho a una compensación equitativa es contraria al derecho de la Unión Europea. [TOL9780661]
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha resuelto una cuestión prejudicial acerca de una normativa alemana que excluye a los organismos de radiodifusión del derecho a recibir una compensación por las copias privadas que realizan los particulares para uso privado con fines no comerciales.
Un contrato de gestión de derechos de autor vinculaba a la entidad gestora con un organismo de radiodifusión, a fin de regular la explotación exclusiva de sus derechos. La entidad gestionada solicitó el abono de una compensación por el canon digital, sin embargo, la normativa alemana no permite que se realice dicha compensación a los organismos de radiodifusión. En concreto, así lo establece el artículo 87.4 de la Ley de Derechos de Autor alemana, por lo que la entidad de gestión se negó.
El órgano jurisdiccional alemán albergó dudas acerca de la compatibilidad de dicha normativa con el Derecho de la Unión.
Sobre la normativa europea
El precepto principal a interpretar es el artículo 5.2 b) de la Directiva 2001/29/CE. Establece lo siguiente: «los estados miembros Los Estados miembros podrán establecer excepciones o limitaciones al derecho de reproducción contemplado en el artículo 2 en los siguientes casos: b) en relación con reproducciones en cualquier soporte efectuadas por una persona física para uso privado y sin fines directa o indirectamente comerciales, siempre que los titulares de los derechos reciban una compensación equitativa».
Se referencia al artículo 2 e) de la misma norma, respecto a la consideración de los organismos de difusión como una de las categorías. Añade que no existe distinción de trato entre ellas.
Por ello, el Tribunal considera que dichos organismos se encuentran en una situación comparable, de modo que tiene el derecho exclusivo de reproducción.
Interpretación y compensación equitativa
El tribunal establece un margen de actuación para los estados miembros a la hora de fijar la compensación. Para ello, deberán tener en cuenta todas las circunstancias: el perjuicio causado, la forma, modalidad, cuantía, etc.
Finalmente, el TJUE establece que el artículo 5.2 b) de la Directiva 2001/29/CE debe interpretarse en el sentido de que «se opone a una normativa nacional que excluye del derecho a una compensación equitativa, previsto en dicha disposición, a los organismos de radiodifusión, cuyas fijaciones de emisiones son reproducidas por personas físicas para uso privado y con fines no comerciales, siempre que tales organismos sufran un perjuicio potencial que no pueda calificarse de “mínimo”».
Nov 27, 2023 | Actualidad Prime
El Tribunal Superior de Justicia de Murcia Confirma el despido disciplinario de un trabajador de unos grandes almacenes por acoso sexual a una compañera. La Sala de lo Social desestimó el recurso contra la sentencia del Juzgado de lo Social número 8 de Murcia, que había declarado procedente el despido y la extinción del contrato de trabajo sin derecho a indemnización.
Acoso sexual a una compañera | intención sexual del tocamiento irrelevante
El caso viene motivado por el incidente específico en el que el trabajador tocó la cara interior del muslo de una compañera, un acto considerado como falta muy grave. La sentencia subraya que la intención sexual del tocamiento es irrelevante, ya que la conducta es degradante, ofensiva y atenta contra la dignidad de la trabajadora.
Despido y posterior recurso del trabajador
Tocamiento físico y el trato continuado y vejatorio de carácter sexual y machista
El despido se basó en dos infracciones: el tocamiento físico y el trato continuado y vejatorio de carácter sexual y machista hacia compañeras de trabajo. Anteriormente, el trabajador ya había sido sancionado con una amonestación verbal por comentarios sexuales inapropiados. El juez de instancia, aplicando el principio de non bis in idem, no consideró esta sanción previa a efectos disciplinarios, pero la tomó en cuenta para establecer reincidencia.
El trabajador argumentó en su recurso de la decisión que su conducta no constituía acoso sexual y que sus compañeras asumían sus groserías. Una afirmación rechazada por la Sala. El tribunal consideró que, independientemente de la intención, la conducta era humillante y atentaba contra la dignidad de la trabajadora.
La Sala también rechazó la alegación de que hubo un cambio en la tipificación de la conducta en la carta de despido, afirmando que los tribunales no están vinculados por la calificación del empresario y pueden considerar una causa distinta de despido.
Definición legal del acoso sexual a una compañera y fallo del Tribunal Superior
La definición legal de acoso sexual, según la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, no requiere que la víctima manifieste explícitamente el carácter indeseado de la conducta. El tribunal concluyó que la conducta del trabajador era un incumplimiento grave y culpable desde una perspectiva laboral, constituyendo acoso sexual y una ofensa física claramente atentatoria a la dignidad.
La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.
