La desheredación e indignidad para suceder

Feb 26, 2025 | Derecho Civil, Dosiers

Ambas figuras constituyen una sanción civil derivada de la realización de determinadas conductas previstas legalmente. La consecuencia para el indigno y el desheredado es la misma: la imposibilidad de suceder. Sin embargo, existen diferencias notables entre ambas figuras:

Ámbito de aplicación: La indignidad afecta a la sucesión en general, mientras que la desheredación se circunscribe a la legítima.

Origen y requisitos: La desheredación debe constar expresamente en testamento, mientras que la indignidad se produce automáticamente cuando se incurre en una de las causas establecidas en el art. 756 del Código Civil.

Sujetos: En la desheredación intervienen el testador y los legitimarios, mientras que en la indignidad los sujetos son el causante y cualquier sucesor indigno.

Momento de producción de la causa: Las causas de desheredación deben ser anteriores al otorgamiento del testamento, en tanto que las de indignidad pueden ocurrir incluso después del fallecimiento del causante.

Efectos en la sucesión: La desheredación opera de forma automática, mientras que el indigno puede llegar a tomar posesión de la herencia hasta que se declare judicialmente su indignidad.

En ambas instituciones, el causante puede revertir sus efectos mediante la reconciliación (desheredación) o la remisión expresa o tácita (indignidad), lo que evidencia su carácter personal y relativo, tal como reflejan los arts. 761 y 857 del Código Civil.

1. La desheredación

La desheredación constituye una de las instituciones con mayor debate en el entorno del derecho sucesorio, donde confluyen principios fundamentales como la protección de la legítima y la libertad testamentaria. Regulada en los artículos 848 a 857 del Código Civil, la desheredación implica la privación expresa de los derechos legitimarios de un heredero forzoso por parte del testador, debiendo cumplir estrictamente con las causas y formalidades previstas por la normativa vigente.

El sistema jurídico reconoce un equilibrio entre la autonomía de la voluntad del causante y la garantía de ciertos derechos a favor de los legitimarios, quienes ostentan una posición preferente en la sucesión. Así, la legítima, limita la capacidad del testador de disponer libremente de sus bienes, asignando una porción del caudal hereditario a determinados herederos, según el orden sucesorio establecido. En este contexto, la desheredación emerge como una excepción a dicha protección, permitiendo al testador privar de estos derechos a los legitimarios únicamente cuando concurran causas legales tasadas.

El artículo 848 del Código Civil establece que la desheredación sólo será válida cuando se funde en una causa prevista por la ley y sea expresada de manera clara y precisa en el testamento. Entre las causas legalmente contempladas, destacan el incumplimiento de los deberes familiares, los actos de injuria o maltrato y otras conductas graves que evidencian un menoscabo en la relación entre el testador y el legitimario. No obstante, estas causales son objeto de interpretación restrictiva, lo que exige un análisis minucioso y casuístico en cada caso.

Además de las causas, la validez de la desheredación depende del cumplimiento de ciertas formalidades, como su inclusión expresa en el testamento y la mención de los hechos que la motivan. La falta de observancia de estos requisitos puede dar lugar a la impugnación de la desheredación por parte del legitimario afectado, quien podrá instar la nulidad de la cláusula testamentaria y reclamar la legítima que le corresponde. 

A pesar de su carácter excepcional, la desheredación ha cobrado relevancia, especialmente en contextos de conflictos familiares o situaciones de maltrato psicológico, generando un aumento en las controversias judiciales sobre su aplicación e interpretación. 

1. 1. Regulación de la Desheredación

La desheredación, como institución del derecho sucesorio, se configura en el Código Civil como un acto de gran trascendencia, pues permite privar a un heredero forzoso de su derecho a la legítima, siempre . . .

Modificación de la subasta judicial electrónica por la LO 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia

Feb 19, 2025 | Derecho Civil, Dosiers

La Disposición transitoria novena de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, establece que «1. Las previsiones recogidas por la presente ley serán aplicables exclusivamente a los procedimientos incoados con posterioridad a su entrada en vigor.» Ello significa que el nuevo régimen de las subastas judiciales será aplicable a las ejecuciones cuya demanda ejecutiva sea presentada a partir del 3 de abril de 2025, fecha en que entra vigor la reforma.

Características generales de la nueva regulación

Siguiendo la justificación de la reforma contenida en el preámbulo de la Ley Orgánica 1/2025, los caracteres generales que inspiran la modificación de la subasta judicial son los siguientes:

1. Se establece que el inicio del cómputo de los plazos para pago del resto del precio y traslado para mejora de postura, cuando no cubra los porcentajes mínimos, se produzca automáticamente desde la fecha de cierre de la subasta.

2. En todo caso, se exige que, al acordarse la subasta, el demandado quede debidamente informado, advirtiéndole de que el inicio de la subasta y su resultado no va a serle notificado personalmente, sino que será facilitado por el Portal, teniendo la posibilidad de registrarse como usuario y utilizar su sistema de alertas.

3. También se ha recogido la obligación de realizar a la persona demandada no personada un intento de notificación personal del decreto convocando subasta, al objeto de reforzar sus garantías y derechos en el proceso.

4. Asimismo, se impone al ejecutante la obligación de informar al órgano judicial del pago de la tasa exigida para la publicación del anuncio de subasta, ya que de ese pago depende el inicio de la subasta.

5. Se acorta a veinte días el plazo para pagar el resto del precio ofrecido.

6. Se suprime la necesidad de practicar la liquidación del crédito del ejecutante cuando el precio que ha ofrecido no sea superior al principal reclamado.

7. Para facilitar la competencia dentro de la subasta y la mejora del precio final, se ha establecido que, si el ejecutante tiene interés en adquirir el bien, debe incorporarse a ella como un licitador más y sometido a las mismas reglas. Esto supone que va a poder hacer pujas, aunque no intervengan otros postores, y que no va a poder mejorar el precio una vez finalizada la subasta.

8. Se prevén las consecuencias económicas que tiene para el ejecutante no pagar la diferencia entre su crédito y el precio que hubiera ofrecido para adquirir el bien subastado, y se hace de un modo análogo al regulado para los demás postores cuando son éstos los que no pagan el precio ofrecido en la subasta. Se va a descontar de su crédito la misma cantidad que hubieran tenido que depositar los demás postores, y se celebrará nueva subasta, si fuera necesaria.

9. Se sigue reconociendo a la persona demandada su derecho a mejorar el precio ofrecido por el mejor postor, como última posibilidad de evitar que sus bienes sean adjudicados a un tercero. Se le permite presentar a cualquier persona que mejore el precio ofrecido en la subasta cuando no supere los porcentajes mínimos necesarios para aprobar inmediatamente el remate.

10. Con respecto a los inmuebles, se ha efectuado una reducción del porcentaje mínimo de mejora exigido a la persona demandada, hasta ahora establecido en el 70 por 100 del valor de subasta, que queda fijado en el 60 por 100. Además, si el precio ofrecido en la subasta, aun siendo inferior a ese porcentaje, cubre la cantidad reclamada por todos los conceptos, la mejora podría ser por un solo céntimo. La reforma también establece la forma y requisitos con que la mejora ha de ser llevada a efecto, hasta hoy no contemplados.

11. Se ha considerado necesario unificar los efectos derivados de la subasta con postores y . . .

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