TGUE anula marcas del cubo de Rubik

 El cubo de Rubik y la forma tridimensional contraria al Derecho de la Unión. Asuntos acumulados T-1170/23 a T-1173/23

El Tribunal General de la Unión Europea ha confirmado la anulación de las marcas de la Unión registradas por la predecesora de Spin Master Toys UK, relativas a la forma tridimensional del conocido «cubo de Rubik». El fallo ratifica la resolución adoptada por la EUIPO, que estimó las solicitudes de nulidad presentadas por Verdes Innovations SA en 2013.

Elementos funcionales en la representación tridimensional

Las marcas impugnadas consistían en la representación tridimensional de un cubo con estructura cuadriculada en sus caras. Según la EUIPO, la configuración de los colores en los pequeños cuadrados de cada cara constituía una característica esencial del signo y estaba directamente vinculada a la función técnica del producto. Se consideró que la combinación de seis colores tenía una finalidad práctica: diferenciar las caras del cubo mediante un efecto de contraste, elemento indispensable para su funcionamiento como puzle tridimensional.

Argumentación jurídica del Tribunal General

Spin Master Toys UK recurrió dichas resoluciones ante el Tribunal General, alegando que las marcas contenían características no exclusivamente funcionales. Sin embargo, el Tribunal desestimó sus alegaciones.

En primer lugar, determinó que la forma cúbica, la estructura cuadriculada y la diferenciación de las caras del cubo son las verdaderas características esenciales de las marcas impugnadas. No así los colores en sí, que revisten un carácter secundario.

En segundo lugar, consideró que la tercera característica esencial, es decir, la diferenciación visual de los cuadrados mediante colores, forma parte integral de la representación del objeto. Además, tiene una función técnica inherente, por cuanto permite identificar cada cara y cada segmento del puzle.

Finalmente, conforme al artículo 7. 1. e) del Reglamento sobre la marca de la Unión Europea, el Tribunal concluyó que todas las características esenciales de la forma son necesarias para obtener un resultado técnico. Por ello impide su registro como marca.

Fuente. CURIA.

Condena al Ayuntamiento de Telde por error en cementerio

Error por inhumación indebida en un cementerio que genera responsabilidad patrimonial.

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo n. º 3 de Las Palmas de Gran Canaria ha declarado la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Telde por autorizar por error el enterramiento de una persona ajena en un nicho de titularidad familiar en el cementerio municipal. Como consecuencia de la negligencia, el consistorio deberá abonar 2.500 euros a los familiares afectados en concepto de indemnización por daños morales.

La resolución judicial considera acreditada la relación de causalidad entre el incorrecto funcionamiento del servicio público de cementerios y el perjuicio ocasionado a los demandantes. En concreto, la familia descubrió que el nicho en el que yacían los restos de sus allegados había sido ocupado por el cuerpo de un desconocido, sin conocimiento ni consentimiento alguno por su parte.

El reconocimiento municipal del error, elemento clave

Uno de los elementos determinantes del fallo ha sido la propia admisión de los hechos por parte del Ayuntamiento de Telde. En 2023, la corporación reconoció expresamente que se había procedido, por error, a la inhumación de una persona sin vínculo con los titulares del nicho. Esta admisión, junto con la documentación aportada por la familia afectada, consolidó la legitimación de su reclamación.

Asimismo, el juzgado subraya otro acto relevante: el ofrecimiento de un nicho alternativo a los recurrentes por parte del propio consistorio, lo que refuerza la existencia de una actuación administrativa anómala, contraria a los principios de funcionamiento regular de los servicios públicos, conforme al artículo 106. 2 de la Constitución Española y al régimen previsto en la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Incertidumbre sobre el paradero de los restos originales

La sentencia destaca el daño moral derivado de dos circunstancias: el impedimento durante cinco años para disponer del nicho familiar, y la incertidumbre persistente sobre el destino de los restos de sus familiares. No consta que se haya informado a los afectados del traslado ni del lugar donde podrían hallarse actualmente los restos originales, generando una vulneración añadida de los derechos de la familia.

Justificación jurídica del fallo

La resolución se apoya en el principio de responsabilidad patrimonial de la Administración. El juzgado entiende que concurren todos estos elementos, sin que exista causa alguna que justifique o exonere la actuación municipal.

Fuente: CGPJ.

Sentencia sobre el alta médica y el alta hospitalaria

Reconocimiento del derecho al permiso retribuido. [TOL10.540.781]

El Tribunal Supremo ha dictado recientemente sentencia en la que interpreta el artículo 73. 1. c) del IV Convenio colectivo de una entidad operadora del sector energético, que regula el derecho de los trabajadores a ausentarse del trabajo, con remuneración, durante cinco días naturales en caso de hospitalización o enfermedad grave del cónyuge o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. La cuestión litigiosa giraba en torno a si este permiso debe disfrutarse íntegramente aunque se produzca el alta médica del familiar antes de su finalización.

Delimitación legal del permiso retribuido

El precepto establece que dicho permiso puede disfrutarse de forma continuada o fraccionada, siempre que el número de horas diarias no sea inferior a dos. Sin embargo, no se contempla expresamente qué ocurre en caso de alta médica anticipada. El Tribunal Supremo, basándose en la doctrina jurisprudencial consolidada, ha determinado que el alta hospitalaria no extingue automáticamente el derecho al permiso, pero el alta médica sí lo hace, aunque no haya transcurrido el plazo máximo de cinco días naturales.

Interpretación jurisprudencial del artículo 73. 1. c)

La sentencia diferencia claramente entre el alta hospitalaria y el alta médica. La primera indica que ya no es necesaria la permanencia en el centro sanitario, mientras que la segunda declara la recuperación del paciente y, por tanto, la desaparición de la causa que justifica la concesión del permiso. La interpretación del Tribunal se basa, además, en el artículo 37. 3. b) del Estatuto de los Trabajadores, que reconoce un permiso retribuido en supuestos de enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica con reposo domiciliario, vinculando su disfrute a la subsistencia de la necesidad de cuidado del familiar afectado.

Doctrina aplicable y efectos sobre el permiso

La resolución judicial acoge la tesis de que el permiso no puede utilizarse para fines ajenos a la atención del familiar. Por tanto, si este ha sido dado de alta médica, el trabajador pierde la justificación para seguir disfrutando del permiso, incluso si no ha agotado los cinco días concedidos. En cambio, si solo ha sido dado de alta hospitalaria y continúa en situación médica grave que requiere reposo domiciliario o cuidados, el permiso sigue siendo válido.

Pronunciamiento judicial y consecuencias prácticas

El fallo estima en parte la demanda de conflicto colectivo. Además, declara que el derecho al permiso se extingue con el alta médica, aunque no hayan transcurrido los cinco días naturales previstos por convenio. Este criterio homogeneiza la aplicación del derecho y previene posibles abusos en la interpretación de la norma convencional. No obstante, la sentencia recuerda que corresponde al trabajador justificar debidamente la situación médica del familiar.

No procede excluir del seguro pese a ser el causante del homicidio

No excluir del seguro | Sobre el dolo y la imputabilidad

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha determinado que no procede excluir del cobro de un seguro de vida al beneficiario que mató a la asegurada si fue penalmente declarado inimputable. El caso examinado se refiere al asesinato de una mujer por parte de su hermano, beneficiario único de una póliza de vida contratada con Ibercaja, quien fue absuelto en la jurisdicción penal por concurrir una alteración psíquica que le impedía comprender la ilicitud de sus actos.

El pronunciamiento judicial interpreta el artículo 92 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS). Dicho artículo establece que el beneficiario pierde el derecho a la prestación si ha causado dolosamente la muerte del asegurado. Para el Alto Tribunal, la expresión “causó dolosamente” exige no solo voluntad y conciencia, sino también imputabilidad penal. Al no concurrir esta última, no cabe aplicar dicha exclusión.

El contexto penal: eximente completa por demencia

Los hechos probados en la jurisdicción penal indican que el hermano de la asegurada sufría un deterioro cognitivo compatible con un síndrome demencial, que anulaba su capacidad de comprensión. A consecuencia de ello, quedó absuelto del delito de asesinato con imposición de una medida de internamiento en centro psiquiátrico penitenciario por 20 años, conforme al artículo 20. 1 del Código Penal, que exime de responsabilidad criminal al que, por anomalía o alteración psíquica, no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a dicha comprensión.

Impugnación civil y giro jurisprudencial

Posteriormente, el juzgado de Primera Instancia y la Audiencia Provincial rechazaron la demanda interpuesta por la hija del beneficiario, designada tutora, para reclamar la prestación del seguro. Ambos tribunales entendieron aplicable la exclusión del artículo 92 LCS. No obstante, el Tribunal Supremo revocó dicho criterio.

La sentencia subraya que la privación del derecho a la prestación requiere dolo penalmente imputable. Al descartarse este en la sentencia penal firme, concluye que no procede privar al beneficiario de su derecho. El contrato debe desplegar íntegramente sus efectos.

Relevancia jurídica del fallo

La resolución aclara el alcance del 92 LCS, estableciendo que la exclusión del beneficiario por causar la muerte del asegurado solo procede si es inimputable. De esta manera, se armoniza la interpretación de la norma con los principios del Derecho penal. Además, se impide una sanción civil cuando no hubo capacidad volitiva ni cognitiva para actuar conforme al Derecho.

Fuente. CGPJ.

Condenado por fingir lesiones en autobús urbano

El pasajero fingió lesiones tras un supuesto acelerón

La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a un ciudadano por un delito de simulación de delito, tras denunciar falsamente unas lesiones que, según su versión, se habrían producido cuando el conductor del autobús urbano aceleró bruscamente. El tribunal ha impuesto una pena de diez meses de multa, a razón de ocho euros diarios, y le ha obligado a indemnizar con 1. 500 euros a la empresa municipal de autobuses por los perjuicios ocasionados.

Los hechos se remontan a un trayecto urbano en el que el condenado aseguró haber resultado lesionado en la zona lumbar como consecuencia del movimiento repentino del vehículo. Afirmó que fue proyectado contra su asiento hasta impactar con su acompañante. Esta denuncia dio lugar a la apertura de diligencias previas. Sin embargo, el tribunal pudo constatar que el acusado ya había formulado denuncias de naturaleza similar en ocasiones anteriores, lo que generó serias dudas sobre la veracidad de sus manifestaciones.

Las imágenes contradicen la versión del acusado

Durante el juicio, una de las pruebas clave fue la visualización de las grabaciones obtenidas del interior del autobús. Estas imágenes fueron determinantes para desmentir la versión del acusado. Según la resolución, las grabaciones no solo no respaldan la denuncia, sino que directamente la contradicen. De forma expresa, la Audiencia indica que las pruebas “desvirtúan” el relato ofrecido tanto en sede policial como judicial.

El tribunal destaca que se ha practicado prueba suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia, en línea con la valoración realizada por el juzgado de instancia. No se aprecia error alguno en dicha apreciación, por lo que se confirma la existencia de una simulación dolosa de un delito inexistente, conducta tipificada en el artículo 457 del Código Penal.

Una conducta reiterada con consecuencias penales

El hecho de que el condenado hubiera protagonizado denuncias de contenido similar anteriormente refuerza la valoración de los magistrados sobre la intencionalidad del comportamiento. La reiteración en este tipo de simulaciones no solo perjudica a las empresas o entidades implicadas, sino que también supone una perturbación del funcionamiento normal de la administración de justicia.

La sentencia, que aún no es firme, puede ser objeto de recurso por parte del condenado.

Fuente: CGPJ.