Feb 4, 2025 | Actualidad Prime
La retasación de bienes expropiados no genera una nueva ganancia patrimonial. STS 9/2025, de 14 de enero.
El Tribunal Supremo ha resuelto que la retasación de bienes expropiados no constituye una nueva ganancia patrimonial independiente a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Este criterio, fijado en la sentencia de 14 de enero de 2025, impide que la Administración Tributaria someta a gravamen la diferencia entre el justiprecio inicial y el determinado tras un proceso de litigio.
El caso se originó con la liquidación del IRPF a un contribuyente por parte de la AEAT, debido a la retasación de unos terrenos expropiados. En 1985, el contribuyente heredó un porcentaje de terrenos en Valencia, los cuales quedaron expropiados en 1998 para la construcción de un parque público.
El justiprecio fijado en 2005 se impugnó, y tras varios procedimientos judiciales, se determinó en 2015 un nuevo valor mediante retasación. La AEAT consideró que la diferencia entre ambos valores constituía una nueva ganancia patrimonial sujeta a tributación.
Tras la desestimación del TEAR en 2022 y, posteriormente, del TSJCV en noviembre de ese año, el contribuyente interpuso recurso de casación ante el Supremo.
El Tribunal Supremo anula la tributación de la retasación
El Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación, anulando la sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana. En su fallo, establece que la ganancia patrimonial derivada de la retasación no constituye una alteración patrimonial nueva, sino una actualización del justiprecio inicialmente fijado.
Además, el Tribunal ha determinado que esta ganancia debe beneficiarse de los coeficientes reductores previstos en la Disposición Transitoria Novena de la Ley del IRPF. Esto se debe a que el terreno fue adquirido antes del 31 de diciembre de 1994 y no estaba afecto a actividades económicas.
Fundamentos jurídicos de la sentencia
- La retasación no constituye una nueva alteración patrimonial
La expropiación forzosa es una alteración patrimonial sujeta a tributación en el IRPF, pero el Tribunal Supremo ha determinado que la retasación no supone una transmisión diferente ni genera una ganancia patrimonial nueva. En consecuencia, no se puede gravar de forma autónoma la diferencia entre el justiprecio inicial y el resultante de la retasación. El tribunal destaca que la retasación es un mecanismo para garantizar que el expropiado reciba un justiprecio ajustado a derecho, pero no implica la obtención de una renta adicional.
- Aplicación de los coeficientes reductores del IRPF
Dado que el contribuyente adquirió el terreno antes del 31 de diciembre de 1994, el Tribunal Supremo establece que la ganancia patrimonial derivada de la expropiación debe beneficiarse de los coeficientes reductores previstos en la Disposición Transitoria Novena de la Ley del IRPF. Estos coeficientes permiten reducir la tributación de las ganancias patrimoniales generadas por la venta o transmisión de bienes adquiridos antes de esa fecha, asegurando una tributación más favorable para el contribuyente.
- Momento de imputación de la ganancia patrimonial
La sentencia también recuerda que, en casos en los que el justiprecio haya sido objeto de litigio, la ganancia patrimonial debe imputarse en el ejercicio en el que la resolución que fija el nuevo valor deviene firme.
Fuente: CGPJ.
Feb 4, 2025 | Actualidad Prime
Tribunal General inadmite recurso interpuesto contra la Decisión 2023/1786 de la Comisión. Asunto T-1126/23.
El Tribunal General de la Unión Europea ha declarado la inadmisibilidad del recurso interpuesto por la asociación profesional de fiscales rumanos Asociația Inițiativa pentru Justiție contra la Decisión 2023/1786 de la Comisión Europea. Esta decisión derogó la Decisión 2006/928, por la que se estableció el Mecanismo de Cooperación y Verificación (MCV). Se trata de un mecanismo de seguimiento de la reforma judicial en Rumanía desde su adhesión a la Unión en 2007.
La cuestión del efecto directo y la afectación jurídica
El auto del Tribunal General aborda la relación entre el principio del efecto directo y el requisito de admisibilidad de los recursos de anulación interpuestos conforme al artículo 263, párrafo cuarto, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La asociación demandante alegó que la derogación del MCV afectaría directamente a sus miembros, al quedar más expuestos a eventuales represalias disciplinarias sin la supervisión del mecanismo europeo.
Falta de legitimación activa
El Tribunal General determinó que la asociación no tenía legitimación activa ni en nombre propio ni en nombre de los fiscales que representa. Para que un acto de la Unión afecte directamente a una persona jurídica, debe producir efectos jurídicos inmediatos en su situación legal. Ello, sin necesidad de medidas nacionales intermedias. En este caso, el Tribunal señaló que la Decisión 2006/928 solo regulaba las relaciones entre la Unión y Rumanía, sin otorgar derechos específicos a particulares.
Efecto directo de los indicadores del MCV
Si bien el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reconocido el efecto directo de los indicadores del MCV, este no supone necesariamente que generen derechos individuales exigibles por los fiscales ante los tribunales nacionales. El Tribunal General establece que el efecto directo se ha interpretado desde la obligación de los jueces nacionales de garantizar la primacía del Derecho de la Unión, sin que ello implique que los particulares puedan impugnar la supresión de dichos indicadores.
Garantías judiciales tras la derogación del MCV
A pesar de la supresión del mecanismo de control, el Tribunal General recordó que los fiscales rumanos continúan protegidos por el artículo 19 del Tratado de la Unión Europea, que garantiza la tutela judicial efectiva en los Estados miembros. Asimismo, reiteró que el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva no puede justificar la omisión de los requisitos procesales expresamente establecidos en los Tratados.
Fuente: CURIA.
Feb 3, 2025 | Actualidad Prime
Ratificación de la sentencia impuesta, la disputa originada por dejar suelto a un perro no queda dentro de la legítima defensa.
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha confirmado la condena de nueve meses de prisión impuesta a un hombre por agredir a otro en una disputa por un perro: le había reprochado dejar suelto a un perro de raza bóxer en un terreno. La Sala desestimó el recurso del acusado y sostuvo que su actuación no se enmarcaba en la legítima defensa, como alegaba en su apelación.
Detalles de los hechos
La sentencia establece que, en el transcurso de la disputa, la víctima golpeó al acusado en una mano con una hoz. Posteriormente, el acusado le arrebató el objeto y, tras un forcejeo, le propinó un cabezazo en la boca mientras lo inmovilizaba en el suelo. Tras el ataque, abandonó el lugar, dejando a la víctima con la pérdida de una pieza dental.
Los magistrados del TSXG han subrayado que la prueba presentada es contundente y no permite dudar de la realidad de los hechos. La agresión quedó acreditada tanto por el testimonio del afectado como por la propia declaración del acusado, quien reconoció haberse situado sobre la víctima y haberle propinado el golpe en el rostro.
Rechazo de la legítima defensa
El tribunal ha descartado la argumentación del procesado respecto a la legítima defensa. Según la resolución, para que esta eximente sea aplicable, el acto defensivo debe ser simultáneo al ataque y responder a una agresión ilegítima. Sin embargo, en este caso, el TSXG consideró que la agresión previa ya había finalizado cuando el acusado golpeó a la víctima. Por tanto, su actuación no estuvo motivada por una necesidad de repeler un peligro inmediato, sino que obedeció a un propósito distinto, como inmovilizar o tomar represalias.
Fundamentos jurídicos
La Sala ha reiterado que, de acuerdo con el artículo 20.4 del Código Penal, la legítima defensa requiere una agresión ilegítima, la necesidad racional del medio empleado y la falta de provocación suficiente por parte del defensor. Al analizar el caso, el TSXG concluyó que la conducta del condenado no cumplía estos requisitos, ya que la agresión inicial de la víctima había cesado y la acción del procesado constituyó un ataque adicional que no era necesario para su protección.
Además, la sentencia destaca que no existió una valoración ilógica o arbitraria de la prueba, ya que los hechos fueron debidamente acreditados en la instancia anterior. Así, la ratificación de la condena se fundamenta en la coherencia de los elementos probatorios y en la aplicación correcta de la normativa penal vigente.
Fuente: CGPJ.
Feb 3, 2025 | Actualidad Prime
Ratificación judicial del despido de un trabajador por extracción de datos empresariales.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha confirmado la procedencia del despido de un trabajador de Mercadona por extracción y copia 55.129 archivos de datos empresariales en dispositivos de almacenamiento externo. La resolución ratifica la sentencia previa del Juzgado de lo Social número 4 de Vitoria-Gasteiz, desestimando el recurso interpuesto por el trabajador.
Argumentos del trabajador desestimados
El demandante alegó que la empresa intervino sus equipos informáticos sin su consentimiento, vulnerando su derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones. También sostuvo que el despido era una represalia por negarse a modificar su horario.
Sin embargo, el TSJPV concluyó que la empresa no vulneró sus derechos, ya que el trabajador tenía conocimiento de las normas internas sobre el uso de dispositivos electrónicos y de la posibilidad de que la empresa supervisara su cumplimiento.
Incumplimiento del convenio colectivo
La sentencia detalla que el trabajador extrajo la información los días 8, 9, 10 y 20 de septiembre de 2023, almacenándola en memorias USB personales, infringiendo expresamente el convenio colectivo de Mercadona. Dicho convenio prohíbe la extracción de información en cualquier formato y establece que los empleados deben trabajar en la nube, sin utilizar dispositivos externos.
La empresa detectó esta conducta mediante un sistema de seguridad informática que alertó sobre el volumen inusual de datos transferidos desde el ordenador del demandante.
Despido por falta muy grave
El TSJPV considera que la acción del trabajador constituye una infracción “muy grave” según el convenio aplicable, lo que justifica la sanción de despido disciplinario. Asimismo, el tribunal descartó que la decisión empresarial fuera una represalia contra el empleado, subrayando que el motivo del despido fue su actuación contraria a las normas internas.
Posible recurso ante el Tribunal Supremo
La sentencia del TSJPV no es firme, por lo que el trabajador aún puede interponer un recurso ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.
Fuente: CGPJ.
Ene 31, 2025 | Actualidad Prime
