Ene 3, 2025 | Actualidad Prime
Objetivos de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. [TOL10.322.156]
El 3 de enero de 2025, se ha publicado en el BOE la Ley Orgánica 1/2025, cuyo objetivo principal es modernizar y racionalizar el sistema de Justicia en España, adaptándolo a las necesidades actuales. Entre los propósitos destacados, la norma busca:
- Optimizar la organización judicial. Se crea un modelo colegiado mediante los Tribunales de Instancia, sustituyendo el tradicional esquema de juzgados unipersonales.
- Fomentar la digitalización. Impulsar herramientas electrónicas para facilitar el acceso y la gestión de los procedimientos.
- Descentralizar la justicia. Implementar Oficinas de Justicia en municipios para acercar los servicios a la ciudadanía.
- Mejorar la eficiencia operativa. Introducir reformas en diversas leyes procesales para agilizar los trámites y reducir la carga judicial.
Principales cambios introducidos
- Transformación estructural del sistema judicial:
- Se crean los Tribunales de Instancia, órganos colegiados que reemplazan a los juzgados unipersonales. Este cambio se fundamenta en los artículos 117 y 122 de la Constitución, garantizando la independencia y colegiación del sistema judicial.
- Se organizan nuevas secciones especializadas, como violencia contra la infancia, familia, y menores.
- Oficinas de Justicia en municipios:
- Sustituyen a los antiguos Juzgados de Paz, ampliando su catálogo de servicios. Estas oficinas permitirán la realización de trámites judiciales básicos sin desplazamientos a las capitales provinciales.
- Incorporación de medios tecnológicos para facilitar procesos como la comunicación procesal y la consulta de expedientes.
- Digitalización:
- Se implementa el expediente judicial electrónico, promoviendo la tramitación digital de casos.
- Herramientas de comunicación telemática entre órganos judiciales y profesionales para agilizar procesos y mejorar la transparencia.
- Reformas procesales:
- Modificaciones en leyes clave, como la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para reducir los tiempos de resolución.
- Introducción de mecanismos alternativos de resolución de conflictos (mediación y conciliación), especialmente en el ámbito civil y mercantil.
- Atención a colectivos vulnerables:
- Incorporación de medidas específicas para garantizar la protección de la infancia y la adolescencia, conforme a la Ley Orgánica 8/2021.
- Creación de secciones especializadas en violencia de género y contra menores.
Impacto de la nueva norma
La Ley Orgánica 1/2025 representa una intención de modernizar la Justicia y adaptarla a las transformaciones sociales y tecnológicas. La introducción de los Tribunales de Instancia y la digitalización del sistema judicial pretenden garantizar mayor agilidad y accesibilidad, así como reducir las desigualdades territoriales en el acceso a los servicios judiciales.
En el ámbito técnico, esta ley aborda de manera integral las disfunciones estructurales del sistema. Así, pretende asegurar que los recursos materiales y humanos se utilicen de manera eficiente y sostenible. Además, entre sus objetivos está el establecimiento de una relación más directa y menos burocrática entre la ciudadanía y el sistema judicial.
Finalmente, la norma entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín oficial del Estado.
Fuente: BOE.
Ene 2, 2025 | Actualidad Prime
Nueva regulación para contrataciones en origen
El Boletín Oficial del Estado del 28 de diciembre de 2024 publicó la Orden ISM/1488/2024, de 27 de diciembre, que regula la gestión colectiva de contrataciones en origen para el año 2025. Esta normativa estará en vigor desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2025.
La regulación responde al mandato del artículo 39 de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España (LOEX), así como a los artículos 167 y siguientes del Real Decreto 557/2011 (RLOEX). Además, se alinea con los principios del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, promovido por la ONU en 2018, fomentando una migración que sea regular, ordenada y segura.
Objetivo de la gestión colectiva
El propósito principal de la gestión colectiva es cubrir vacantes laborales en sectores con escasez de mano de obra, tras un análisis de la situación nacional de empleo. Esta medida permite contratar trabajadores extranjeros en origen de manera eficiente y adaptada a las necesidades del mercado.
Modalidades de contratación previstas
- Migración circular
Diseñada para puestos de trabajo estacionales o de temporada, facilitando la contratación de trabajadores extranjeros por un periodo determinado y promoviendo su retorno.
- Migración estable
Permite gestionar colectivamente autorizaciones de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena inicial no vinculadas al retorno, aplicables a proyectos laborales continuos en España.
Ambas modalidades pueden tramitarse mediante procedimientos genéricos o nominativos, según el tipo de contratación y el número de empleadores implicados.
Modificación de figuras contractuales
La orden profundiza en la contratación nominativa para integrar proyectos migratorios circulares en el ámbito de los contratos fijo-discontinuos. Esto se vincula a la derogación de la figura de residencia de duración determinada, suprimida por el Real Decreto 629/2022, con efectos desde el 27 de julio de 2023.
Relación con la reforma del Reglamento de Extranjería
Aunque la orden se ajusta al marco vigente del RLOEX de 2011, también se alinea con el contenido del nuevo Reglamento de Extranjería aprobado por el Real Decreto 1155/2024, cuya entrada en vigor será el 20 de mayo de 2025.
Fuente: BOE.
Ene 2, 2025 | Actualidad Prime
Dic 27, 2024 | Actualidad Prime
El TSJ de Aragón avala el derecho de los operarios de limpieza a realizar cursos durante su jornada laboral.
El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha terminado por desestimar el recurso de suplicación interpuesto por FCC Medio Ambiente. La empresa recurrió la sentencia de un juzgado de lo Social de Zaragoza, alegando una incorrecta interpretación del convenio colectivo. Argumentaba de la misma forma, la imposibilidad de realizar la formación dentro de la jornada laboral.
La empresa recurrente sostiene que la naturaleza de su labor, impide que la formación requerida se realice durante la jornada laboral. Argumenta que prestan un servicio público esencial que imposibilita abandonar el puesto para recibir dicha formación.
Posición del tribunal ante el conflicto planteado
El tribunal considera que la limpieza viaria no constituye un impedimento para obtener la cualificación profesional en un tiempo computable como jornada laboral, sea ordinaria o extraordinaria.
El empresario debe garantizar formación teórica y práctica en prevención, adecuada al puesto y actualizada ante cambios en funciones, tecnologías o equipos. La formación debe adaptarse a la evolución de riesgos, repetirse si necesario y centrarse en el puesto o función del trabajador. Siempre que sea posible, se impartirá en la jornada laboral o compensando el tiempo empleado, sin coste para los trabajadores.
Destaca la propia sentencia que todos los trabajadores que conduzcan vehículos que requieran el CAP deben recibir formación como parte de su jornada laboral. El precitado acuerdo paritario, que excluye a operarios y peones, es considerado insuficiente. Es por ello que la empresa debe garantizar el CAP a conductores, operarios y peones asignados a vehículos específicos por normativa de PRL.
El TSJ termina desestimando los argumentos esgrimidos por FCC, reafirmando que la formación se encuentra vinculada a la prevención de riesgos laborales. Por ello debe considerarse tiempo efectivo de trabajo, incluso si no puede realizarse durante la jornada ordinaria.
Dic 27, 2024 | Actualidad Prime
El Supremo aclara los requisitos financieros para obtener el visado de estudios en España. [TOL10.293.361]
El Tribunal Supremo ha establecido criterios claros respecto a los requisitos económicos necesarios para obtener un visado de estancia por estudios en España. En una sentencia dictada el pasado 20 de noviembre, el Tribunal resuelve que el solicitante debe demostrar capacidad económica suficiente para cubrir los gastos de estancia en el país y el regreso a su lugar de origen, pero no está obligado a justificar los fondos necesarios para sufragar el viaje de ida a España.
Esta interpretación se fundamenta en el artículo 38. 1. a) 2º del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, que regula las condiciones de entrada y estancia de extranjeros en territorio español. La norma exige “tener garantizados los medios económicos necesarios para sufragar los gastos de estancia y regreso a su país”, pero no menciona expresamente los gastos del desplazamiento inicial al país receptor.
Definición de «estancia» y los gastos incluidos
El Supremo aclara que no se limita únicamente al alojamiento en sentido estricto, entendido como vivienda o habitación. La estancia también incluye los siguientes conceptos:
- Manutención. Gastos de alimentación y vestido.
- Transporte. Especialmente necesario en ciudades grandes, como Madrid, para garantizar los desplazamientos entre el lugar de residencia y el centro de estudios.
El Tribunal recalca que estos gastos adicionales deben ser considerados a la hora de acreditar los recursos económicos suficientes para la estancia.
Criterio del IPREM como referencia financiera
La Sala establece que, para demostrar la solvencia económica, el solicitante debe garantizar una cantidad mensual equivalente al 100% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples. No obstante, si el solicitante ya ha abonado de antemano los gastos de alojamiento y manutención, esta exigencia puede verse flexibilizada.
En relación con el cálculo del IPREM, la sentencia reafirma la doctrina establecida en resoluciones anteriores. El Tribunal indica que, para determinar los recursos económicos, debe utilizarse el IPREM en su modalidad anual sin incluir las pagas extraordinarias. Este cálculo es aplicable a diversos permisos, incluida la autorización de residencia temporal recogida en el artículo 47 del Reglamento de la Ley Orgánica de Extranjería.
Exclusión de los gastos del curso en el cálculo
Otro aspecto relevante es la diferenciación entre los fondos destinados al sostenimiento del estudiante y los destinados a cubrir el coste del curso o programa de estudios. El artículo 38.1.2º del Real Decreto 557/2011 establece expresamente que las cantidades destinadas al pago de los estudios no deben computarse al calcular los recursos económicos necesarios para la estancia.
El Supremo corrige a la Sala de instancia, que había considerado de manera errónea los fondos destinados al curso como parte del sostenimiento del solicitante. De haberse aplicado correctamente el criterio, los recursos económicos acreditados por el solicitante habrían resultado suficientes, con incluso un sobrante, para cumplir con los requisitos exigidos.
Decisión del Tribunal Supremo
Con base en estos argumentos, el Supremo estima el recurso interpuesto por el solicitante y le reconoce el derecho a obtener el visado de estudios. La resolución refuerza la necesidad de interpretar de manera precisa las disposiciones legales relativas a los requisitos económicos, ofreciendo claridad tanto a las administraciones encargadas de resolver las solicitudes como a los propios solicitantes.
