Dic 5, 2024 | Actualidad Prime
El Supremo establece parámetros de graduación de sanciones en materia de riesgos laborales. STS n.º 1241/2024, de fecha 13 de noviembre.
La Sentencia del Tribunal Supremo, aclara los parámetros de graduación de sanciones administrativas por infracciones graves en materia de prevención de riesgos laborales. Así, aborda un conflicto interpretativo en torno al artículo 39 LISOS, en materia de aplicabilidad de criterios de graduación relacionados con la gravedad del daño.
Contexto del caso
La controversia surge de una sanción impuesta a la empresa Melchor Mascaró S. A. U. , tras un accidente en el que un trabajador sufrió lesiones graves operando una retroexcavadora sin medidas adecuadas para prevenir vuelcos. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social impuso inicialmente una sanción de 20.000 euros, basada en la infracción tipificada en el artículo 12. 16 b) de la LISOS. Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares redujo la multa a 2.451 euros, argumentando que los criterios de graduación no podían ser aplicados debido a la naturaleza del ilícito administrativo.
Artículos 39.3 y 39.5 de la LISOS
El TS abordó si el criterio de graduación recogido en el artículo 39.3 c), relacionado con la gravedad del daño, podía aplicarse en este caso. Este precepto permite ajustar la sanción en función de la gravedad de los daños producidos o potenciales. Sin embargo, el artículo 39.5 establece que estos criterios no deben agravar o atenuar la infracción si forman parte de la descripción del ilícito administrativo.
El TS concluyó que la infracción tipificada en el artículo 12.16 b) de la LISOS se centra en el riesgo generado por la conducta empresarial, mientras que el artículo 39.3 c) atiende a un aspecto distinto: la gravedad de los daños. Este análisis permitió al tribunal diferenciar entre la infracción basada en el riesgo y la posibilidad de graduar la sanción si el daño materializado resulta grave.
Decisión del Tribunal Supremo
El TS ratificó que la sanción podía modularse según el daño causado, sin entrar en conflicto con el marco jurídico de la LISOS. Argumentó que, aunque el ilícito sancionado se basa en la creación del riesgo, la graduación de la sanción atendiendo a la gravedad del daño es una lógica coherente con el sistema de derecho administrativo sancionador.
Fuente: CGPJ.
Dic 4, 2024 | Actualidad Prime
La Audiencia de Ourense dicta condena de tres años de cárcel por estafar 75.000 euros a su tío octogenario. Sentencia del 22 de noviembre.
La AP de Ourense ha condenado a tres años de prisión a una mujer por un delito continuado de estafa agravada contra su tío octogenario. Según la sentencia, la acusada aprovechó el deterioro cognitivo de la víctima, derivado de una demencia vascular, para estafar más de 75.000 euros, valiéndose de su aislamiento y de la confianza que él depositaba en ella.
Además de la pena de prisión, el tribunal ha impuesto a la condenada una indemnización de 76.274 euros, distribuidos entre el hijo de la víctima (43.020 euros) y una sociedad afectada por las maniobras fraudulentas (33.254 euros).
Un plan preconcebido basado en el engaño
La resolución judicial considera probado que la acusada gestó un plan metódico para apropiarse del patrimonio de su tío. Aprovechó que el único hijo del octogenario residía en el extranjero y que la víctima estaba hospitalizada en el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense. La mujer declaró ante los Servicios Sociales que el anciano no tenía familiares, llevándoselo a vivir a su casa y obstaculizando el contacto con su hijo, al que justificaba que era una decisión de su padre.
En este contexto, apenas una semana después del alta hospitalaria, la acusada llevó a su tío a una sucursal bancaria, donde logró cancelar un depósito a plazo de 25.000 euros y posteriormente retiró 33.254 euros de una cuenta corriente, fondos que pertenecían a una sociedad compartida entre la víctima y su hijo. Además, el 30 de septiembre de 2019, lo condujo a una notaría para obtener poderes amplios sobre sus cuentas y ser designada como tutora en caso de incapacidad.
Más de 75.000 euros sustraídos
La estafa continuó a través de retiradas de efectivo y pagos con tarjeta de crédito en la cuenta personal de la víctima. Entre los años 2019 y 2021, la acusada sustrajo 16.600 euros en efectivo y realizó pagos con tarjeta por valor de 16.942,30 euros, entre ellos, gastos personales como 1.195 euros para una piscina. Incluso tras ingresar al octogenario en una residencia en junio de 2020, siguió realizando retiradas de efectivo por 5.850 euros y pagos con tarjeta por 3.277,75 euros.
Revocación de poderes y fallecimiento de la víctima
En enero de 2021, el anciano fue judicialmente incapacitado, designándose a su hijo como tutor legal y revocándose los poderes otorgados a la acusada. La víctima falleció ese mismo abril, dejando como único heredero a su hijo, quien asumió la defensa de los intereses patrimoniales afectados por el fraude.
Fundamentación jurídica de la condena
El tribunal ha considerado la existencia de un delito continuado de estafa, agravado por la situación de especial vulnerabilidad de la víctima, art. 250 CP. El artículo tipifica las estafas cuando se abusa de la relación de confianza o de una situación de desamparo.
Fuente. CGPJ.
Dic 4, 2024 | Actualidad Prime
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha iniciado una segunda ronda de inspecciones en el sector de los servicios de consultoría y asistencia técnica de ingeniería. El objetivo es investigar la existencia de posibles acuerdos anticompetitivos entre empresas. Estos acuerdos podrían estar relacionados con la adjudicación de contratos públicos. Las inspecciones, realizadas entre el 25 y el 28 de noviembre, complementan una primera ronda llevada a cabo entre el 31 de enero y el 2 de febrero de este año.
Segunda ronda de inspecciones en el sector de los servicios de consultoría y asistencia técnica de ingeniería
Estas actuaciones constituyen una fase preliminar en el proceso de investigación y no presuponen la culpabilidad de las empresas inspeccionadas. Si se detectan indicios de prácticas ilícitas, la CNMC procederá a la apertura formal de un expediente sancionador. Este expediente podría derivar en multas de hasta el 10% del volumen de negocios de las compañías involucradas. La detección y sanción de cárteles es una prioridad para la CNMC debido a su impacto negativo en los consumidores y en el correcto funcionamiento del mercado.
Programa de Clemencia y la plataforma Sistema de Informantes de Competencia Anónimos
Además, la CNMC ofrece un Programa de Clemencia que permite a las empresas que colaboren proporcionando pruebas relevantes beneficiarse de la exención o reducción de las sanciones económicas, así como de la prohibición de contratar con el sector público. Este programa incentiva la denuncia de prácticas anticompetitivas y facilita la identificación de cárteles.
Por otro lado, la CNMC ha puesto a disposición una plataforma online denominada Sistema de Informantes de Competencia Anónimos (SICA). Esta plataforma permite a los ciudadanos reportar de forma anónima posibles conductas anticompetitivas. Estas incluyen la fijación de precios, el reparto de mercados o clientes y la manipulación de licitaciones públicas y privadas.
Protección de la competitividad como objeto de esta segunda ronda de inspecciones
Estas medidas reflejan el compromiso de la CNMC en garantizar un entorno empresarial justo y competitivo. Protegiendo así los intereses de los consumidores y promoviendo la transparencia en los procesos de contratación pública.
Dic 4, 2024 | Actualidad Prime
Vigo emite su primera sentencia en lectura fácil para mejorar la accesibilidad judicial
El Juzgado de lo Social número 2 de Vigo ha dictado una sentencia pionera utilizando el sistema de lectura fácil, destinado a facilitar el acceso a la justicia para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. La resolución, emitida por el magistrado Germán Serrano Espinosa, delegado de discapacidad en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), fue adaptada con la colaboración de la Federación Gallega de Asociaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo (Fademga).
Demanda de una persona con discapacidad reconocida del 72 %
El caso trató una demanda de una persona con una discapacidad reconocida del 72% contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que le negó una pensión de orfandad por considerar que no estaba incapacitada para trabajar. El juez resolvió a favor del demandante, acreditando que, tras el fallecimiento de su padre en 2023, no podía desempeñar labores laborales.
Lectura fácil para mejorar la accesibilidad | La adaptación incluye secciones claras y un lenguaje sencillo
La adaptación de la sentencia incluye secciones claras y utiliza lenguaje sencillo, frases cortas y pictogramas para asegurar su comprensión. Esta adaptación incluye secciones claras como «¿Qué es este documento?», «¿Por qué presentaste una demanda en el juzgado? » y «¿Qué decisiones explica el juez? », entre otras. « »
Además, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) recibió el premio Cambio Positivo de la Red Europea de Consejos de Justicia (ENJC) por esta iniciativa, que desde 2020 permite el acceso público a resoluciones judiciales en formato de lectura fácil a través del Centro de Documentación Judicial (CENDOJ).
Compromiso de la Administración de Justicia con la inclusión y la accesibilidad
Esta iniciativa subraya el compromiso de la Administración de Justicia por ser inclusiva y accesible. Promoviendo una mayor participación de todos los ciudadanos en el ámbito judicial.
Dic 4, 2024 | Actualidad Prime
Sobre la aplicación de la ley inglesa en contratos de time sharing y la cuestión prejudicial planteada.
Jurisdicción internacional aclarada por el TJUE
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Granadilla de Abona ha obtenido una aclaración por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la jurisdicción y legislación aplicables en contratos de aprovechamiento por turno, conocidos como time sharing. Este avance deriva de una consulta prejudicial formulada al TJUE, con implicaciones que el Tribunal Supremo de España ha consolidado en su jurisprudencia.
La cuestión radicaba en determinar si la legislación española, conforme a la Ley 42/1998, o la legislación inglesa regía en contratos firmados por ciudadanos británicos con empresas domiciliadas en el Reino Unido, operando en España. Finalmente, la normativa británica fue la confirmada como aplicable.
La cuestión prejudicial y su relevancia jurídica
El caso específico involucraba a dos ciudadanos británicos que reclamaron 43.277 libras (aproximadamente 52.086 euros) a Diamond Resorts, una filial de la cadena Hilton. Argumentaban confusión en el contrato de time sharing. Durante la vista oral, el juez suspendió el procedimiento y elevó una consulta al TJUE. Ello, a fin de aclarar si debía aplicar la normativa española o el Reglamento Roma I del Parlamento Europeo.
El TJUE resolvió, casi dos años después, que la ley aplicable es la del país del prestador del servicio, en este caso, Reino Unido, considerando tanto el Reglamento Roma I como el anterior Convenio de Roma de 1980, dependiendo de la fecha de los contratos.
Siguiendo el pronunciamiento del TJUE, el juzgado de Granadilla de Abona desestimó la demanda y absolvió a Diamond Resorts de cualquier responsabilidad económica. Esta sentencia, emitida el 29 de octubre de 2023, se aplicó al día siguiente por el Tribunal Supremo español en su sentencia 1.427/2024. Este último dictamen reforzó la aplicación de la ley inglesa en casos similares, incluyendo demandas presentadas en otras jurisdicciones como Málaga.
Fundamentos legales del caso
La resolución se fundamenta principalmente en el principio de libertad de pacto consagrado por el Reglamento Roma I y la prevalencia de la ley del domicilio del prestador del servicio en contratos internacionales. Este reglamento, junto con el Convenio de Roma, permite a las partes determinar la legislación aplicable, salvo excepciones específicas destinadas a proteger a consumidores en su lugar de residencia habitual, cuando no se haya acordado lo contrario.
Fuente: CGPJ.
Dic 3, 2024 | Actualidad Prime
El Tribunal Supremo ha dictaminado recientemente que los agentes de seguros no pueden acogerse a la presunción de afectación a la actividad económica de sus vehículos. Esta presunción está prevista en el artículo 22.4.d) del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (RIRPF). Sin embargo, el Tribunal aclaró que dicha norma aplica exclusivamente a los representantes o agentes comerciales.
Presunción de afectación a la actividad económica | Análisis Legal
El núcleo del debate giró en torno a si los agentes de seguros podían ser considerados una subcategoría de los agentes comerciales a efectos fiscales. Esta interpretación les permitiría aplicar la presunción de afectación de sus vehículos a la actividad económica. De ser así, no tendrían que aportar pruebas adicionales para justificar dicho uso.
El Tribunal examinó la normativa aplicable y concluyó que existen similitudes entre las funciones de los agentes comerciales y los agentes de seguros. Sin embargo, determinó que no es posible equipararlos en este contexto.
Diferenciación entre los agentes comerciales los agentes de seguros
Diferencia normativa
Los agentes de seguros y los agentes comerciales están regulados por normativas distintas y poseen regímenes jurídicos específicos. Los agentes de seguros se rigen por la Ley de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados, mientras que los agentes comerciales se regulan por la Ley del Contrato de Agencia.
Finalidad de la presunción
La presunción del artículo 22.4.d) del RIRPF se basa en la necesidad inherente de desplazamiento constante en la actividad de los agentes comerciales, lo que justifica considerar sus vehículos como afectos a la actividad económica. Esta necesidad no se presume de igual manera en la actividad de los agentes de seguros.
Interpretación literal y finalista
El Tribunal aplicó una interpretación literal de la norma. Señaló que el precepto regula expresamente a los agentes comerciales y no incluye mención alguna a los agentes de seguros. Además, enfatizó que extender beneficios fiscales requiere una interpretación estricta, evitando ampliaciones que la norma no contempla.
Conclusión del Tribunal Supremo
Los agentes de seguros no pueden beneficiarse de la presunción de afectación de vehículos a la actividad económica según el RIRPF
El Tribunal Supremo determinó que los agentes de seguros no pueden aplicar la presunción de afectación de vehículos a su actividad económica. Esta presunción está prevista exclusivamente para los agentes comerciales en el artículo 22.4.d) del RIRPF. Sin embargo, esto no impide que los agentes de seguros puedan acreditar, mediante las pruebas pertinentes, la afectación exclusiva de sus vehículos a su actividad profesional según el artículo 29.2 de la Ley del IRPF.
