Jun 16, 2025 | Actualidad Prime
Derecho a una investigación judicial eficaz
La Sala Primera del Tribunal Constitucional ha reconocido el derecho fundamental de las víctimas y sus familiares a que se practique una investigación judicial suficiente y eficaz en los casos de homicidio. La sentencia, dictada por unanimidad con ponencia del magistrado Ricardo Enríquez Sancho, responde a una demanda de amparo presentada por familiares de una persona fallecida en Bilbao, cuya investigación judicial se archivó prematuramente pese a indicios relevantes de posible homicidio.
En el caso analizado, el Juzgado de Instrucción cerró las diligencias preliminares tras considerar que los informes forenses y toxicológicos no aportaban signos concluyentes de violencia. Sin embargo, se omitieron diligencias adicionales que podrían haber contribuido a esclarecer las circunstancias del fallecimiento. Entre ellas, la investigación sobre el posible uso de la técnica del “mataleón” —ya relacionada con otros delitos similares en la misma ciudad— y el análisis técnico de los dispositivos electrónicos del sospechoso para verificar su localización.
Conexión con la jurisprudencia europea
El Tribunal Constitucional ha enmarcado su decisión en diálogo con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (art. 10. 2 CE), la cual obliga a los Estados a garantizar una investigación suficiente y efectiva ante presuntos delitos contra la vida, como ya se exige en casos de tortura o violencia de género.
La sentencia concluye que la actuación judicial fue insuficiente y vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en conexión con el derecho a la vida (art. 15 CE). La Sala destaca que existían múltiples indicios que justificaban la continuidad de la investigación, como la relación del sospechoso con la víctima y otros hechos delictivos similares.
Derecho a información del sobreseimiento
El fallo también estima la segunda queja de los demandantes: no haber sido informados del sobreseimiento de la causa penal por homicidio, pese a tener la condición legal de víctimas. Este hecho supuso una nueva vulneración del art. 24. 1 CE, dado que impidió a los familiares ejercer su derecho a impugnar la decisión.
La omisión judicial incumplió lo dispuesto en los artículos 2. b) y 12 de la Ley 4/2015, del Estatuto de la Víctima del Delito, que reconocen expresamente el derecho a ser informado del estado del procedimiento y de sus resoluciones más relevantes, incluyendo el archivo del caso.
Efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional
Como consecuencia de la estimación del recurso de amparo, el Tribunal ha declarado la nulidad de las resoluciones judiciales que acordaron y confirmaron el sobreseimiento. Además, ordena la retroacción de las actuaciones al momento anterior a la denegación de diligencias relevantes. El objetivo es que se dicte una resolución conforme a los derechos fundamentales reconocidos.
Asimismo, para evitar la caducidad del procedimiento penal, establece que los plazos de investigación (art. 324 LECrim) comenzarán a computarse a partir de la notificación de la sentencia al juzgado competente. No obstante, se mantiene la validez de las actuaciones relativas al delito patrimonial por el que el acusado ya estaba condenado.
Fuente: TC.
Jun 16, 2025 | Actualidad Prime
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha establecido la responsabilidad solidaria de los grupos Guardian y Autoglas-Parter Capital en el pago de las indemnizaciones por el despido improcedente de la plantilla de Autoglas en Llodio (Álava). Afecta a casi 200 trabajadores.
Hechos probados
Despido improcedente de toda la plantilla
En julio de 2024, el Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Vitoria-Gasteiz autorizó la extinción de todos los contratos de trabajo de Autoglas. Se calificaron los despidos como improcedentes y fijando las correspondientes indemnizaciones. Esta decisión fue adoptada a instancias de la administración concursal de la empresa.
El recurso de ELA solicitando la responsabilidad solidaria
El sindicato ELA recurrió dicha resolución. Solicitaron que se declarase la responsabilidad solidaria de Guardian y Autoglas-Parter Capital en el pago de las indemnizaciones, alegando la existencia de un grupo de empresas patológico. En su recurso, argumentó que ambas entidades actuaron de forma coordinada para eludir sus obligaciones laborales.
Por su parte, los grupos Guardian y Autoglas-Parter Capital también interpusieron recurso solicitando la eliminación de toda referencia a un supuesto grupo patológico laboral y rechazando su implicación en la extinción de los contratos.
Indicios de fraude y creación de una empresa sin capacidad real
El TSJPV confirma que existió un «panorama indiciario de fraude para con los trabajadores», al desprenderse Guardian Llodio de la división de vidrio para automóviles y transferirla a una sociedad sin capacidad real para continuar la actividad, creada ex profeso por el grupo Parter Capital. Este último contaba con antecedentes de operaciones similares en otros países.
El tribunal también confirma la existencia de mala fe en la negociación del ERE. Así como una actitud obstructiva por parte de ambos grupos durante el proceso concursal.
Confirmación de grupo patológico y responsabilidad solidaria
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco respalda la existencia de un grupo de empresas patológico entre Guardian y Autoglas-Parter Capital. A diferencia del juzgado de instancia, el TSJPV afirma que el juez mercantil, al tramitar la pieza laboral extintiva, tiene competencia para declarar la responsabilidad solidaria de todas las empresas implicadas.
Por tanto, el TSJPV revoca el auto inicial en este punto y declara expresamente la responsabilidad solidaria de Guardian y Autoglas-Parter Capital en el pago de las indemnizaciones por despido improcedente.
No obstante, el TSJPV rechaza la solicitud de nulidad de los despidos formulada por ELA. Considera que la empresa concursada carece de actividad, lo que imposibilita la reincorporación de los trabajadores, y que declarar la nulidad solo generaría mayores perjuicios.
Voto particular a favor de la nulidad
Uno de los magistrados emitió un voto particular en el que aboga por haber estimado íntegramente el recurso de ELA y declarar la nulidad de los despidos. Concurren todos los elementos necesarios para ello: fraude, mala fe y grupo patológico de empresas.
La resolución dictada por el TSJPV no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.
Jun 13, 2025 | Actualidad Prime
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha detectado carencias documentales en un 6,9 % de los cambios de comercializador de electricidad y gas efectuados entre el 1 de julio de 2022 y el 30 de junio de 2023. Aunque los datos muestran una mejora respecto a años anteriores, persisten deficiencias que afectan a la validez de los contratos y a la protección de los consumidores.
Carencia documental en los cambios de comercializador
Durante el periodo analizado, en España se tramitaron 5,92 millones de cambios de comercializador en el sector eléctrico y 0,88 millones en el sector gasista. La CNMC revisó una muestra de 7.200 casos, seleccionados estadísticamente en función del tamaño de los comercializadores y de la existencia de posibles incidencias.
El estudio reveló que:
- El 93,1 % de los cambios contaban con la documentación completa y el consentimiento acreditado.
- En el 6,6 % de los expedientes se detectó alguna carencia documental parcial.
- En el 0,3 % restante no existía acreditación alguna del consentimiento.
El porcentaje de carencias se ha reducido respecto al informe anterior (del 9,8 % al 6,9 %). Sin embargo sigue siendo un indicador relevante de posibles prácticas irregulares en el sector.
Carencia y pérdida del bono social
Un aspecto especialmente sensible de la carencia documental se observa en los 24 casos detectados en los que los consumidores perdieron el bono social eléctrico tras un cambio de comercializador. En estos supuestos, los comercializadores no aportaron el documento de renuncia firmado por el consumidor, o bien presentaron documentación con anomalías. Lo que refleja una grave carencia documental en el proceso de contratación.
Aunque estos consumidores recuperaron posteriormente el bono social, la CNMC ha iniciado actuaciones específicas por la existencia de estas carencias documentales.
La carencia documental persiste en la contratación online
A pesar de la tendencia positiva, la CNMC advierte que aún existen reclamaciones por cambios de comercializador sin consentimiento o mediante engaño, en los que, a pesar de existir documentación formalmente correcta, se detectan carencias documentales de fondo. Además, se observa una reducción de la documentación contractual entregada al consumidor, lo que disminuye la transparencia informativa.
En el ámbito de la contratación online, las carencias documentales se agravan al utilizarse firmas no trazables o documentos que no acreditan que el firmante sea el titular del punto de suministro.
Propuestas de la CNMC para evitar la carencia documental
Ante la persistencia de la carencia documental, la CNMC plantea varias medidas para reforzar la seguridad jurídica y la protección del consumidor:
- Establecer requisitos mínimos de documentación obligatoria en la normativa sectorial.
- Garantizar la trazabilidad del consentimiento y reforzar el control sobre la identidad del firmante.
- Obligar a grabar íntegramente las llamadas comerciales, tanto las iniciadas por el consumidor como por las empresas, para facilitar la comprobación posterior.
Estas propuestas complementan el Proyecto de Real Decreto que regulará la contratación y comercialización de la energía eléctrica. Reforzando el marco normativo frente a la carencia documental detectada.
Jun 13, 2025 | Actualidad Prime
El Tribunal Supremo ha ratificado la condena de un empresario por un delito de fraude a la Seguridad Social, tras considerar acreditada su responsabilidad en un complejo entramado empresarial destinado a eludir el pago de las cotizaciones de sus empleados. La resolución examina además los límites de la presunción de inocencia en el ámbito penal.
Fraude a la Seguridad Social mediante sociedades pantalla
De acuerdo con los hechos probados, se diseñó un sofisticado sistema de sociedades interpuestas con el único fin de cometer fraude a la Seguridad Social. Para ello, el acusado recurrió a administradores de fachada, realizó continuos desplazamientos de trabajadores entre diferentes empresas y ocultó parte de los ingresos en una caja fuerte. Dificultando el seguimiento bancario de los fondos e impidiendo su control por parte de la Administración.
La acusación se sustentó en un detallado informe de la Inspección de Trabajo, ratificado en el acto del juicio. Este se vio reforzado por los testimonios de varios encargados y empleados, así como por una abundante documentación societaria que acreditaba la maniobra defraudatoria.
El debate sobre la presunción de inocencia
En el recurso de casación, la defensa invocó la vulneración de la presunción de inocencia y del derecho a la tutela judicial efectiva. El Tribunal Supremo explica que la presunción de inocencia exige que el tribunal exponga de manera suficientemente razonada y detallada el recorrido lógico que le lleva desde la prueba practicada hasta los hechos declarados probados. De forma que se descarte cualquier duda razonable sobre la culpabilidad del acusado.
Por su parte, la tutela judicial efectiva únicamente requiere una motivación comprensible de la decisión adoptada. El Supremo recuerda que, tras la reforma de 2015, su función revisora se limita a comprobar la legalidad de la prueba, su suficiencia y la razonabilidad de las inferencias realizadas por el tribunal de instancia, sin sustituir su valoración probatoria.
La valoración de los hechos probados
La defensa también cuestionó la condena a través del artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Intentando reabrir la valoración fáctica de la Audiencia. Sin embargo, el Tribunal reitera que este cauce solo permite examinar la correcta aplicación jurídica a los hechos ya fijados. No permite modificar el relato de hechos probados.
Requisitos del fraude a la Seguridad Social
Al analizar la correcta aplicación del artículo 307 del Código Penal, el Tribunal Supremo subraya que para condenar por fraude a la Seguridad Social es imprescindible la existencia de una conducta dolosa, el empleo de medios engañosos y que la cantidad defraudada supere los 50 000 euros en el periodo de referencia de cuatro años. Todos estos elementos concurrieron en el caso. Por lo que la condena fue confirmada íntegramente.
Conclusión
La Sala ha considerado debidamente destruida la presunción de inocencia, al existir prueba válida, suficiente y valorada de forma lógica. El entramado societario ideado por el acusado constituye un claro supuesto de fraude a la Seguridad Social. Por lo que ha sido sancionado conforme a los parámetros legales y jurisprudenciales aplicables.
Jun 12, 2025 | Actualidad Prime
Consulta V0540-25: criterio interpretativo de la Administración la reducción del 90 % en IRPF.
La Dirección General de Tributos ha emitido la consulta vinculante V0540-25, con fecha de 28 de marzo de 2025. En ella analiza los requisitos para aplicar la reducción del 90 % en los rendimientos del capital inmobiliario. Esta reducción se refiere a arrendamientos de vivienda situados en zonas de mercado residencial tensionado. La cuestión se centra en determinar si es posible aplicar dicha reducción cuando se firma un nuevo contrato de arrendamiento. Se considera la renta pactada en un contrato anterior que ya había incluido una rebaja superior al 5 %.
Requisito principal: rebaja de más del 5 % respecto al contrato anterior
El artículo 23.2.a) de la Ley 35/2006, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (LIRPF), en su redacción vigente desde el 1 de enero de 2024 —tras la modificación introducida por la Ley 12/2023, de 24 de mayo— establece que la reducción del 90 % solo será aplicable si el nuevo contrato refleja una renta inicial. Esta renta debe estar rebajada en más de un 5 % en comparación con la última renta del contrato anterior, actualizada según su cláusula de revisión.
En el caso planteado, la Dirección General de Tributos concluye que no se cumple dicho requisito. Esto se debe a que el nuevo contrato se pretende firmar manteniendo la misma renta pactada el 1 de abril de 2024. Aunque esa renta ya había sido reducida respecto al contrato anterior, la normativa exige que cada nuevo contrato presente una nueva reducción efectiva. En este supuesto, eso no se produce.
Condiciones adicionales para aplicar la reducción
Además del requisito de la rebaja, la norma exige que:
El arrendamiento no tenga naturaleza de actividad económica (art. 27.2 LIRPF).
La reducción se incluya correctamente en una autoliquidación presentada antes de que se inicie un procedimiento de comprobación.
El contrato no infrinja el artículo 17.6 de la Ley de Arrendamientos Urbanos.
La vivienda esté situada en zona tensionada conforme a resolución ministerial.
Conclusión: reducción fiscal solo aplicable si se renueva con rebaja
La consulta V0540-25 establece con claridad que el mantenimiento de la renta no permite aplicar la reducción del 90 %. Esto ocurre aunque se trate de una vivienda situada en zona tensionada y aunque en el contrato anterior se hubiese rebajado la renta. Cada nuevo contrato debe cumplir de forma autónoma todos los requisitos exigidos por el artículo 23.2.a) LIRPF.
Fuente: DGT.
Jun 12, 2025 | Actualidad Prime
El Tribunal Supremo ha analizado si el complemento salarial denominado «más jornadas» aplicado por la empresa HEFAME incurre en discriminación indirecta por razón de sexo. El sindicato demandante sostuvo que dicho plus perjudicaba a las personas con jornada reducida por guarda legal, en su mayoría mujeres, al dificultar tanto su acceso como su cálculo proporcional.
Hechos probados | El complemento «más jornadas» y su aplicación
El plus «más jornadas» retribuye a los trabajadores que prestan servicios durante más de cinco días a la semana. El sindicato alegó que este sistema genera discriminación indirecta al dificultar que las personas con reducción de jornada, mayoritariamente mujeres, puedan reunir los requisitos para percibir el complemento en su totalidad.
Procedimiento judicial
- Instancia. La Audiencia Nacional desestimó la demanda colectiva, absolviendo a la empresa HEFAME y a los sindicatos codemandados.
- Recurso de casación. El sindicato recurrió en casación ordinaria, alegando error en la valoración de la prueba y vulneración del derecho a la igualdad y a la no discriminación indirecta por razón de sexo.
Cuestión de legitimación del sindicato
El Tribunal Supremo consideró que, aunque el sindicato solo tuviera representación en uno de los catorce centros de trabajo, su implantación global le otorgaba legitimación suficiente para promover el conflicto colectivo.
Análisis del recurso | Revisión de hechos probados
El sindicato pretendía incluir que el plus debía abonarse en proporción a la jornada trabajada. El Tribunal Supremo rechazó esta pretensión, al constatar que tal circunstancia ya estaba recogida tanto en el Preacuerdo como en los hechos probados.
La alegación de discriminación indirecta
El núcleo del recurso se centró en la existencia de discriminación indirecta:
- El sindicato afirmó que la fórmula de cálculo y el requisito de superar cinco jornadas semanales colocaban en desventaja a quienes disfrutan de jornada reducida por guarda legal, especialmente mujeres.
- La empresa HEFAME y el Ministerio Fiscal argumentaron que el complemento tiene carácter ad personam y depende objetivamente de trabajar más de cinco días a la semana. Además, señalaron que prácticamente la totalidad de los trabajadores con jornada reducida (25 de 26) percibían igualmente el plus de forma proporcional.
- El Tribunal Supremo observó que el sindicato introdujo aspectos no planteados en la instancia sobre la proporcionalidad del complemento, que no podían ser objeto del recurso.
- Sobre la discriminación indirecta, el Tribunal aplicó la jurisprudencia consolidada. Para que exista discriminación indirecta, es necesario que una norma aparentemente neutra ocasione un perjuicio significativo a un grupo mayoritariamente femenino sin justificación objetiva. En este caso, no se acreditó la existencia de desventaja ni impacto adverso relevante sobre las trabajadoras.
Por ello, el Supremo concluyó que no existía vulneración del artículo 14 de la Constitución Española ni de los preceptos del Estatuto de los Trabajadores.
Doctrina aplicable sobre discriminación indirecta
- Los complementos salariales vinculados a la jornada pueden ser prorrateados en caso de reducción de jornada (STS 795/2022 y siguientes).
- La discriminación indirecta requiere probar que una medida objetiva sitúa a un colectivo mayoritariamente femenino en desventaja real, sin justificación razonable.
Fallo del Tribunal Supremo
El Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación, confirmó la sentencia de instancia y declaró firme la absolución de HEFAME. No se impusieron costas.
