Sep 4, 2024 | Actualidad Prime
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha aprobado un nuevo Reglamento de arbitraje. Está diseñado para resolver conflictos entre operadores en sectores que supervisa, mejorando la transparencia y predictibilidad del proceso. El reglamento, que forma parte del Plan Estratégico 2021-2026, establece un procedimiento arbitral completo, desde las fases preliminares hasta la emisión del laudo final. E incluye, asimismo, un procedimiento abreviado para casos de menor complejidad y cuantía (hasta 100.000 euros). Además, incorpora aportaciones recibidas en consultas públicas realizadas en 2023 y 2024.
La nueva norma diseña el procedimiento arbitral y dota a la CNMC de una mayor transparencia
El Reglamento de Arbitraje regula los procedimientos arbitrales que este organismo puede llevar a cabo, destacando varias novedades e importantes puntos en su estructura normativa. A continuación, se presenta un análisis diferenciando las características clave y las innovaciones.
Ámbito y naturaleza del arbitraje en la CNMC
La CNMC puede actuar como árbitro en controversias entre operadores económicos sobre materias de libre disposición relacionadas con el derecho de la competencia o sectores regulados por la CNMC, lo cual refuerza su papel como órgano especializado en conflictos del ámbito regulatorio.
Se resalta que la naturaleza privada de estos arbitrajes contrasta con las funciones públicas de la CNMC, según estableció una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sentencia 77/2016). Es decir, el arbitraje tiene un carácter contractual y no público, vinculado a la Ley de Arbitraje.
Procedimiento arbitral y su estructura en el nuevo Reglamento de arbitraje
Solicitudes y respuesta. Se establece un procedimiento claro para la solicitud del arbitraje, que debe incluir la identificación de las partes, la controversia y los convenios arbitrales aplicables. La parte demandada tiene 15 días para responder, y en caso de formular una reconvención, el demandante podrá contestar en otro plazo de 15 días.
Lugar y medios del arbitraje. El lugar será en las oficinas de la CNMC y el idioma será el castellano, asegurando uniformidad en el procedimiento. Las comunicaciones se realizarán principalmente a través de la sede electrónica de la CNMC. Se prevé la posibilidad de admitir otros medios en casos excepcionales.
Flexibilidad en los plazos. El reglamento permite la modificación de los plazos (prórroga, reducción o suspensión) tanto por decisión de la CNMC como por acuerdo de las partes con la aprobación del Consejo.
Designación y funciones del órgano arbitral
El Consejo de la CNMC actúa como órgano colegiado encargado de la decisión arbitral. Dependiendo de la materia, la controversia puede ser resuelta por la Sala de Competencia, la Sala de Supervisión Regulatoria o el Pleno.
Por otro lado, el Consejo también tiene la facultad de dictar el laudo arbitral. Este se emitirá en un plazo máximo de seis meses, prorrogable por tres meses adicionales en casos excepcionales.
El laudo arbitral solo se publicará si las partes consienten expresamente, reforzando el carácter privado del proceso.
Asimismo, el arbitraje en la CNMC será gratuito para las partes, aunque la CNMC puede repercutir los gastos en los que haya incurrido por servicios externos.
Principal novedad del Reglamento de arbitraje de la CNMC
Procedimiento abreviado
Como novedad, se introduce un procedimiento abreviado aplicable a reclamaciones de menor complejidad o cuya cuantía no exceda los 100.000 euros. En este procedimiento, los plazos para dictar el laudo y para la práctica de la prueba se acortan considerablemente, permitiendo una mayor agilidad en la resolución de conflictos menores.
Finalmente, el Reglamento de arbitraje incluye la posibilidad de que la CNMC administre un arbitraje a petición de las partes, designando árbitros y aplicando aranceles según lo que el Consejo determine. Esta opción refuerza la función de la CNMC como centro institucional de arbitraje, y las partes pueden acordar el procedimiento arbitral que será de aplicación.
Ago 29, 2024 | Actualidad Prime
El «Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento General de Suministro y Contratación y se establecen las condiciones para la comercialización, agregación y la protección del consumidor de energía eléctrica» se presenta como una respuesta a los cambios significativos que ha experimentado el sector eléctrico en España y en Europa. Este proyecto busca actualizar y unificar la normativa existente. Hasta ahora estaba dispersa en varios decretos y leyes.
Unificación y actualización de la normativa
La normativa vigente, fundamentada en la Ley 24/2013 y desarrollos posteriores, se ha quedado obsoleta frente a las transformaciones que ha vivido el sector. El sector se ha visto cambiado con la desaparición de las tarifas reguladas y la consolidación del mercado libre, entre otras. Además, con la creciente importancia de la transición energética hacia una economía descarbonizada para 2050, es esencial que la normativa refleje estos cambios y permita un marco regulatorio claro y eficiente que promueva la sostenibilidad y la eficiencia energética.
Reglamento General de Suministro y Contratación | Adaptación del marco regulador a las directrices de la Unión Europea
Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es la adaptación del marco regulador a las directrices de la Unión Europea. Especialmente en lo que respecta al «Paquete de Energía Limpia».
Este paquete promueve, entre otras cosas, la liberalización del mercado eléctrico, la competencia basada en precios de mercado y la protección de los consumidores vulnerables. En este sentido, el decreto refuerza el papel activo del consumidor, promoviendo su participación en el mercado eléctrico a través de la gestión de la demanda y la integración de tecnologías renovables.
Figura del agregador independiente
El proyecto también introduce la figura del agregador independiente, un nuevo actor en el sistema eléctrico que permitirá una mayor flexibilidad y eficiencia en el mercado. Este actor es crucial para gestionar la demanda y asegurar la estabilidad del sistema en un entorno cada vez más orientado hacia las energías renovables.
Sistema centralizado de gestión de datos en el Reglamento General de Suministro y Contratación
Adicionalmente, el decreto por que se aprueba el reglamento general, refuerza la seguridad jurídica, consolidando y clarificando la normativa existente. Y establece un sistema centralizado de gestión de datos para mejorar la eficiencia en la gestión de la información del sector eléctrico. También se destaca la importancia de cumplir con el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente, en línea con las obligaciones establecidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Finalmente, el proyecto se enmarca dentro de los principios de buena regulación, asegurando la necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia en su aplicación. Contribuye así a un marco regulador que facilite la comprensión y cumplimiento por parte de todos los actores del sector eléctrico.
Ago 28, 2024 | Actualidad Prime
Real Decreto 713/2024, de 23 de julio, sobre el Reglamento del Sistema Arbitral de Consumo
El Real Decreto 713/2024, de 23 de julio, actualiza y refuerza el marco normativo del Sistema Arbitral de Consumo. El Real Decreto adapta el marco a las normativas recientes, como la Ley 39/2015 y la Ley 7/2017, que incorporan la Directiva 2013/11/UE. El sistema, diseñado para resolver de manera extrajudicial y vinculante los conflictos entre consumidores y empresarios, sigue principios de voluntariedad, eficacia y seguridad jurídica. Y ofrece un mecanismo accesible, imparcial y rápido para la resolución de disputas.
Estructura organizativa
El reglamento mantiene la estructura organizativa con las Juntas Arbitrales de Consumo, introduciendo mejoras para aumentar la confianza de las partes. Ejemplo de esto es la obligatoriedad para los empresarios de aceptar la resolución de cualquier conflicto de consumo una vez adheridos. Se regulan de manera más detallada los procedimientos arbitrales, incluyendo un plazo de 90 días naturales para dictar la resolución final, con posibilidad de prórroga en casos complejos. Además, se crean bases de datos electrónicas para facilitar el acceso de los consumidores a la información sobre empresas adheridas.
Estructura y Contenidos del Reglamento Sistema Arbitral de Consumo
- Capítulo I (Art. 1-2). Establece disposiciones generales, definiendo el carácter extrajudicial, vinculante, ejecutivo y voluntario del arbitraje de consumo. Se especifica que el sistema aplica a disputas derivadas de relaciones de consumo, excluyendo aquellas relacionadas con intoxicación, lesión, muerte, delitos, y servicios públicos no económicos.
- Capítulo II (Art. 3-20). Desglosa la organización del sistema, que mantiene la estructura existente con las Juntas Arbitrales de Consumo, los órganos arbitrales, y los órganos consultivos. Se regulan las competencias de las Juntas Arbitrales, la designación y funciones de los árbitros, y el papel de la Comisión de Juntas Arbitrales, que, entre otras funciones, resuelve recursos relacionados con la admisión de solicitudes.
- Capítulo III (Art. 23-30). Trata sobre el convenio arbitral y la adhesión de los empresarios al Sistema Arbitral de Consumo. Se formaliza que el convenio debe ser por escrito y accesible, mientras que la adhesión al sistema pasa a ser obligatoria y pública para los empresarios, eliminando las limitaciones previas.
- Capítulo IV (Art. 31-45). Se enfoca en el procedimiento arbitral, incluyendo la presentación de solicitudes, la audiencia, y la emisión del laudo arbitral. Se destacan principios como la gratuidad, igualdad, accesibilidad y confidencialidad, y se establece que el arbitraje se resolverá en equidad, salvo acuerdo contrario.
Disposiciones Transitorias y Finales
- Transitorias. Los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor del nuevo reglamento seguirán con la normativa anterior, mientras que las ofertas de adhesión vigentes deberán adaptarse al nuevo marco en un plazo de seis meses.
- Derogatoria. Deroga el Real Decreto 231/2008 y cualquier disposición que se oponga al nuevo decreto.
- Finales. Se especifican las bases constitucionales y legales del nuevo reglamento, se habilita al Ministro de Consumo para su desarrollo normativo, y se establece su entrada en vigor veinte días después de su publicación.
Reglamento del Sistema Arbitral de Consumo
El nuevo reglamento del Sistema Arbitral de Consumo refuerza la protección al consumidor al hacer más estrictas las normativas de adhesión para empresarios y clarificar el procedimiento arbitral, asegurando su carácter equitativo y accesible. La eliminación de las limitaciones en las ofertas públicas de adhesión supone un avance significativo en la transparencia y eficacia del sistema. Además, la integración de normativas recientes asegura que el sistema esté alineado con las últimas disposiciones legales nacionales y europeas. De este modo, se fortalece la seguridad jurídica en las relaciones de consumo.
Ago 21, 2024 | Actualidad Prime
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha reconocido el derecho de una ciudadana marroquí a obtener la residencia temporal en España. La trabajadora podrá, más fácilmente, trabajar como ayudante de cocina en un restaurante árabe-marroquí en Pontevedra. Esta decisión se da después de que el Servicio Público de Empleo certificara que no había candidatos adecuados para el puesto en el mercado laboral local.
La Subdelegación del Gobierno de Pontevedra había negado inicialmente esta solicitud, pero la empresa empleadora impugnó la decisión. Tanto el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Pontevedra como el TSXG fallaron a favor de la trabajadora.
Concedida la residencia temporal para la trabajadora extranjera
El TSXG explicó que, de acuerdo con la normativa vigente (Real Decreto 557/2011, artículo 65.2), la situación del empleo en España permite la contratación en determinadas ocupaciones cuando se demuestra la dificultad de encontrar candidatos adecuados en el mercado laboral interno. En este caso, el empleador cumplió con todos los requisitos legales, y el Servicio Público de Empleo facilitó el contacto con seis candidatos. Todos ellos descartados por diferentes motivos, como falta de experiencia o inadecuación al perfil requerido.
Conocimiento del idioma árabe o marroquí para el puesto
La sentencia también aborda la legalidad de exigir el conocimiento del idioma árabe o marroquí para el puesto. Argumentando que es razonable dada la naturaleza del trabajo en un restaurante de especialidad árabe-marroquí. El tribunal destaca que ningún candidato fue rechazado exclusivamente por no conocer el idioma, sino por otras razones relacionadas con su inidoneidad para el puesto.
Certificación de la experiencia laboral
Además, la trabajadora marroquí presentó un certificado que acreditaba su experiencia en servicios de catering artesanal, lo que fortaleció su solicitud de residencia. Finalmente, el TSXG concluyó que se cumplían todas las condiciones necesarias para permitir su contratación. Cabe recurso contra la sentencia presentada ante el correspondiente tribunal
Jul 26, 2024 | Actualidad Prime
El delito contra la propiedad industrial se produce a pesar de la credulidad o no del consumidor acerca de la originalidad del producto. STS 682/2024 del 27 de junio.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha establecido que la credulidad o incredulidad del consumidor respecto a la autenticidad del producto adquirido no constituye un elemento del tipo objetivo en los delitos contra la propiedad industrial.
Esto implica que no se puede penalizar la protección penal de la marca a que simplemente sea confundible o no a vista del consumidor. Esto afectaría a que casos en los cuales los productos se ofertan fuera de canales oficiales de distribución queden desprotegidos bajo el artículo 274 CP.
La sentencia aclara que la falta de juicio sobre la inscripción de la marca vulnerada no implica la atipicidad de la copia para su venta. Incluso cuando los productos reproducen marcas y signos distintivos idénticos a los de marcas conocidas, sin la autorización de los titulares, la protección penal se mantiene.
El Supremo recuerda que no es necesario que la violación de los derechos de exclusividad de una marca esté acompañada por la confusión del consumidor. El consumidor que compra productos a precios significativamente más bajos del valor de mercado del original puede sospechar de su autenticidad, pero esta sospecha no anula la protección penal de la marca.
En el caso, el acusado alegaba que, por el precio de los productos, los consumidores sospechaban que no se trataba de un producto original de la marca, no obstante, esto no impide que se esté produciendo una vulneración del derecho de propiedad industrial.
Diferenciación de delitos
La sentencia también indica que el perjuicio patrimonial del cliente y del titular de la marca no tienen que coincidir, pueden tratarse penalmente diferente. Un cliente que paga un precio similar al del producto original por una copia se convierte en víctima de un delito de estafa, cuyos elementos son distintos al del delito contra la propiedad horizontal.
Desestimación del recurso
En el caso particular, la defensa del acusado argumentó que la propiedad industrial debe estar registrada conforme a la legislación de marcas y que los productos deben incorporar signos distintivos registrados. Sin embargo, el Tribunal reiteró que el registro no es necesario para el tipo penal, aunque en el caso sí que quedó demostrada la inscripción.
Por otro lado, recuerda el Supremo que la Directiva 2004/48/CE de la Unión Europea no permite la exoneración penal. El respeto efectivo del derecho de propiedad marcaria debe garantizarse mediante acciones específicas a nivel comunitario.
Por ello, desestima el recurso de casación presentado y reitera la condena por un delito contra la propiedad industrial.
Fuente: CGPJ
