Jun 27, 2024 | Actualidad Prime
La Audiencia Provincial de Pontevedra ha ordenado indemnizar con 15.000 euros a Laureano Oubiña por la vulneración del derecho a la intimidad en una escena sexual de la serie «Fariña». La Sala considera que la inclusión de dicha escena no está justificada por la «libertad creativa innegable de los creadores y productores». Sin embargo, la Audiencia ha desestimado el resto de la demanda sobre la vulneración del derecho al honor. Oubiña reclamaba 1,5 millones de euros a Atresmedia, Bambú Producciones y Netflix International.
Vulneración del derecho a la intimidad
La sentencia, que acoge parcialmente el recurso de apelación presentado por Oubiña contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Vilagarcía de Arousa. Declara que las entidades demandadas vulneraron el derecho a la intimidad personal de Oubiña en la escena de contenido sexual con su fallecida segunda esposa, al comienzo del primer capítulo. Por lo tanto, ordena la retirada de dicha escena de todas las plataformas de Antena 3 y de su web.
La Audiencia Provincial subraya que esta vulneración del derecho a la intimidad no se extiende al derecho a la imagen. Por lo tanto, señalan que aunque Oubiña es un personaje de proyección pública, su derecho a la intimidad no se disuelve completamente. El tribunal concluye que la escena de contenido sexual no estaba expuesta al escrutinio general. Asimismo, su inclusión en la serie no era necesaria para la trama creativa de la obra.
Justificación legal o un consentimiento del afectado
En la sentencia, los magistrados recalcan que, en cuanto a las escenas objetadas en los capítulos 1, 2 y 8, solo la primera escena al inicio del primer capítulo constituye una intromisión innecesaria en la intimidad de Oubiña. Los jueces explican que el derecho a la intimidad personal otorga al titular la facultad de excluir intromisiones no consentidas. Salvo que haya una justificación legal o un consentimiento del afectado, que en este caso no existe.
El tribunal también señala que la condición de personaje público de Oubiña no justifica el acceso a su vida privada y de pareja. Especialmente cuando no ha expuesto esa faceta de su vida al conocimiento público. La Audiencia especifica que esta resolución se centra en el derecho a la intimidad de Oubiña. Sin considerar el derecho de sus hijos o su fallecida esposa, quienes no han ejercido ninguna acción legal.
Derecho a la intimidad
Por último, la Audiencia ha rechazado las demás solicitudes de Oubiña relacionadas con la serie «Fariña». La Sala argumenta que la serie es una obra de ficción basada en hechos reales. Y que la representación de Oubiña en la serie no difiere significativamente de la repercusión que sus propias acciones han tenido en la realidad. Contra esta sentencia cabe interponer recurso.
Jun 20, 2024 | Actualidad Prime
El Tribunal Supremo ha dictaminado que el hecho de haber tenido previamente un préstamo multidivisa no implica necesariamente que los prestatarios sean conocedores de los riesgos asociados a este tipo de producto financiero. Este fallo es significativo en la protección de los derechos de los consumidores. Particularmente en casos donde la transparencia de la información proporcionada por las entidades bancarias está en cuestión.
Obligatoriedad de información adecuada sobre el riesgo de un préstamo multidivisa
La cualificación académica y profesional de los prestatarios no puede suplir la falta de información detallada y específica sobre los riesgos de un préstamo multidivisa. En este caso, uno de los prestatarios tenía una licenciatura en empresariales, lo cual podría sugerir un mayor conocimiento financiero. Sin embargo, el Tribunal Supremo enfatizó que esta cualificación profesional, aunque útil para comprender la información proporcionada, no reemplaza la necesidad de que el banco informe adecuadamente sobre los riesgos específicos y peculiares de un préstamo en divisas.
Experiencia anterior con préstamos en divisas
La experiencia previa con préstamos en divisas tampoco garantiza una comprensión completa de los riesgos involucrados. El hecho de haber contratado un préstamo multidivisa en el pasado no implica automáticamente que los prestatarios comprendan cómo las fluctuaciones del tipo de cambio pueden afectar tanto el monto total a amortizar como las cuotas periódicas. El Tribunal Supremo subrayó que la información proporcionada en el primer préstamo no era suficiente para asegurar que los prestatarios entendieran plenamente los riesgos específicos del préstamo en divisas contratado posteriormente.
Para que se considere transparente el préstamo multidivisa, es esencial que los prestatarios sean conscientes del riesgo de fluctuación de la moneda. Y, asimismo, de cómo este riesgo puede influir en las cuotas de amortización y en la cantidad total a pagar. El tribunal concluyó que en este caso no se acreditó que los prestatarios tuvieran un conocimiento claro y suficiente sobre estos aspectos críticos. La falta de transparencia en la información proporcionada fue un factor determinante en la decisión de declarar la nulidad de las cláusulas multidivisa.
Declaraciones y comunicaciones previas
El tribunal también examinó las comunicaciones previas entre los prestatarios y el banco. Aunque hubo intercambios de correos y preguntas sobre aspectos técnicos del préstamo, como el índice Libor, esto no garantizó un entendimiento completo de los riesgos. Las dudas resueltas y el acuerdo en las condiciones del préstamo no suplieron la falta de una explicación detallada sobre la posibilidad de acabar pagando más capital del recibido debido a las fluctuaciones de la moneda.
Conclusión del Tribunal Supremo ante el desconocimiento del riesgo de un préstamo multidivisa
En conclusión, el Tribunal Supremo determinó que la cualificación académica y la experiencia previa con préstamos en divisas no eran suficientes para asegurar que los prestatarios comprendieran completamente los riesgos específicos del préstamo multidivisa. La falta de información clara y detallada por parte del banco justificó la declaración de nulidad de las cláusulas multidivisa por considerarlas abusivas.
Implicaciones Legales
El Tribunal Supremo también recordó que la acción de nulidad por cláusulas abusivas no prescribe ni está sujeta a plazo de caducidad. Y que dicha nulidad no es subsanable o convalidable. Además, no se impusieron costas procesales a los recurrentes, y se acordó la devolución de los depósitos constituidos para los recursos.
Jun 17, 2024 | Actualidad Prime
El Tribunal Supremo ratifica el derecho del menor a ser oído en un caso de modificación de medidas de custodia y régimen de visitas solicitado por el padre contra la madre. La demanda original, presentada el por padre del menor, solicitaba la custodia compartida de su hijo menor. O, subsidiariamente, la ampliación del régimen de visitas. El Juzgado de Primera Instancia de Madrid desestimó la demanda, manteniendo las medidas acordadas en la sentencia de divorcio de 2017. Estas medidas otorgaban la custodia a la madre y un régimen de visitas al padre.
El padre apeló esta decisión, y la Audiencia Provincial de Madrid estimó parcialmente su recurso. Ampliando el régimen de visitas a todos los jueves con pernocta y reduciendo la pensión de alimentos. La madre del menor, no conforme, interpuso un recurso de casación alegando incongruencias en la sentencia. Así como la necesidad de que el menor fuera oído en decisiones que le afectaban.
Derecho del menor a ser oído
El Tribunal Supremo evaluó primero el recurso de casación, centrado en la falta de audiencia al menor. Como indica el Tribunal, el derecho del menor a ser oído está consagrado en el artículo 92 del Código Civil y el artículo 9 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor (LOPJM). Este derecho implica que deben escuchar a los menores en cualquier procedimiento que afecte su esfera personal, familiar o social. Y tener en cuenta sus opiniones en función de su edad y madurez. El Tribunal Constitucional ha subrayado la importancia de este derecho como parte del estatuto jurídico de los menores, que forma parte de su derecho a la tutela judicial efectiva.
No se escuchó de manera directa al menor
En este caso, ni el juzgado de primera instancia ni la Audiencia Provincial escucharon de manera directa al menor. Tenía más de diez años en la primera instancia y más de doce en la apelación. El Tribunal consideró incorrecta esta omisión y recordó que deben acordar de oficio la audiencia del menor si es necesario para proteger su interés superior. La falta de audiencia y de una resolución motivada al respecto no se ajustó a la normativa y la doctrina aplicable.
Derecho del menor a ser oído
El Tribunal Supremo concluyó que debía anularse la sentencia de apelación y retrotraer las actuaciones al momento anterior a su dictado. Para que, de este modo, el tribunal de segunda instancia hiciera efectivo el derecho del menor a que lo escucharan. Así, el tribunal podrá conocer directamente sus opiniones y deseos sobre la custodia compartida y la ampliación del régimen de visitas. Asegurando así la protección de sus derechos.
Además, se decidió que no se impondrían costas del recurso de casación a ninguna de las partes. Y se ordenó la devolución del depósito constituido para recurrir.
Jun 17, 2024 | Actualidad Prime
El Tribunal Supremo ha reconocido la voluntad de un hombre discapacitado y bajo curatela para divorciarse, basándose en la autonomía de su decisión y la adecuada evaluación judicial de su capacidad de comprender y manifestar esa voluntad. Aquí se detallan los motivos y el proceso seguido para llegar a esta conclusión.
En primera instancia, Jorge, representado por su procurador, interpuso una demanda de divorcio contra Teodora. Se pedía la disolución del matrimonio y una pensión compensatoria para ella. La defensa de Teodora argumentó que Jorge no tenía la capacidad para tomar esta decisión debido a su diagnóstico psiquiátrico y que la demanda no había sido interpuesta por su curadora. Además, solicitó una pensión compensatoria de al menos 1.000 euros en caso de que se aprobara el divorcio.
Hombre discapacitado y bajo curatela
El Juzgado de Primera Instancia de A Coruña falló a favor de Jorge. Decretando el divorcio y fijando una pensión compensatoria de 500 euros mensuales para Teodora. La sentencia reconoció que Jorge tenía un entendimiento claro del procedimiento y de sus consecuencias.
Teodora apeló esta decisión, insistiendo en que Jorge no tenía la capacidad necesaria para tomar la decisión de divorciarse. Y que su demanda debería haber sido presentada con la intervención de su curadora. Alegó también que no se había valorado adecuadamente la prueba médica aportada. Y que Jorge, en un estado de ánimo alterado, había manifestado su deseo de seguir casado. La Audiencia Provincial de A Coruña, sin embargo, desestimó el recurso y confirmó la sentencia de primera instancia.
Recurso extraordinario por infracción procesal y de casación
Teodora presentó un recurso extraordinario por infracción procesal y de casación, argumentando que la sentencia había realizado una valoración errónea e ilógica de las pruebas y que se habían vulnerado varios artículos del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El Tribunal Supremo, tras recibir el informe del Ministerio Fiscal que apoyaba los recursos interpuestos, procedió a revisar el caso.
El Tribunal Supremo desestimó los motivos del recurso de casación. Consideró que la voluntad de Jorge de divorciarse era válida y no requería la intervención de su curadora para actos de esta naturaleza. Ya que la sentencia de curatela no incluía la facultad de solicitar la disolución del matrimonio. Además, el Tribunal subrayó que la demanda de divorcio fue presentada bajo la misma representación legal que había actuado previamente en su defensa durante el proceso de modificación de capacidad.
Hombre discapacitado y bajo curatela
Respecto al recurso extraordinario por infracción procesal, el Tribunal Supremo consideró que no se había vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva. Aunque la recurrente alegaba que no se había comprobado adecuadamente la voluntad de Jorge, el Tribunal señaló que se habían tomado medidas suficientes para garantizar que su deseo de divorciarse fuera genuino. En particular, se valoró que el tribunal de apelación convocó una vista con las partes involucradas y que el letrado asistió a Jorge durante el proceso.
Hombre discapacitado y bajo curatela
El Tribunal Supremo validó la voluntad de Jorge de divorciarse. Afirmando que la autonomía de su decisión había sido respetada y que se habían tomado las medidas necesarias para asegurarse de que comprendía las implicaciones de su solicitud
Jun 11, 2024 | Actualidad Prime
El Tribunal Supremo ha dictaminado que la entidad bancaria Astur de Hipotecas S.L. incurrió en prácticas de usura al otorgar varios préstamos con intereses excesivos a un prestatario. Esta decisión confirma la nulidad de los contratos de préstamo y reduce significativamente la cantidad adeudada.
Antecedentes del caso
Solicitud de nulidad de los préstamos por prácticas de usura
Astur de Hipotecas S.L. demandó al prestatario, reclamando el pago de 121.367,21 euros por el impago de cuatro préstamos concedidos en 2017. Este respondió solicitando la nulidad de los préstamos por usura, argumentando que el capital adeudado debería ser 83.782,51 euros.
El Juzgado de Primera Instancia núm. 8 de Oviedo falló a favor de la entidad bancaria, condenando al prestatario a pagar la cantidad reclamada. Sin embargo, se apeló, y la Audiencia Provincial de Asturias revocó la decisión inicial. Declaró la nulidad de los contratos de préstamo por usurarios y estableció que se debía pagar 91.861,04 euros.
Fundamentación del Tribunal Supremo | Intereses significativamente superiores a los tipos de interés medios
Prácticas de usura
El Tribunal Supremo analizó los siguientes puntos clave:
- Intereses Desproporcionados. Los préstamos de Astur de Hipotecas S.L. tenían un interés remuneratorio del 18% (TAE superior al 22%) y un interés bonificado del 15% (TAE superior al 19%) si se contrataba un seguro de vida. Estos intereses eran significativamente superiores a los tipos de interés medios publicados por el Banco de España para préstamos personales en 2017, que oscilaban entre el 6,69% y el 7,28%.
- Desproporción Injustificable. Aunque los préstamos se utilizaron principalmente para pagar deudas anteriores, el Tribunal consideró que la desproporción en los intereses no podía justificarse por la ausencia de garantías y el destino de los fondos. La diferencia de más de 12 puntos porcentuales en los intereses era excesiva y no estaba justificada.
- Evaluación del Riesgo. El Tribunal Supremo evaluó el argumento de que los altos intereses se debían al riesgo de impago. Sin embargo concluyó que la magnitud de la diferencia en los intereses pactados no podía justificarse únicamente por el riesgo y la falta de garantías.
Fallo del Tribunal Supremo | Protección de los consumidores frente a prácticas de usura
El Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación presentado por Astur de Hipotecas S.L., confirmando la nulidad de los contratos de préstamo por usurarios. La cantidad debe devolver se fijó en 91.861,04 euros. Además, se impusieron a la entidad bancaria las costas del recurso.
