Dic 13, 2023 | Actualidad Prime
La Consulta V2928-23, de 31 de octubre, establece que entregar envases a los clientes mediante contraprestación supone un gravamen del 21%.
La Dirección General de Tributos ha resuelto una consulta reciente sobre el tipo de IVA que debe aplicarse por entregar envases a los clientes para llevarse los alimentos no consumidos en el establecimiento.
La consultante es una asociación de empresarios hosteleros, solicita aclaraciones la aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido. Específicamente, sobre el tipo que debe aplicarse al ofrecer recipientes a cambio de contraprestación, con el objeto de que los clientes puedan llevarse los alimentos no consumidos.
¿Qué dice la normativa?
Según el artículo 90, apartado uno, de la Ley 37/1992, establece que el Impuesto sobre el Valor Añadido se aplicará a este tipo de servicios al tipo general del 21%, a menos que se establezca una disposición específica.
En este contexto, el artículo 91, apartado uno.2, señala que se aplicará un tipo reducido del 10% a los servicios de hostelería, acampamento y balneario, así como a los restaurantes y al suministro de comidas y bebidas para consumir en el acto, incluso si se confeccionan previo encargo del destinatario.
Respuesta de la DGT
La Dirección considera que la entrega de los envases constituye un fin en sí mismo, distinto de la prestación de servicios de la restauración, que consiste en permitir que los clientes se lleven lo no consumido en el local. Por ello, establece que debe tributar de manera independiente.
En consecuencia, no resulta aplicable la reducción a 10% prevista para actividades concretas dentro de la hostelería. El tipo impositivo aplicable a la entrega de envases será del 21%, según lo establecido en el artículo 90, apartado uno de la Ley 37/1992. A través de dicha respuesta genera un criterio que deberán seguir los empresarios hosteleros.
Otras noticias de interés:
Fraude a la seguridad social. TSJ de Asturias confirma la absolución a una mujer acusada de cobrar la pensión de su abuela fallecida durante seis años
TS | Es posible vetar los apartamentos turísticos en comunidades de vecinos en las que está prohibido por el estatuto
Dic 12, 2023 | Actualidad Prime
La Audiencia Provincial de Lleida aplica la Ley de Segunda oportunidad y perdona un pasivo de 192.087 euros a un empresario.
Este alivio llega después de un periodo prolongado de dificultades financieras y personales que comenzaron con el declive de su empresa de consultoría de empresas antes de la pandemia de Covid-19. Agravado por la disminución de clientes y la falta de pago por los servicios prestados.
El empresario avaló personalmente préstamos para salvar su negocio
La Audiencia Provincial de Lleida ha brindado un alivio significativo a un empresario en apuros financieros. Aplicando la Ley de Segunda Oportunidad para exonerarle de una deuda de 192.087 euros. Este empresario, propietario de una empresa de consultoría, se vio envuelto en serias dificultades económicas que se iniciaron antes de la pandemia de Covid-19. Exacerbadas por la disminución de clientes y la falta de pago por los servicios que ofrecía.
En un esfuerzo por salvar su negocio, el empresario asumió la responsabilidad personal de los préstamos obtenidos. Esta decisión que, aunque bien intencionada, aumentó su carga financiera. La situación se agravó cuando su empresa no logró renovar los contratos de arrendamiento y su deuda se incrementó aún más, incluyendo recargos significativos por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). Finalmente, su empresa no pudo sostenerse y entró en concurso de acreedores, culminando en su liquidación. Esta situación dejó al empresario con la pesada carga de las deudas que había garantizado personalmente.
Ley de Segunda Oportunidad | La Sala rechaza el recurso de apelación interpuesto por Tesorería General de la Seguridad Social contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Lleida.
la Audiencia Provincial rechazó un recurso de apelación interpuesto por la Tesorería General de la Seguridad Social, que impugnaba una sentencia previa del Juzgado de Primera Instancia de Lleida. Este rechazo confirmó la exoneración de la deuda insatisfecha del empresario, proporcionando un respiro necesario en su lucha financiera. Como parte del fallo, el Tribunal estableció un plan de pagos simbólico, fijando una cuota mensual de 10 euros durante cinco años, lo que refleja un enfoque equilibrado y humano en el tratamiento de situaciones de insolvencia.
Dic 7, 2023 | Actualidad Prime
La DGT resuelve la consulta la V2783-23 de 11/10/2023, sobre el devengo del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
En una reciente consulta a la Dirección General de Tributos se resuelve sobre la fecha de devengo del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Ello en relación a una herencia que no había sido aceptada y después repudiada por los anteriores herederos.
En 2022 se produjo el fallecimiento de una persona física que no había tomado una decisión con respecto a la herencia dejada por sus padres. Sin embargo, en el año 2023, la viuda y heredera de la persona fallecida ejerció el derecho transmitido según lo establecido en el artículo 1006 del Código Civil. La heredera renunció oficialmente a la herencia de los padres ante notario, aceptando simultáneamente la herencia de su difunto cónyuge.
En este contexto, la consultante se encuentra entre las coherederas beneficiadas por esta renuncia. La consulta viene referida a la fecha de devengo del impuesto de sucesiones y donaciones que le corresponde.
Respuesta de la Dirección General de Tributos
La DGT resuelve la cuestión planteada a través de las siguientes conclusiones:
En primer lugar, la consultante deberá tributar por la adquisición de la parte repudiada. Se ha beneficiado de la renuncia realizada por la heredera transmisaria de la herencia del primer causante. Todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 28.1 de la LISD y 58.1 del Reglamento ISD.
En este caso particular, los beneficiarios de la renuncia no podrán tributar como herederos por la adquisición de esta parte repudiada hasta que la heredera transmisaria renuncie a la misma. Esto se debe a que el llamado a suceder fallece sin haber aceptado la herencia del primer causante, transmitiendo a su heredera el «ius delationis» y renunciando a la herencia del primer causante.
Por lo tanto, el ISD devengará en la fecha de la renuncia por parte de la heredera transmisaria. Se devengará de acuerdo con el artículo 24.3 LISD. En este caso, la fecha del instrumento público que formaliza la renuncia.
En conclusión, la consultante deberá presentar los documentos o declaraciones relacionadas con el ISD en un plazo de 6 meses. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 del RISD. El plazo se cuenta desde el devengo del impuesto, es decir, la fecha en que la heredera transmisaria formaliza la renuncia en instrumento público.
Otras noticias de interés:
Los periodos de ERTE por la COVID no se computan a efectos de percibir una nueva prestación por desempleo
Nov 27, 2023 | Actualidad Prime
El Tribunal Supremo establece que, en los casos previstos por Ley, la Administración tributaria no podrá girar la liquidación directamente al contribuyente.
Una reciente sentencia del Tribunal Supremo, de 17 de noviembre de 2023, ha resuelto un recurso de casación presentado por una empresa de reciclaje. La cuestión casacional se centra en resolver si la administración tributaria puede girar la liquidación directamente al contribuyente, en lugar de al sustituto del contribuyente, en impuestos específicos, como el Impuesto sobre la Eliminación de Residuos en Vertedero.
En el presente caso, la ley indica que es el sustituto del contribuyente quien está obligado a asumir la obligación tributaria principal. La empresa acude ante el Tribunal Supremo ante la desestimación de su recurso por parte del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
En casos similares anteriores, también relacionados con el impuesto sobre la eliminación de residuos en vertedero, el Tribunal Supremo había dictaminado que la Administración no tiene la facultad de regularizar en procedimientos tributarios dirigidos contra el contribuyente los débitos generados por facturas emitidas por el sustituto del contribuyente.
Jurisprudencia anterior
La sentencia de referencia data del 17 de febrero de 2023, con el número de recurso de casación 1965/2021. Recoge las notas que definen la figura del sustituto contribuyente:
- Vinculación al cumplimiento de las prestaciones materiales y formales del tributo.
- Desplaza al contribuyente de la relación tributaria y ocupa su lugar, queda vinculado ante Hacienda Pública.
- Debe estar legalmente previsto.
El pronunciamiento señala que la administración tributaria no puede girar la liquidación directamente al contribuyente, como sujeto pasivo de la obligación tributaria, cuando la ley impone que sea el sustituto del contribuyente quien cumpla con la obligación tributaria principal, así como con las obligaciones formales inherentes a la misma.
Aplicación al caso
En el presente caso, el Supremo estima oportuno seguir la doctrina de la sentencia mencionada. De este modo, establece una pauta clara en situaciones donde la ley designa al sustituto del contribuyente como el responsable directo de cumplir con las obligaciones tributarias. Por ello, estima el recurso presentado por la empresa y anula lo dispuesto por el Tribunal Superior de Justicia.
Otras noticias de interés:
Despido de 61 trabajadores de una empresa de mensajería | Despido nulo
Nov 23, 2023 | Actualidad Prime
El Tribunal Supremo desestima un recurso de casación de una mercantil que incluyó una cláusula de repercusión del IBI en un contrato de arrendamiento. Especialmente, al tratarse de una vivienda de protección oficial.
La STS 1391/2023, de 6 de noviembre, inadmite la cláusula incluida en el contrato de arrendamiento, sobre repercusión del IBI al arrendatario. Además, en el caso concreto, el modelo de contrato utilizado es el de Viviendas de Protección Oficial.
La mercantil justifica la validez de la cláusula a través de lo dispuesto en la Disposición Adicional 1º de la Ley de Arrendamientos Urbanos, específicamente, en el apartado 4: «Además de las rentas iniciales o revisadas, el arrendador podrá percibir el coste real de los servicios de que disfrute el arrendatario y satisfaga el arrendador». A través de dicha disposición, alega el principio de libertad de pactos, con las limitaciones de la LAU y la aplicación supletoria del artículo 1255 CC. De este modo, considera que las partes del contrato de arrendamiento pueden acordar la repercusión del IBI o de cualquier tributo con independencia de su es una vivienda de protección oficial o no.
La calificación como «servicio»
El Tribunal Supremo establece que las pretensiones de la mercantil no pueden prosperar. De la interpretación sistemática de la D.A. 1ª LAU y de los artículos 4.2 y 20.1 del mismo texto legal se extrae que en dichos contratos no cabe la repercusión del impuesto. Determina que «el arrendador únicamente puede percibir las rentas iniciales o revisadas y el «coste real de los servicios» que disfrute el arrendatario y satisfaga el arrendador».
La naturaleza jurídica del Impuesto de Bienes Inmuebles es un tributo municipal que grava la capacidad económica del propietario, por lo que no puede calificarse como “servicio” a efectos de lo dispuesto por la Disposición Adicional Primera.
Añade que la libertad de pacto es un criterio que opera de forma supletoria, en caso de que exista una regulación específica se aplicará preferentemente. La aplicación de la D.A. 1º de la LAU resulta de aplicación preferente, sin que quepan interpretaciones extensivas, indica el tribunal.
Decisión del Tribunal Supremo
Este criterio debe tenerse especialmente en cuenta en las viviendas de protección oficial, debido a su función social. Se trata de una medida dirigida a impulsar y facilitar el acceso de los ciudadanos con menos recursos a una vivienda digna.
Señala así que «las cantidades que corresponden percibir al arrendador son las rentas iniciales o las actualizadas y los servicios prestados en la vivienda, sin que pueda repercutir el Impuesto de Bienes Inmuebles de la vivienda arrendada al arrendatario, por no tener la naturaleza ni consideración de servicio, sin que en este aspecto rija la libertad de pactos entre las partes dada la previsión específica y particular del apartado 4º de la D.A 1ª LAU».
Otras noticias de interés:
Derecho de reunión y manifestación durante el segundo estado de alarma | Tribunal Constitucional
