Mar 26, 2025 | Actualidad Prime
Nuevo proyecto de ley orgánica para la protección de menores en entornos digitales
El Consejo de Ministros ha aprobado el envío al Congreso de los Diputados del Proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales. La propuesta tiene como objetivo garantizar el derecho de niños, niñas y adolescentes a la intimidad, el honor y la propia imagen en el ámbito digital, así como la protección de sus datos personales. Entre las medidas contempladas, destaca la incorporación de un control parental gratuito y accesible en dispositivos digitales. Además, prevé la tipificación de delitos relacionados: los deepfakes sexuales y el grooming.
La elaboración del texto legal ha contado con la consulta de diversas instituciones, como la Agencia Española de Protección de Datos, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal, entre otros. Asimismo, se ha consultado a las comunidades autónomas y entidades locales para una mayor adaptación de la normativa al territorio.
Tipificación penal de deepfakes sexuales y grooming
El proyecto introduce reformas en el Código Penal para sancionar penalmente los deepfakes de contenido sexual y el grooming, estableciendo este último como un agravante en determinados delitos sexuales.
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Deepfakes de contenido sexual. Se considerarán delito la creación y difusión de imágenes o vídeos manipulados digitalmente en los que se utilice el rostro o cuerpo de una persona sin su consentimiento con fines sexuales.
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Grooming. La captación de menores mediante engaño, utilizando una identidad falsa, se endurece jurídicamente con su consideración como agravante en delitos contra la libertad e indemnidad sexual.
Además, se incorpora la pena de prohibición de acceso o comunicación en entornos digitales, medida que busca prevenir la revictimización y la reincidencia de los agresores.
Derechos digitales y control parental
La ley establece el derecho de los menores a un uso seguro y adecuado de las tecnologías digitales. Para ello, impone nuevas obligaciones a fabricantes y operadores tecnológicos:
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Sistemas de control parental obligatorios y gratuitos, activados por defecto en los dispositivos digitales.
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Prohibición del acceso a loot boxes en videojuegos y plataformas digitales, para evitar el acceso de menores a mecanismos de recompensa aleatoria.
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Medidas educativas y sanitarias, como la promoción del uso responsable de la tecnología en las aulas y el desarrollo de protocolos sanitarios ante comportamientos adictivos relacionados con el entorno digital.
Estrategia Nacional de Protección Digital
El proyecto de ley también obliga a las administraciones públicas a garantizar el acceso equitativo y seguro al entorno digital. Se prevé la creación de una Estrategia Nacional de Protección de la Infancia y la Adolescencia en el entorno digital, dirigida por el Ministerio de Juventud e Infancia.
Además, amplía la protección ante violencia de género y violencia sexual en el ámbito digital. Pretende asegurar que las víctimas tengan acceso a servicios de información, asistencia psicológica y asesoramiento jurídico.
Regulación de influencers y plataformas digitales
La ley modifica la Ley de Protección de Datos Personales, elevando la edad mínima de consentimiento para el tratamiento de datos de 14 a 16. También se reforma la Ley General de Comunicación Audiovisual, imponiendo nuevas obligaciones a plataformas y creadores de contenido:
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Sistemas de verificación de edad para restringir el acceso de menores a contenidos inadecuados.
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Diferenciación clara entre contenidos con escenas de pornografía o violencia gratuita y el resto de materiales audiovisuales.
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Obligación de enlaces a canales de denuncia en plataformas con contenido sensible.
Asimismo, reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para permitir que los jueces intervengan en la retirada de contenidos digitales perjudiciales para los menores y en la interrupción de servicios que faciliten el acceso a dichos contenidos.
Fuente. Consejo de Ministros.
Mar 26, 2025 | Actualidad Prime
Condena por prevaricación, cohecho y falsedad: emisión fraudulenta de tarjetas de transporte.
La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a una funcionaria del Servicio Territorial de Transportes de la Generalitat Valenciana por la emisión fraudulenta de tarjetas de transporte. Se le han impuesto tres años y cinco meses de prisión y cuatro años y tres meses de inhabilitación para empleo o cargo público.
La sentencia la considera autora de delitos de prevaricación, cohecho y falsedad documental continuada, aplicándose las atenuantes de reparación del daño, confesión y dilaciones indebidas.
Suspensión de la pena bajo condiciones
El Tribunal ha acordado suspender la ejecución de la pena privativa de libertad durante tres años, condicionada a que la condenada no vuelva a delinquir y que restituya 17.550 euros en pagos mensuales, en concepto de decomiso de ganancias obtenidas ilícitamente.
Operación fraudulenta y obtención de beneficios
Según los hechos probados, la condenada, jefa de negociado y encargada de tramitar expedientes de autorizaciones de transporte para vehículos ligeros, colaboró con un gestor de Valencia en la obtención irregular de tarjetas de transporte.
Este gestor, en contacto con una asesoría de Melilla, ofrecía estos títulos a 4.000 euros cada uno, de los cuales la funcionaria retenía 500 euros por trámite. Entre junio y julio de 2018, la acusada tramitó más de 70 tarjetas, obteniendo 36.500 euros en beneficios ilícitos.
Contexto del fraude en el transporte
Las tarjetas fraudulentas eran demandadas por transportistas de Melilla, quienes enfrentaban dificultades para regularizar su situación debido a la antigüedad de sus vehículos. La asesoría de Melilla detectó que los títulos podían obtenerse con mayor facilidad en la península y estableció contacto con la red delictiva en Valencia.
Consecuencias legales y posibilidad de recurso
Antes del juicio, la acusada consignó 18.000 euros en el juzgado para afrontar el decomiso. La sentencia no es firme, puede recurrirse ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
Fuente: CGPJ.
Mar 26, 2025 | Actualidad Prime
El tribunal considera que el trabajador justificó su ausencia y no intentó eludir la cita médica en la mutua.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha dado la razón a un trabajador al que se le retiró la prestación por incapacidad temporal por no acudir a una cita médica en la mutua. El tribunal ha dictaminado que debe abonársele la prestación que dejó de percibir.
Revocación de la sentencia anterior
El TSJPV ha estimado el recurso interpuesto por el trabajador y ha revocado la sentencia del Juzgado de lo Social número 10 de Bilbao. Con esta decisión, deja sin efecto la extinción de la prestación de incapacidad temporal que se dictó con efectos del 3 de octubre de 2023.
Asimismo, condena al Instituto Nacional de la Seguridad Social, a la Tesorería General de la Seguridad Social, a la mutua MC Mutual y a la empresa Bizkaiko Edari Komertzialak S.L. a que, en sus respectivas responsabilidades, abonen al trabajador la prestación dejada de percibir desde esa fecha hasta que proceda su extinción.
Ausencia justificada
El tribunal ha analizado si la ausencia del trabajador a la cita médica estuvo justificada y si sus actuaciones posteriores fueron relevantes para la resolución. Tras el examen, ha concluido que el trabajador justificó suficientemente su incomparecencia.
Según los hechos, el trabajador estaba de baja desde diciembre de 2022 y fue citado para un reconocimiento médico en octubre de 2023. Sin embargo, no asistió a la cita, pero al día siguiente envió un correo electrónico a las 15:11 horas informando que estaba enfermo y que había olvidado la cita.
El tribunal también considera relevante que el 3 de octubre el trabajador acudió a un centro de salud, donde se le diagnosticó una infección vírica respiratoria y se le prescribió reposo domiciliario por 24 horas.
No hubo intención de eludir el control médico
El TSJPV subraya que el trabajador reaccionó de manera espontánea al día siguiente de su ausencia, sin haber recibido comunicación alguna por parte de la mutua, reconociendo su error involuntario y poniéndose a disposición para otra evaluación médica.
El tribunal considera que esto demuestra que el trabajador no intentó eludir el control médico ni dilatar el proceso de incapacidad temporal. Además, resalta que su incomparecencia no significó un abandono del tratamiento ni del seguimiento de su estado de salud.
No se concede indemnización por daños y perjuicios
Aunque el trabajador también solicitó una indemnización de 7. 501 euros por los daños causados por la retirada de la prestación, el TSJPV no ha estimado su petición.
El tribunal argumenta que los perjuicios ocasionados ya serán compensados con la restitución de la prestación por incapacidad temporal y que no se han acreditado daños adicionales que justifiquen una indemnización.
Fuente. CGPJ.
Mar 25, 2025 | Actualidad Prime
El TSXG respalda el cobro del AJD en transmisiones de farmacias.
La sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha ratificado la aplicación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD), en su modalidad de Actos Jurídicos Documentados, en la transmisión de oficinas de farmacia. Este fallo avala la actuación de la Agencia Tributaria de Galicia (ATRIGA), y se sustenta en la doctrina jurisprudencial establecida por el Supremo desde 2020.
El desarrollo jurisprudencial del Tribunal Supremo
En su resolución, el TSXG destaca que, en el momento del devengo del impuesto, existía jurisprudencia contradictoria. Sin embargo, en noviembre de 2020, el Tribunal Supremo fijó un criterio favorable a la regularización tributaria de estas operaciones, criterio que fue consolidándose en posteriores sentencias de 2022. Esta evolución llevó al TSXG a pronunciarse en el mismo sentido en una sentencia de 12 de julio de 2023, en la que rechazó la ilegalidad de la disposición adicional única del Real Decreto 1828/1999.
El principio de seguridad jurídica y la regularización tributaria
El TSXG fundamenta su decisión en el principio de seguridad jurídica y unidad de criterio, adoptando la interpretación fijada por el Tribunal Supremo. De este modo, aclara que quienes adquirieron farmacias antes de las primeras sentencias del Supremo de 26 de noviembre de 2020 no fueron objeto de procedimientos de regularización tributaria, pese a haber declarado las operaciones como no sujetas al AJD. No obstante, el tribunal destaca que esta inactividad administrativa no generó un precedente consolidado que impidiera la regularización posterior de periodos no prescritos.
Ausencia de confianza legítima en los contribuyentes
El TSXG argumenta que la falta de actuaciones previas de la ATRIGA no puede interpretarse como una manifestación de criterio contrario a la sujeción de estas operaciones al AJD. En su sentencia, subraya que la administración tributaria autonómica no emitió actos concluyentes que generasen una confianza legítima en los contribuyentes. En consecuencia, sostiene que la inactividad anterior a 2020 no constituye un obstáculo para la regularización fiscal posterior.
La resolución se alinea con la doctrina consolidada del Tribunal Supremo. Así, respalda la potestad de la administración tributaria para regularizar periodos no prescritos bajo el nuevo criterio jurisprudencial.
Fuente: CGPJ.
Mar 25, 2025 | Actualidad Prime
El Ministerio de Justicia actualiza las compensaciones económicas para la Asistencia Jurídica Gratuita [TOL10.451.450]
El Gobierno ha publicado la Orden PJC/281/2025, de 21 de marzo, que actualiza los importes económicos asignados a las actuaciones incluidas en el Anexo II del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita. Este ajuste pretende asegurar una retribución adecuada a los profesionales de la Abogacía y la Procura.
Un derecho fundamental
Desde la promulgación de la Ley 1/1996, el Estado asume los costes de este servicio, garantizando el derecho a la tutela judicial efectiva para personas sin recursos, conforme a los principios de igualdad y justicia.
Actualización tras años de congelación económica
El artículo 43 del reglamento regula la retribución de los profesionales de la Abogacía y la Procura, estableciendo que esta se basará en módulos de compensación y bases económicas determinados según la tipología de los procedimientos en los que participen. Estas referencias, aplicables desde la entrada en vigor del reglamento, están especificadas en su anexo II. Además, el Ministerio de Justicia, con informes de varios organismos, debe fijar anualmente el importe económico asignado a cada actuación, teniendo en cuenta las dotaciones presupuestarias y la complejidad del trabajo.
En este marco, los importes destinados a las actuaciones de los profesionales en el servicio público de asistencia jurídica gratuita han sido actualizados conforme al reglamento, tras permanecer invariables desde 2018. Estas modificaciones buscan ajustar las retribuciones a la complejidad y dotaciones disponibles, proporcionando una mayor equidad en las compensaciones por los servicios prestados.
Entrada en vigor
Finalmente, la nueva orden aplicará los nuevos importes a partir de su entrada en vigor. Esta entrada se produce hoy, siendo el día siguiente de su publicación en el BOE. No obstante, tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025,
Fuente. BOE.
