II. Delito fiscal. Inspección previa al procedimiento penal y su impacto en los derechos del obligado tributario/investigado (TOL9.723.612)

Feb 16, 2024

II. DELITO FISCAL. INSPECCIÓN PREVIA AL PROCEDIMIENTO PENAL Y SU IMPACTO EN LOS DERECHOS DEL OBLIGADO TRIBUTARIO/INVESTIGADO1. INTRODUCCIÓNEl derecho penal tributario plantea una serie de problemas jurídicos de indudable trascendencia, derivados precisamente de su configuración como "ley penal en blanco" y de su consiguiente relación y conexión con el derecho y procedimiento administrativo sancionador. Dado que nos encontramos ante un marco punitivo común, tradicionalmente se han venido procurando, con más o menos éxito, soluciones legislativas que permitan delimitar ambos ámbitos, manteniendo al mismo tiempo las especificidades propias de cada uno de ellos. El objeto de este estudio es analizar el impacto que dicha interconexión tiene en los derechos y garantías que nuestro ordenamiento reconoce a aquellos sujetos que acaban siendo investigados por la presunta comisión de un delito fiscal; investigados que, en la mayoría de los casos, han sido previamente obligados tributarios inspeccionados en el ámbito administrativo.La última de las referidas soluciones legislativas ha sido el paralelismo procedimental establecido por la LO 7/2012, de 27 de diciembre, que fue complementada por las reformas introducidas en la Ley General Tributaria y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal; procedimiento que concede a la Administración Tributaria la facultad de liquidar el tributo en caso de delito, a través de una liquidación vinculada a delito (LVD), que se ejecuta con independencia de las actuaciones jurisdiccionales que se desarrollan en sede penal.2. MARCO NORMATIVO ACTUAL EN MATERIA PENAL TRIBUTARIACon la regulación actual del delito fiscal, en caso de que la Administración Tributaria aprecie parcialmente indicios de delito, puede liquidar separadamente la cuota vinculada a delito de la que no lo está (artículo 305. 5 CP). Hasta la entrada en vigor de la LO 7/2012, de 27 de diciembre (complementada a este respecto por la L 34/2015, de 21 de septiembre), existía la obligación de paralizar la totalidad del procedimiento administrativo en curso ante la aparición de indicios de delito en la conducta del obligado tributario. El artículo 180.1 de la anterior redacción de la LGT establecía que la Agencia Tributaria "se abstendrá de seguir el procedimiento administrativo, que quedará suspendido mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme, tenga lugar el sobreseimiento o el archivo de las actuaciones o se produzca la devolución de expediente por el Ministerio Fiscal". Esta obligación no solo impedía la continuación de las actuaciones de comprobación, sino también las de liquidación y cobro de la deuda tributaria.Ahora, sin embargo, en el momento en que se decide "pasar el tanto de culpa" al Ministerio Fiscal o a la jurisdicción penal, el procedimiento administrativo se divide (artículo 250 de la LGT) remitiéndose todos los conceptos y cuantías vinculadas a delito a la autoridad judicial penal, mientras la liquidación de la deuda tributaria vinculada a delito, una vez admitida a trámite la querella, se tramita paralelamente en vía administrativa, sin que tenga supuestamente naturaleza sancionatoria y "sin perjuicio de que finalmente se ajuste a lo que se decida en el proceso penal" (Artículo 305.5 CP).Por su parte, los conceptos y cuantías que no aparezcan vinculados a delito se tramitarán por el procedimiento administrativo ordinario, a través de un acta de inspección que estará sujeta a los recursos propios de toda liquidación tributaria.El artículo 253 LGT establece el procedimiento a seguir para practicar la LVD, que se resume en los siguientes trámites:- Ante la detección de conceptos y cuantías vinculadas a delito, la administración deberá formalizar una propuesta de liquidación vinculada a delito (PLVD) que expondrá los hechos y fundamentos jurídicos en los que basa la misma.- Esa PLVD debe ser notificada al obligado tributario, que dispondrá de un trámite de audiencia para alegar lo que a su derecho convenga en un plazo de 15 días naturales, que se empezarán a contar a partir del día siguiente al de la notificación de la PLVD.- En caso de que, a pesar de las alegaciones del obligado tributario, la administración tributaria considere la posible existencia de un delito fiscal, el órgano competente dentro de dicha administración dictará la LVD con la autorización previa o simultánea del . . .

¿Quiere leer el artículo completo?
¿Ya tiene cuenta?Iniciar sesión
Cree su cuenta sin costeRegistrarme

Si usted es cliente Prime, puede leer el dossier completo dentro de la platafoma

Acceder

Últimas novedades publicadas

Ley 1/2024, de 7 de junio, por la que se regulan las enseñanzas artísticas superiores y se establece la organización y equivalencias de las enseñanzas artísticas profesionales (TOL10.039.209)

by | Jun 21, 2024 | Boletín novedades,PUBLICO Legislación | 0 Comments

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. FELIPE VI REY DE ESPAÑA A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la...

TS: Usurpación de funciones públicas y cohecho (Caso Canicas). Entrada y registro: La sentencia recuerda la doctrina jurisprudencial recaía en torno a esta injerencia y considera que, aun siendo sucinto el auto judicial, cumple con el estándar de constitucionalidad.Delito de usurpación de funciones públicas. Se analizan los presupuestos típicos de ese delito y se considera que la conducta enjuiciada no cumple con dichos presupuestos dado que no hubo una pluralidad de actos ni los actos realizados pueden ser considerados como propios de una autoridad.Delito de cohecho: En cuanto al delito de cohecho se precisa que la dádiva retribuya un acto relacionado con las funciones oficiales y en este caso, en que se declara probado que el funcionario conocía que no se iba a realizar un acto oficial, un servicio de escolta, y que todo era un montaje, la conducta desplegada tampoco es típica. – Tribunal Supremo – Sala Segunda – Sección Primera – Jurisdicción: Penal – Sentencia – Num. Res.: 441/2024 – Num. Proc.: 471/2022 – Ponente: EDUARDO DE PORRES ORTIZ DE URBINA (TOL10.032.905)

by | Jun 21, 2024 | Boletín novedades,PENAL Jurisprudencia | 0 Comments

T R I B U N A L S U P R E M O Sala de lo Penal Sentencia núm. 441/2024 Fecha de sentencia: 22/05/2024 Tipo de procedimiento: RECURSO CASACION Número del procedimiento:...

Real Decreto 568/2024, de 18 de junio, por el que se crea la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública (TOL10.042.326)

by | Jun 21, 2024 | Boletín novedades,PUBLICO Legislación | 0 Comments

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. La Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, define la vigilancia en salud pública como el conjunto de actividades destinadas a...

Demanda de responsabilidad civil profesional contra abogado (TOL2.549.861)

by | Jun 21, 2024 | Boletín novedades,PRIVADO Formulario | 0 Comments

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE [...]Don [...] Procurador de los Tribunales y de Don [...] según designa "apud acta", ante el Juzgado comparezco y como mejor en...

Para evaluar los efectos favorables que pudieran derivarse de la entrada en vigor de la ley intermedia no puede prescindirse de la pena resultante de la acumulación jurídica prevista en el artículo 76 CP de todas las penas impuestas. De tal modo, aun cuando la aplicación de la ley intermedia pudiera comportar la rebaja de algunas de las distintas penas puntuales impuestas, si ello no comporta una reducción de la pena efectiva acumulada que el penado debe cumplir no puede considerarse ley más favorable. Su aplicación supondría, como consecuencia de la necesidad de aplicar el bloque normativo, la fijación de penas complementarias del artículo 192 CP, aumentando el contenido aflictivo de la condena impuesta. – Tribunal Supremo – Sala Segunda – Sección Primera – Jurisdicción: Penal – Sentencia – Num. Res.: 472/2024 – Num. Proc.: 10302/2023 – Ponente: Javier Hernández García (TOL10.032.675)

by | Jun 21, 2024 | Boletín novedades,PENAL Jurisprudencia | 0 Comments

T R I B U N A L S U P R E M O Sala de lo Penal Sentencia núm. 472/2024 Fecha de sentencia: 23/05/2024 Tipo de procedimiento: RECURSO CASACION (P) Número del...

Urbanismo: Se anula el plan que aprobó los ejes verdes de la calle Comte Borrell de Barcelona. Se condena al Ayuntamiento a reponer en su ser y estado, tal y como los define el PGM de 1976, el vial y el cruce afectados por el acto administrativo. Se aprecia que bajo la apariencia de lo que el Ayuntamiento de Barcelona denomina un»Proyecto Ejecutivo de obra ordinaria» se encubre una actuación urbanística transformadora de la red viariadel Eixample, que por ello hubiera debido eventualmente tramitarse y, en su caso, aprobarse mediante unaModificación Puntual del Plan General Metropolitano; y al no haberse hecho así, el Acuerdo aprobatorio dedicho Proyecto Ejecutivo de obra ordinaria es nulo de pleno Derecho lo que obvia a analizar las impugnacionesrealizadas por la actora con carácter subsidiario y a los efectos meramente dialecticos. – Juzgado de lo Contencioso-Administrativo – Sección Decimoquinta – Jurisdicción: Contencioso-Administrativo – Sentencia – Num. Res.: 151/2024 – Num. Proc.: 295/2022 – Ponente: Ana Suárez Blavia (TOL10.013.579)

by | Jun 21, 2024 | Boletín novedades,PUBLICO Jurisprudencia | 0 Comments

Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 15 de BarcelonaAvenida Gran Via de les Corts Catalanes, 111, edifici I - Barcelona - C.P.: 08075TEL.: 935548417FAX:...