Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña (TOL10.039.265)

Jun 12, 2024

SANCIÓN. FELIPE VI REY DE ESPAÑA A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley orgánica:

PREÁMBULO I Toda amnistía se concibe como una figura jurídica dirigida a excepcionar la aplicación de normas plenamente vigentes, cuando los actos que hayan sido declarados o estén tipificados como delito o determinantes de cualquier otro tipo de responsabilidad se han producido en un contexto concreto. Esta facultad legislativa se configura en el ordenamiento como un medio adecuado para abordar circunstancias políticas excepcionales que, en el seno de un Estado de Derecho, persigue la consecución de un interés general, como puede ser la necesidad de superar y encauzar conflictos políticos y sociales arraigados, en la búsqueda de la mejora de la convivencia y la cohesión social, así como de una integración de las diversas sensibilidades políticas. Es, por tanto, una institución que articula una decisión política mediante una ley aprobada por el Parlamento como expresión del papel otorgado por la Constitución a las Cortes Generales, que se erigen como el órgano encargado de representar a la soberanía popular en los poderes constituidos y configurar libremente la voluntad general a través del ejercicio de la potestad legislativa por los cauces preestablecidos. La amnistía ha sido utilizada en numerosas ocasiones en nuestra tradición jurídica. No es una vía novedosa, cuenta con numerosos precedentes en España. El más importante, pero no el único, es la Ley de Amnistía de 1977 (Ley 46/1977, de 15 de octubre). Además, se reconoce en el orden constitucional de buena parte de los países de nuestro entorno geográfico e influencia jurídica. Así, está prevista expresamente en los textos constitucionales de Italia, Francia o Portugal, que han aplicado esta medida en diversas ocasiones, siendo la más reciente la Ley 38-A/2023, de 2 de agosto, de Portugal, que amnistía a todos los jóvenes de entre dieciséis y treinta años por la comisión de determinados delitos, con motivo de la visita del Papa Francisco a dicho país. También existen otras normas constitucionales de países europeos que, si bien no mencionan expresamente la amnistía, como en el caso de Alemania, Bélgica, Irlanda o Suecia, ello no ha impedido que se afirmara su constitucionalidad. Desde la Segunda Guerra Mundial se han promulgado más de medio centenar de estas leyes en los citados países, considerando la propia doctrina que una amnistía es aplicable en el Estado constitucional en circunstancias de especial crisis política. Desde la perspectiva del derecho de la Unión Europea, la institución de la amnistía está perfectamente homologada. Destacan en este sentido, por ejemplo, la Decisión Marco del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, cuyo artículo 3 prevé que cuando el delito esté cubierto por la amnistía en el Estado miembro de ejecución se denegará la orden de detención europea. Más recientemente, también el Acuerdo de comercio y cooperación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, por una parte, y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, cuyo artículo 600 contiene una previsión similar a la mencionada anteriormente. Coherentemente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia de 29 de abril de 2021, dictada en el asunto C-665/20 PPU, no solo reconoce la posibilidad de la existencia de amnistías, sino que, además, establece que la misma «tiene por finalidad despojar de su carácter delictivo a los hechos a los que se aplica, de tal modo que el delito ya no pueda dar lugar al ejercicio de acciones penales y, en caso de que ya se haya impuesto una condena, que se ponga fin a su ejecución, implica por tanto, en principio, que la sanción impuesta ya no pueda ejecutarse». Y más recientemente, en su sentencia . . .

¿Quiere leer el artículo completo?
¿Ya tiene cuenta?Iniciar sesión
Cree su cuenta sin costeRegistrarme

Si usted es cliente Prime, puede leer el dossier completo dentro de la platafoma

Acceder

Últimas novedades publicadas

Utilización de audios sin autorización del emisor. Mi clienta esta separada y aun no presentado la solicitud de medidas para la guarda y custodia del hijo menor. En la acutalidad dispone de unos audios enviados por la madre de uno de los compañeros de su hijo, en el que ésta le manifiesta que el padre ha recogido al menor en estado de enfriaguez, llegando a coger el coche con el menor. Audios que queremos utilizar por malos tratos referidos por el padre hacía el hijo menor al que cada dos por tres reprede con cojellas y cachetes ¿podríamos utilizar esos audios que le han sido enviados a mi clienta a pesar de que la persona que los grabo no quiere declarar ni que los utilicemos judicialmente alegando el interés superior del menor?¿Y el uso de ese audio podría llevar alguna responsabilidad tanto para letrada que lo aporta como la clienta? (TOL10.081.997)

by | Jul 13, 2024 | Boletín novedades,PENAL Consulta | 0 Comments

TAS5920Re: Utilización de audios sin autorización del emisorPor lo que manifiesta, entendemos que esos audios se remiten a su clienta por quien ha visto como estaba el...

Despido colectivo. Conforme a la doctrina de la sala IV, sobre la unidad de referencia y el cómputo de los umbrales del despido colectivo del artículo 51 ET, el despido de los 11 trabajadores del centro de trabajo no alcanza los umbrales numéricos del artículo 51 ET, al tener la empresa más de 2000 trabajadores. Tampoco el hecho de que se haya procedido a la extinción de todos los contratos de trabajo del centro de trabajo supone que se esté en presencia de un despido colectivo, puesto que el artículo 51.1 ET se refiere en estos casos a la cesación total de la «actividad empresarial», no del centro de trabajo (SSTS 506/2017, de 13 de junio, rec. 196/2016; 771/2017, de 10 de octubre, rec. 86/2017; y 669/2019, de 26 de septiembre, rec. 143/2018). En consecuencia, se confirma la sentencia de la Sala de lo Social recurrida que declaró su falta de competencia objetiva. – Tribunal Supremo – Sala Cuarta – Sección Primera – Jurisdicción: Social – Sentencia – Num. Res.: 923/2024 – Num. Proc.: 19/2024 – Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN (TOL10.081.661)

by | Jul 13, 2024 | Boletín novedades,LABORAL Jurisprudencia | 0 Comments

CASACION núm.: 19/2024 Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Garcia-Perrote Escartín Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Alfonso Lozano De Benito TRIBUNAL...

Real Decreto 612/2024, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (TOL10.077.619)

by | Jul 13, 2024 | Boletín novedades,LABORAL Legislación | 0 Comments

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. I La Directiva 90/394/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1990, relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con...

Antigüedad en organismo público. Se discute si debe tenerse en cuenta el tiempo anteriormente trabajado en una empresa pública. Si el Convenio Colectivo ordena el cómputo de los servicios prestados en cualquier administración a efectos de trienios, deben computarse los periodos trabajados en empresas públicas. – Tribunal Supremo – Sala Cuarta – Sección Primera – Jurisdicción: Social – Sentencia – Num. Res.: 902/2024 – Num. Proc.: 1274/2023 – Ponente: Sebastián Moralo Gallego (TOL10.075.499)

by | Jul 13, 2024 | Boletín novedades,LABORAL Jurisprudencia | 0 Comments

UNIFICACIÓN DOCTRINA núm.: 1274/2023 Ponente: Excmo. Sr. D. Sebastián Moralo Gallego Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Sagrario Plaza Golvano...

Contrato de arrendamiento de obra entre un consumidor y un profesional. Resultado defectuoso. No infringe el principio de relatividad de los contratos (art. 1257 CC) la declaración de corresponsabilidad del instalador y el fabricante, cuando éste garantizaba el objeto de la obra (una piscina de fibra de vidrio). – Tribunal Supremo – Sala Primera – Sección Primera – Jurisdicción: Civil – Sentencia – Num. Res.: 905/2024 – Num. Proc.: 3545/2019 – Ponente: Pedro José Vela Torres (TOL10.081.591)

by | Jul 13, 2024 | Boletín novedades,PRIVADO Jurisprudencia | 0 Comments

T R I B U N A L S U P R E M O Sala de lo Civil Sentencia núm. 905/2024 Fecha de sentencia: 24/06/2024 Tipo de procedimiento: CASACIÓN Número del procedimiento:...

Consulta número: V3268-23. El Ayuntamiento consultante satisface a su personal laboral y funcionario determinadas ayudas correspondientes a gastos o tratamientos médicos no cubiertos por el sistema público de salud.Cuestión Planteada: Tratamiento fiscal en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de dichas ayudas.Órgano: SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas (TOL9.867.643)

by | Jul 13, 2024 | Boletín novedades,FINANCIERO-TRIB. Consulta | 0 Comments

CONTESTACIÓNEl artículo 17.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los...