EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia pretende paliar el impacto económico y social provocado por la irrupción de la COVID-19, así como apoyar la recuperación económica. Las medidas que constituyen dicho plan permitirán la realización de reformas estructurales los próximos años mediante cambios normativos e inversiones y, por lo tanto, posibilitarán que la recuperación de la economía tras la pandemia no deje a nadie atrás, en aras de una transformación que posibilite una estructura más resiliente de nuestro modelo para enfrentar con éxito otras posibles crisis o desafíos en el futuro. En este sentido, el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública para la ejecución del citado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, reconoce la necesidad de un adecuado modelo de gobernanza que permita asegurar la mayor eficiencia en el gasto público y el papel especial de la Administración General del Estado para garantizar el éxito de la ejecución, el control y la salvaguarda necesarios para justificar fehacientemente la solicitud de reembolsos y la absorción de los citados fondos. El Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia contempla en el Componente 19 «Plan Nacional de Competencias Digitales», encuadrado en la política palanca VII «Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades», diversas actuaciones encaminadas a garantizar la inclusión digital, avanzando en el desarrollo de las competencias básicas de la ciudadanía para que todas las personas puedan aprovechar las oportunidades sociales, económicas y ambientales que ofrecen las nuevas tecnologías. Dentro del Componente 19 se encuentra la Línea de Inversión 1 «Competencias digitales transversales» que contempla diversas actuaciones encaminadas a la mejora de la formación y las infraestructuras digitales y tecnológicas del país. Dentro de esta Línea de Inversión, la Medida 3 consiste en «Formación de la ciudadanía en materia de competencias digitales». Dicha Medida se encuentra vinculada al cumplimiento de los objetivos números 286 y 288 establecidos en el anexo de la Decisión de Ejecución del Consejo por la que se modifica la Decisión de Ejecución del Consejo (UE) (ST 10150/2021; ST 10150/2021 ADD 1 REV 1), de 13 de julio de 2021, relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España. El objetivo n.º 286 establece que, respecto a los fondos destinados a esta Medida, «al menos el 75 % del presupuesto se deberá haber comprometido para acciones bajo la inversión de formación de la ciudadanía en competencias digitales». El plazo establecido para el cumplimiento de este objetivo llega hasta el cuarto trimestre de 2023. Por su parte, el objetivo n.º 288 establece que, para el 30 de junio de 2026, España deberá tener «2.600.000 ciudadanos formados en competencias digitales, de acuerdo con las acciones de la medida». Aunque inicialmente se preveía que la formación a recibir fuera equivalente a 10 créditos ECTS, la Comisión Europea ha comunicado que este objetivo se rebaja a 7,5 horas. Para contribuir al cumplimiento de estos objetivos, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital -entidad decisora respecto al Componente 19- firmó un acuerdo de colaboración con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que asume el rol de entidad ejecutora respecto de la actuación «Capacidades digitales para la lucha contra la pobreza infantil», encuadrada en la citada Medida 3 de la Línea de Inversión 1 del Componente 19. Este acuerdo ha sido asumido por el Ministerio de Juventud e Infancia, en virtud de sus competencias, de acuerdo al Real Decreto 829/2023, de 20 de noviembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales. En concreto, el Ministerio de Juventud e Infancia asume un objetivo de formación de 950.000 niños, niñas y adolescentes. Para alcanzar esta meta, la Secretaría de Estado de Juventud e Infancia, órgano responsable del proyecto, pone un foco especial en aquellas personas menores de edad que actualmente se encuentran en situación de vulnerabilidad. Actualmente, los ni . . .