Abr 29, 2024 | Actualidad Prime
En 2018, Meta Platforms Ireland actualizó las condiciones de servicio de Facebook para los usuarios de la Unión Europea, requeridas para usar sus servicios. Maximilian Schrems, usuario y defensor de la privacidad, aceptó las condiciones pero disputó cómo Facebook personalizaba la publicidad. Particularmente relacionada con la orientación sexual. Según Schrems, la publicidad que recibía estaba basada en un análisis de sus intereses y no directamente en su orientación sexual, lo cual consideró un uso inapropiado de sus datos. Insatisfecho, llevó su caso a los tribunales de Austria.
Divulgación de la orientación sexual | preguntas legales sobre si tal divulgación convertía su orientación en un dato «manifiestamente público»
En una mesa redonda, Schrems mencionó abiertamente su homosexualidad, un hecho que no había divulgado en Facebook. Esto llevó a preguntas legales sobre si tal divulgación convertía su orientación en un dato «manifiestamente público» según el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y si permitía su uso para publicidad dirigida.
El Tribunal Supremo austriaco consultó al Tribunal de Justicia de la UE sobre si Facebook puede usar datos personales de manera ilimitada para publicidad. Y si revelar públicamente la orientación sexual en un foro permite su uso para publicidad específica.
Abogado General | limitar el uso de datos personales
El Abogado General Athanasios Rantos recomendó al tribunal limitar el uso de datos personales basándose en el principio de proporcionalidad. Respecto a la orientación sexual, Rantos indicó que aunque es un dato protegido, esta protección no aplica si el individuo lo ha hecho público voluntariamente. Sin embargo, destacó que esto no autoriza automáticamente su uso en marketing dirigido.
Límites de la privacidad y la publicidad
Esta situación subraya la compleja interacción entre privacidad individual y prácticas de marketing, destacando la necesidad de un equilibrio que respete los derechos individuales y las realidades comerciales dentro del marco legal europeo. La decisión final del Tribunal de Justicia será clave para definir los límites de la privacidad y la publicidad personalizada en Europa.
Abr 26, 2024 | Actualidad Prime
El Consejo General del Poder Judicial ha decidido crear una Red de Especialistas en Igualdad (REI). En respuesta a la necesidad de promover la igualdad de trato y el enjuiciamiento con perspectiva de género dentro de la Carrera Judicial. Esta decisión, impulsada por la Comisión de Igualdad presidida por la vocal Clara Martínez de Careaga, busca facilitar asistencia técnica especializada a los jueces y juezas en cuestiones relacionadas con la igualdad en el acceso a la justicia y la aplicación del principio de igualdad de oportunidades.
Composición de la Red de Especialistas en Igualdad
La REI estará compuesta por treinta magistrados y magistradas de diferentes órdenes jurisdiccionales, que demostrarán una especialización en materia de igualdad, derecho antidiscriminatorio y enjuiciamiento con perspectiva de género. La estructura de la red se organizará por jurisdicciones y no por territorios. De este modo, se diferencia de otras redes como la de delegados y delegadas de igualdad. Facilitando una cobertura más específica y técnica según las necesidades jurisdiccionales.
El proceso de selección de los integrantes de la Red de Especialistas en Igualdad será responsabilidad del Pleno del CGPJ. Y se regirá por los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad. Se prevé que los miembros de la red sean designados a finales de junio. Asimismo, tendrán un primer encuentro programado para septiembre en la sede del CENDOJ en San Sebastián.
Funciones de la Red de Especialistas en Igualdad
Entre las funciones de la REI se incluye la prestación de asistencia técnica en temas de igualdad y conciliación en la Carrera Judicial. Así como apoyo a la Comisión de Igualdad del CGPJ, y la propuesta de actividades formativas que fomenten la igualdad de trato y no discriminación. Además, la red trabajará en la recopilación y difusión de resoluciones judiciales relevantes en materia de igualdad para enriquecer el fondo documental del CENDOJ.
Promoción del conocimiento del derecho nacional, de la Unión Europea e internacional,
Los especialistas también contribuirán a la promoción del conocimiento del derecho nacional, de la Unión Europea e internacional, así como de la jurisprudencia relevante en temas de igualdad de trato y perspectiva de género. Otro aspecto crucial será el impulso del uso del lenguaje inclusivo tanto en las resoluciones judiciales como en las comunicaciones administrativas del CGPJ y otros órganos del Poder Judicial.
Abr 25, 2024 | Actualidad Prime
La AEPD ha resuelto el expediente nº EXP202208793, en materia de seguridad en el uso del correo electrónico personal en el trabajo.
En el caso, La reclamante manifiesta que facilitó inicialmente a la entidad reclamada, en la que presta sus servicios, su dirección de correo electrónico personal, consintiendo en un primer momento, dado que era nueva empresa, (subrogación de los trabajadores por adjudicación de concesión de prestación de un servicio público) para que se usara como método de contacto, ya que no disponía de dirección corporativa. La trabajadora reclama porque hace más de un año que solicitó la supresión de sus datos (correo electrónico y teléfono personales). Solicitó que únicamente se pusieran en contacto a través de teléfono o correo de empresa. Sin embargo, siguen contactando con ella a través de su correo electrónico personal.
Además, la empresa envía correos electrónicos sin copia oculta, por lo que queda revelado su email a los demás destinatarios del correo.
Aplicación del RGPD
Según el art. 5 .1.f) RGPD, los datos personales deben tratarse de tal manera que se garantice una seguridad adecuada. En el caso, los datos de la trabajadora fueron expuestos de manera indebida, al enviarse por correo a 129 empleados sin copia oculta. Por lo tanto, la empresa estaría cometiendo una infracción del reglamento.
La AEPD considera que la naturaleza de la infracción es grave, al conllevar la pérdida de la confidencialidad de la información de los trabajadores. Además, se trata de una empresa habituada al tratamiento de datos personales (salud, socioeconómicos, familiares, etc.). La reclamada se dedica a la prestación de servicios sociales, sanitarios, educativos y de ocio. Finalmente, se fija una sanción de 12.000 euros.
Por otro lado, el artículo 32 RGPD, sobre seguridad de tratamiento, también se ha vulnerado. Se ha permitido un incidente de seguridad, permitiendo el acceso ilícito a los datos personales de los trabajadores entre sí. Teniendo en cuenta el tipo de actividad que ejerce la empresa, la AEPD impone una sanción de 3.000 euros.
Por lo tanto, la AEPD resuelve el procedimiento sancionador contra la empresa, que tendrá que pagar una sanción de 15.000 euros, salvo que acceda al pago voluntario, establecido en 9.000 euros.
Fuente: AEPD
Abr 24, 2024 | Actualidad Prime
El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Vigo ha emitido una sentencia firme que obliga a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) a devolver 2.170 euros a una trabajadora autónoma. Esta cantidad había sido cobrada indebidamente por cotizaciones sociales correspondientes al periodo entre diciembre de 2019 y enero de 2021. Durante este periodo la trabajadora estuvo en un periodo de incapacidad temporal. Según la sentencia, la TGSS había cobrado estas cuotas a pesar de que, tras los primeros 60 días de baja médica, la mutua colaboradora con la Seguridad Social debería haberse hecho cargo de las mismas, según lo establecido por ley para los trabajadores autónomos.
La trabajadora afirmó no haber recibido la comunicación de la Tesorería General de la Seguridad Social
El magistrado destacó en su fallo la actuación incorrecta de la TGSS. Señalando que la comunicación de cobro enviada a la trabajadora no solo llegó después de haberse realizado el cobro, sino que además contenía una reclamación de cantidades que resultaba sorpresiva e inimputable a la interesada. Esta situación, según el juez, no solo generó indefensión en la recurrente, sino que también reflejaba un cambio de criterio interpretativo por parte de la TGSS que no estaba respaldado por cambios normativos previos, violando así los derechos de la trabajadora.
Incapacidad temporal | La obligación de pagar dichas cotizaciones después del sexagésimo primer día de baja médica era responsabilidad de la mutua
El juez aclaró que no existían omisiones o errores atribuibles a la trabajadora que justificaran una revisión de las cotizaciones. Y que la obligación de pagar dichas cotizaciones después del sexagésimo primer día de baja médica era responsabilidad de la mutua. Tal como inicialmente se había reconocido.
Además, argumentó que si la TGSS consideraba necesario revisar este procedimiento, debería haber seguido los pasos marcados en el artículo 56 del Real Decreto 84/1996. Sin embargo, optó por una comunicación que dejaba a la trabajadora en una situación sin salida y sin otros recursos que los números de teléfono proporcionados para consultas.
La sentencia es definitiva y contra ella no cabe recurso. Establece un precedente importante en cuanto al manejo de las cotizaciones sociales de los trabajadores autónomos durante períodos de incapacidad temporal. Así como la protección de sus derechos frente a interpretaciones administrativas que puedan resultarles perjudiciales.
Abr 19, 2024 | Actualidad Prime
20 días de suspensión para el policía que no cumplió sus deberes de custodia, originando una fuga. [TOL9.961.544]
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ratificado la sanción impuesta a un policía por su responsabilidad en la fuga de un detenido que estaba bajo su custodia en una comisaría de la Dirección General de la Policía.
Según la sentencia, el agente no verificó adecuadamente el estado de la cerradura de la celda donde se encontraba el fugado, lo que permitió que este escapara tras deambular por las instalaciones de la comisaría. Durante su turno de custodia, el policía no se percató de la celda vacía con la puerta entreabierta.
El tribunal imputa al policía una sanción por no haber adoptado la diligencia máxima de seguridad, no comprobó si la celda estaba bien cerrada. Transcurrió tiempo entre el momento en el que el detenido salió de su celda y en el que el policía se percató de su ausencia. La demora del policía en relevar a su compañero que custodiaba la puerta principal de la comisaría, que tardó más de media hora en llegar, facilitó la fuga del detenido. Durante este lapso, el fugitivo aprovechó la ausencia de personal en el puesto de seguridad para salir sigilosamente al patio exterior.
El policía acudió ante el TSJM al considerar que había un tercer puesto de cámaras que no estaba cubierto por ningún funcionario. Además, alegó que la celda tenía un sistema de cierre defectuoso. Por ello, consideraba que no le resultaba imputable.
El tribunal observa que el recurrente tardó más de 35 minutos en realizar el relevo, motivo por el cual se produjo la fuga. Por ello, considera que se trata de una actuación contraria a los deberes inherentes a su cargo.
La sanción impuesta
El policía, al no cumplir con los deberes propios de su cargo, como verificar el estado de la cerradura y asegurar adecuadamente la custodia del detenido, quedó sancionado con veinte días de suspensión de funciones. La falta de diligencia del policía originó la fuga, motivo por el que impone la sanción.
El TSJM confirma que la conducta del policía constituyó una «infracción de deberes u obligaciones legales inherentes al cargo o función policial», según establecido en el Reglamento de Régimen Disciplinario de los funcionarios de la Administración del Estado.
Finalmente, desestima el recurso planteado por el policía y confirma la sentencia de instancia. Mantiene la sanción impuesta.
