El domicilio fiscal (TOL9.847.126)

Feb 1, 2024

Las frecuentes modificaciones de la normativa tributaria provocan que reciban menos atención los temas cuya regulación no cambia, aunque afecten a muchos contribuyentes y tengan gran interés teórico y práctico. Es lo que ocurre con el domicilio fiscal, que afecta a todos los obligados tributarios y resulta de gran trascendencia en muchos casos.El artículo 48 de la Ley 58/2003, General Tributaria (LGT), contiene la normativa básica, que no ha variado desde su aprobación, lo que nos lleva a entender que razonablemente proporciona certidumbre en las relaciones jurídico-tributarias.Así, aunque pueda ser llamativo que los juristas sigamos dando tanta relevancia a la certidumbre de las normas, cuando en matemáticas existan los teoremas de la incompletitud (Gödel) o en la física cuántica se consagre el principio de indeterminación (Heinsenberg), no cabe duda que la seguridad jurídica constituye una aspiración esencial del Derecho y se refleja en el artículo 9 de la Constitución.Por ello, resultan muy destacables las materias tributarias cuya normativa no sufre variaciones significativas a lo largo del tiempo, como ocurre con el domicilio fiscal.Según el artículo 48.1 de la LGT, es el lugar de localización del obligado tributario en sus relaciones con la Administración tributaria. Por ello, tiene tanta importancia práctica, sobre todo para las notificaciones de las actuaciones y procedimientos tributarios, sin perjuicio de que en los procedimientos iniciados a instancia del obligado o cuando interponga cualquier recurso o reclamación pueda designar un domicilio para notificaciones distinto del domicilio fiscal.Además, el domicilio fiscal se tiene en cuenta respecto al órgano administrativo competente en un procedimiento tributario, como expresa el artículo 84 de la LGT y su desarrollo reglamentario, así como en la entrada en el domicilio, a que se refiere el artículo 113 de la LGT, aspecto este último que ha sido mucho más polémico en los últimos años y ha dado lugar a jurisprudencia del Tribunal Supremo, pero que excede del alcance de este breve comentario.La LGT en el artículo 48.2 diferencia el domicilio de las personas físicas, de las personas jurídicas, de las entidades sin personalidad jurídica y de los no residentes en España. Para las personas físicas es el lugar donde tienen su residencia habitual, aunque en las personas que desarrollan actividades económicas existan reglas especiales. En las personas jurídicas se encuentra en el domicilio social, sin perjuicio de que si está en otro lugar la gestión y dirección será este otro lugar y, en caso de que no pudiera determinarse, en el lugar donde radique el mayor valor del inmovilizado. En las entidades sin personalidad jurídica se aplican las reglas de las personas jurídicas y para los no residentes remite a las normas en cada tributo.Como la mayoría de los obligados son personas físicas que no realizan actividades económicas, el domicilio fiscal está en su residencia habitual, regulada en el artículo 9 de la Ley 35/2006, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para quienes tienen residencia fiscal en territorio español. Como la residencia habitual se determina por la permanencia durante más de 183 días en territorio español o porque radica el núcleo o la base principal de las actividades o intereses económicos, existen casos en que se plantean problemas de prueba complejos.El obligado tributario debe comunicar su domicilio fiscal y los cambios del mismo, como refleja el artículo 48.3 de la LGT, que tiene desarrollo reglamentario, sin que el cambio tenga efectos para la Administración tributaria hasta que se comunique. Además, la falta de comunicación del cambio puede dar lugar a la infracción tributaria del artículo 198.5 de la LGT.En muy importante que los contribuyentes no olviden comunicar el cambio de domicilio fiscal a las diversas Administraciones tributarias cuando varíen su residencia habitual, para evitar problemas con las notificaciones. La AEAT refleja información útil sobre el cambio de domicilio en Internet, a la que me remito Agencia Tributaria: Domicilio de ciudadanos.Por otro lado, según el artículo 48.4 de la LGT la Administración tributaria puede comprobar el domicilio fiscal y cambiarlo, lo que también tiene desarrollo reglamentario y da lugar . . .

¿Quiere leer el artículo completo?
¿Ya tiene cuenta?Iniciar sesión
Cree su cuenta sin costeRegistrarme

Si usted es cliente Prime, puede leer el dossier completo dentro de la platafoma

Acceder

Últimas novedades publicadas

Ley 1/2024, de 7 de junio, por la que se regulan las enseñanzas artísticas superiores y se establece la organización y equivalencias de las enseñanzas artísticas profesionales (TOL10.039.209)

by | Jun 21, 2024 | Boletín novedades,PUBLICO Legislación | 0 Comments

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. FELIPE VI REY DE ESPAÑA A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la...

TS: Usurpación de funciones públicas y cohecho (Caso Canicas). Entrada y registro: La sentencia recuerda la doctrina jurisprudencial recaía en torno a esta injerencia y considera que, aun siendo sucinto el auto judicial, cumple con el estándar de constitucionalidad.Delito de usurpación de funciones públicas. Se analizan los presupuestos típicos de ese delito y se considera que la conducta enjuiciada no cumple con dichos presupuestos dado que no hubo una pluralidad de actos ni los actos realizados pueden ser considerados como propios de una autoridad.Delito de cohecho: En cuanto al delito de cohecho se precisa que la dádiva retribuya un acto relacionado con las funciones oficiales y en este caso, en que se declara probado que el funcionario conocía que no se iba a realizar un acto oficial, un servicio de escolta, y que todo era un montaje, la conducta desplegada tampoco es típica. – Tribunal Supremo – Sala Segunda – Sección Primera – Jurisdicción: Penal – Sentencia – Num. Res.: 441/2024 – Num. Proc.: 471/2022 – Ponente: EDUARDO DE PORRES ORTIZ DE URBINA (TOL10.032.905)

by | Jun 21, 2024 | Boletín novedades,PENAL Jurisprudencia | 0 Comments

T R I B U N A L S U P R E M O Sala de lo Penal Sentencia núm. 441/2024 Fecha de sentencia: 22/05/2024 Tipo de procedimiento: RECURSO CASACION Número del procedimiento:...

Real Decreto 568/2024, de 18 de junio, por el que se crea la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública (TOL10.042.326)

by | Jun 21, 2024 | Boletín novedades,PUBLICO Legislación | 0 Comments

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. La Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, define la vigilancia en salud pública como el conjunto de actividades destinadas a...

Demanda de responsabilidad civil profesional contra abogado (TOL2.549.861)

by | Jun 21, 2024 | Boletín novedades,PRIVADO Formulario | 0 Comments

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE [...]Don [...] Procurador de los Tribunales y de Don [...] según designa "apud acta", ante el Juzgado comparezco y como mejor en...

Para evaluar los efectos favorables que pudieran derivarse de la entrada en vigor de la ley intermedia no puede prescindirse de la pena resultante de la acumulación jurídica prevista en el artículo 76 CP de todas las penas impuestas. De tal modo, aun cuando la aplicación de la ley intermedia pudiera comportar la rebaja de algunas de las distintas penas puntuales impuestas, si ello no comporta una reducción de la pena efectiva acumulada que el penado debe cumplir no puede considerarse ley más favorable. Su aplicación supondría, como consecuencia de la necesidad de aplicar el bloque normativo, la fijación de penas complementarias del artículo 192 CP, aumentando el contenido aflictivo de la condena impuesta. – Tribunal Supremo – Sala Segunda – Sección Primera – Jurisdicción: Penal – Sentencia – Num. Res.: 472/2024 – Num. Proc.: 10302/2023 – Ponente: Javier Hernández García (TOL10.032.675)

by | Jun 21, 2024 | Boletín novedades,PENAL Jurisprudencia | 0 Comments

T R I B U N A L S U P R E M O Sala de lo Penal Sentencia núm. 472/2024 Fecha de sentencia: 23/05/2024 Tipo de procedimiento: RECURSO CASACION (P) Número del...

Urbanismo: Se anula el plan que aprobó los ejes verdes de la calle Comte Borrell de Barcelona. Se condena al Ayuntamiento a reponer en su ser y estado, tal y como los define el PGM de 1976, el vial y el cruce afectados por el acto administrativo. Se aprecia que bajo la apariencia de lo que el Ayuntamiento de Barcelona denomina un»Proyecto Ejecutivo de obra ordinaria» se encubre una actuación urbanística transformadora de la red viariadel Eixample, que por ello hubiera debido eventualmente tramitarse y, en su caso, aprobarse mediante unaModificación Puntual del Plan General Metropolitano; y al no haberse hecho así, el Acuerdo aprobatorio dedicho Proyecto Ejecutivo de obra ordinaria es nulo de pleno Derecho lo que obvia a analizar las impugnacionesrealizadas por la actora con carácter subsidiario y a los efectos meramente dialecticos. – Juzgado de lo Contencioso-Administrativo – Sección Decimoquinta – Jurisdicción: Contencioso-Administrativo – Sentencia – Num. Res.: 151/2024 – Num. Proc.: 295/2022 – Ponente: Ana Suárez Blavia (TOL10.013.579)

by | Jun 21, 2024 | Boletín novedades,PUBLICO Jurisprudencia | 0 Comments

Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 15 de BarcelonaAvenida Gran Via de les Corts Catalanes, 111, edifici I - Barcelona - C.P.: 08075TEL.: 935548417FAX:...