La tasación de costas judiciales: problemática actual (TOL9.751.574)

Nov 19, 2023

La tasación de costas judiciales: problemática actual

 

INTRODUCCIÓN

La doctrina general del Tribunal Supremo a la hora de pronunciarse sobre las impugnaciones de los honorarios de los abogados siempre ha sido considerar que los criterios aprobados por los Colegios de Abogados eran meramente orientadores y, por lo tanto, no vinculantes para el juzgado o Tribunal.

El Tribunal Supremo, en numerosas resoluciones, estableció que, «Según reiterada doctrina de esta Sala en materia de impugnación de los honorarios de letrado por excesivos, debe atenderse a todas las circunstancias concurrentes, tales como trabajo realizado en relación con el interés y cuantía económica del asunto, tiempo de dedicación , dificultades del escrito de impugnación, resultados obtenidos, etc., sin que por tanto sean determinantes por sí solas ni la cuantía ni los criterios del Colegio de Abogados , precisamente por ser éstos de carácter orientador.» Autos del Tribunal Supremo de 05/09/2003, TOL308.139; 10/06/2005, TOL927.819; de 22/12/2006, TOL3.402.466; de 21/12/2006, TOL3.432.829, entre otros.

Estas resoluciones, defendían el carácter orientador y no vinculante de las normas, criterios o baremos de honorarios (según la terminología utilizada por cada Colegio de Abogados), así como el carácter meramente orientador del informe obligatorio (pero no vinculante) del respectivo Colegio, en los casos en que los honorarios tasados por el Letrado de la Administración de Justicia, de acuerdo con la minuta presentada, fuera impugnada de contrario por excesivos (artículo 246.1 LEC).

Los reseñados Autos del Tribunal Supremo supusieron un momento de desconcierto para los profesionales del derecho, acostumbrados a la práctica cuasiautomática en la tasación de las costas basadas en aplicar las normas y cuantías aprobadas por los respectivos Colegios de Abogados y que eran fácilmente conocidas y aplicables, al introducir algunos criterios que no se mencionan en ninguna norma, son difíciles de acreditar y, en algunos casos, con un fuerte componente subjetivo (trabajo realizado, tiempo de dedicación, dificultades del escrito de impugnación, resultados obtenidos, categoría del profesional, complejidad jurídica, etc.).

Pero, aún en ese momento, no se planteaba la nulidad de las normas de honorarios aprobados por los diferentes Colegios de Abogados, sino solo su carácter meramente orientador y no vinculante.

Sin embargo, todo empezó a cambiar con la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, conocida como «Ley Ómnibus», que modificó, entre otras, la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, al introducir el artículo 14 que prohíbe a los Colegios la recomendación sobre honorarios y la «Disposición adicional cuarta. Valoración de los Colegios para la tasación de costas» y señalar que «Los Colegios podrán elaborar criterios orientativos a los exclusivos efectos de la tasación de costas y de la jura de cuentas de los abogados.»

Durante años ha convivido una aparente contradicción en materia de tasación de costas pues, por un lado, el artículo 14 prohíbe a los Colegios la recomendación de honorarios, mientras que, por otro lado, autoriza a los Colegios a elaborar criterios orientativos a los exclusivos efectos de tasación de las costas procesales.

PROHIBICIÓN DE FIJACIÓN DE PRECIOS

La normativa europea, con su dogma de libre competencia, prohíbe cualquier acuerdo, decisión, recomendación o practica de fijación de precios, de forma directa o indirecta. (artículo 101 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), anterior artículo 81 del Tratado de la Comunidad Europea)

Esta política de libre competencia y libertad de precios supuso la adaptación de las normas de defensa de la competencia. Así la Ley 15/2007 de 3 julio, de defensa de la competencia (LDC), califica como conductas colusorias y, por lo tanto, prohibidas y nulas, todo acuerdo que fije precios, de forma directa o indirecta (artículo 1.1 a) LDC).

Estos acuerdos se consideran nulos de pleno derecho, a menos que estén . . .

¿Quiere leer el artículo completo?
¿Ya tiene cuenta?Iniciar sesión
Cree su cuenta sin costeRegistrarme

Si usted es cliente Prime, puede leer el dossier completo dentro de la platafoma

Acceder

Últimas novedades publicadas

Ley 1/2024, de 7 de junio, por la que se regulan las enseñanzas artísticas superiores y se establece la organización y equivalencias de las enseñanzas artísticas profesionales (TOL10.039.209)

by | Jun 21, 2024 | Boletín novedades,PUBLICO Legislación | 0 Comments

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. FELIPE VI REY DE ESPAÑA A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la...

TS: Usurpación de funciones públicas y cohecho (Caso Canicas). Entrada y registro: La sentencia recuerda la doctrina jurisprudencial recaía en torno a esta injerencia y considera que, aun siendo sucinto el auto judicial, cumple con el estándar de constitucionalidad.Delito de usurpación de funciones públicas. Se analizan los presupuestos típicos de ese delito y se considera que la conducta enjuiciada no cumple con dichos presupuestos dado que no hubo una pluralidad de actos ni los actos realizados pueden ser considerados como propios de una autoridad.Delito de cohecho: En cuanto al delito de cohecho se precisa que la dádiva retribuya un acto relacionado con las funciones oficiales y en este caso, en que se declara probado que el funcionario conocía que no se iba a realizar un acto oficial, un servicio de escolta, y que todo era un montaje, la conducta desplegada tampoco es típica. – Tribunal Supremo – Sala Segunda – Sección Primera – Jurisdicción: Penal – Sentencia – Num. Res.: 441/2024 – Num. Proc.: 471/2022 – Ponente: EDUARDO DE PORRES ORTIZ DE URBINA (TOL10.032.905)

by | Jun 21, 2024 | Boletín novedades,PENAL Jurisprudencia | 0 Comments

T R I B U N A L S U P R E M O Sala de lo Penal Sentencia núm. 441/2024 Fecha de sentencia: 22/05/2024 Tipo de procedimiento: RECURSO CASACION Número del procedimiento:...

Real Decreto 568/2024, de 18 de junio, por el que se crea la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública (TOL10.042.326)

by | Jun 21, 2024 | Boletín novedades,PUBLICO Legislación | 0 Comments

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. La Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, define la vigilancia en salud pública como el conjunto de actividades destinadas a...

Demanda de responsabilidad civil profesional contra abogado (TOL2.549.861)

by | Jun 21, 2024 | Boletín novedades,PRIVADO Formulario | 0 Comments

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE [...]Don [...] Procurador de los Tribunales y de Don [...] según designa "apud acta", ante el Juzgado comparezco y como mejor en...

Para evaluar los efectos favorables que pudieran derivarse de la entrada en vigor de la ley intermedia no puede prescindirse de la pena resultante de la acumulación jurídica prevista en el artículo 76 CP de todas las penas impuestas. De tal modo, aun cuando la aplicación de la ley intermedia pudiera comportar la rebaja de algunas de las distintas penas puntuales impuestas, si ello no comporta una reducción de la pena efectiva acumulada que el penado debe cumplir no puede considerarse ley más favorable. Su aplicación supondría, como consecuencia de la necesidad de aplicar el bloque normativo, la fijación de penas complementarias del artículo 192 CP, aumentando el contenido aflictivo de la condena impuesta. – Tribunal Supremo – Sala Segunda – Sección Primera – Jurisdicción: Penal – Sentencia – Num. Res.: 472/2024 – Num. Proc.: 10302/2023 – Ponente: Javier Hernández García (TOL10.032.675)

by | Jun 21, 2024 | Boletín novedades,PENAL Jurisprudencia | 0 Comments

T R I B U N A L S U P R E M O Sala de lo Penal Sentencia núm. 472/2024 Fecha de sentencia: 23/05/2024 Tipo de procedimiento: RECURSO CASACION (P) Número del...

Urbanismo: Se anula el plan que aprobó los ejes verdes de la calle Comte Borrell de Barcelona. Se condena al Ayuntamiento a reponer en su ser y estado, tal y como los define el PGM de 1976, el vial y el cruce afectados por el acto administrativo. Se aprecia que bajo la apariencia de lo que el Ayuntamiento de Barcelona denomina un»Proyecto Ejecutivo de obra ordinaria» se encubre una actuación urbanística transformadora de la red viariadel Eixample, que por ello hubiera debido eventualmente tramitarse y, en su caso, aprobarse mediante unaModificación Puntual del Plan General Metropolitano; y al no haberse hecho así, el Acuerdo aprobatorio dedicho Proyecto Ejecutivo de obra ordinaria es nulo de pleno Derecho lo que obvia a analizar las impugnacionesrealizadas por la actora con carácter subsidiario y a los efectos meramente dialecticos. – Juzgado de lo Contencioso-Administrativo – Sección Decimoquinta – Jurisdicción: Contencioso-Administrativo – Sentencia – Num. Res.: 151/2024 – Num. Proc.: 295/2022 – Ponente: Ana Suárez Blavia (TOL10.013.579)

by | Jun 21, 2024 | Boletín novedades,PUBLICO Jurisprudencia | 0 Comments

Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 15 de BarcelonaAvenida Gran Via de les Corts Catalanes, 111, edifici I - Barcelona - C.P.: 08075TEL.: 935548417FAX:...